TSJ Regiones - Decisión

EXPEDIENTE N° AP42-R-1999-022030
JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
En fecha 12 de julio de 1999, se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 7755 de fecha 6 de julio de 1999, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente interpuesto por los abogados Freddy Caridad Mosquera y Raúl Alejandro Dovale Prado, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 4.987 y 17.699, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano TEODORO DAVID DOVALE SÁNCHEZ, portador de la cédula de identidad N° 730.182, contra la ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO FALCÓN.
Dicha remisión se efectuó en virtud de que el aludido Juzgado Superior, en fecha 17 de junio de 1999, oyó en un sólo efecto la apelación ejercida por el mencionado abogado, contra la decisión dictada en fecha 7 de junio de 1999 por el referido Juzgado, mediante la cual acordó “Dejar sin Efecto la Suspensión Provisional dictada por [ese] Tribunal.”.
En fecha 21 de julio de 1999, se dio cuenta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se designó ponente a la ciudadana Aurora Reina, y se fijó un lapso de tres (3) días de despacho a partir de que constara en autos la notificación del ciudadano Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón, para que la parte fundamentara su apelación.
En fecha 11 de agosto de 1999, se recibieron oficios Nros 532 y 533, emanados del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Falcón, anexo al cual remitió las resultas de la comisión librada por esa Corte.
En fecha 21 de septiembre de 1999, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ordenó remitir el presente expediente al Juez ponente, en virtud de haber vencido el lapso a que se refiere el auto dictado por esta Corte en fecha 21 de julio de 1999.
El 10 de diciembre de 2003, mediante Resolución N° 2003-00033, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con las mismas competencias y atribuciones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando integrada por tres jueces.
Asimismo, a través de la Resolución de fecha 15 de julio de 2004, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.980, fueron designados los Jueces de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.
Consta en Acta N° 003 de fecha 15 de Julio de 2004, que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo quedó integrada de la siguiente manera: María Enma León Montesinos, Presidenta; Jesús David Rojas Hernández, Vicepresidente y Betty Josefina Torres Díaz, Jueza.
En ese sentido y en atención a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución número 68 de fecha 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004, reformada por la Resolución N° 90 de fecha 4 de octubre de 2004, que modificó los artículos 9 y 30, se acordó la distribución de las causas que se encontraban originalmente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando asignados a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, los expedientes de las causas cuyo último dígito fuese un número par, como ocurre con la presente causa.
El día 16 de septiembre de 2010, se dejó constancia de que en fecha 6 de noviembre de 2006, se constituyó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, quedando conformada de la siguiente forma: Emilio Ramos González, Presidente; Alexis José Crespo Daza, Vicepresidente; y Alejandro Soto Villasmil, Juez; en consecuencia, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, en el entendido que al día siguiente comenzaría a transcurrir los 3 días de despacho a que se contrae el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se reasignó la ponencia del ciudadano Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL.
En fecha 23 de septiembre se pasó el presente expediente a esta Corte.
Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte observa lo siguiente:

I
El ámbito objetivo de la presente causa lo constituye la apelación ejercida en contra de la sentencia proferida en fecha 7 de junio de 1999, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, la cual acordó “DEJAR SIN EFECTO LA SUSPENSION PROVISIONAL DICTADA POR [ese] el 30 de mayo de 1.997, del acto administrativo 002 de fecha 7 de abril de 1.997, emanado de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón, en el presente juicio de nulidad contra dicho acto administrativo que sigue el ciudadano TEODORO DAVID DOVALE SANCHEZ contra ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO FALCON, en virtud del vencimiento del período para el cual el recurrente había sido designado Contralor General del Estado Falcón (…)” interpuesta en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad por los abogados Freddy Caridad Mosquera y Raúl Alejandro Dovale Prado, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 4.978 y 17.699, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Teodoro David Dovale Sánchez, portador de la cédula de identidad N° 730.182 contra el acto administrativo emanado de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón.
Asimismo, se evidencia una concreta inactividad por los referidos abogados, pues desde el día 12 de agosto de 1999, fecha en que los abogados accionantes presentaron diligencia en la cual fundamentó la apelación ejercida; en consecuencia, se observa que no se han realizado ningún tipo de acciones que impulsen procesalmente la presente causa, situación que se extiende hasta la presente fecha.
Ello así, esta Alzada debe hacer referencia a la sentencia Nº 924 de fecha 30 de abril de 2002 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual determinó que el interés procesal y la legitimación son requisitos de la acción, la cual se materializa en la demanda que interpone un sujeto de derecho ante los órganos jurisdiccionales (derecho de acceso a los órganos de administración de justicia contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
En aquella oportunidad dicha Corte sentó criterio con respecto al decaimiento del interés procesal, y precisó dos momentos en los cuales el Sentenciador puede considerar que se ha perdido dicho interés, a saber:
“[…] El primero, una vez interpuesta la demanda sin que hubiera pronunciamiento por parte del Tribunal sobre la admisión o no del recurso respectivo, siendo que en ese lapso el actor debe impulsar, a través de los medios idóneos tal decisión del Juzgador’ y ‘El otro momento ocurre en la oportunidad de dictarse sentencia’. Cuando la causa se paraliza después de haberse dicho ‘Vistos’, sin que se dicte la decisión correspondiente, por un lapso superior a aquel que la ley otorga a los Jueces para dictar la decisión correspondiente”. (Negritas de la Corte).
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “[…] Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garante de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él quien sufre un daño.
Ahora bien, se observa de las actas que conforman el presente expediente que los llamados a impulsar la sustanciación, y consecuente decisión de la presente controversia, lo cual se extiende desde el 12 de agosto de 1999, -Folio 74 del expediente judicial- fecha en la cual el abogado accionante presentó diligencia en la cual apeló ante el Juzgado de primera instancia, de la decisión emanada del mismo, sin que se haya verificado alguna otra actuación por la parte recurrente desde esa oportunidad, en tanto que no realizó acto alguno en el proceso que demostrara su interés en la tramitación y decisión del mismo, inactividad ésta que se extiende por más de diez (10) años.
Con relación a este contexto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Número 956 de fecha 1° de junio de 2001 destacó que resulta improcedente declarar la falta de interés en la causas, pues, en tales casos, lo procedente es declarar la pérdida del interés procesal. En este sentido, en la mencionada sentencia se precisó que:
“La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
[…omissis…]
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda”. (Subrayado y negrilla de la Corte).
Lo expuesto tiene una razón fundamental: el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, que ha desaparecido el interés procesal por cuanto no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que “[respecto] a los procesos en los cuales sólo resta la producción de la norma individualizada en que se resuelve el fallo judicial y en donde las partes no han solicitado al tribunal correspondiente que se pronuncie sobre el conflicto planteado o sobre la decisión de instancia que le corresponde revisar, [esa] Sala se ha cuestionado sobre el efectivo interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, toda vez que la inactividad y la apatía han sido las constantes a lo largo del tiempo transcurrido entre el nacimiento de la obligación del Poder Judicial en decidir y el momento presente. Tal inacción –ha entendido [esa] Sala– no sería más que una renuncia a la justicia oportuna, desvirtuable sólo a través de su actuación en el expediente, ya sea de manera espontánea o como consecuencia de la notificación a que está obligado el juez efectuar antes de declarar, como lo tiene decidido [ese] Alto Tribunal, extinguida la acción” (Vid. Sentencia Número 1.823, de fecha 9 de octubre de 2007, caso: Goodyear de Venezuela, C.A.).
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte accionante no ha manifestado su voluntad para seguir con la presente causa, por tanto esta Corte en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, así como el debido proceso que debe imperar en toda proceso judicial, se insta a las partes a que revelen su interés de continuar con la presente causa.
II
Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena notificar a la parte accionante, para que comparezca en un lapso de diez (10) días, más tres (03) días concedidos como término de la distancia, a los fines de que manifieste su voluntad de continuar con la presente causa, la cual se ve constituida por la apelación de la decisión dictada en fecha 7 de junio de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental mediante el cual acordó “Dejar sin Efecto la Suspensión Provisional dictada por [ese] Tribunal” en el marco del recurso interpuesto por los abogados Freddy Caridad Mosquera y Raúl Alejandro Douvale Prado, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 4.987 y 17.699, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Teodoro David Dovale, portador de la cédula de identidad N° 730.182, contra la Asamblea Legislativa del Estado Falcón.
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la Ciudad de Caracas a los once (11) días del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151 ° de la Federación.
El Presidente,

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
El Vicepresidente,

ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
El Juez,

ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
Ponente

La Secretaria,

MARÍA EUGENIA MÁRQUEZ TORRES
Exp. N° AP42-R-1999-022030
ASV/17
En fecha _____________________ ( ) de _____________ de dos mil diez (2010), siendo la (s) _________ de la ____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ______________.
La Secretaria.