TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas
Barquisimeto, 21 de septiembre de 2010
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2010-002001
ASUNTO: KP01-S-2010-002001

JUEZ: Abogado Marco Antonio Medina Salas
SECRETARIO: Abogado Miguel Ángel Sánchez González.
ALGUACIL: Abogado Ítalo Díaz Castillo.
IMPUTADO: ROLANDO ANTONIO VARGAS MARQUINA, venezolano, con cédula de identidad número V.-17.873.478, fecha de nacimiento 15-06-1983, de 27 años de edad, natural de Humocaro Bajo, estado Lara, estado civil casado, de oficio obrero, grado de instrucción 7º, hijo de Marta Vargas y Orlando Yépez, residenciado en sector Los Yajures, calle principal, casa S7n a dos cuadras de la Bodega de la Señora Maria Cánsales, Humocaro Bajo, estado Lara. Telf. 0416-0521748.
DEFENSA PÚBLICA: Abogada Lirio Terán Matute.
FISCALA 7º DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abogada Iraima Aranguren Coronel.
VICTIMA: MILAGROS INMACULADA LÓPEZ GARCÍA, con cédula de identidad número V.-20.666.785.
DELITO: Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Vista en Audiencia Preliminar la presente causa penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, Audiencias y Medidas número 1, en materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, pasa a decidir en los siguientes términos:

PRETENSIONES DE LAS PARTES

DE LA REPRESENTACIÓN FISCAL

El representante del Ministerio Público, en el inicio de la audiencia preliminar presentó formal acusación en contra del ciudadano ROLANDO ANTONIO VARGAS MARQUINA, venezolano, con cédula de identidad número V.-17.873.478, en consecuencia expuso lo que a continuación se explana: “expuso oralmente las razones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en los que fundamenta su acto conclusivo que fuera presentado oportunamente contra el referido acusado a quien identifica como ROLANDO ANTONIO VARGAS MARQUINA, venezolano, con cédula de identidad número V.-17.873.478, indica los elementos de convicción y ofrece los medios probatorios testimoniales y documentales que constan en el referido escrito, el cual ratifica en este acto, encuadra el ilícito en el delito de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. En consonancia con lo anterior, calificó los hechos como el delito de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en agravio de la ciudadana MILAGROS INMACULADA LÓPEZ GARCÍA, con cédula de identidad número V.-20.666.785, ofreció como medios probatorios los siguientes: 1) Experto: Testimonial de Franco García Valecillos, Experto Profesional II del Departamento de Ciencias Forenses de la Delegación Estadal Lara, ya que fue el profesional que realizó el reconocimiento y con el resultado se evidencia que efectivamente existen unas lesiones y se deja constancia a través del examen de las mismas; 2) Testimonio de los funcionarios aprehensores, adscritos al Comando regional número 4, Quinto Pelotón de la Primera Compañía Destacamento número 47 de la Guardia Nacional, SM/3 Hernán José Graterol Cortez y S/2DO Jorge Darío García Trompetera, por cuanto los mismos depondrán sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurre la aprehensión del acusado e igualmente solicita que una vez aperturado el debate le sea exhibida de conformidad con el artículo 242 del Código orgánico Procesal Penal para que indiquen y corroboren su contenido y firma; 3) Testimonio de la ciudadana MILAGROS INMACULADA LÓPEZ GARCÍA, con cédula de identidad número V.-20.666.785, víctima de los hechos objeto del proceso, quien expondrá las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos ocurridos; 4) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 339, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal: a) Exhibición y lectura del Primer Reconocimiento Médico Forense número 9700-152-4067, de fecha 15 de junio de2010, suscrito por Franco García Valecillos, Experto Profesional II del Departamento de Ciencias Forenses de la Delegación Estadal Lara, practicado a la víctima, donde se aprecia: “…Excoriaciones de mejilla izquierda, traumatismo en órbita de ojo izquierdo, otras en codo izquierdo, fractura de incisivo inferior. Requiriendo nueve días de curación salvo complicaciones, el cual amerita un segundo reconocimiento médico forense.”

LA VICTIMA
La víctima, ciudadana MILAGROS INMACULADA LÓPEZ GARCÍA, con cédula de identidad número V.-20.666.785, en el presente proceso asistió a la audiencia preliminar y, de conformidad con los artículos 2, 21 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 1 y 37 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los artículos 23, 43 y 120, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, se le cede el derecho de palabra, quien expuso: “Sólo quiero que me ponga el diente. Es todo”.

EL IMPUTADO
El Tribunal luego de haber oído la exposición de la Fiscala Vigésima, representante del Ministerio Público, procede de conformidad con el artículo 131 a realizar advertencia preliminar al presunto agresor y éste encontrándose provisto de todas las garantías procesales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en su contra, de conformidad con el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente asistido por DEFENSA PÚBLICA, informándole que su declaración no es un objeto de prueba sino un medio para su defensa, que con ella pueden desvirtuar si fuere el caso la acusación que le ha hecho en la audiencia el Ministerio Público, se le indicó y se le informó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé unas alternativas a la prosecución del proceso, que consisten en el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Proceso, Acuerdos Reparatorios y asimismo respecto del Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándoles que la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de composición procesal es la presente audiencia, se le informó sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público lo acusa en esta audiencia y le explicó las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica, preguntándole seguidamente si está dispuesto a declarar, a lo que libre de todo juramente, coacción y apremio expone: “Quiero admitir los hechos y pido la Suspensión Condicional del Proceso. Es todo”.

LA DEFENSA
La Defensora Pública, abogada Lirio Terán Matute, manifestó en su intervención lo siguiente: “Visto que mi representado desea admitir los hechos y hacer uso de la suspensión condicional del proceso es por lo que solicito se le impongan las condiciones a cumplir. Es todo.”

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA
ACUSACION Y DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
Estima este Tribunal revisado como ha sido el presente asunto y luego de realizado un análisis del libelo acusatorio en relación a los requisitos formales de la acusación establecidos en el articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal y los requisitos materiales para el ejercicio de la acción penal, que se cumplen en el presente asunto, en virtud de lo cual se admite la acusación presentada por el Ministerio Público.
Ahora bien, por encontrarse en la fase intermedia del proceso penal, es por lo que en el escrito acusatorio, el Ministerio Público está obligado a indicar las pruebas que presentará en el juicio oral, de manera que en el escrito acusatorio la fiscalía accionante desarrolló su actividad de promoción, proposición u ofrecimiento de pruebas para el juicio oral. Siendo así este Tribunal en la Audiencia Preliminar celebrada, admitió pruebas limitando su pronunciamiento sobre la pertinencia, conducencia, legalidad o utilidad de la prueba promovida, propuesta u ofrecida.
Al respecto, señala el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal que un medio de prueba para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal consideró procedente admitir las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aunado a lo anterior, considera este Tribunal que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público no menoscaban los derechos de la contraparte, esto es, del presunto agresor y de su defensa. Son además, pertinentes al objeto de la controversia, conducentes y útiles en la consecución de la verdad y legales en cuanto a su obtención, por lo que queda asegurado para el acusado el derecho a su defensa, amén de estar garantizado con ellas y con el principio de la comunidad de la prueba, el contradictorio, el control de la prueba y la licitud de las mismas. Por tal motivo, este tribunal juzga oportuno admitir todas y cada una de las pruebas indicadas para ser reproducidas en la fase de juicio oral y público. Así se decide.

SOBRE LA SUSPENSIÓN
CONDICIONAL DEL PROCESO
Una vez admitida la acusación se procedió a explicar al acusado el significado de la audiencia, asimismo se le impuso del precepto constitucional que le exime de declarar en causa propia de reconocer culpabilidad contra sí mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de su cónyuge si la tuviere o de su concubina, de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; además, se le informó que su declaración no es un objeto de prueba, sino un medio para su defensa, que con ella puede desvirtuar, si fuere el caso, la acusación que le ha hecho el Ministerio Público, se le indicó e informó sobre los derechos procesales que le asisten y sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público lo acusa, amén de explicársele las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica. Asimismo, se le hizo lectura del precepto jurídico aplicable y se le informó sobre las alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento especial de admisión de los hechos, preguntándosele seguidamente si está dispuesto a declarar, a lo que el acusado libre de todo juramento, coacción o apremio respondió lo siguiente: “Si, deseo hacer uso a las fórmulas alternativas de la suspensión condicional del proceso, admito los hechos y le pido perdón a ella por mi conducta. Es todo”.
A los fines de resolver sobre la solicitud planteada y en cumplimiento con el procedimiento dispuesto en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, se le otorgo el derecho de palabra a la fiscala del Ministerio Público quien expuso: “que no tiene ninguna objeción a que tenga lugar la Suspensión Condicional del proceso. Es todo”. De igual manera, se le cede la palabra a la representante de la víctima quien manifiesta: “estoy de acuerdo con la suspensión condicional del proceso. Es todo.”
El Tribunal oídas las exposiciones de las partes, la admisión de los hechos por parte del acusado, la oferta de reparación del daño de manera simbólica y la conformidad de la fiscala del Ministerio Público y de la representante de la víctima, procede a analizar sobre la procedencia de la alternativa a la prosecución del proceso solicitada.
El artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone como requisitos de procedencia de la suspensión condicional de proceso los siguientes: 1) Que se trate de delitos leves. 2) Que la pena del delito no exceda de cuatro (04) años en su límite máximo; 3) Que el acusado admita plenamente el hecho que se le atribuye; 4) se demuestre que ha tenido buena conducta predelictual; y 5) Que no se encuentre sometido a otra medida de esta naturaleza de manera simultánea.
El caso de marras versa sobre la comisión del delito de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual prevé una pena máxima a imponer de dieciocho (18) meses de prisión, motivo por el cual se puede asegurar que por el quantum de la pena, resulta procedente dicha alternativa a la prosecución del proceso, lo cual además, de acuerdo a sentencia número 232, del 10 de marzo de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acotó que “La suspensión condicional del proceso se trata de un derecho de toda persona sometida a proceso, que reúne las condiciones comunes y propias de admisibilidad, que genera el deber estatal de reconocerlo ante cualquier solicitud correctamente fundada en la ley”., lo que evidencia que al no tener alta entidad punitiva, el delito en cuestión, hace procedente la alternativa a la prosecución del proceso.
En relación a la conducta predelictual debe referir este Juzgador que no consta en autos que el presunto agresor haya sido condenado penalmente, y se ha verificado igualmente que el imputado no está sometido a otra medida de esta naturaleza.
El acusado de autos admitió los hechos y su responsabilidad en los mismos, así como realizó la oferta de reparación del daño que fue aceptada por la representante de la víctima; verificado igualmente que la representante de la víctima manifestó su conformidad con la alternativa a la prosecución del proceso solicitada, con lo cual estuvo de acuerdo la representante del Ministerio Fiscal, estima este Juzgador que se encuentran llenos los extremos para la procedencia de la Suspensión Condicional del Proceso, lo procedente y ajustado a derecho entonces, es decretar la misma, imponiéndose un régimen de prueba por un lapso de un (01) año, atribuyéndole conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal, las siguientes condiciones: 1) La establecida en el numeral 1, la cual consiste en permanecer en su residencia y en caso de cambio de domicilio debe informar al Tribunal a los fines de su autorización. 2) La establecida en el numeral 5, la cual consiste en finalizar la escolaridad básica, debiendo inscribirse en una institución educativa o en las Misiones Nacionales; 3) La obligación de realizar un taller en materia de Violencia de Género cada tres (3) meses en el Instituto Regional de la Mujer del lugar donde resida, dictar un taller y realizar trabajo comunitario en un sitio o lugar que determine el Instituto Regional de la Mujer del estado Lara (IREMUJER), bajo la supervisión del mismo; 4) Se le impone la obligación de sufragar los gastos médicos correspondientes a los fines de que la víctima se pueda realizar el tratamiento odontológico necesario para restaurar su dentadura; 5) Se le impone la obligación de acudir ante el delegado o la delegada de prueba que le designe la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, una (1) vez cada tres (3) meses, remitiendo la información debida al tribunal durante los períodos de tiempo señalados; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, 43 y 44 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose en consecuencia remitir las comunicaciones correspondientes. Se le advierte al acusado que en caso de incumplir en forma injustificada alguna de las condiciones que se le impusieron se generarán las consecuencias contenidas en el artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, Audiencias y Medidas número 1 de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Se admite totalmente la acusación presentada por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Lara, en contra del ciudadano ROLANDO ANTONIO VARGAS MARQUINA, venezolano, con cédula de identidad número V.-17.873.478, por la presunta comisión del delito de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en agravio de la ciudadana MILAGROS INMACULADA LÓPEZ GARCÍA, con cédula de identidad número V.-20.666.785. SEGUNDO: Se admiten todos los medios de prueba presentados por la fiscala séptima del Ministerio Público en su escrito acusatorio, por ser lícitos, legales, necesarios y pertinentes para ser evacuados en el juicio oral y público. TERCERO: Decreta la Suspensión Condicional del Proceso al ciudadano ROLANDO ANTONIO VARGAS MARQUINA, venezolano, con cédula de identidad número V.-17.873.478, fecha de nacimiento 15-06-1983, de 27 años de edad, natural de Humocaro Bajo, estado Lara, estado civil casado, de oficio obrero, grado de instrucción 7º, hijo de Marta Vargas y Orlando Yépez, residenciado en sector Los Yajures, calle principal, casa S7n a dos cuadras de la Bodega de la Señora Maria Cánsales, Humocaro Bajo, estado Lara. Telf. 0416-0521748, imponiéndole, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal, un régimen de prueba de un (01) año contado a partir que comience con las obligaciones que se imponen, que son las siguientes: 1) La establecida en el numeral 1, la cual consiste en permanecer en su residencia y en caso de cambio de domicilio debe informar al Tribunal a los fines de su autorización. 2) La establecida en el numeral 5, la cual consiste en finalizar la escolaridad básica, debiendo inscribirse en una institución educativa o en las Misiones Nacionales; 3) La obligación de realizar un taller en materia de Violencia de Género cada tres (3) meses en el Instituto Regional de la Mujer del lugar donde resida, dictar un taller y realizar trabajo comunitario en un sitio o lugar que determine el Instituto Regional de la Mujer del estado Lara (IREMUJER), bajo la supervisión del mismo; 4) Se le impone la obligación de sufragar los gastos médicos Regístrese y publíquese. Cúmplase.

EL JUEZ

ABOGADO MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
LA SECRETARIA