TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 6 de Diciembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO N° AF41-U-2002-000190.- SENTENCIA Nº 1714.-
ASUNTO ANTIGUO N° 1837.-

“VISTOS” con informes de ambas partes.-

En horas de despacho del día 08 de marzo de 2002, se recibió recurso contencioso tributario, interpuesto por la ciudadana CARMEN ALZUALDE DELGADO, abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad 1.748.128 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 8.689, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente “C.A. MACOSARTO”, Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, en fecha 19 de junio de 1961, bajo el N° 2; tomo 22-A; en contra de la Resolución N° GJT/DRAJ/A/2001/2244 de fecha 05 de noviembre de 2001, notificada en fecha 31 de diciembre de 2001, emanada de la entonces Gerencia Jurídica Tributaria, hoy Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declaró INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO el recurso jerárquico interpuesto ante la División de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía para conocimiento de la Gerencia supra mencionada, en fecha 02 de agosto de 2000, por el ciudadano AURELIO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° 7.610.608, actuando en su carácter de Gerente de la Oficina de la Guaira de la firma Taurel & Cia, Sucrs, C.A:, agente de aduanas de la contribuyente antes identificada, y en consecuencia confirmó la decisión administrativa S/N de fecha 24 de marzo de 2000, y la Planilla de Liquidación de Gravámenes N° AMAL99-1-009435, de fecha 27 de julio de 1999, por un monto total de Bs. 13.130.863,52 (Bs.F. 13.130,86), por concepto de Impuestos de Importación, Servicios de Aduana, Multa e Impuesto al Valor Agregado, ambas emitidas por la Aduana Principal Aérea de Maiquetía.

Por auto de fecha 1° de abril de 2002, se le dio entrada a dicho recurso, ordenándose formar expediente bajo el Nº 1837, actual Asunto Nº AF41-U-2002-000190, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Procurador General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, Gerente de la Aduana Aérea de Maiquetía del SENIAT, y al entonces Gerente Jurídico Tributario, hoy Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT. Asimismo, se solicitó el envío a este Órgano Jurisdiccional del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado; librándose al efecto las correspondientes boletas de notificación y oficio, en fecha 06 de mayo de 2002.

Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 65 al 67, ambos inclusive,70 y 73, se admitió dicho recurso en fecha 09 de abril de 2003, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 52, abriéndose la causa a pruebas a partir del primer (1º) día de despacho siguiente a dicha fecha. Posteriormente, en fecha 09 de mayo de 2003 la apoderada judicial de la contribuyente “C.A. MACOSARTO” presentó escrito de promoción de pruebas, constante de 02 folios útiles, mediante el cual hizo valer el mérito favorable de los autos y prueba de exhibición de documentos; siendo admitidos dichos medios probatorios mediante auto de fecha 23 de mayo de 2003.
En fecha 19 de agosto de 2003, siendo la oportunidad procesal correspondiente para que las partes presentaran sus respectivos escritos de informes, compareció por una parte, la ciudadana ANTONIETA SBARRA ROMANUELLA, titular de la cédula de identidad 6.441.670 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 26.507, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, quien presentó sus conclusiones escritas en 24 folios útiles; y por la otra, la apoderada judicial de la contribuyente, ya identificada, quien presentó sus conclusiones escritas en 02 folios útiles. Seguidamente el Tribunal dijo “Vistos” mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2003.

No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.

En fecha 09 de agosto de 2011, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

En fecha 19 de septiembre de 2011, este Juzgado Superior mediante Sentencia Interlocutoria N° 107, ordenó la notificación al representante legal y/o apoderado judicial de la contribuyente para que en el lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de su notificación y de la constancia en autos de haberse practicado la misma, manifestara su interés en dar por concluido este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, todo ello en atención a lo establecido en diversas Sentencias de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal; siendo librada en esa misma fecha la boleta de notificación correspondiente.

Posteriormente, en fecha 31 de octubre de 2011 fue consignada en autos debidamente practicada, la boleta de notificación de sentencia librada en fecha 19 de septiembre de 2011 al representante legal y/o apoderado judicial de la contribuyente.

Por lo que transcurridos treinta (30) días continuos desde la notificación de la recurrente, y de la constancia en autos de haberse practicado la misma, este Tribunal observa:
-I-
ÚNICO

De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la representación judicial de la contribuyente “C.A. MACOSARTO” no ha instado el proceso, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 19 de agosto de 2003, presentó escrito de informes. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.

En cuanto al interés procesal, el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.

En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:
“… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…” (Resaltado del Tribunal).

Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el precitado fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. (Destacado de este Juzgado Superior).

Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 19 de septiembre de 2003; y la última actuación de la parte recurrente se produjo cuando en fecha 19 de agosto de 2003, presentó escrito de informes.

Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-

-II-
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la apoderada judicial de la contribuyente “C.A. MACOSARTO”; en contra de la Resolución N° GJT/DRAJ/A/2001/2244 de fecha 05 de noviembre de 2001, notificada en fecha 31 de diciembre de 2001, emanada de la entonces Gerencia Jurídica Tributaria, hoy Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declaró INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO el recurso jerárquico interpuesto ante la División de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía para conocimiento de la Gerencia supra mencionada, en fecha 02 de agosto de 2000, por el ciudadano AURELIO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° 7.610.608, actuando en su carácter de Gerente de la Oficina de la Guaira de la firma Taurel & Cia, Sucrs, C.A:, agente de aduanas de la contribuyente antes identificada, y en consecuencia confirmó la decisión administrativa S/N de fecha 24 de marzo de 2000, y la Planilla de Liquidación de Gravámenes N° AMAL99-1-009435, de fecha 27 de julio de 1999, por un monto total de Bs. 13.130.863,52 (Bs.F. 13.130,86), por concepto de Impuestos de Importación, Servicios de Aduana, Multa e Impuesto al Valor Agregado, ambas emitidas por la Aduana Principal Aérea de Maiquetía.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Abg. Javier Sánchez Aullón.-

El Secretario Titular,

Abg. Félix José España González.-

La anterior Sentencia se publicó en su fecha, siendo las ocho y cuarenta y un minutos de la mañana (08:41 a.m.).----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Secretario Titular,

Abg. Félix José España González.-

ASUNTO N° AF41-U-2002-000190.-
ASUNTO ANTIGUO N° 1837.-
JSA/dgo.-