TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DÉCIMO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL

Expediente Nro. 0532-08

Mediante escrito presentado en fecha 24 de noviembre de 1986, el abogado Antonio Rafael Botín Gallardo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 17.477, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PEDRO SOSA BLANCO, titular de la cédula de identidad N° 1.711.015, consignó por ante el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, escrito contentivo del recurso administrativo de anulación contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 10.0002, de fecha 12 de noviembre de 1984 emanado de la Dirección de Control de Desarrollo Urbano de la Gobernación del extinto Distrito Federal.

Por auto de fecha 15 de enero de 1987 se dio entrada al respectivo recurso y se ordenó la notificación del ciudadano Gobernador del Distrito Federal del Distrito Federal, y del Síndico Procurador Municipal del Distrito Federal, requiriendo la remisión de los antecedentes administrativos, conforme a las prescripciones contenidas en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El 29 de enero de 1987 el alguacil, dejó constancia de haber practicado las notificaciones ordenadas en fecha 28 de enero de 1987.

En fecha 06 de marzo de 1987 fue consignado el expediente administrativo emanado de la Gobernación del extinto Distrito Federal.

El 13 de marzo de 1987 el citado Tribunal Superior emitió pronunciamiento sobre la admisión del recurso, ordenando la notificación del entonces ciudadano Fiscal General de la República, y cartel de notificación a todo aquel que tuviese interés en el juicio, así como la respectiva notificación al Síndico Procurador Municipal del extinto Distrito Federal.

En fecha 18 de marzo de 1987 el entonces Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital emitió nuevo auto de admisión ordenando, en consecuencia, el emplazamiento del entonces ciudadano Fiscal General de la República, y cartel de notificación a todo aquel que tuviese interés en el juicio.

Una vez practicadas las notificaciones ordenadas en el expediente, la parte demandada solicitó la entrega del respectivo cartel de notificación para su publicación por prensa de conformidad con lo establecido en ele artículo 125 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, siendo publicado en fecha 14 de mayo de 1987 en el diario “El Universal”, y consignado en el expediente en fecha 15 de mayo de 1987.

Posteriormente, por auto de fecha 18 de mayo de 1987, se ordenó agregar a las actas procesales, los escritos consignados por los interesados en el juicio.

Por auto de fecha 03 de julio de 1987 se dejó constancia que las partes no hicieron uso del derecho a solicitar la apertura del lapso probatorio, fijando para el quinto (5) día de Despacho siguiente el comienzo a la relación de la causa.

En fecha 13 de julio de 1987, por auto expreso se dejó constancia de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de justicia, se fijó el lapso para que tenga lugar el acto de presentación de informes en el juicio.

En fecha 28 de julio de 1987 fecha y hora fijada para el acto de informes en el presente juicio, se dejó constancia de a presentación de informes por la parte recurrente y el tercero interesado en el juicio, dejándose expresa constancia que la parte recurrida no acudió a dicho acto.
Que en fecha 07 de septiembre de 1987, el Tribunal dejó constancia por auto expreso del vencimiento de la segunda (2da.) etapa de la relación, y prorrogó por treinta (30) días continuos el termino de la relación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Mediante auto de fecha 08 octubre de 1987 se dejó constancia del vencimiento de la prórroga de los treinta (30) días continuos de la relación y procedió a decir “Vistos”.

El 20 de abril de 1989 la representación judicial del entonces Fiscal General de la República presentó escrito contentivo del informe contentivo de al opinión del Ministerio Público, siendo agregado a los autos en fecha 26 de abril de 1989.

Cursa al folio ochenta y nueve (89) del expediente principal auto dictado en fecha 10 de abril de 2008, mediante el cual se ordena la corrección de foliatura del expediente.

En fecha 13 de diciembre de 2010, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia designó a la abogada Nohelia Cristina Díaz García, titular de la cédula de identidad Nro.12.747.011, como Jueza Temporal del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de la suspensión del Juez Titular del mencionado Tribunal, abogado Edwin Antonio Romero, según Oficio Nro. CI-279-10, de fecha 10 de marzo de 2010, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y del traslado concedido a la Dra. Marvelys Sevilla Silva, razón por la cual se aboca al conocimiento de la presente causa.

Realizada la reseña procesal que antecede, este Tribunal pasa a decidir sobre la base de las siguientes consideraciones:

ÚNICO

Siendo la oportunidad procesal para que este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital emita pronunciamiento respecto de la sentencia definitiva en el recurso administrativo de anulación incoado por el ciudadano Pedro Sosa Franco, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 10.0002, de fecha 12 de noviembre de 1984 emanado de la Dirección de Control de Desarrollo Urbano de la Gobernación del extinto Distrito Federal.

En tal sentido observa que, en razón del tiempo que ha transcurrido desde la última de las actuaciones procesales antes reseñadas, que supera los veinte (20) años, deben efectuarse las siguientes consideraciones, tomando como premisa de base la ausencia de un interés procesal actual de las partes que incide en el desenvolvimiento de la instancia. Con tal propósito se observa:

En casos análogos al aquí examinado, la Sala Constitucional ha negado la posibilidad de declarar la perención de la instancia, una vez que la causa esté pendiente de sentencia, esto es, cuando el tribunal haya dicho “Vistos” (Vid. Sentencia Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: “DHL, Fletes Aéreos C.A.”).

Tal tendencia ha sido incorporada actualmente a nivel legislativo en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concretamente en la norma contenida en su artículo 41 que reafirma que la sanción de perención opera exclusivamente ante la inactividad procesal de las partes y que, en modo alguno, puede ser aplicable cuando el acto procesal que se encuentre pendiente corresponda al Juez o a la Jueza.

Empero, la propia Sala Constitucional ha reconocido, como forma anormal de terminación del procedimiento, la pérdida del interés procesal. Cabe acotar, que en el contencioso administrativo, opera como regla general la exigencia de un interés jurídico actual para la verificación de la legitimación, en tanto que el elemento de la actualidad pone de relieve la necesidad de la tutela jurisdiccional invocada. Así, en su sentencia Nº 956 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y otra”, que “(…) es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor” (y) que “la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional”.
En la citada decisión, la Sala apuntó respecto de las consecuencias procesales de la falta de interés procesal lo que sigue:

“(…) la pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin”.
…omissis…
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (...).”

La ausencia de actos de impulso que faciliten el desenvolvimiento del proceso hasta su formal culminación que se traduce en la inacción antes analizada, en términos de la misma Sala “(…) no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor”.

El decaimiento del interés procesal puede acarrear, como ya se indicó la terminación de la causa y, en ese sentido, también la Sala Constitucional fijó los criterios que deben guiar al juez para apreciar en forma objetiva la ausencia de interés procesal, pues ello no opera como una presunción, precisando que:

“(…) es jurisprudencia reiterada de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho ‘vistos’ -como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En consecuencia, en virtud de que ha transcurrido un largo tiempo desde la oportunidad en que la extinta Corte Suprema de Justicia dijo ‘vistos’, esta Sala ordena notificar a la parte recurrente, bien en su domicilio procesal o por cartel en caso de no haberlo indicado -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-, para que informe, en un plazo máximo de treinta (30) días continuos a partir de su notificación, si conserva el interés para continuar este proceso. De no producirse respuesta de la parte recurrente dentro del plazo fijado, la Sala considerará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes, supuesto para el cual se ORDENA el archivo del expediente, HABILITÁNDOSE al Juzgado de Sustanciación para que proceda al archivo.” (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 4.618 del 14 de diciembre de 2005, caso: “The News Café & Bar. C.A.”, en el mismo sentido las decisiones Nros. 4.619, caso: “Rafael Humberto Contreras Millán”; 4.622, caso: “Agropecuaria Framar, C.A. y otros”; 4.626; caso: “Ángel Ziems y otros”; 4.629, caso: “Enrique Prieto Silva”; 4.636, caso: “Ángel Rafael Fajardo Hernández”; 4.638, caso: “Polímeros del Lago C.A.”, todas del 14 de diciembre de 2005 y 187 del 9 de febrero de 2007, caso: “Plásticos del Lago, C.A. (PLASTILAGO)”, entre otras).

Conforme al precedente antes citado, que también ha sido acogido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Vid., entre otras, sentencias Nros. 1.336 del 24 de septiembre de 2009, caso: “Ambiente, Servicios y Aseo (ASEAS) C.A.”; 1.663 del 18 de noviembre de 2009, caso: “Corporación Cabello Galves C.A.”; 359 del 5 de mayo de 2010, caso: “Antonio Pace Giovannucci”; 387 del 5 de mayo de 2010, caso: “Ferlliny Bolívar Torrealba y América Francisca García Rauseo”; 457 del 27 de mayo de 2010, caso: “Hotel Bella Vista, C.A.”), este Tribunal considera que vista la falta de actividad procesal por parte del ciudadano Pedro Sosa Blanco, ordena su notificación para que informe en un plazo máximo de treinta (30) días continuos, contados a partir de su notificación personal, su interés en culminar este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, en acatamiento del criterio de la Sala Constitucional antes referido. Transcurrido dicho lapso sin que la parte informe sobre su interés de continuar la presente causa, este Tribunal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital declarará la pérdida del interés procesal y, en consecuencia, terminado el procedimiento.

Con relación a la forma de la notificación, se acoge lo expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión N° 4.294 de fecha 12 de diciembre de 2005, caso: “El Poder es el Pueblo”, indicó que la notificación del actor debía efectuarse “(…) en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal”.

Sobre la base de los criterios antes expuestos, este Tribunal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital ordena la notificación de la parte recurrente, conforme a las prescripciones del artículo 174 del Código de Procedimiento (aplicable por remisión del artículo 31 de la LOJCA si se trata de un juicio de nulidad), y así se decide.

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:

1.- ORDENA notificar al ciudadano PEDRO SOSA BLANCO, en su domicilio procesal, para que dentro de un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la constancia en autos de su notificación, manifieste su interés en dar por concluido este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto.

2.- En caso que de autos no pueda realizarse la notificación personal, que no pueda precisarse el domicilio donde efectuarla o por no poder publicar el cartel, SE PROCEDERÁ a la fijación de un cartel en las puertas del Tribunal.

Transcurrido dicho lapso sin que la parte recurrente manifieste su interés, este Tribunal Superior declarará extinguida de pleno derecho la causa por pérdida del interés procesal.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.-
LA JUEZA TEMPORAL,

NOHELIA CRISTINA DÍAZ GARCIA

LA SECRETARIA,

RAYZA VEGAS MENDOZA

En fecha veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), siendo las
__________________(______), se publicó y registro la anterior sentencia bajo el Nº 041-2011.
LA SECRETARIA,

RAYZA VEGAS MENDOZA
Exp. Nº 532-08