REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 28 de Octubre de 2010
200º y 151º
ASUNTO: AH13-F-2008-000352
SOLICITANTES: ciudadanos CESAR AUGUSTO QUINTANA BARRIOS y SONIA JAHN DE QUINTANA, venezolanos, mayores de edad, casados, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-994.675 y V-4.086.913, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LOS SOLICITANTES: ciudadano JOSÉ VICENTE GARCÉS, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 3.006.
MOTIVO: Constitución de Hogar.
- I -
NARRATIVA
Se inició la presente causa por solicitud que por constitución de hogar introducido por los ciudadanos CESAR AUGUSTO QUINTANA BARRIOS y SONIA JAHN DE QUINTANA, por ante el Tribunal Distribuidor de Turno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en virtud de la distribución fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por sorteo de fecha 25 de noviembre de 2008, y recibido en este Despacho en fecha 26 de noviembre del mismo año.
En escrito de fecha 08 de diciembre de 2008, el apoderado judicial de los ciudadanos CESAR AUGUSTO QUINTANA BARRIOS y SONIA JAHN DE QUINTANA, consignó los recaudos señalados en el libelo de la demanda.
Mediante auto dictado de fecha veintiocho de abril de 2009, el Tribunal admitió la demanda y de conformidad con lo establecido en el artículo 638 del Código Civil, ordenó la publicación por medio de cartel del contenido de la presente solicitud, el cual debió ser publicado en el diario “EL NACIONAL”, durante noventa (90) días una vez cada quince (15) días por lo menos. Para la fecha se libró cartel y boleta de notificación.
Por diligencia de fecha 08 de junio de 2009, el abogado José Vicente Garcés, declaró recibir cartel a los fines de su publicación.
Después de esta última actuación, no se han observado en el expediente más diligencias por parte de los solicitantes.
- II -
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Ahora bien, en virtud de lo antes trascrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:
Que desde el 08 de junio de 2009, fecha en que el apoderado judicial de los solicitantes retiró el cartel a los fines de su publicación, después de esa actuación no consta en autos que los solicitantes hayan dado impulso a dicha publicación, ni cursa en autos actuación alguna que haga presumir que se haya efectuado algún trámite, para llevar a cabo la misma, evidenciándose así la falta de interés de las partes en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y visto asimismo que, desde el 08 de junio de 2009, hasta la presente fecha ha transcurrido en el presente procedimiento más de un (01) año, sin que se haya perfeccionado tal publicación, y sin que se le haya dado impulso procesal al presente juicio, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención a la que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente:
...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
En este sentido ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino aquel que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, la Sala de Casación Civil, como la Sala Político - Administrativa han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación en el proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual en su Artículo 26, consagra la “gratuidad de la justicia” se ha interpretado que la única obligación impuesta a la parte actora respecto de la citación del demandado, era la existente, bajo el imperio del Texto Constitucional de 1961, esto es, la de pagar el Arancel Judicial correspondiente, en virtud de que el Artículo 26 del Texto Constitucional garantiza, la gratuidad de la justicia lo cual viene ratificado en el Artículo 254 del referido texto el cual entre otras cosas establece lo siguiente: “El poder Judicial no esta facultado para establecer tasas de aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.”
Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.
Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con las cargas procesales con posterioridad al día 08 de junio de 2009, fecha en que el abogado José Vicente Garcés, apoderado judicial de los solicitantes, retiró el cartel a los fines de su publicación, y en vista que hasta la presente fecha ha transcurrido por ante este Despacho más de un (01) año sin que se haya ejecutado algún acto de proceder por las partes, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara.
- III -
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
EL JUEZ,
Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS
LA SECRETARÍA
DIOCELIS PÉREZ BARRETO
En esta misma fecha, siendo las 11:02 a.m., se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA
DIOCELIS PÉREZ BARRETO
JCVR/DPB/agm.-
(32506)
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