REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS PALAVECINO Y SIMON PLANAS

República Bolivariana de Venezuela EN SU NOMBRE Juzgado Primero de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Cabudare, 05 de Abril de 2011 Años: 200° y 152° CAUSA N° 3.458-10 Fijación de Obligación de Manutención Revisadas las actas procesales que integran el presente expediente, este Tribunal observa: El presente juicio por Fijación de Obligación de Manutención, fue interpuesto el día 08-10-2009, por la Abogada MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTINEZ, en su carácter de Fiscal Decimoquinta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo el artículo el artículo 43, ordinal 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con el artículo 170 literales A y D de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, quien en el escrito que encabeza el presente expediente, manifiesta que comparece ante ese despacho la ciudadana MARITZA RAMONA RODRIGUEZ CONTRERAS, titular de la cédula de identidad No. 14.997.947, en su condición de madre biológica de la niña (OMISION QUE SE HACE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 LOPNNA), solicitando la Fijación de la obligación de manutención, en contra del padre de la misma, ciudadano ENGERBERTH EDUARDO HERNANDEZ ESCALONA, titular de la cedula de identidad Nº 15.171.406. Correspondiendo por distribución el conocimiento de la presente causa a esta Instancia Judicial, admitiéndose la demanda en fecha 08-01-2010, ordenándose la citación del ciudadano ENGERBERTH EDUARDO HERNANDEZ ESCALONA, la notificación a la Fiscal 15º del Ministerio Público del Estado Lara, Librar telegrama a la reclamante de autos para imponerla del auto de admisión, y solicitar al Jefe de Recursos Humanos de Inversiones Milazzo C.A., información sobre si el demandado de autos labora en dicha empresa, de ser positivo, el sueldo y su forma de pago, cargo, descuentos y/o deducciones y, los beneficios de los hijos procreados por el mismo. En fecha 28-01-2010, el Alguacil del Tribunal, mediante diligencia consigna boleta de notificación debidamente firmada por la Fiscal 15° del Ministerio Público (folios 10 y 11). Por auto dictado en fecha 28 de Marzo de 2011, la suscrita Abogada Dulce María Montero Vivas, en su condición de Juez designada en este Tribunal, se avocó al conocimiento de esta causa, ordenando se dejara correr el lapso de tres (3) días de despacho que establece el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a objeto de que las partes manifestaran si se oponían o allanaban a dicho avocamiento. Continuándose con el análisis de las actuaciones contenidas en el expediente, se evidencia que, desde que se admitió la demanda (08-01-2010) y, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año sin que se le haya dado impulso al proceso, no dándose así cumplimiento a las obligaciones que la Ley impone para que se cumpla los trámites procesales y dar continuidad al presente juicio. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes” Reiteradamente ha sostenido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces, la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzca para su declaratoria: La falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes y, la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento”. En base a las consideraciones precedentemente expuestas y, demostrado como está que, en la presente causa la parte actora desde hace mas de un año, no ha comparecido al Tribunal para darle continuidad al presente procedimiento, por lo cual, no se ha cumplido con la obligación de impulsar el proceso, configurándose con tal conducta la extinción de la instancia, es por lo que este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y 268 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente a esta Ley especial, por disponerlo así el artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En consecuencia, archívese el presente expediente para su oportuna remisión al Archivo Judicial Regional, dejándose copia certificada del presente auto en el copiador de sentencias correspondiente. La Jueza Abg. Dulce María Montero Vivas El Secretario Abg. Lucio Torres Armeya. Seguidamente se cumplió con lo ordenado y se archivó el presente expediente en ( ) folios útiles. El Secretario Abg. Lucio Torres Armeya.