TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA

Barquisimeto, 18 de Agosto de 2011
Años: 201° y 152°

ASUNTO PRINCIPAL: KP01- P-2011-3586

Vista la solicitud de Revisión de Medida Cautelar dictada el 10/08/2011 y ratificada el 15/08/2011, solicitada por la defensa técnica de la Imputada Elizabeth Avila, ampliamente identificada en autos, por la presunta comisión del delito de Cooperadora Inmediata De Aprovechamiento Fraudulentos De Fondos Públicos En Grado De Continuidad Y Asociación Para Delinquir, este Tribunal observa:
En fecha 02/06/11 este despacho judicial dictó decisión mediante la cual decreta Medida Cautelar Privativa de liberta la establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Alega la Defensa Técnica de la imputado, la falta de concurrencia en los numerales 2 y 3 del artículo 250 del Código orgánico Procesal Penal, para estimar la procedencia de la medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, como lo es los fundados elementos de convicción para estimar la participación o autoría en la comisión del hecho punible y el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad.
Esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos de la defensa considera que nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Durante el proceso la situación de sujeción del imputado al proceso se encuentra sustentada por el decreto de medida de coerción personal dictada el 02/06/2011, sin que hasta la presente exista variación alguna de las circunstancias de hecho y de derecho apreciadas en la citada oportunidad como fundamento de la medida cuestionada por la defensa, siendo que los elementos considerados en la Audiencia de presentación vigente a la fecha, por el contrario de la investigaciones ha surgido un acto conclusivo de carácter acusatorio estando el proceso a la espera de la audiencia preliminar de conformidad con el articulo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado a que no ha transcurrido el lapso ni supuestos señalados en la norma para la modificación de la medida impuesta.
Con base a lo anteriormente expuesto, estima ésta instancia judicial que lo pertinente y ajustado a la ley es negar por improcedente la sustitución de la Medida de Coerción Personal Impuesta en su oportunidad, por una menos gravosa contenida en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no ha habido modificación de las circunstancias fáctico jurídicas apreciadas por este despacho judicial en fecha 10/06/2011 para su decreto. Así se decide.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega por improcedente la sustitución de la medida de coerción personal peticionada por la defensa técnica de los procesados Elizabeth Avila, ampliamente identificada en autos, por la presunta comisión del delito de Cooperadora Inmediata De Aprovechamiento Fraudulentos De Fondos Públicos En Grado De Continuidad Y Asociación Para Delinquir, por cuanto no ha habido modificación de las circunstancias fáctico jurídicas apreciadas por este despacho judicial en fecha 02/06/2011 para su decreto. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.

JUEZ PRIMERA DE CONTROL

ABG. MAY LING GIMENEZ JIMENEZ
LA SECRETARIA,