REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO DEMANDANTE: JOSEFINA DEL CARMEN CORRALES HURTADO ABOGADO: LISBET PEREZ LEAL DEMANDADO: JOSE GREGORIO ALVAREZ PACHANO MOTIVO: DIVORCIO SENTENCIA: DEFINITIVA (EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN) EXPEDIENTE: 51.389. Por escrito de fecha 26 de mayo de 2.005 la ciudadana JOSEFINA DEL CARMEN CORRALES HURTADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.240.005 y de este domicilio, asistida por la abogada LYSBET PEREZ LEAL, inscrita en el I.P.SA bajo el N° 74.947, demandó por DIVORCIO contra el ciudadano JOSE GREGORIO ALVAREZ PACHANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.227.695. Por auto de fecha 30 de mayo de 2.005, se le dio entrada bajo el No. 51.389. En auto de fecha 06 de junio de 2005, el Tribunal admite la presente demanda, asimismo ordena librar la respectiva Boleta de Notificación a la Fiscal del Ministerio Publico en Materia de Familia. En diligencia de fecha 14 de junio del 2005, suscrita por la ciudadana JOSEFINA DEL CARMEN CORRALES HURTADO, asistida de abogado, donde solicita al Tribunal la citación personal del ciudadano JOSE GREGORIO ALVAREZ PACHANO, antes identificado. En auto de fecha 17 de junio del 2005, el Tribunal acuerda librar la respectiva compulsa de citación al demandado JOSE GREGORIO ALVAREZ PACHANO, antes identificado. En diligencia de fecha 21 de junio del 2005, suscrita por el Alguacil de este Tribunal ALFREDO ZAMBRANO IZAGUIRRE, donde consigna la Boleta de Notificación librada a la Fiscal de Ministerio Publico en Materia de Familia, debidamente firmada y aceptada en fecha 15 de junio del 2005. En fecha 22 de junio del 2005, por diligencia suscrita por la ciudadana JOSEFINA DEL CARMEN CORRALES HURTADO, asistida de abogado, donde solicita se libre comisión de citación al JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA Y SAN JOAQUÍN DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, por cuanto el domicilio del demandado de auto es en el municipio Guacara. En auto de fecha 29 de junio del 2005, el Tribunal acuerda comisionar al JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA Y SAN JOAQUÍN DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, a los fines de que practique la citación al demandado de autos, sin que conste en autos otro impulso procesal, del demandante en este proceso; reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes…” (Omissis). Ahora bien, se observa que en la presente causa el último impulso procesal de parte, ocurrió hace más de seis (06) años situación jurídica que coloca a esta causa en estado de paralización, y ASI SE DECLARA. Comprobado en el caso de autos, que desde el día 29 de junio del 2005, el Tribunal acuerda comisionar al JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA Y SAN JOAQUÍN DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, a los fines de que practique la citación al demandado de autos, hasta la presente fecha no se ha efectuado ningún acto para continuar el proceso, es pertinente inferir una FALTA DE INTERÉS PROCESAL que se deduce por la larga paralización en que se ha mantenido este juicio; criterio que se esgrime asida del contenido de la Decisión Proferida en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia emblemática, de fecha 01-06- 001, respecto a la falta de interés procesal, requisito para el ejercicio de la Acción, donde la Sala estableció : Omissis “...No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, arguir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?. A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. (sub. Trib.) No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción. De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del Tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción. (sub. Trib.) Con sustento como se ratifica, en los párrafos retroinsertados, en la presente causa, no es obligado declarar, la pérdida de interés de la parte actora en realizar todas las actuaciones procesales tendientes a obtener una pronta decisión y con ello la garantía de la tutela judicial efectiva que brinda el Estado a sus Justiciables, toda vez que en el presente caso se abandona el proceso, encontrándose la causa sin haber culminado con las etapas procesales que comportan el desarrollo del mismo, y todavía no había entrado en estado de sentencia; por lo que en criterio de esta Sentenciadora en el caso de marras, no ha ocurrido la simple Extinción del Proceso, que conduce a la declaración de la perención de la instancia, la cual se sanciona con la pérdida de la instancia pero no de la Acción, la que podrá intentarse por las partes en el término de tres meses; situación repito, no es nuestro caso, por cuanto el tiempo ocurrido rebasa el término de la prescripción del derecho el cual para las Acciones Personales es de diez (10) años; razón por la cual, se declara que la pérdida del interés como elemento de la acción, le produce irremediablemente y sin lugar a dudas la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN, a la ciudadana JOSEFINA DEL CARMEN CORRALES HURTADO, asistida por la abogada LYSBET PEREZ LEAL, ya identificadas, y ASI SE DECIDE. Por lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN, incoada por la ciudadana JOSEFINA DEL CARMEN CORRALES HURTADO, asistida por la abogada LYSBET PEREZ LEAL, contra el ciudadano JOSE GREGORIO ALVAREZ PACHANO, ya identificados, y ASI SE DECIDE. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los 11 días del mes de julio del año 2011. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. LA JUEZA PROVISORIA ABOG. HILDEGARDA BETANCOURT FURSOW LA SECRETARIA, ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO AGUILAR En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 09:30 de la mañana. LA SECRETARIA, ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO AGUILAR Expediente Nro. 51.389. HB / angel’s.