TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL SUPERIOR OCTAVO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL, con sede en Caracas. Caracas, Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil Once (2011)

201° y 152°

Mediante escrito presentado en fecha Ocho (08) de Diciembre de Dos Mil Once (2011), ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, con sede en Caracas (Distribuidor), por los abogados Rafael Chavero y Marianella Villegas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.652 y 70.884, respectivamente, actuando con el carácter de Representantes de INVERSIONES ALVEAN 2000, S.N.C., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 08 de diciembre de 1999, bajo el Nº 15, Tomo 3-B, Tercero, interpusieron Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, contra el Decreto Nº AMG-I-018-2011, dictado por el Alcalde del Municipio Bolivariano del Estado Bolivariano de Miranda.

El trece (13) de diciembre de dos mil once (2011), previa distribución, correspondió conocer a este Tribunal Superior, quien lo recibió el mismo día, mes y año, siendo signada con el N° 1817.

Revisados los alegatos esgrimidos por la parte recurrente, corresponde a este Tribunal Superior determinar su competencia para sustanciar y decidir la presente causa. Siendo ello así, resulta necesario hacer referencia a lo establecido en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451, de fecha 22 de junio de 2010, cuyo contenido establece que:

“Artículo 25: Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -aún Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo- son los competentes para conocer de:
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción…”

Ahora bien, por cuanto el escrito recursivo interpuesto por la parte actora se trata de un recurso de nulidad contra un Acto Administrativo de efectos particulares contenido en el Decreto Nº AMG-I-018-2011, dictado por el Alcalde del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, siendo este el órgano regulador, en consecuencia, este Tribunal Superior se declara competente para conocer de la presente acción. Además, por ser la Ciudad Capital el lugar de donde emanan los actos administrativos recurridos, resulta competente por el territorio los Tribunales Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Determinada como ha sido la competencia para conocer del presente recurso, pasa este Tribunal Superior a pronunciarse sobre su admisibilidad y al efecto observa que: Revisados como han sido los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y las causales de inadmisibilidad contenidas en el Artículo 35 ejusdem, y como quiera que no se encuentran presentes en el caso de autos, se admite en cuanto ha lugar en derecho por no ser contraria al orden público y a las buenas costumbres.

En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declara:
1) QUE ES COMPETENTE para conocer y decidir en primera instancia el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos;
2) ADMITE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos;
3) ORDENA abrir cuaderno separado a los fines del pronunciamiento sobre la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos;
4) ORDENA notificar al Alcalde del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, al Fiscal General de la República y al Sindico Procurador del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda a tenor del Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la advertencia de que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas se procederá a fijar mediante auto expreso para el decimo (10) día de despacho siguiente la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, asimismo, se solicita el Expediente Administrativo del recurrente, el cual deberá ser consignado dentro de los 10 días hábiles siguientes a que conste en autos su notificación, conforme al Artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la advertencia que su omisión o retardo acarreará la sanción de multa a que se refiere la norma citada.
EL JUEZ

Abg. JOSÉ VALENTÍN TORRES R. LA SECRETARIA Acc

Abg. LISSETTHE VIDAL M.

Exp. 1817
JVTR/LVM/ mgr.-