TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, trece de octubre de dos mil diez
200º y 151º

ASUNTO: KH01-M-2002-000003
PARTE DEMANDANTE: RITA ELENA CATARÍ MELENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.519.348, y de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: JUSTA EVA CORDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nros. V-7.415.997.

MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTARTO DE VENTA

Se pronuncia este Tribunal con respecto a la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTARTO DE VENTA, intentada en fecha 17-12-2001, por LA ciudadana RITA ELENA CATARÍ MELENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.369.230, asistido por la abogada PILAR LUNAR DE GIMENEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. No. 20.216; contra la ciudadana JUSTA EVA CORDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nros. V-7.415.997.
En fecha 07-01-2002, se admitió la presente causa.
En fecha 01-02-2002, se libró la respectiva compulsa.
En fecha 05-03-2002, el alguacil consignó recibo de citación debidamente firmado por la parte demandada.
En fecha 22-03-2002, la parte demandada otorgó poder a los abogados JUAN VICENTE MENDOZA, JUAN SERVANDO MENDOZA y JESUS MENDOZ.
En fecha 08-04-2002, se recibió escrito de contestación de demanda, en donde presentó Reconvención a la demanda.
En fecha 16-04-2002, el Tribunal Primero de Municipio se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa y declinó la competencia a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara.
En fecha 26-04-2002, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, le dio entrada y curso legal correspondiente a la presente causa.
En fecha 07-05-2002, el ciudadano JULIO FLORES, en su condición de Juez d el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, se inhibió de conocer la presente causa.
En fecha 21-05-2002, este Tribunal le dio entrada y curso legal correspondiente a la presente causa.
En fecha 02-07-2002, el apoderado judicial de la parte demandada presente escrito de pruebas.
En fecha 08-07-2002, la apoderada actora presentó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 09-07-2002, se agregaron las pruebas promovidas por ambas partes.
En fecha 15-07-2002, se admitieron a sustanciación salvo su apreciación en la definitiva las pruebas promovidas por ambas partes.
En fecha 16-01-2003, se fija el décimo quinto día de despacho siguiente para el acto de informes.-
En fecha 08-08-2003, Se acuerdó expedir copias certificadas solicitadas, todo de conformidad con el Artículo 112 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo esto así y revisadas como se encuentran las actas que conforman el expediente, esta Juzgadora, considera lo siguiente:
Ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al decaimiento de la acción o abandono procesal, en sentencia de fecha 01 de junio de 2.004, con ponencia del Magistrado JOSE MANUEL DELGADO OCANDO, lo cual es aplicable por analogía al caso que nos ocupa, lo siguiente:
“…Siguiendo la doctrina de la Sala, procede la perención de la instancia cuando tal inactividad ocurre prolongadamente antes de los informes, sin que la causa avance, ya que los actos sucesivos que automáticamente y oportunamente debían cumplirse, no se cumplen y el proceso queda paralizado, por lo que para continuarlo se requiere el impulso de al menos una de las partes, y la reconstitución a derecho de la otra. Tal inactividad, además, hace presumir que la parte accionante no tiene interés en que se administre justicia, por lo que existe un decaimiento de la acción. Ello es el reconocimiento de que el accionante ha renunciado, al menos respecto a esa causa, a la tutela judicial efectiva y al derecho de una pronta decisión…” Estableciendo además que tal inactividad procede en los supuestos en los cuales la inactividad de la parte actora es por mas de seis (6) meses, bien en la etapa de admisión o bien en la practica de las notificaciones a que hubiere lugar”.
De la revisión de los autos se constata que la parte actora no ha impulsado el proceso desde la fecha 08-08-2003, es decir, que hasta la presente fecha han transcurrido más de Siete (07) años, para que la parte interesada impulsare la demanda intentada, sin que la misma diere muestra de interés alguno en continuar con la acción.
Por otra parte, éste Juzgado, no puede permitir que las causas estén en suspenso de manera indefinida, pues ello vulneran los derechos y principios constitucionales, y mas aun cuando consta que la causa esta paralizada por la conducta negligente de la parte actora.
Aunado a la necesidad jurídica de que se respete el debido proceso, lo esta también, el que se respete la majestad de la justicia, lo cual presupone que se debe garantizar los principios procesales, constituidos en la norma, expresamente a entender de esta Juzgadora, debe garantizarse el principio de la Economía Procesal. Así para Chiovenda, La Economía Procesal, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no solo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen, implícito a la celeridad. En razón a ello a criterio de esta Juzgadora, la celeridad procesal, no debe considerarse solo como una obligación de la administración de justicia, pues es en esencia una obligación no solo del Director del Proceso, representado por el Juez, sino que las partes deban Coadyuvar a que con sus impulsos el proceso no se constituya en un letargo que impida su desenvolvimiento adecuado. Es lógico que en un Juzgado convergen gran cantidad de causas, y peticiones, así como también lo es que el impulso de dichas actuaciones no deben recaer exclusivamente bajo el Juez, quien debe estar presto para orientar el proceso, y decidir las incidencias y disputas que en mismo se presentan. El Juez debe ser protector de la tutela judicial efectiva, pero las partes no deben a costas de la exigencia de dichas garantías, hacer que el aparataje judicial se enrumbe en procesos que posteriormente son abandonados, demostrando con ello falta de interés.

En la presente causa, es evidente que la parte solicitante, ha demostrado que no presenta interés alguno para que la misma prosiga su curso normal, pues no ha desplegado actividad, para demostrar su interés en el proceso, proceso que el mismo interpuso. Por ello, para esta Juzgadora la actitud desplegada por la parte actora, no puede ser considerada de otra forma sino PERDIDA DEL INTERES, lo cual lo ha llevado a mantener la causa sin actividad procesal alguna que lleve a demostrarle a esta Juzgadora, la relevancia que implica ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica.
Por toda esta situación narrada supra, este despacho acogiéndose a la Sentencia del Exp. Nº 00-1491, dec. Nº 956, en Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, procede a declarar el DECAIMIENTO DE LA INSTANCIA en el presente asunto.

DISPOSITIVA
En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: EL DECAIMIENTO DE LA INSTANCIA POR ABANDONO, en la presente acción de RESOLUCIÓN DE CONTARTO DE VENTA, intentada por RITA ELENA CATARÍ MELENDEZ, contra la ciudadana JUSTA EVA CORDERO, plenamente identificadas arriba.-
SEGUNDO: No se condena en costas a la parte accionante por la naturaleza del fallo.-
TERCERO: La presente sentencia quedará firme una vez queden notificadas las partes.-
CUARTO: Remítase la presente causa al archivo judicial para su guarda y custodia, sin perjuicio de que las partes puedan solicitarlo en la oportunidad que a bien tengan.-
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en Barquisimeto, a los trece días del mes de Octubre del año dos mil diez (2.010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La Juez, La Secretaria.

Abg. Eunice Beatriz Camacho Manzano. Abg. Bianca Escalona.

En la misma fecha se dictó y publicó.
EBCM/BE/rccg