TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: MARÍA EUGENIA MATA
EXPEDIENTE Nº AP42-N-2009-000136

En fecha 16 de marzo de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Manuel Assad Brito, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 31.580, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana BEATRÍZ DEL CARMEN BENÍTEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 3.212.088, contra la Resolución Nº CD-0109 de fecha 21 de enero de 2009, dictada por el CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA.

En fecha 17 de marzo de 2009, se dio cuenta a la Corte y por auto de esa misma fecha, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines legales consiguientes.

En fecha 18 de marzo de 2009, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, donde fue recibido en la misma fecha.

Por auto de fecha 23 de marzo de 2009, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte admitió el recurso de nulidad ejercido y ordenó la notificación del Fiscal General de la República, la Procuradora General de la República y el Rector de la Universidad Nacional Abierta.

En fecha 6 de abril de 2009, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó boleta de notificación dirigida al Rector de la Universidad Nacional Abierta.

En fecha 22 de abril de 2009, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, consignó boleta de notificación dirigida a la Fiscal General de la República.

En fecha 7 de mayo de 2009, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de eta Corte, consignó boleta de notificación dirigida a la Procuradora General de la República.

En fecha 9 de junio de 2009, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, libró el cartel de emplazamiento a los terceros, previsto en el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 10 de junio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia del Abogado Manuel Yamil Assad Brito, ya identificado, mediante la cual retiró el cartel indicado para su publicación y consignación.
En fecha 11 de junio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia del Abogado Manuel Yamil Assad Brito, ya identificado, mediante la cual consignó el cartel indicado el cual fue publicado en el diario El Universal en fecha 11 de junio de 2009.

En fecha 8 de julio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia de la Abogada Sorsire Fonseca la Rosa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 66.228, actuando en su carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público, mediante la cual consignó escrito de opinión fiscal.

En fecha 14 de julio de 2009, se recibieron en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencias de la Abogada Judith Rivas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 19.733, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la Universidad Nacional Abierta, mediante las cuales consigna poder que acredita el carácter con el que actúa y escrito de contestación al recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido.

Por auto de fecha 22 de julio de 2009, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, acogiendo sentencia de fecha 28 de octubre de 2008, (caso: Universidad de Oriente) de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señala que la competencia para el conocimiento de la presente causa le corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, y en consecuencia ordenó remitir el expediente a esta Corte, para que dicte la decisión correspondiente.

En fecha 3 de agosto de 2009, el Juzgado de Sustanciación remitió el presente expediente, siendo recibido en esta Corte en fecha 4 de agosto de 2009.

En fecha 7 de junio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia del Abogado Manuel Assad Brito, ya identificado, mediante la cual solicita se dicte sentencia en la presente causa.

Por auto de fecha 5 de agosto de 2009, se designó ponente a la Juez María Eugenia Mata, a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines que dicte la decisión correspondiente.

En fecha 11 de agosto de 2009, se pasó el expediente a la Juez Ponente.

En fecha 20 de enero de 2010, en virtud de la incorporación del ciudadano Efrén Navarro, se reconstituyó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando conformada su Junta Directiva por los ciudadanos ENRIQUE SÁNCHEZ, Juez Presidente; EFRÉN NAVARRO, Juez Vicepresidente; y MARÍA EUGENIA MATA, Juez.

En fecha 18 de octubre de 2010, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa.

En fechas 8 de febrero, 28 de abril y 19 de mayo de 2011, se recibieron en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencias del Abogado Manuel Assad Brito, ya identificado, mediante las cuales solicitó pronunciamiento y de resultar procedente la remisión del expediente al Tribunal que corresponda.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previa las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

En fecha 16 de marzo de 2009, el Apoderado Judicial de la parte recurrente interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que, “…Beatriz del Carmen Benitez, ingresó en el Ministerio de Educación, el primero de octubre de 1968, en calidad de maestra en la Escuela Artesanal Granja ´El Corozo´, Estado Zulia y es jubilada según Resuelto Nº 4324… y presto (sic) servicios como docente desde el 31-12-93 al 29-02-2006, profesora a medio tiempo en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, y trece años y adicionalmente, presta servicios para la Universidad Nacional Abierta a medio tiempo, es decir, no hay cabalgamiento de horario y su ingreso a esta casa de estudios, es a partir del 23-10-1993, a la fecha, es decir, quince años y cinco meses, a la fecha de interponer este Recurso de Nulidad, lo que significa que la accionante, ha prestado servicios en calidad de docente, a la Administración Pública, por espacio de CINCUENTA Y CINCO AÑOS…”.
Que, “Si analizamos el contenido del artículo dos (2) del Título I, de la Constitución de la República de Venezuela (sic), se constituye en un Estado Social de derecho y de justicia y en general, la preeminencia de los derechos humanos. Seguidamente, el artículo tres (3), afirma que el Estado tiene como fines esenciales, la defensa, el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad...”.

Que, “ En este mismo orden de ideas, observamos que el artículo ochenta y seis (86), consagra el derecho que tiene toda persona a la Seguridad Social, Si eso es cierto, ¿Cómo pretende un Órgano Público, desconocer la realidad en perjuicio de la aspirante a su jubilación, que por derecho le corresponde luego de laborar durante CINCUENTA Y CINCO A (sic) (55) AÑOS en la docencia y en particular, lo que establece el artículo tres (3) del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el personal académico de esta casa de estudios. Nos encontramos que la Resolución de la UNA, es contradictorio (sic) y cercena un derecho constitucional…”. (Mayúscula del original)

Que, “Vistas las razones de hecho y de derecho explanadas en éste (sic) libelo, solicito la NULIDAD POR ILEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD de la Resolución Nº CD-0109, de fecha 21-01-2009 y notificada el once (11) de febrero del año en curso y se ordene tramitar la jubilación…”.

II
DE LA DECISIÓN DEL JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

En fecha 22 de julio de 2009, el juzgado de Sustanciación de esta Corte, para proveer, observó lo siguiente:

“… mediante sentencia dictada en fecha 28 de octubre de 2008, en el expediente AA10-L-2006-00021 (caso: Universidad de Oriente), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, estableció que el conocimiento de la sanciones que intenten los docentes universitarios contra las Universidades, corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fundamentándose para ello en la función primordial que los docentes universitarios cumplen en el ámbito social, político, económico y científico…
Una vez que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia estableciera la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, para el conocimiento de las acciones intentadas por los docentes universitarios contra las universidades, y luego de hacer esta un estudio exhaustivo del caso para determinar a cuál de los órganos de dicha jurisdicción le correspondía el conocimiento de las referidas acciones, decide abandonar el criterio atributivo de competencia establecido por la Sala Político administrativa del Supremo Tribunal, considerando que mantener la competencia de las Cortes Primera y Segunda de la Contencioso Administrativo para el conocimiento de las referidas acciones constituía un obstáculo en el acceso a los órganos de administración de justicia para los justiciables…
Acogiendo el criterio (…) y en razón de que el acto impugnado emana de la Universidad Nacional Abierta, este Tribunal, por cuanto la competencia es de orden público, y por ende revisable en cualquier estado y grado de la causa, considera competente para conocer del presente recurso en primera instancia a los Juzgados Superiores de lo contencioso administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente. En consecuencia se ordena remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines que dicte la decisión a que haya lugar…”.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para decidir, corresponde a esta Corte pronunciarse sobre la declaratoria de competencia en primera instancia de los Juzgados Superiores de los Contencioso Administrativo, efectuada por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 22 de julio de 2009, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Manuel Assad Brito, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana Beatriz del Carmen Benítez contra la Resolución Nº CD-0109 de fecha 21 de enero de 2009, dictada por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Abierta que niega el otorgamiento del beneficio a la jubilación, y a tal efecto, observa:

En el caso de autos, el Apoderado Judicial de la parte actora solicitó la nulidad de la Resolución Nº CD-0109, de fecha 21 de enero de 2009, emanada de la Universidad Nacional Abierta, así como el otorgamiento del beneficio de jubilación a la ciudadana Beatriz del Carmen Benitez.

Así las cosas, a los fines de determinar cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer el recurso interpuesto, resulta pertinente traer a colación la sentencia Nº 142, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28 de octubre de 2008, (caso: Lucrecia Marili Heredia Gutiérrez, Vs. Universidad de Oriente), mediante la cual se indicó que la competencia para conocer en primera instancia de las reclamaciones incoadas por los docentes universitarios, correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa y en tal sentido, señaló lo siguiente:

“Ahora bien, debe destacar la Sala el hecho de que la recurrente manifiesta que ejerce su acción contra una Universidad Nacional como es la Universidad de Oriente, creada mediante Decreto de la Junta de Gobierno N° 459 del 21 de noviembre de 1958, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.831 del 06 de diciembre del mismo año, respecto a la cual alega haber mantenido una relación de trabajo desde el día 05 de abril de 1999, fecha en la cual ingresó ‘…a través de un Concurso de Credencial que originó un Contrato de Trabajo que se ha ido renovando automáticamente cada año, como Profesor (sic) a tiempo completo…’.
En tal sentido, resulta imperioso para la Sala, a objeto de determinar el órgano jurisdiccional al cual le corresponde conocer la demanda de calificación de despido, analizar cuál es el régimen legal correspondiente al conocimiento de las acciones intentadas por los docentes contra las Universidades, con ocasión de una relación de trabajo, tal como ocurre en el caso de autos y, en tal sentido, observa lo siguiente:
Ha sido reiterado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el criterio esgrimido en su fallo N° 242 de fecha 20 de febrero de 2003, (caso: Endy Argenis Villasmil Soto y otros contra la Universidad del Sur del Lago ´Jesús María Semprúm´ UNISUR), conforme al cual estableció que:
‘…existen relaciones laborales que requieren un tratamiento especial respecto del régimen competencial aplicable, como es el caso de los Docentes Universitarios, quienes desempeñan una labor fundamental y muy específica al servicio de las Universidades y de la comunidad, además de estar sujetos a un régimen especialísimo y específico que no necesariamente se compara con el régimen aplicable a los funcionarios públicos’.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa, en el fallo antes referido resolvió que, aún cuando la Ley del Estatuto de la Función Pública en el artículo 1, Parágrafo Único, excluye de su ámbito de aplicación el conocimiento de las acciones intentadas por los ‘…miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo y de investigación de las universidades nacionales’; no obstante, las relaciones funcionariales o de empleo público que involucren a tal personal deben estar tuteladas, primordialmente, por los principios -de orden constitucional- relativos al juez natural y al criterio de especialidad, de acuerdo a la materia de que se trate, de conformidad con los artículos 26 y 49 numeral 4 de la Carta Magna, excluyéndolos del ámbito de la Ley Orgánica del Trabajo.
De esta manera, se reconoce que los docentes universitarios -en el ámbito social, político, económico y científico- cumplen una función primordial no sólo para la comunidad estudiantil, sino para el desarrollo general de la Nación, y que, por tanto, las relaciones de trabajo de éstos con las Universidades deben estar sujetas al régimen competencial especial de la jurisdicción contencioso administrativa, por ser ésta última la parte integrante del Poder Judicial encargada de establecer los controles judiciales a las actuaciones del Estado como organización política -en sus diversas ramas-, entre las cuales se incluyen las instituciones de educación superior de rango nacional, como es la Universidad de Oriente. Criterio este que es asumido por la Sala Plena en esta oportunidad. Así se declara.
Determinado lo anterior, debe ahora esta Sala Plena establecer a cuál de los órganos que conforman la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde conocer la demanda de autos y, a tal efecto, advierte que aún cuando la misma Sala Político Administrativa ha establecido (partiendo del vacío normativo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en lo que respecta a la atribución competencial), que la competencia para conocer de las acciones que interpongan los docentes universitarios con ocasión de la relación de trabajo que mantienen con las Universidades corresponde a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, dando por reproducidas -de forma parcial- las disposiciones contenidas en el artículo 185, ordinal 3º de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (vid. sentencias de la Sala Político Administrativa Nros. 5997 del 26 de octubre de 2005, caso: Ricardo Enrique Rubio Torres contra la Universidad del Zulia, y 17 publicada en fecha 11 de enero de 2006, caso: Omar Alexis Barrios Castiblanco contra la Universidad Simón Rodríguez); no obstante, luego de realizado un estudio exhaustivo del caso, este órgano jurisdiccional considera oportuno realizar las siguientes consideraciones:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, establece el marco legal sobre el cual se consolidará la existencia efectiva de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y, en ese sentido, el acceso a los órganos de la administración de justicia (artículo 26 de la Carta Magna) y el debido proceso (artículo 49 ejusdem) son derechos fundamentales que aseguran el acercamiento de la justicia -como valor primordial de la vida en sociedad- al ciudadano. De allí que, en el presente caso, establecer la obligación a los docentes universitarios de acudir ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, cuya sede se encuentra en la capital de la República, con el objeto de plantear acciones contra las Universidades Nacionales en razón de la relación de trabajo existente entre ambos, podría representar un obstáculo para el goce de los referidos derechos.
En este sentido, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en su fallo N° 1700 de fecha 07 de agosto de 2007 (caso: Carla Mariela Colmenares Ereú), estableció el ámbito competencial de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo para la resolución de los amparos constitucionales, señalando lo siguiente:
…considera esta Sala que mantener el criterio residual para el amparo partiendo de lo que establecía el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no resulta idóneo frente al principio de acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de ‘disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’.
Lo expuesto ya ha sido advertido por este Alto Tribunal, al establecer que la distribución competencial en amparo constitucional debe realizarse atendiendo no sólo a la naturaleza de los derechos lesionados, conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino además salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, señalándose como competente al Tribunal de mayor proximidad para el justiciable. Verbigracia, ha sido el criterio que imperó en la sentencia de esta Sala N° 1333/2002; así también la sentencia de la Sala Plena N° 9/2005 que citó a la primera. Inclusive, respecto a la distribución competencial para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, esta Sala, en la sentencia N° 3517/2005, indicó que el conocimiento de tales recursos ‘corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia…’ (Resaltado del texto citado), extracto que resume la clara intención del Máximo Tribunal de darle mayor amplitud al derecho al acceso a la justicia que estatuye el artículo 26 de la Constitución
Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional.
Así, aún cuando el criterio expuesto determina la competencia -en primer grado de jurisdicción- de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales para el conocimiento de las acciones de amparo, instituciones jurídicas de distinta naturaleza y procedimiento de las que tienen las acciones o querellas que puedan interponer los docentes universitarios contra las Universidades Nacionales derivadas de la relación de trabajo entre ambos, no obstante, esta Sala Plena considera, en virtud de la protección de la tutela judicial efectiva y a objeto de unificar el criterio en lo que respecta al ámbito competencial de los referidos Juzgados, que la competencia para conocer de las acciones o querellas que intenten los docentes universitarios contra las Instituciones de Educación Superior de rango nacional, como es la Universidad de Oriente (U.D.O.) corresponde, en primera instancia, a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la respectiva región y, en apelación, correspondería a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas. Así se establece.
En consecuencia, de conformidad con las premisas antes expuestas, y visto que de la interpretación de las mismas resulta aplicable para el caso de autos el supuesto desarrollado jurisprudencialmente -en relación con las acciones incoadas por docentes contra Universidades Nacionales-, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declara, entonces, que la competencia para conocer de la demanda de calificación de despido intentada por la ciudadana Lucrecia Marili Heredia Gutiérrez, contra la Universidad de Oriente (U.D.O.), núcleo Maturín, Estado Monagas, corresponde al Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, en virtud de lo cual se ordena remitir el expediente, junto con oficio, al referido Juzgado. Así se decide. (Resaltado y subrayado de la Corte).

Ahora bien, el caso de autos se circunscribe, tal y como se señaló supra, a una reclamación efectuada por un docente con ocasión de la relación de trabajo que mantenía con la Universidad Nacional Abierta, de allí que, esta Corte estime que nos encontramos ante una situación similar a la planteada en la sentencia antes transcrita y por ende, la competencia para conocer del presente recurso corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, específicamente en primer grado de jurisdicción, al Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Occidental. Así se decide.

Por lo tanto, esta Corte se declara Incompetente y en consecuencia, Declina la competencia para conocer y decidir en primera instancia de la presente causa al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental al cual se ordena remitir el presente expediente. Así se declara.

IV
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1) Su INCOMPETENCIA para conocer y decidir en primera instancia del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Manuel Assad Brito, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 31.580, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana BEATRÍZ DEL CARMEN BENÍTEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 3.212.088, contra la Resolución Nº CD-0109 de fecha 21 de enero de 2009, dictada por el CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA.

2) DECLINA la competencia para conocer y decidir en primera instancia del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Occidental.

3) Se ORDENA remitir el expediente al referido Tribunal.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los ___________ (___) días del mes de __________________ de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

El Juez Presidente,

ENRIQUE SÁNCHEZ

El Juez Vicepresidente,

EFRÉN NAVARRO

La Juez,

MARÍA EUGENIA MATA
Ponente
La Secretaria,

MARJORIE CABALLERO
AP42-N-2009-000136
MEM-