REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 4 de Agosto de 2011 201º y 152º ASUNTO: AH13-F-2005-000007 PARTE SOLICITANTE: ciudadano DENNYS ENRIQUE MENDOZA RIVAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-13.749.759 ABOGADO ASISTENTE DE LA SOLICITANTE: Abogada JEANETT REVETE APONTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 24.573. Motivo: RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO NARRATIVA Se inició la presente solicitud de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO presentada por el ciudadano DENNYS ENRIQUE MENDOZA RIVAS, plenamente identificado, debidamente asistido de abogado, ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 17 de Febrero de 2005, el cual previo el sorteo de Ley le fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Consignado como fueron los recaudos, este Juzgado en fecha 09 de Marzo de 2005, admitió la solicitud, ordenándose el emplazamiento a todas aquellas personas que pudiesen ver afectados sus derechos para que comparecieran al décimo (10) día de despacho siguiente, a la publicación, consignación y fijación que del edicto se hiciera, el cual debería ser publicado en el diario Ultimas Noticias, la notificación de la representación del Fiscal del Ministerio Público de conformidad con lo previsto en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, y la solicitud a la ONIDEX (Hoy Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME) de los datos filiatorios del accionante, librándose en ese mismo día, mes y año el edicto, boleta de notificación y oficio respectiva. En fecha 23 de Mayo de 2005, el ciudadano Alguacil de este Despacho dejó constancia de haber notificado a la representación del Fiscal del Ministerio Público y consignó copia de la boleta de notificación debidamente firmada y sellada. De igual forma deja constancia de haber hecho entrega del Oficio librado a la ONIDEX solicitando los datos filiatorios, consignando ejemplar del oficio debidamente firmado y sellado. En fecha 23 de Mayo de 2005, la abogada CELIA VIRGINIA MENDOZA, actuando en su carácter de Fiscal Centésima Quinta de Protección del Niño, el Adolescente y la Familia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, comparece ante el Tribunal y solicita se requiera de la ONIDEX, Dirección de Dactiloscopia, copia certificada de la Tarjeta Alfabética correspondiente a la progenitora del accionante, toda vez que en la misma aparece el registro o reseña decadactilar y el número original venezolano asignado a la ciudadana en cuestión. En fecha 20 de Junio de 2005, se ordena agregar a los autos oficio emanado de la Dirección General de Identificación y Extranjería (DIEX) Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central, Departamento de Datos Filiatorios Quien suscribe el presente fallo se abocó al conocimiento de la presente causa, en el estado en que se encontraba.- Después de esta última actuación el Tribunal, pasa ha hacer las siguientes consideraciones: - II - Del examen de las actas que conforman el presente expediente y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, se constató que desde el 23 de Mayo de 2005, fecha en la cual la Fiscal del Ministerio Público compareció ante el Tribunal a solicitar se oficiara de la ONIDEX, Dirección de Dactiloscopia, requiriendole copia certificada de la Tarjeta Alfabética correspondiente a la progenitora del accionante, hasta la presente fecha no consta en autos que el solicitante haya impulsado el proceso como era la publicación del edicto, y dar cumplimiento a lo solicitado por la representación Fiscal, a objeto de trabar la litis y obtener la decisión respectiva. Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valero y Milena Portillo Manosalva de Valero), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableció: “… Se ha interpretado como una limitación al derecho de acceso de toda persona a los órganos de la administración de justicia, garantizado por el artículo 26 de la Constitución de 1999, la pérdida del interés procesal, conceptuando éste como un requisito de la pretensión, en virtud de lo cual al ponerse de manifiesto tal situación antes o después de ser admitida aquélla para su trámite, ocasiona el decaimiento del ejercicio de la acción, por falta del debido impulso de parte, y permite declarar terminado el procedimiento, en razón de la ausencia de tal presupuesto, cuando ha transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez que el actor o solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento así lo denota.” (Negrillas y cursivas del Tribunal) Igualmente la Sala Constitucional, se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 en el caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos: “…En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente: 1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días. 2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno. 3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…” Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia. En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal). (Negrillas del Tribunal) Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. (Negrillas y cursivas del Tribunal) Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente: “Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” (Negrillas y cursivas del Tribuna) Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y siendo que desde el 23 de mayo de 2005, hasta la presente fecha, la parte accionante, no ha ejecutado ningún acto de procedimiento, a objeto impulsar la presente solicitud, como era la publicación del edicto, tal y como se ordenó en el auto de fecha 09 de marzo del mismo año, a fin de trabar la litis, y por cuanto ha transcurrido por ante este Despacho más de un (1) año sin que se haya efectuado actuación alguna en el expediente, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. - III - Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de Agosto del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. EL JUEZ, DR. JUAN CARLOS VARELA RAMOS LA SECRETARIA, ABG. DIOCELIS PÉREZ BARRETO En la misma fecha, siendo las 11:08 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley. LA SECRETARIA, ABG. DIOCELIS PÉREZ BARRETO JCVR/DPB/CASCO. EXP. AH13-F-2007-000007 (28384) (2006-30037).