REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA Y SAN JOAQUIN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA Y SAN JOAQUIN DE
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Guacara, 21 de Octubre de 2010
200° y 151°
DEMANDANTE: SEVENTEEN COLLECTIONS, C.A., Sociedad de Comercio debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha 29 de Junio de 2005, bajo el N° 26, Tomo 38-A.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: GONMAR GONZALO PÉREZ MENDOZA y CLARITZA VELASQUEZ, abogados en ejercicio debidamente inscritos en el I.P.S.A. bajo el Nros. 83.721 y 110.419, respectivamente.
DEMANDADO: ZULAY DL CARMEN HERRERA y JEAN CARLOS HERRERA MOLINA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.190.445 y 8.266.885.
TIPO DE SENTENCIA: HOMOLOGACIÓN DE DESISTIMIENTO.
CAUSA PRINCIPAL: COBRO DE BOLÍVARES PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN.
EXPEDIENTE: 2382/09
Se inicia el presente procedimiento en fecha 01 de Diciembre de 2010, interpuesta por la Sociedad Mercantil Seventeen Collections, C. A., contra la ciudadana Zulay del Carmen Herrera y Jean Carlos Herrera, Yudith Virginia López, en su carácter de librado aceptante, la primera avalista el segundo del instrumento cambiario cuyo cobro se demanda, por Cobro de Bolívares Procedimiento por Intimación por ante el Juzgado Distribuidor de los Municipios Guacara y San Joaquín, del Estado Carabobo, correspondiéndole por sorteo conocer a este Despacho.
En fecha 14 de Diciembre de 2009, se admite la demanda y se ordena emplazar a los demandados a comparecer dentro de los diez (10) días de despacho siguientes mas cuatro días de termino de distancia concedido, a que constara en autos su intimación a cancelar las cantidades demandadas, acreditar haberlas cancelado u oponerse al Decreto de Intimación apercibido de ejecución, ordenándose compulsar el libelo de demanda y librar comisión y remitirla con exhorto al Juzgado Distribuidor del Municipio Sotillo del Estado Anzoátegui, a los fines de la intimación de la demandada. En la misma fecha se ordena aperturar el Cuaderno de Medidas, decretándose medida de embargo preventiva sobre bienes propiedad de los demandados, remitiéndose Exhorto al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan Antonio Sotillo y Guanta del Estado Anzoátegui.
En fecha 16 de Octubre de 2010, se reciben las actuaciones provenientes del Juzgado Ejecutor de Medidas antes señalado, donde se evidencia que los demandados de autos a través de una dación cancelaron a la empresa los montos por ellos adeudados.
En fecha 19 de Octubre de 2010, el apoderado judicial de la empresa demandante desiste de la demanda incoada en el presente expediente por cuanto los demandados cancelaron la totalidad de lo adeudado.
El Código de Procedimiento Civil en su artículo 263 establece: “En cualquier grado y estado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto y procederá como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad de consentimiento de la parte contraria. Igualmente el artículo 264 ejusdem establece: “Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.
El desistimiento es una de las formas de autocomposición procesal señalados en el Código de Procedimiento Civil, que pone fin al proceso y resuelve la controversia con efectos de cosa juzgada y el cual debe ser homologado por el Tribunal a los fines de que surtan los efectos que de él se deriven. Esta homologación no va a constituir una sentencia sobre el mérito, pues esta referida solo al examen de los presupuestos requeridos para la validez del Convenimiento señalados en el artículo 264, antes trascrito.
Del examen de los autos se evidencia que los apoderados judiciales de la accionante entre las facultades conferidas expresamente de encuentra la de desistir de los procedimientos que intenten, por lo cual se encuentran legitimados para realizarlo y los derechos involucrados en la presente causa son derechos disponibles, por lo que es procedente su homologación y así debe ser declarada por el Tribunal.