REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL
Exp. N° 2426
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 2205
Valencia, 08 de noviembre de 2010
200º y 151º
El 25 de mayo de 2010, el ciudadano José Homen Pereira, titular de la cédula de identidad N° V-6.460.639, en su carácter de Representante Legal de FERRETERIA NUEVO MILENIO, C.A, inscrita por ante Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 27 de diciembre de 1999, bajo el N° 71, Tomo 50-A, y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J-30675549-7, con domicilio en la Avenida Principal Las Mercedes, C.C. La Victoria, local N° 09-10, cerca del supermercado Central Madeirense, Cagua Estado Aragua, asistido por la abogada Dayana Marcano Requena, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 74.107, interpuso recurso contencioso tributario ante este tribunal con solicitud de suspensión de los efectos, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° SNAT-INTI-GRTI-RCNT-SC-ASJ-2009-000942-007 del 11 de enero de 2010, en la cual declaro sin lugar el recurso jerárquico ejercido por la contribuyente y convalida la Resolución de Imposición de Sanción Nº GRTI-RCE-DFD-2007-07-DF-PEC-157 del 19 de octubre de 2007.
El representante legal de la contribuyente solicitó la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.
A tal efecto, corresponde en esta oportunidad conocer y decidir la solicitud de suspensión de efectos planteada atendiendo al contenido de la norma antes referida, sin entrar a decidir sobre el fondo de la demanda, lo cual se deja para la definitiva.
I
ARGUMENTOS DEL CONTRIBUYENTE
El representante del contribuyente alega: “En este sentido, ante la presunción de buen derecho, y el peligro inminente de grave daño en los derechos e intereses de mi representada que causaría la ejecución del acto, solicito respetuosamente a ese Despacho se pronuncie sobre la referida procedencia de la suspensión de efectos con la urgencia que amerita el caso”
Aduce el contribuyente: “Resulta en el presente caso procedente la suspensión de los efectos de los actos impugnados, al verificarse ambos presupuestos, ciertamente, tanto del contenido de este escrito, como de los anexos agregados al mismo, ante la presencia de apariencia de buen derecho alegada, y siendo que la efectiva ejecución de los actos administrativos impugnados causaría graves perjuicios a la empresa.”
Alega la contribuyente: “Ciudadano Juez, como podrá observar de los alegatos de este escrito estamos ante un acto ilegal e inconstitucional, que ha lesionado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, principio a la seguridad jurídica, a obtener decisiones adecuadas, ajustadas a derecho, entre otros; siendo que la ejecución inmediata de ese acto causaría a mi representada perjuicios de grave índole en su patrimonio, menoscabando su posibilidad de continuar con el ejercicio de su actividad comercial, lo cual podría producir su quiebra irremediable, daño causado de difícil reparación, tal y como se procederá a probar en la próxima oportunidad”.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde entrar a conocer la solicitud de suspensión de efectos planteada por el representante de la contribuyente.
En tal sentido, constata quien decide que del contenido de la norma prevista en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario se desprenden los supuestos de procedencia de dicha suspensión, los cuales se corresponden con la demostración de los graves perjuicios que podría causar al interesado la ejecución del acto impugnado (periculum in damni) y la apariencia de buen derecho evidenciada de los fundamentos de la impugnación (fumus bonis iuris).
En virtud de los amplios poderes del juez contencioso tributario para decretar medidas cautelares cuando lo considere pertinente, y a pesar de lo escueto y genérico de la afirmación del demandante, se pasa a revisar la existencia del fumus bonis iuris, lo cual requiere la comprobación por una parte, de la aparente existencia de un derecho o interés del recurrente en la presente acción y, por otra, la probabilidad de que los actos administrativos impugnados sean inconstitucionales o ilegales.
En cuanto a la valoración preliminar de la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos impugnados, este tribunal observa, que los actos administrativos impugnados tienen como fundamento de hecho, la presunta pretensión indebida por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de liquidar un Impuesto al Valor Agregado por un monto por un monto total de ciento cincuenta y dos con cincuenta unidades tributarias (152,50 U.T.).
Sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia observa este juzgador, que a la contribuyente le rodea una apariencia de buen derecho a su favor en el ejercicio del presente recurso, por lo que se encuentra satisfecho al segundo supuesto (fumus boni iuris) previsto en la norma dispuesta en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.
En cuanto al requisito del periculum in damni, quien decide constata, que no se evidencia de las actas que componen el presente expediente, prueba alguna de la existencia de un daño patrimonial en la esfera del recurrente.
A tal efecto, en opinión de quien decide con fundamento en el criterio sostenido en la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de junio de 2002, número 00874, en casos como el de autos, es imprescindible tomar en consideración la estabilidad económica del sujeto sancionado, elemento éste que no puede deducirse de meros alegatos genéricos como los planteados en el asunto bajo examen.
En este sentido, quien solicite la suspensión de efectos de un acto impugnado, además de afirmar que se le han causado o se le podrían causar perjuicios irreparables o de difícil reparación, debe señalar hechos o circunstancias concretas y aportar elementos suficientes y precisos que permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del daño por la definitiva.
En razón a las consideraciones anteriores, y ante la circunstancia que la administración tributaria puede ser condenada en costas si resulta vencida en el litigio, es criterio de este juzgador que no ha sido demostrada de manera fehaciente la existencia del periculum in damni. Así se decide.
Pasa ahora este tribunal al considerar si la existencia de uno sólo de los dos requisitos contenidos en el artículo 263 eiusdem es suficiente para que proceda la aprobación de la suspensión de los efectos del acto recurrido o no, es decir, si son concurrentes o no.
A tal efecto este juzgado considera necesario y oportuno ratificar, en esta oportunidad el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00737 dictada por la Sala Político Administrativa el 29 de junio de 2004, Caso: Mercedes Benz Venezuela, S.A, que al respecto estableció lo siguiente:
“…esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, no deben examinarse aisladamente, sino en forma conjunta, porque la existencia de uno sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal, cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado…”.
(…) Tan es así que las previsiones generales en materia de medidas cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil, exigen la concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas, no existiendo en el ámbito contencioso tributario como tampoco ocurren en el contencioso administrativo una razón lógica para soportar lo contrario, esto es, la procedencia de la medida cautelar de que se trata por la sola verificación de uno de los aludidos extremos…”
(…) En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de efectos procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultara favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés publico involucrado…”
Ante la ausencia de uno de los dos requisitos para que proceda la solicitud de suspensión de los efectos, el periculum in damni, este tribunal decide que al no concurrir con el fumus boni iuris, no es causa para la suspensión solicitada.
Sin embargo, y producto del análisis supra hecho por este juzgador, el hecho que el recurrente haya solicitado la suspensión de los efectos en el recurso contencioso tributario interpuesto y la administración tributaria no haya ejercido el juicio ejecutivo para hacer efectivo el acto administrativo hasta la fecha, y que si lo hace a partir de la interposición del recurso, tiene que hacerlo ante este mismo tribunal, con lo cual el juez tiene la oportunidad de decidir a la luz de los hechos, y que el tribunal no encuentra necesario pronunciarse sobre una probable acción en la vía ejecutiva cuando está no ha sido ejercida y está pendiente un recurso contencioso tributario, en el cual debe pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de las partes, a no ser que las condiciones implícitas en los hechos hagan aconsejable cualquier medida cautelar prevista en la ley durante el proceso, considera el juez que no debe suspender los efectos del acto recurrido al no existir interposición del juicio ejecutivo, por no haber concurrencia del fumus boni iuris y del periculum in damni y por considerar que en este caso sólo debe pronunciarse cuando exista concurrencia de los dos institutos jurídicos o en la eventualidad que el juicio ejecutivo sea interpuesto por la administración tributaria en el transcurso del proceso. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
SIN LUGAR la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, interpuesta por el ciudadano José Homen Pereira, titular de la cédula de identidad N° V-6.460.639, en su carácter de Representante Legal de FERRETERIA NUEVO MILENIO, C.A, inscrita por ante Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 27 de diciembre de 1999, bajo el N° 71, Tomo 50-A, y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J-30675549-7, con domicilio en la Avenida Principal Las Mercedes, C.C. La Victoria, local N° 09-10, cerca del supermercado Central Madeirense, Cagua Estado Aragua, asistido por la abogada Dayana Marcano Requena, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 74.107, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° SNAT-INTI-GRTI-RCNT-SC-ASJ-2009-000942-007 del 11 de enero de 2010, emanada de la Gerencia Regional del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Notifíquese de la presente decisión al Procurador General de la República y Contralor General de la República con copia certificada una vez que la parte provea lo conducente, y a la Gerencia Regional del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a los apoderados judiciales de FERRETERIA NUEVO MILENIO, C.A. Líbrese los oficios correspondientes. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los ocho (08) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2010). Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
El Juez Titular
Abg. José Alberto Yanes García
La Secretaria Accidental
Abg Dhennys Tapia
En la misma fecha se libraron oficios correspondientes. Se cumplió con lo ordenado.
La Secretaria Accidental
Abg Dhennys Tapia
Exp. N° 2426
JAYG/dt/ycv
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