REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN Caracas, 20 de enero de 2011 200° y 151° Visto el escrito presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en fecha 14 de diciembre de 2010, por el abogado Miguel Eduardo Niño Andrade, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos SINDY STEPHANY SALAS RODRÍGUEZ Y LUIS ERNESTO SALAS MONTOYA, mediante el cual interpone demanda por daño moral, lucro cesante, daño emergente y daños y perjuicios contra la sociedad mercantil Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), por la cantidad de un millón de bolívares sin céntimos (1.000.000,00 Bs.). Y visto asimismo el auto dictado en fecha 15 de diciembre de 2010, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual ordenó pasar el presente expediente a este Tribunal, a los fines legales consiguientes. Este Juzgado de Sustanciación, siendo la oportunidad para pronunciarse en relación a la admisibilidad de la presente causa observa de la lectura del libelo, que la demanda interpuesta en fecha 14 de diciembre de 2010, por la representación judicial de los ciudadanos Sindy Stephany Salas Rodríguez y Luis Ernesto Salas Montoya, por concepto de daño moral, lucro cesante, daño emergente y daños y perjuicios contra la sociedad mercantil Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), fue estimada en la cantidad de un millón de bolívares fuertes sin céntimos (1.000.000,00 Bs. F.). Ahora bien, la competencia de los Tribunales que integran la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, los Institutos Autónomos o empresas del Estado, en los que la República, los Estados, los Municipios, los Institutos Autónomos o las empresas del estado tengan participación decisiva, se determinará por la cuantía, por lo que se hace necesario determinar el Tribunal Contencioso Administrativo al cual compete conocer de la presente acción conforme a la cuantía. Así las cosas, por cuanto en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, la cual fue reimpresa por error material y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451, de fecha 22 de junio de 2010, en la que se estableció un nuevo régimen de competencias que inciden en el funcionamiento de las Cortes de lo Contencioso Administrativo en ejercicio de su labor jurisdiccional y asimismo, creó los Tribunales que integran la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los cuales destacan los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero que en virtud de la Disposición Final Única de dicha Ley, que establece: “Esta Ley entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo lo dispuesto en el Titulo II, relativo a la estructura orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta días de la referida publicación.”, de allí que hasta tanto no se cree la aludida estructura orgánica les corresponderá a las Cortes de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de las causas que competan a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Ahora bien, dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que: “Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad.”. De la norma anteriormente transcrita se desprende con meridiana claridad que corresponderá a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en este caso y por los motivos anteriormente señalados, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la competencia para conocer de las demandas que se interpongan contra las empresas del estado, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.). Ahora bien, por cuanto la demanda fue estimada en un millón de bolívares fuertes sin céntimos (1.000.000,00 Bs. F.), lo que equivale a quince mil trescientos ochenta y cinco unidades tributarias (15.385 U.T.), ya que el valor de la unidad tributaria para la fecha de la interposición de la demanda y hasta el día de hoy es de sesenta y cinco bolívares fuertes (65 Bs. F.), según se evidencia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.361, de fecha 04 de febrero de 2010, este Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo estima que la competencia para conocer de la presente demanda por daño moral, lucro cesante, daño emergente y daños y perjuicios contra la sociedad mercantil Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), interpuesta por el abogado Miguel Eduardo Niño Andrade, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Sindy Stephany Salas Rodríguez y Luis Ernesto Salas Montoya, corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia, remítase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a los fines de que dicte la decisión correspondiente. Visto el presente pronunciamiento, se ordena notificar a la ciudadana Procuradora General de la República, a tenor de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus funciones. Líbrese oficio y anéxesele copias certificadas del libelo y del presente auto. La Juez de Sustanciación, Belén Serpa Blandín El Secretario, Jhotemberg Blanco Matheus BSB/JBM/jab/rajc Exp. N° AP42-G-2010-000102