TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: MARÍA EUGENIA MATA
EXPEDIENTE N° AP42-G-2010-000054

En fecha 7 de julio de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de la demanda por cobro de bolívares y ejecución de fianza interpuesta conjuntamente con solicitud de medida preventiva de embargo, por los abogados Mildred Del Carmen Hernández Soto, Marcelis Hernández Zabala, Luis Harris García y Enoy Guaquirima, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los números 112.343, 105.614, 49.386 y 104.929, respectivamente, actuando con el carácter de Representantes de la República por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), de conformidad a la sustitución otorgada por la Procuradora General de la República, según Oficio D.P. Nº 001003 de fecha 19 de noviembre de 2009, contra las Sociedades Mercantiles “INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA)”, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de octubre de 1964, resumidos en un solo texto sus Estatutos Sociales según acta inscrita en el mencionado Registro Mercantil, en fecha 28 de septiembre de 2006, bajo el Nº 30, Tomo 159-A-Pro y “SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A.”, inscrita ante el Registro de Comercio que era llevado por la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la 17ª Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 6 de noviembre de 1956, bajo el Nº 53, Libro 42, Tomo 1º e inscrita en la Superintendencia de Seguros bajo el Nº 51.

Por auto de fecha 8 de julio de 2010, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines legales consiguientes.

En fecha 13 de julio de 2010, fue recibido el expediente en el Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

Por auto de fecha 19 de julio de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, admitió la demanda interpuesta. En consecuencia, ordenó notificar de conformidad con el artículo 37 eiusdem a la Procuradora General de la República, así mismo se ordenó citar al Presidente de la Sociedad Mercantil “Industria Láctea Torondoy C.A.”, así como al Presidente de la Sociedad Mercantil “Seguros La Occidental C.A.”, a fin de que comparecieran por ante dicho Juzgado de Sustanciación una vez vencido el término de ocho (08) días que establece el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, término este que se computará a partir de que conste en autos el oficio mediante el cual se diera por notificada dicha funcionaria. Asimismo estableció que el primer (1er) día de despacho siguiente a que constara en autos la última de las notificaciones y citaciones ordenadas, dicho Juzgado de Sustanciación fijaría fecha y hora para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar, según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de medida de embargo preventivo “… sobre bienes muebles propiedad de las sociedades mercantiles INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A., (INLATOCA) y SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A…,”, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, acordó abrir cuaderno separado por cuanto no correspondía a dicha Instancia pronunciarse sobre su procedencia, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo.

Por auto de fecha 22 de julio de 2010, el Juzgado de Sustanciación ordenó comisionar al Juzgado Primero de los Municipios Maracaibo, Jesús E. Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a los fines de que practique la notificación del Presidente de la Sociedad Mercantil Seguros la Occidental.

En fecha 26 de julio de 2010, se remitió a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el cuaderno separado signado con el Nº AW41-X-2010-000006, a los fines de decidir respecto de la medida cautelar de embargo preventivo solicitada, recibiéndose el expediente en esa misma fecha.

Por auto de fecha 27 de julio de 2010, se designó Ponente a la Juez MARÍA EUGENIA MATA, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines de dictar la decisión correspondiente.

En fecha 3 de agosto de 2010, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó oficio de notificación dirigido al Juez Primero de los Municipios Maracaibo, Jesús E. Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el cual fue enviado a través de la valija oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el día 27 de julio de 2010.

En fecha 4 de agosto de 2010, el Alguacil el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de haber practicado la notificación a la Sociedad Mercantil Industrias Lácteas Torondoy, C.A., en esa misma fecha.

Mediante sentencia de fecha 23 de septiembre de 2010, esta Corte dictó decisión mediante la cual: “1. DECRETA medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil “INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA)” y de la Sociedad Mercantil “SEGUROS LA OCCIDENTAL C.A.” hasta por la cantidad de Siete Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Quinientos Bolívares Fuertes (Bs. F. 7.417.500,00). Si la medida recayere sobre cantidades liquidas de dinero, se practicará la misma hasta cubrir la suma de Tres Millones Setecientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta Bolívares Fuertes (Bs. F. 3.708.750,00), la cual asciende al saldo de la suma liquida exigible más las costas procesales.2. ORDENA oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para que determine, en el caso de la empresa “SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A.”, los bienes sobre los cuales será practicada dicha medida. 3.ORDENA librar comisión al Juzgado Ejecutor de Medidas correspondiente en funciones de distribución, es decir al Juzgado Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como al Juzgado Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia” (Mayúsculas y resaltado de la sentencia).

En fecha 21 de octubre de 2010, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó Oficio de notificación firmado y sellado por el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, por delegación de la ciudadana Procuradora General de la República, el cual fue recibido el 19 el mismo mes y año.

En fecha 10 de noviembre de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº G.G.L.C.C.P. Nº 005821 de fecha 5 de noviembre de 2010, mediante el cual el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, actuando por delegación de la ciudadana Procuradora General de la República, “Renuncia a la suspensión del referido proceso por el lapso de noventa (90) días continuos conforme a lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República” (Resaltado del escrito).

En fecha 18 de noviembre de 2010, se recibió Oficio Nº 444-2010, de fecha 25 de octubre de 2010, emanado del Juzgado Tercero de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, anexo al cual remite las resultas de la comisión que le fuera librada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 22 de julio de 2010. En fecha 22 de noviembre de 2010, se agregó a los autos dicho Oficio.

Por auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 2 de diciembre de 2010, notificadas y citadas como se encontraban las partes, el Juzgado de Sustanciación fijó el día 20 de diciembre de 2010 a las once y treinta antes meridiem (11:30 am), para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar, según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 7 de diciembre de 2010, se recibió de la Abogada Aura Bastidas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 121.553, actuando con el carácter de Representante de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), copia simple del poder que acredita su representación.

Por auto de fecha 17 de enero de 2011, el Juzgado de Sustanciación fijó el 24 de enero de 2011, a las nueve y treinta antes meridiem (9:30 am), para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar, según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto no hubo despacho en la fecha fijada con anterioridad.

En fecha 17 de enero de 2011, se recibió del Abogado Daniel Salas, antes identificado, diligencia mediante la cual consignó original del poder que acredita su representación.

En fecha 24 de enero de 2011, fecha fijada para que tuviera lugar la oportunidad de la audiencia preliminar, la Juez del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la comparecencia del Abogado Daniel Salas, Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Torondoy C.A., parte demandada y de la Abogada Gloria Sánchez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 5.294, Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil Seguros La Occidental, C.A., parte también demandada. Seguidamente, la Juez declaró desistido el presente procedimiento al haberse constatado la no comparecencia de la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En esa misma fecha, los Abogados Daniel Salas y Gloria Sánchez, antes identificados, consignaron sus respectivos escritos de promoción de pruebas.

Por auto de fecha 25 de enero de 2011, el Jugado de Sustanciación ordenó remitir el expediente a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de dictar la decisión correspondiente.

En esa misma fecha, se remitió el expediente y el mismo fue recibido el 26 de enero de 2011.

En fecha 27 de enero de 2011, se designó ponente a la Juez MARÍA EUGENIA MATA, a los fines de dicta la decisión correspondiente.

En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Juez Ponente.

En fecha 1º de febrero de 2011, el Abogado Daniel Salas, antes identificado, presentó diligencia mediante la cual solicitó se impartiera homologación del desistimiento tácito operado en la presente causa.

En fecha 28 de marzo de 2011, se recibió en la Unidad de recepción y Distribución de documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda delo Contencioso Administrativo, diligencia mediante la cual la Abogada Carlota Reyes, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 57.780, actuando con el carácter de Consultor Jurídico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), actuando en sustitución otorgada por la Procuradora General de la República, expuso: “…solicito el DESISTIMIENTO de la acción intentada por Ejecución de Fianzas contra las sociedades mercantiles INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY, C.A. (INLATOCA) y SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A., que cursa en el expediente signado bajo el Nº AP4G-2010-000054, de la nomenclatura llevada por esta Corte y su respectiva homologación” (Mayúsculas y resaltado del escrito).

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte procede a decidir, previa las consideraciones siguientes:

I
DE LA DEMANDA INTERPUESTA CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO

En fecha 7 de julio de 2010, la Representación Judicial de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), actuando de conformidad a la sustitución otorgada por la Procuradora General de la República, según Oficio D.P. Nº 001003 de fecha 19 de noviembre de 2009, presentó escrito contentivo de la demanda interpuesta contra las Sociedades Mercantiles “Industria Láctea Torondoy C.A (Inlatoca)” y “Seguros La Occidental, C.A.”, con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que, “…para la autorización de adquisición de divisas destinadas a la importación de bienes, la Administración Cambiaria ha dictado varias Providencias que establecen los requisitos, controles y trámites para dichas autorizaciones, entre ellas, la Providencia Nº 085 de fecha 30 de enero de 2008, la cual establece todo lo referente a las autorizaciones de adquisición de divisas destinadas a las importaciones de bienes”.

Que, “En (sic) base a lo dispuesto en la mencionada Providencia, la sociedad (sic) mercantil (sic) INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA), formalizó ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), tres (03) solicitudes de autorización de adquisición de divisas (AAD) para importación, signadas con los Nros. 9805267, 9805393 y 9805564…” (Mayúsculas y resaltado del escrito).

Que, “Dichas solicitudes se efectuaron en dólares de los Estados Unidos de América, a una tasa de cambio de DOS BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 2,15) por dólar, en las fechas y por los montos que se mencionan a continuación (…) Las referidas solicitudes se realizaron bajo la modalidad de PAGO A LA VISTA, tal como lo establece el artículo 18 de la Providencia Nº 085, vigente para la fecha en que se realizaron las referidas solicitudes (…) en cuyo caso la liquidación de las divisas se efectúas (sic) antes de la nacionalización y verificación de la mercancía, es decir, antes de que los bienes ingresen al territorio nacional, siempre y cuando se constituya garantía por parte el (sic) importador a favor de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),al contrario de lo que sucede en las importaciones regulares en las que una vez hechas la solicitudes y otorgadas por parte de esta Comisión la autorización e (sic) adquisición de divisas (AAD), se procede a embarcar y trasladar al país la mercancía, la cual una vez nacionalizada y analizados los documentos relativos a la nacionalización (cierre de la importación), es que se otorga la correspondiente autorización de liquidación de divisas (ALD), sólo en caso de resultar procedente”.

Que, “… la sociedad mercantil INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA), a los fines del cumplimiento del artículo antes mencionado, presentó FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN, avaladas por la sociedad mercantil SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A., las cuales tienen como finalidad garantizar a la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de la obligación de consignar los documentos a que hace referencia el artículo 27 de la providencia señalada, es decir, el usuario tiene el deber de consignar los documentos que respalden la efectiva realización de la importación, los cuales pasarían a conformar los llamados ‘documentos de cierre’ y por consiguiente demostrar así el correcto uso de las divisas autorizadas y liquidadas” (Mayúsculas y resaltado del escrito).

Que “… los llamados ‘documentos de cierre’, de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18 de la Providencia Nº 085, debían ser presentados en el lapso de 120 días continuos, contados a partir de la fecha de la liquidación de las divisas autorizadas por parte del Banco Central de Venezuela, lo cual ocurrió en las fechas y por los montos que se mencionan a continuación: (…) Por lo que, los cierres de las solicitudes realizadas por INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA), debían ser consignados antes del 11 de julio de 2009, lo cual no ocurrió ni dentro de ese lapso, ni hasta la fecha de presentación de esta demanda” (Mayúsculas y resaltado del escrito).

Que, “… es necesario resaltar que a la sociedad (sic) mercantil (sic) INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA), se le liquidó la cantidad total de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.725.000,00), los cuales representan la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 3.708.750), calculados a una tasa de cambio de DOS BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 2,15) por dólar, vigente para la fecha en que fueron realizadas las solicitudes, resultante de la sumatoria de las cantidades liquidadas en cada una de las solicitudes a las que hemos hecho referencia …” (Mayúsculas y resaltado del escrito).

Que, “… la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) (…) efectúa su interacción con los usuarios a través de medios telemáticos (…) lo cual se puede apreciar en el correo electrónico enviado al usuario, a los fines de informarle la proximidad en el vencimiento de los lapsos para la entrega de la documentación a que hace referencia el artículo 27 de la providencia Nº 085 …”.

Que, “… dicho incumplimiento se notificó personalmente a la sociedad (sic) mercantil (sic) SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A., en su carácter de fiador solidario y principal pagador de la sociedad (sic) mercantil (sic) INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A., (INLATOCA) otorgándosele un plazo de 30 días, los cuales comenzarían a correr una vez recibida dicha notificación, para el cumplimiento voluntario de compensar a la República, el monto de las divisas liquidadas a si afianzada, lo cual, hasta la fecha de presentación de esa demanda, la sociedad mercantil SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A. no ha cumplido” (Mayúsculas resaltado del escrito).

Que, “La presente demanda encuentra su fundamento en el Convenio Cambiario Nº 1, de fecha 05 de febrero de 2003, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el entonces Ministerio de Finanzas (…) el cual estableció el Régimen para la Administración de Divisas a ser implementado en el país, como consecuencia de la política cambiaria acordada entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, el cual regularía todo lo concerniente a la libre convertibilidad de la moneda, centralizando la compra y venta de divisas en el país, en el ente emisor”.

Que, “Por ello, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) al no recibir ninguna respuesta satisfactoria y a pesar de que habiendo realizado todas las gestiones tendientes (sic) a solicitar los documentos de cierre de dichas operaciones, las mismas resultaron infructuosas, demanda por Ejecución de Fianza de Fiel Cumplimiento para la Consignación de Documentos de Importación, a las sociedades mercantiles INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA), y SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A. para que las mismas consignen los documentos que respalden el cierre de las solicitudes de importaciones bajo modalidad de pago a la vista Nros 9805267, 9805393 y 9805564” (Mayúsculas y resaltado el escrito).

Que, “Si ello no ocurriera, y la sociedad mercantil INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A., no pudiese demostrar las importaciones realizadas, presumimos que las divisas liquidadas fueran utilizadas para un fin distinto al que motivaron su solicitud, por lo que solicitamos de la referida empresa y de su fiador SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A., por ser este último el principal pagador de la primera, la compensación hasta por el monto total amparado por cada fianza; de modo que ambas empresas sean obligadas a pagar a la República el contravalor en bolívares de las divisas liquidadas en cada una de las solicitudes descritas, lo que asciende a la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 3.708.750,00)” (Mayúsculas y resaltado de la Corte).

Que, “Por todo lo relatado, ocurrimos ante su competente autoridad para demandar (…) a las sociedades mercantiles INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA) y SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A., en su carácter de fiadora, solidaria y principal pagadora de las obligaciones de aquella (sic), para que convenga en ello o en su defecto sea condenada a pagar a nuestra representada, la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 3.708.750,00) (Mayúsculas y resaltado del escrito).

Que, “A los efectos de determinar el valor de la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, estimamos la presente demanda en la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs 3.708.750,00), resultante del contravalor en bolívares de las divisas liquidadas a la sociedad mercantil INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A., (INLATOCA)” (Mayúsculas y resaltado del escrito).

Que, “… solicitamos se sirva DECRETAR MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles suficientes propiedad de las sociedades mercantiles INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A., (INLATOCA) y SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A., de conformidad a lo dispuesto en los artículos 91 y 92 el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con lo establecido en los artículos 585 y 588 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil…” (Mayúsculas y resaltado del escrito).

Que, “…en cuanto a los privilegios y prerrogativas procesales de la República, específicamente en materia de solicitudes de protección cautelar, según lo establecido en el artículo 92 de la Ley que rige las funciones de la Procuraduría General de la República, sólo es necesario la demostración de uno de esos requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada, es decir, el juez podrá decretar la protección cautelar que sea requerida por la República, o cualquier otro ente protegido con tal privilegio, como sucede en el presente caso con la Comisión de Administración de divisas (CADIVI), con tan sólo verificar la presencia de uno de los requisitos de procedencia establecidos en el Código de Procedimiento Civil…”.

Que, “… esta representación (…) considera que se encuentran llenos los extremos de ley para la procedencia de la Medida Cautelar solicitada, por cuanto existe la presunción del buen derecho que se reclama, con base a las solicitudes de autorización de adquisición de divisas para operaciones de importación bajo la modalidad de pago a la vista hechas por la sociedad mercantil INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY, C.A. (INLATOCA), a quien efectivamente se le liquidaron las divisas solicitadas, pero cuyo uso correcto no se demostró (…) y puesto que la misma es pagadora de una obligación de índole pecuniaria que no ha sido satisfecha…”.

Que, “Por las razones expuestas, con fundamento en el principio de la Tutela Judicial Efectiva y como una manifestación del principio de que el patrimonio del deudor es prenda común de sus acreedores (…) solicita (…) decretar MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre bienes muebles propiedad de las sociedades mercantiles INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA) y SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A., los cuales serán señalados en su oportuno momento y cuya medida deberá ser decretada por el doble del monto total de la demanda mas (sic) las costas y costos judiciales, calculados prudencialmente por el tribunal y que cubran suficientemente la suma adeudada…” (Mayúsculas y resaltado del escrito).

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

A los fines de dictar decisión en la presente causa, esta Corte pasa a realizar las siguientes consideraciones:

El caso de autos trata de una demanda por cobro de bolívares y ejecución de fianza interpuesta conjuntamente con medida cautelar de embargo preventivo por la Representación Judicial de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) contra las Sociedades Mercantiles Industria Láctea Torondoy, C.A. (INLATOCA) y Seguros La Occidental, C.A.

Al respecto se precisa que por auto de fecha 19 de julio de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte admitió la demanda interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ordenando notificar a la Procuradora General de la República y citar al Presidente de la Sociedad Mercantil “Industria Láctea Torondoy C.A.”, así como al Presidente de la Sociedad Mercantil “Seguros La Occidental C.A.”, a fin de que comparecieran por ante dicho Juzgado de Sustanciación una vez vencido el término de ocho (08) días que establece el artículo 86 del Decreto con Valor, Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo, estableció que una vez constara en autos la última de las notificaciones y citaciones ordenadas, dicho Juzgado de Sustanciación fijaría fecha y hora para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar, según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Al respecto, aprecia este Órgano Jurisdiccional que en fecha 2 de diciembre de 2010, dejándose constancia de que estaban notificadas y citadas las partes, el Juzgado de Sustanciación fijó el día 20 de diciembre de 2010, a las once y treinta antes meridiem (11:30 am), para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar, oportunidad que fue diferida mediante auto de fecha
17 de enero de 2011, fijándose el 24 de enero de 2011, a las nueve y treinta antes meridiem (9:30 am), para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar, según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto no hubo despacho en la fecha fijada con anterioridad.

Al respecto, es necesario destacar que la Ley que rige las funciones de la jurisdicción contencioso administrativa, contempla en su Título IV, Capítulo II, Sección I, el “Procedimiento en Primera Instancia” para las demandas de contenido patrimonial, el cual prevé en el artículo 60, lo siguiente:

“Artículo 60: Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar, se declarará desistido el procedimiento.
El desistimiento del procedimiento sólo extingue la instancia y el demandante podrá volver a proponer nueva demanda inmediatamente.
Si el demandado no comparece a la audiencia preliminar, la causa seguirá su curso”.

De la lectura de la disposición normativa transcrita, se desprende que la asistencia a la Audiencia Preliminar, constituye una carga procesal de la parte demandante, la cual tiene por objeto en atención a los principios de inmediatez y oralidad, escuchar las pretensiones y los alegatos de las partes o interesados, siendo la oportunidad para promover los medios de prueba que consideren conveniente.

Ahora bien, es de resaltar que llegada la oportunidad para la celebración de la Audiencia Preliminar en el presente caso, la Juez del Juzgado de Sustanciación (folio 99) dejó expresa constancia de la “…no comparecencia de la parte demandante”.

En atención a lo expuesto y visto que la parte demandante no cumplió con la carga procesal de asistir a la Audiencia Preliminar previamente fijada, dejándose expresa constancia de esta situación mediante Acta de fecha 24 de enero de 2011, debe esta Corte aplicar la consecuencia jurídica prevista en el artículo transcrito y en consecuencia, declarar el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. Así se declara.

Vista la declaratoria que antecede, esta Corte estima que es inoficioso emitir pronunciamiento con respecto al desistimiento formulado en fecha 28 de marzo de 2011, por la Abogada Carlota Virginia Reyes Gómez, en su carácter de Consultor Jurídico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Así se decide.

Ahora bien, siendo que la parte demandante en la presente causa es la República y el presente desistimiento afecta los intereses de la misma, esta Corte ORDENA remitir en consulta la presente causa a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se decide.

III
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO de la demanda por cobro de bolívares y ejecución de fianza interpuesta conjuntamente con solicitud de medida preventiva de embargo, por los abogados Mildred Del Carmen Hernández Soto, Marcelis Hernández Zabala, Luis Harris García y Enoy Guaquirima, actuando con el carácter de representantes Judiciales de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), contra las Sociedades Mercantiles “INDUSTRIA LÁCTEA TORONDOY C.A. (INLATOCA)”, y “SEGUROS LA OCCIDENTAL, C.A.”.

2.- INOFICIOSO emitir pronunciamiento con respecto al desistimiento formulado en fecha 28 de marzo de 2011, por la Abogada Carlota Virginia Reyes Gómez, en su carácter de Consultor Jurídico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

3. ORDENA remitir en consulta la presente causa a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Archívese el expediente.Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los ___________ (___) días del mes de __________________ de dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.

El Juez Presidente,

ENRIQUE SÁNCHEZ

El Juez Vicepresidente,

EFRÉN NAVARRO

La Juez,

MARÍA EUGENIA MATA
Ponente

La Secretaria,

MARJORIE CABALLERO

EXP. Nº AP42-G-2010-000054
MEM/