REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
ASUNTO: AH1C-V-2002-000025
PARTE DEMANDANTE: FÈLIX ANTONIO DORANTE GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-2.544.428.
ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE ACTORA: MIGUEL SIERRALTA y JACQUELINE HIDALGO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 26.309 y 95.809, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ANTONIO SUCRE GALLARDO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-5.537.539.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:, No consta en autos apoderado judiciales.-
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (PERENCION)
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
-I-
ANTECEDENTES
Se inició la presente causa el 17 de octubre de 2002, por distribución que hiciera el Juzgado de Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a este Tribunal, de la demanda que por Cobro de Bolívares (INTIMACION), incoara el ciudadano, FÈLIX ANTONIO DORANTE GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-2.544.428, contra el ciudadano, ANTONIO SUCRE GALLARDO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-5.537.539.
En fecha 13 de noviembre del 2002, compareció ante este Juzgado la abogada JACQUELINE HIDALGO, endosataria en procuración de la parte actora y consignó documentos fundamentales para la pretensión de la presente demanda.
Por auto de fecha 27 de noviembre del 2002, se admitió la presente demanda y se intimó a la parte demandada, ciudadano, ANTONIO SUCRE GALLARDO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-5.537.539, en esa misma fecha se requirieron los fotostatos necesarios para librar la respectiva compulsa.
En fecha 30 de mayo del 2003, compareció ante este Juzgado la ciudadana JACQUELINE HIDALGO, y solicitó el abocamiento del Juez Titular para la fecha.
Por auto de fecha 29 de junio del 2004 se abocó al conocimiento de la presente causa la Juez ANGELINA GARCÍA HERNÁNDEZ.
Por auto de esta misma fecha, quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente demanda.
-II-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Este Tribunal a los fines de decidir, pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
La perención es sanción a la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso para que éste alcance su fin natural, el cual es la sentencia.-
Artículo 267: ““Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”.
También se extingue la instancia:
1º “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
[…]"
En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 06 de julio del 2004, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, en el juicio que por Cumplimiento de Contrato sigue el ciudadano José Ramón Barco Vásquez contra la sociedad mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, expusó lo siguiente:
“… Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación.
En primero lugar, la que le correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de la boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la practica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la constitución de 1.999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su articulo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar, en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o, planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención…”
“Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que se ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la Ley de los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece”
Con fundamento a las anteriores consideraciones de hecho y derecho, y en apego al criterio jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, supra transcrita, se observa, que la demanda se admitió en fecha 27 de noviembre del 2007, y evidenciándose que la parte actora no consignó los fotostatos requeridos a los fines de que se librara la compulsa y no ha presentado diligencia alguna en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la demandada, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal, lo cual constituye una carga procesal de impulso para la citación de la parte demandada y cuyo incumplimiento acarrea la perención de la instancia, adicionalmente, no hay actuación alguna posterior a la fecha 29 de Junio de 2004, evidenciándose así que ha transcurrido con creces el lapso establecido en la norma de un año, lapso que consideró suficiente el legislador para considerar extinguida la acción, en consecuencia esta Juzgadora considera que necesariamente debe de producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en el presente juicio ha operado la perención de la instancia. Así se decide.
-III-
DECISIÓN
Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en la demanda que por Cobro de Bolívares (INTIMACION) incoara el ciudadano FÈLIX ANTONIO DORANTE GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-2.544.428., contra el ciudadano ANTONIO SUCRE GALLARDO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-5.537.539.
Por la especial naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 01 de Octubre de 2010. Años 200º de la Independencia 151º de la Federación.
LA JUEZ,
BELLA DAYANA SEVILLA JIMÉNEZ.
LA SECRETARIA,
SUSANA MENDOZA.
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las __________, horas.-
LA SECRETARIA,
SUSANA MENDOZA.
JOSE-00
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