REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control de Barquisimeto
ASUNTO KP01-S-2002-0886
Vistas las presentes actuaciones contentivas de solicitud de decaimiento de medida cautelar y sobreseimiento de la causa incoados por la Abogada Maria Graciela Aponte Suárez, IPSA 117674, con el carácter de defensora privada del ciudadano Wilfredo Suárez Alfinger, el Tribunal se aboca al conocimiento de la causa y emite pronunciamiento previo a las siguientes consideraciones:
PRIMERO
Desde la fecha en que consta inicio el cumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica decretada, conforme a la revisión del sistema informático juris, esto es el día de celebración de la audiencia debido a su aprehensión, el 13-03-2002, con creces es evidente que han transcurrido más de dos (02) años, sin que se haya recibido acto conclusivo en la causa.
De conformidad al Artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas de coerción personal están sometidas a un límite máximo de duración de dos años, por lo tanto la medida cautelar decae automáticamente una vez transcurrido dicho lapso y en caso de ser necesario someter al imputado a alguna otra medida cautelar, deberá ser menos gravosa y así lo ha expresado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 04-1759 de fecha 22 de abril de 2005.
Cabe agregar que, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 972, de fecha 26 de mayo de 2005, ha señalado que por medidas de coerción personal debe entenderse cualquier sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, también son medidas de coerción personal.
En ese sentido, debe dejarse sentado que por “coerción procesal”, se entiende, en general, toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuesta durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto” (CAFERATA NORES, José I. MEDIDAS DE COERCIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. Ediciones DEPALMA. Buenos Aires. Argentina. 1992. Pág. 3)
SEGUNDO
Ahora bien ha verificado previamente este despacho que al ciudadano ARGENIS BALZA GARCIA, se le impuso su régimen de presentaciones ante esta sede Judicial desde el 03-07-08, y hasta la presente fecha no se ha recibido el acto conclusivo por parte de la Fiscalia y el imputado aun continúa cumpliendo la medida, ininterrumpidamente.
En este sentido, señala Decisión de fecha 28/08/03 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que:
“… corresponde al juez hacer cumplir la norma contenida en el artículo 244, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la legislación adjetiva le atribuye el rol del director del proceso, de modo que cuando, la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento”.
Por lo tanto, es imperativo del Código Orgánico Procesal Penal en consonancia con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Nacional así como en los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República, aquellos supuestos en los que una medida de coerción personal (como es en el presente caso la menos gravosa) exceda el limite máximo legal, esto es, el lapso de dos (2) años, decretar el decaimiento. Así se resuelve.
TERCERO
Por cuanto la defensa privada esta solicitando el sobreseimiento de la causa, el cual corresponde a un acto conclusivo que ha de emanar del órgano que dirige la investigación, a los fines culminar la fase preparatoria, se acuerda fijar audiencia conforme al artículo 313 del COPP.
DISPOSITIVA
En mérito a las razones que preceden, este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la Republica de Venezuela y por Autoridad de la Ley; a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del COPP, DECLARA CON LUGAR la petición de la Abogada Maria Graciela Aponte Suárez, IPSA 117674, con el carácter de defensora privada del ciudadano Wilfredo Suárez Alfinger, se DECRETA el DECAIMIENTO de la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad que le fuera impuesta el 13-03-2002, al imputarse la presunta comisión del delito de delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL DELITO DE ROBO, tipificado en el artículo 9 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor.
Notifíquese al investigado que se ha decretado el decaimiento de la medida cautelar
Notifíquese a la Fiscalía del Ministerio Público, y defensa privada Abogada Maria Graciela Aponte Suárez, IPSA 117674.
Se acuerda convocar a las partes para el día 01-02-2011 a las 09:00 AM a fin realizar el acto conforme al artículo 313. Líbrese las respectivas boletas.
Dada, firmada, sellada en la Sala de Despacho, del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, a los siete (7) días del mes de enero del año dos mil once (2011). Año 200 de la Independencia y 151 de la Federación.
Juez de Control Nº 7,
BEATRIZ PEREZ SOLARES
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