REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 12 de diciembre de 2011
201º y 152º
ASUNTO N° AF41-U-2003-000086 SENTENCIA Nº 1722.-
ASUNTO ANTIGUO N° 2196
“Vistos”, sólo con informes de la representación del Fisco Nacional.
En horas de despacho del día 31 de julio de 2003, fue interpuesto recurso contencioso tributario por los ciudadanos Antonio Guerra Centésimo y Pedro Casale Valvano, titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.397.038 y 6.979.283, e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 29.865 y 40.401, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil “POLI-TOP CUBIERTAS, S.A.” inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 19 de marzo 1999, bajo el N° 27, Tomo 294-A-Qto, contra las Planillas de Liquidación que se detallan a continuación:
Resolución Nº Planilla Nº Período Multa
21539 01-10-01-2-25-002589 Agosto 1999 1.200.000,00
21540 01-10-01-2-25-002590 Septiembre 1999 1.200.000,00
21541 01-10-01-2-25-002591 Octubre 1999 1.200.000,00
21542 01-10-01-2-25-002592 Diciembre 1999 1.200.000,00
21543 01-10-01-2-25-002593 Enero 2000 1.200.000,00
21544 01-10-01-2-25-002594 Febrero 2000 1.200.000,00
21545 01-10-01-2-25-002595 Marzo 2000 1.200.000,00
21546 01-10-01-2-25-002596 Mayo 2000 1.200.000,00
21547 01-10-01-2-25-002597 Julio 2000 1.450.000,00
21548 01-10-01-2-25-002598 Agosto 2000 1.450.000,00
21549 01-10-01-2-25-002599 Diciembre 2000 1.450.000,00
21550 01-10-01-2-25-002600 Enero 2001 1.450.000,00
21551 01-10-01-2-25-002601 Febrero 2001 1.450.000,00
21552 01-10-01-2-25-002602 Marzo 2001 1.450.000,00
21553 01-10-01-2-25-002603 Abril 2001 1.450.000,00
21554 01-10-01-2-25-002604 Mayo 2001 1.650.000,00
21555 01-10-01-2-25-002605 Julio 2001 1.650.000,00
21556 01-10-01-2-25-002606 Agosto 2001 1.650.000,00
;todas de fecha 27 de enero de 2003, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por incumplimiento de deberes formales en materia de Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo dicha deuda al monto total de Bs. 24.700.000,00 equivalentes a Bs. F. 24.700,00.
Por auto de fecha 05 de agosto de 2003, se le dio entrada a dicho recurso, ordenándose formar expediente bajo el Nº 2196, actual Asunto N° AF41-U-2003-000086, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República, Fiscal General de la República y al entonces Gerente Jurídico Tributario, actual Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT. Posteriormente, en fecha 02 de agosto de 2004, fueron libradas las respectivas boletas de notificación a las partes. Asimismo, a los fines de solicitar el envío a este Órgano Jurisdiccional del respectivo expediente administrativo, fue librado en esa misma fecha, Oficio Nº 209/2004.
En fecha 02 de agosto de 2004, el ciudadano Antonio Guerra Centésimo, antes identificado, consignó los originales de las Planillas de Liquidación impugnadas y los demás anexos señalados en el respectivo escrito contentivo del recurso contencioso tributario subiudice.
Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 165 al 176, ambos inclusive, se admitió dicho recurso mediante Sentencia Interlocutoria N° 172 de fecha 29 de septiembre de 2004, quedando la causa abierta a pruebas a partir del primer (1°) día de despacho siguiente.
En fecha 19 de octubre de 2004, el ciudadano Pedro Casale Valvano, ya identificado, presentó escrito de promoción de pruebas, haciendo valer el mérito favorable de los autos. Posteriormente, el Tribunal admitió dicha prueba, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 187, de fecha 01 de noviembre de 2004, cuanto ha lugar a derecho salvo su apreciación en la definitiva.
En fecha 11 de enero de 2005, siendo la oportunidad procesal correspondiente para la presentación de informes, compareció únicamente el ciudadano Migderbis Ramón Morán Chirinos, titular de la cédula de identidad Nro. 7.792.867 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 40.950, actuando en su carácter de sustituto de la entonces Procuradora General de la República, quien presentó conclusiones escritas en treinta y un (31) folios útiles; seguidamente el Tribunal dijo “VISTOS”, y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia.
No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.
En fecha 16 de septiembre de 2011, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
-I-
ÚNICO
De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la representación de la contribuyente “POLI-TOP CUBIERTAS, S.A.” no ha instado el proceso, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 19 de octubre de 2004, presentó escrito de promoción de pruebas. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte del recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.
En cuanto al interés procesal, el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.
En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:
“… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…” (Resaltado del Tribunal).
Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el precitado fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. (Destacado de este Juzgado Superior).
Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 11 de enero de 2005; y la última actuación de la parte recurrente se produjo el 19 de octubre de 2004, cuando su apoderado judicial presentó escrito de promoción de pruebas.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua de que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-
-II-
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por los ciudadanos Antonio Guerra Centésimo y Pedro Casale Valvano, titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.397.038 y 6.979.283, e inscritos en el INPREABOGADO bajo el Nos. 29.865 y 40.401, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil “POLI-TOP CUBIERTAS, S.A.”, contra las Planillas de Liquidación que se detallan a continuación:
Resolución Nº Planilla Nº Período Multa
21539 01-10-01-2-25-002589 Agosto 1999 1.200.000,00
21540 01-10-01-2-25-002590 Septiembre 1999 1.200.000,00
21541 01-10-01-2-25-002591 Octubre 1999 1.200.000,00
21542 01-10-01-2-25-002592 Diciembre 1999 1.200.000,00
21543 01-10-01-2-25-002593 Enero 2000 1.200.000,00
21544 01-10-01-2-25-002594 Febrero 2000 1.200.000,00
21545 01-10-01-2-25-002595 Marzo 2000 1.200.000,00
21546 01-10-01-2-25-002596 Mayo 2000 1.200.000,00
21547 01-10-01-2-25-002597 Julio 2000 1.450.000,00
21548 01-10-01-2-25-002598 Agosto 2000 1.450.000,00
21549 01-10-01-2-25-002599 Diciembre 2000 1.450.000,00
21550 01-10-01-2-25-002600 Enero 2001 1.450.000,00
21551 01-10-01-2-25-002601 Febrero 2001 1.450.000,00
21552 01-10-01-2-25-002602 Marzo 2001 1.450.000,00
21553 01-10-01-2-25-002603 Abril 2001 1.450.000,00
21554 01-10-01-2-25-002604 Mayo 2001 1.650.000,00
21555 01-10-01-2-25-002605 Julio 2001 1.650.000,00
21556 01-10-01-2-25-002606 Agosto 2001 1.650.000,00
;todas de fecha 27 de enero de 2003, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por incumplimiento de deberes formales en materia de Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo dicha deuda al monto total de Bs. 24.700.000,00 equivalentes a Bs. F. 24.700,00.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.
Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la Sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. Javier Sánchez Aullón.-
El Secretario Titular,
Abg. Félix José España González.-
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.).-----------
El Secretario Titular,
Abg. Félix José España González.-
ASUNTO N° AF41-U-2003-000086.-
ASUNTO ANTIGUO N° 2196.-
JSA/msmg/gbp.-
|
