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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas
 Caracas, trece (13)  de diciembre de dos mil once
 201º y 152º
 
 N° DE EXPEDIENTE:AP21-L-2011-005336
 PARTE ACTORA: EDUARDO ANTONIO CASTILLO GIL, titular de la cédula de identidad Nro. 7.068.317.
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: DANIEL ALBERTO GINOBLE GOMEZ, I.P.S.A. Nro. 97.075, Procurador de  Trabajadores.
 PARTE DEMANDADA: VENEZOLANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, C.A.,  (VESEVICA), ubicada en Final de Sarria, Diagonal a la Bomba PDV Galpon de Color Gris, al lado de la estación de servicio  shell.
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó
 MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES
 
 
 I
 Este Juzgado estando en la oportunidad legal fijada en el acta  de fecha 06 de diciembre de 2011, para dictar la decisión a que se contrae el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dada la incomparecencia de la parte  demandada,  ni  por  sí  ni  por  medio  de apoderado judicial alguno, a la audiencia  preliminar  fijada  en  el presente asunto, tal como este Tribunal dejó constancia de la referida acta, suscrita también  por la parte actora y su  apoderado judicial . Una vez revisada la petición del demandante y encontrándola  que  no  es   contraria a derecho se presume la admisión de los hechos alegados, en este sentido esta Juzgadora pasa a decidir, en los términos siguientes:
 
 II
 
 HECHOS LIBELADOS
 
 De acuerdo a lo expuesto en el libelo de demanda, la parte actora prestó servicios  de manera ininterrumpida para la empresa VENEZOLANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, C.A.,  (VESEVICA),  desempeñando el cargo de Oficial de Seguridad, desde el 29 de mayo de 2008 hasta el 25 de mayo de 2011,   fecha esta última en la cual culminó por despido injustificado, devengando un salario mensual de Bs. 3.460,00.
 
 En consecuencia, reclama prestación de antigüedad, intereses sobre prestación de antigüedad, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bonos vacacionales vencidos,  utilidades, indemnización por despido injustificado y sustitutiva del preaviso, por haber sido despido sin justa causa.    Asimismo,  reclama  los intereses moratorios e indexación.
 
 III
 
 APLICACIÓN DEL DERECHO
 
 Por  cuanto  la  incomparecencia  de  la  demandada  a  la  audiencia preliminar, equivale a la admisión de los hechos alegados por la demandante, o lo que es lo mismo, la admisión de los hechos narrados y que sirven de apoyo de la demanda,  correspondiéndole al Juez la aplicación del Derecho, lo cual esta Juzgadora procede a hacer en los términos siguientes:
 
 Queda admitido que la actora laboró bajo subordinación y dependencia para la empresa demandada VENEZOLANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, C.A.,  (VESEVICA), desde el 29  de mayo  de 2008 hasta el 25 de mayo de 2011,   con una antigüedad de 2 años, 11 meses y 26 días. Por lo que resulta procedente el pago de los llamados conceptos  legales demandados, tal y como será condenado en la dispositiva del fallo.
 
 Asimismo, corresponde las indemnizaciones por despido injustificado y sustitutiva del preaviso, pues se alega un despido injustificado.
 
 También corresponde las utilidades fraccionadas reclamadas en base a 90 días por año, toda vez que se tienen como admitidos todos los hechos libelados.
 
 En lo que respecta a los intereses moratorios y la indexación o corrección monetaria, esta Juzgadora considera conveniente citar la sentencia
 Nro. 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ de fecha 11 de noviembre de 2008, en la cual se estableció:
 
 “(…) En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cómputo de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en que haya sido notificada la parte demandada –y no desde la admisión de la demanda–, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejercicio del derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumplimiento de la obligación.
 
 Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.
 
 En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.
 
 En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.
 
 
 En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre
 los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales (…)”.
 
 En lo que respecta a lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la referida sentencia indicó:
 
 “(…)En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 En octavo lugar, estos peritajes serán realizados por un solo experto designado por el Tribunal Ejecutor (…)”.
 
 Asimismo, la referida sentencia ratifica el criterio contenido en la Sentencia 16 de marzo de 2004, relativa a la indexación de salarios caídos, la cual estableció:
 
 
 “No obstante, la Sala de Casación Social en su función uniformadora de derecho, no puede dejar pasar por alto lo referente a la indexación que sobre los salarios caídos ordenó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón de fecha 04 de agosto de 1.999, cuando dictó sentencia definitiva sobre el fondo. En este sentido, esta Sala considera necesario indicar que ha sido constante la doctrina en materia laboral al señalar que en los juicios especiales de estabilidad no se demanda el pago de prestaciones o indemnizaciones laborales porque el patrono estuviera en mora, se solicita la calificación de un despido por el incumplimiento de una obligación de no hacer, y la sentencia, en caso que se declare procedente, ordena sólo el reenganche con el pago de los salarios caídos; pero es a partir de esa declaratoria que se deben los salarios caídos, que son exigibles, no antes, aún cuando para su cuantificación se tome en cuenta el tiempo del procedimiento como sanción al empleador,  por  lo  que   no puede aplicarse la corrección
 monetaria en el procedimiento de estabilidad. Si se cumple con el reenganche y el trabajador regresa a su puesto de trabajo debe recibir exactamente el monto de los salarios caídos que dejó de percibir, sin imputarle corrección monetaria porque de hacerlo, primeramente se estaría aplicando la indexación sin estar presente la mora del patrono, y en segundo lugar, pudiera darse la circunstancia que el trabajador reenganchado, al indexarle los salarios caídos, reciba mayor remuneración que la obtenida por otros trabajadores que realizan idénticas funciones. (Juan García Vara. Estabilidad Laboral en Venezuela. Pág. 201 y 202)
 
 Ahora bien, si no se cumple con el reenganche ni se pagan las indemnizaciones por despido injustificado, entonces habrá que acudir a la vía ordinaria, demandado el cobro de los salarios caídos, y en este caso sí procedería demandar la corrección monetaria o declararla de oficio si hubiera lugar”
 
 En consecuencia,  este Juzgado en la parte dispositiva del fallo  aplicará los criterios establecidos en las anteriores sentencias, con respecto a los intereses moratorios y la indexación. Así se establece.
 
 
 IV
 DECISIÓN
 
 Por lo expuesto, este Juzgado Décimo Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la acción intentada por el ciudadano  EDUARDO ANTONIO CASTILLO GIL y condena a la parte demandada VENEZOLANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, C.A.,  (VESEVICA a cancelar a la referida ciudadana,   los siguientes conceptos:
 
 PRIMERO: Por  prestación  de  antigüedad de conformidad con el artículo 108, de la Ley Orgánica del Trabajo la  cantidad    equivalente  a  45 días de salario integral previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, considerando con base a los salario alegado por la parte actora, es decir , un salario integral diario de Bs.88,06,  equivalente a  Bs. 3.962,7; 62 días con base al salario diario de Bs. 140,47, equivalente a Bs. 8.709,14; 64 días con base a Bs. 144,79 =  9.266,56; conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. Para un total de Bs.21.938,4 por este concepto.  Asimismo, corresponde el pago de los intereses sobre prestaciones sociales.
 
 SEGUNDO: 15 días de vacaciones año 2008-2009 con base al  último salario normal de Bs. 110,18=  Bs. 1.652,7; 16 días de vacaciones año 2009-2010 con base al último salario normal de Bs. 110,18 = Bs. 1.762,88; 15,5 días de vacaciones fraccionadas año 2011 con base al último salario normal de Bs. 110,18= Bs. 1.707,79.   Para un total a pagar por este concepto de Bs. 5.123,37 de acuerdo con el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo.
 
 TERCERO: 7 días de bono vacacional año 2008-2009 con base al  último salario normal de Bs. 110,18=  Bs. 771,26; 8 días de bono vacacional año 2009-2010 con base al último salario normal de Bs. 110,18 = Bs. 881,44; 8,25 días de bono vacacional  fraccionado año 2011 con base al último salario normal de Bs. 110,18= Bs. 908,98. Para un total por este concepto de Bs. 2.561,68.
 
 CUARTO: 82,5  días por la fracción de utilidades del año 2011 en base a 90 días por año con base al salario promedio anual de  Bs. 110,18 = 9.089,85. Para un total de Bs. 9.752,75  por ese concepto, de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo.
 
 QUINTO: 90 días de indemnización por despido injustificado de conformidad con el artículo 125, numeral 2  de la Ley Orgánica del Trabajo, con base al último salario integral de Bs.144,7  diarios. Para un total por este concepto de Bs. 13.023 .
 
 SEXTO: 60 días de indemnización sustitutiva de preaviso  de conformidad con el artículo 125, segundo aparte, literal d)   de la Ley Orgánica del Trabajo, con base al último salario integral de Bs. 144,7 diarios. Para un total por este concepto de Bs.  8.682,00.
 
 
 SEPTIMO: Los conceptos condenados en el presente fallo, da un subtotal de Bs. 61.081,2 más lo que arroje los conceptos que se ordenarán a calcular por experticia complementaria del fallo.
 
 OCTAVO: Se ordena el pago de los intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la suma correspondiente a la antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo,   computados desde la fecha de terminación de relación de trabajo, es decir, 25 de mayo de 2011, hasta el pago efectivo, calculados conforme a la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, para las prestaciones sociales. Igual criterio debe aplicarse para el cálculo de la corrección monetaria de este concepto.
 
 NOVENO: En cuanto a la corrección monetaria e intereses moratorios  de los otros conceptos distintos  a la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, desde  la fecha de  notificación de la parte demanda: 10  de Noviembre de 2011 hasta que la sentencia quede definitivamente firme excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.
 
 DECIMO: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado completamente vencida. Para hacer efectivas las costas deberá agotarse el procedimiento previsto en la Ley de Abogados, salvo acuerdo entre las partes.
 
 DECIMO PRIMERO: Asimismo serán procedentes en caso que el demandado no cumpla voluntariamente la sentencia, los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, las cuales serán calculadas a la tasa de mercado vigente establecida por el Banco Central  de  Venezuela,  para  los intereses sobre prestaciones sociales, y correrán desde la fecha del decreto de ejecución hasta la materialización de éste. Asimismo procederá la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas la cual deberá ser calculada, por un solo experto que nombrará el Tribunal, desde el decreto de  ejecución  hasta su materialización.  Todo  de conformidad con el  artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la sentencia   Nro. 1841  de fecha 11-11-2008 dictada por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia.
 
 DECIMO SEGUNDO: Finalmente se ordena una experticia complementaria del presente fallo,   a los  fines  del  cálculo  de  los intereses sobre prestaciones sociales, interese moratorios e indexación, a realizarse por un solo experto, cuyos honorarios correrán por cuenta de la demandada,  que nombrará el Tribunal previo sorteo realizado,  de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que quede definitivamente firme el presente fallo. Se hacen dos (2) ejemplares uno para el Copiador de Sentencias y otro para el expediente. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. En Caracas, a los trece (13) días del mes diciembre de   de 2011. Años : 201° y 152 °.
 La Jueza,
 
 Abg. Olga Romero
 El Secretario,
 
 Abg. Tomás Mejías
 Nota: En la misma fecha  se dictó, publicó y diarizó la anterior sentencia.
 El Secretario,
 
 Abg. Tomas Mejías
 
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