JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
EXPEDIENTE Nº AP42-R-2004-000615

En fecha 08 de octubre de 2004, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 1092 de fecha 21 de septiembre de 2004, emanado del Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Manuel Assad Brito, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.580, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ZORAIDA AVENDAÑO, portadora de la cédula de identidad Nº 642.239, contra el MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA SALUD.

Dicha remisión, se efectuó en virtud de la apelación interpuesta en fecha 21 de enero de 2004, por el apoderado judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 11 de diciembre de 2003, mediante la cual declaró “ (…) PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta (…)”.
En fecha 02 de febrero de 2005, se dio cuenta a la Corte, se designó ponente a la ciudadana Jueza MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS. En esa misma fecha, se dio inicio a la relación de la causa cuya duración sería de quince (15) días de despacho, dentro de los cuales la parte apelante debía presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamentaría la apelación interpuesta.

En fecha 10 de marzo de 2005, el apoderado judicial de la parte apelante, consignó escrito de fundamentación de la apelación ejercida .

En fecha 30 de marzo de 2005, se recibió de la abogada Karely Martínez, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta.

En fecha 20 de abril de 2005, se fijó para el día doce (12) de mayo de 2005 el acto de informes orales con base en el aparte 21 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente dicho acto fue diferido para el día siete (07) de junio de 2005.

En fecha 07 de junio de 2005, se realizó el acto de informes orales.

En fecha 08 de junio de 2005, vencido el lapso de presentación de los informes se dijo “Vistos”, fijándose el lapso de sesenta (60) días continuos siguientes para dictar sentencia de conformidad con el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el ordinal 1º del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 10 de junio de 2005, se pasó el expediente a la Jueza ponente.

En fecha 06 de noviembre de 2006 fue constituida la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, conformada por los ciudadanos Emilio Ramos González, Presidente, Alexis José Crespo Daza, Vicepresidente, Alejandro Soto Villasmil, Juez.

En fecha 16 de septiembre de 2010, la Corte se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encontraba y se designó ponente al ciudadano Juez EMILIO RAMOS GONZÁLEZ.

En fecha 22 de septiembre de 2010, se pasó el expediente al Juez ponente.

En fecha 13 de diciembre de 2010, la Corte dictó auto para mejor proveer ordenándose notificar a la parte recurrida.

En fecha 09 de marzo de 2011, se libró el oficio Nº CSCA-2011-001418 dirigido al ciudadano Ministro del Poder Popular para la Salud.

En fecha 29 de marzo de 2011, se consignó oficio de notificación Nº CSCA-2011-001418, dirigido al ciudadano Ministro del Poder Popular para la Salud, el cual fue recibido el 25 de marzo de 2011.

En fecha 11 de abril de 2011, vencido como se encontraba el lapso otorgado por el auto para mejor proveer en fecha 13 de diciembre de 2010, se ordenó pasar el expediente al ciudadano Juez Emilio Ramos González.

En fecha 13 de abril de 2011, se pasó el expediente al Juez ponente.
Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL INTERPUESTO

En fecha 28 de marzo de 2000, el abogado Manuel Assad Brito, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Zoraida Avendaño, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud), con fundamento en los siguientes alegatos de hecho y derecho:

Que la accionante “(…) ingresó al MINISTERIO DEL SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL HOY MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, el 01-02-1985, como Médico Rural, y en agosto del año 1986, es nombrada Director (sic) del Hospital, en Aragua de Maturin (sic) y egresa el 03-07-1995, cancelándole el citado Despacho (sic) la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 857.664,88) y por concepto de Fideicomiso, y la cantidad de OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 813.772,76), por concepto de Fideicomiso, para un total de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 1.671.437,64), por concepto de Antigüedad y Fideicomiso, monto este cancelado el ocho de marzo de 2000, según cheque Nº 00409744, del Ministerio de Hacienda, del catorce de febrero de 2000 el cual fue elaborado según oficio Nº 06992, del 09-11-1999 (…)”. (Mayúsculas y negritas del original).
Que “(…) según el convenio entre FEDEUNEP y el Ejecutivo Nacional, el Fideicomiso se pagará al Funcionario Público, al momento del egreso; pero como quiera que ZORAIDA AVENDAÑO, recibió el pago, parcial de intereses generados por la Antigüedad, se debe calcular de acuerdo a la Ley, desde enero del año 1985 a febrero del año 2000, fecha efectiva del pago, por consiguiente, el monto a cancelar por la Administración, es la cantidad de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON NOVENA Y NUEVE CÉNTIMOS (62.937.419,99,) por concepto de Fideicomiso,(…) calculado de acuerdo a los intereses del Banco Central de Venezuela, más los intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el artículo noventa y dos (92) de la Constitución Nacional Vigente (sic), cuyo monto será determinado por la experticia complementaria al momento de la sentencia más CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (Bs. 428.832,00), por concepto de Cesantía, a razón de quince (15) días por año (…)”. (Mayúsculas y negritas del Original).

Que “[establece] el artículo Nº 26, de la Ley de Carrera Administrativa, que el Funcionario, tendrá derecho a percibir como indemnización, al renunciar o ser retirado de su cargo, de conformidad con el artículo Nº 53 de la misma Ley, la Antigüedad y la Cesantía, y que está indemnización, serán pagadas al finalizar la relación de empleo, pero como quiera que la misma norma en su aparte único, señala que el empleado sólo podrá percibir el beneficio que más le favorezca, y visto que el artículo noventa y dos (92) de la Constitución Nacional (sic) establece el pago de la Antigüedad y la Cesantía (…)”. [Corchetes de esta Corte].

Por último solicitó que le sean cancelados “[la] cantidad de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 63.366.251,99), por concepto de Fideicomiso, monto éste, al cual se le debe rebajar la cantidad de OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (819.772,76), por cuento le fueron cancelados por concepto de Fideicomiso, quedando un remanente a favor de ZORAIDA AVENDAÑO de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (62.552.479,63), calculados de acuerdo a los índices de intereses del Banco Central de Venezuela a partir de enero de 1999(…) subsidiariamente, [solicitó] el pago del auxilio de Cesantía, a razón de quince (15) días por año, tal como lo establece la Ley de Carrera Administrativa, y el artículo noventa y dos (92) de la Constitución > (sic) nacional vigente (sic), cuyo monto es la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (Bs. 428.832,00) (…)”. (Mayúsculas y negritas del original) [Corchetes de esta Corte].

II
DEL FALLO APELADO

En fecha 11 de diciembre de 2003, el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, efectuando las siguientes consideraciones:

“La presente querella versa sobre la reclamación realizada por parte de la ciudadana Zoraida Avendaño, por diferencia en el pago de intereses de prestaciones sociales producidas desde 1985 hasta 1995 y subsidiariamente el pago de auxilio de cesantía.

La querellante plantea en su escrito libelar que el monto cancelado por concepto de intereses o “fideicomiso” es incorrecto, utilizando un medio, a los fines de desvirtuar el cálculo realizado por la Administración, un cuadro anexo (cursante a los folios 4 al 8), donde se aprecian los cálculos realizados, de acuerdo a los índices de intereses del Banco Central de Venezuela, desde enero de 1985 a enero de 2000. Fundamentándose en dicho cuadro, concluye que la cantidad adecuada es de sesenta y tres millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y un bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 63.366.251,99), a la cual se le deben restar los ochocientos trece mil setecientos setenta y dos bolívares con sesenta y seis céntimos (Bs. 813.772,76), que le fueron cancelados a su representado al momento de la liquidación de sus prestaciones sociales, quedado pendiente por pagar la cantidad de sesenta y dos millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 62.552.479,23).

En tal sentido, se desprende del cuadro presentado por la representación querellante, que éste utilizó, a los fines del cálculo de los intereses producidos por las prestaciones sociales, la tasa de interés suministrada por el Banco Central de Venezuela, la cual también fue empleada por la Administración para efectuar el cálculo de los intereses sobre las prestaciones sociales. Sin embargo, en dicho cuadro, la base de cálculo estimada, es decir, el capital correspondiente a las prestaciones generadas, contiene una cantidad diferente a la establecida por la Administración Pública, y que asciende al monto de un millón doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis bolívares (Bs. 1.286.496,00), tal como se desprende del folio 4 del expediente.

Al respecto, cabe señalar que la base para determinar el monto de los intereses la constituye la cantidad de ochenta y seis mil seiscientos ocho bolívares (86.608,00), siendo dicho monto el generado por concepto de prestaciones sociales acumuladas desde el 1º de agosto de 1987, fecha de ingreso de la querellante, hasta el mes de mayo de 1991, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo de 1991 (hoy derogada) y, en la Cláusula Décima de la Primera Convención Colectiva de Trabajadores de los Empleados Públicos suscrita el 10 de julio de 1992, en la cual se estableció que los funcionarios públicos le corresponde el pago de los intereses generados a partir del 1º de mayo de 1991. Dicha cantidad resulta de multiplicar la remuneración mensual de la querellante para esta fecha, es decir, veintiún mil novecientos dos bolívares (Bs. 21.902) por cuatro (4) años de servicio que tenía para ese momento, datos éstos que se desprenden de los folios 3 y 6 del expediente administrativo.

Establecido lo anterior, éste (sic) Juzgado observa que es a partir del mes de mayo de 1991 que se generan los intereses sobre las prestaciones sociales los cuales deben ser calculados a partir de esa misma fecha, no obstante ello, la representación querellante inicia su operación matemática, desde el 1º de enero de 1985 y, estableciendo un monto de capital manifiestamente superior al que efectivamente correspondía por concepto de prestaciones sociales causadas, con lo que se hace evidente el error contenido en la base del cálculo efectuado y que deriva en el falso supuesto del cual parte el apoderado judicial en su querella.

Siendo así, el organismo querellado realizó el cálculo correspondiente a las prestaciones sociales y a sus intereses desde el mes de mayo de 1991 hasta 1995, fecha en la que se produjo el egreso de la querellante de la Administración. Finalmente, la sumatoria de ambos montos dio como resultado la cantidad cancelada a la querellante de un millón seiscientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y siete bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 1.671.437,64) que en el escrito libelar reconoce haber recibido y la cual consta a los autos mediante copia simple del cheque (folio 9 del expediente judicial). En consecuencia, se debe declarar que la Administración nada adeuda a la ciudadana Zoraida Avendaño por concepto de intereses sobre prestaciones sociales y, así se decide.

En lo referido a las solicitud del pago de intereses moratorios, causados por la demora en que, supuestamente, incurrió la Administración para la cancelación de las prestaciones sociales de la querellante, éste Juzgado observa que el artículo 92 de la Constitución establece: ‘Todos los trabajadores y trabajadoras tiene derecho a prestaciones sociales que le recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozaran de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal’ (Negritas del original).

Si bien, tanto el Reglamento Parcial de la Ley de Carrera Administrativa, como el Reglamento que regula la contratación de los Fideicomisos Laborales, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.628 de fecha 25 de enero de 1999, establecen una serie de trámites, requisitos y formalidades que deben ser cumplidos por la Administración para el pago de las prestaciones sociales, también es cierto que la demora en el pago de dicho concepto genera intereses.

En el caso de marras, se desprende de la planilla de ‘Liquidación por Retiro’ cursante al folio 11 del expediente, que a partir del 3 de julio de 1995, a la querellante se le retiró de la Administración por habérsele impuesto la sanción de destitución, por consiguiente a partir de ese momento nació la obligación de hacer efectivo el pago de las prestaciones sociales, las cuales fueron efectivamente canceladas el 03 de noviembre de 1999, tal como se evidencia al folio 12, en el cual cursa copia del cheque Nº 00409744, emitido por el Ministerio de Hacienda, y el recibo de pago respectivo. Siendo así, se debe concluir que la Administración incurrió en una demora de cuatro (4) años cuatro (4) meses y seis (6) días en el pago de las prestaciones sociales de la ciudadana Zoraida Avendaño, la cual produjo intereses moratorios que constituyen una deuda de valor, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo constitucional, por lo tanto este Sentenciador debe ordenar que se realice una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que se calculen los intereses moratorios producidos, desde el día 3 de julio de 1995 hasta el 03 de noviembre de 1999, tomando como base las prestaciones sociales de la querellante y conforme el interés legal contenido en los artículos 1.277 y 1.746 del Código Civil y así se decide”.

III
DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN

En fecha 10 de marzo de 2005, el abogado apoderado judicial de la parte recurrente, presentó escrito de fundamentación al recurso de apelación interpuesto contra la decisión de fecha 11 de diciembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital sobre la base de las argumentaciones que a continuación se esgrimen:

Fundamentó la accionante que “[el] error consiste: (sic) en que la Administración se limita a sumar los intereses que ocasionan el capital, es decir, la antigüedad y lo correcto es que los intereses que produce ese capital, se capitalicen, esto responde a la seguridad social que establece la Constitución de la República y la Ley del Trabajo en su artículo ciento ocho (108)”.

Que “[el] artículo 27 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y la derogada Ley de Carrera Administrativa, establecen que los funcionarios públicos tendrán derecho a su protección integral a través del sistema de seguridad social. El artículo 28 eiuden (sic) establece: que los funcionarios gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución, Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento en lo atinente a las prestaciones sociales y las condiciones para su percepción. El artículo 108 de la Ley del Trabajo, establece: ‘La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva en un fideicomiso individual o en un fondo de prestaciones de antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre. Lo depositado o acreditado mensualmente, se pagará al término de la relación de trabajo y devengará intereses’. Artículo 89, ordinal 2, ‘los derechos del trabajador son irrenunciables. Es nula, toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos; ordinal 3, cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia d varias Normas, o en la interpretación de una Norma (sic) determinada, se aplicará la más favorable al trabajador. La Norma (sic) adoptada, se aplicará en su integridad’. Artículo 92, constitucional: ‘Toda mora en el pago de las prestaciones genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios de la deuda principal’. Artículo 7, constitucional: ‘La Constitución es la Norma suprema del ordenamiento jurídico de la República”.

Por último, el accionante solicitó que “(…) la Corte revoque la sentencia apelada, por cuanto viola las Normas (sic) constitucionales y legales y desdice el poder inquisitivo del Juez Contencioso, establecido en el artículo 259 del Texto Constitucional (…) ordene la experticia complementaria del fallo, para que se determine el monto a cancelar, por concepto de diferencia de fideicomiso y otros conceptos señalados en el libelo de la demanda (…)”.

IV
DE LA CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN

En fecha 30 de marzo de 2005, la abogada apoderada judicial de la parte recurrida, presentó escrito de contestación a la fundamentación al recurso de apelación interpuesto contra la decisión de fecha 11 de diciembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital sobre la base de las argumentaciones que a continuación se esgrimen:

Que “[la] república, para la mejor fundamentación de la presente contestación a la Formalización (sic), se permite destacar el contenido del artículo 19 párrafo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se prevé ‘la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación (…)’. Sobre este particular, es preciso resaltar el criterio establecido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 3 de mayo de 2001, donde estableció lo siguiente ‘(…) Ciertamente, la apelación en el contencioso administrativo a diferencia del procedimiento ordinario tiene peculiares características porque no sólo se limita a su simple ejercicio, sino que merita, a tenor de lo previsto en el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que el apelante presente en escrito de fundamentación del recurso, en el que exprese las razones tanto de hecho como de derecho con las que basa su apelación. En efecto, según lo ha apreciado esta Corte ‘(…) la apelación prevista contra las sentencias de los Tribunales que deciden en materia contencioso administrativo en primera instancia tiene carácter particular, por cuanto no basta con ejercer el indicado recurso, sino que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en su artículo 162 exige su formalización mediante un escrito en el cual se señalen los motivos de hecho y de derecho que determinan su ejercicio, sin lo cual, opera una presunción de desistimiento del mismo que puede ser declarada tanto a solicitud de parte como de oficio. La apelación posee así un carácter muy especial por cuanto lo que se pretende del apelante es que se delimite los motivos de impugnación que desea formular contra el fallo recurrido, a fines de que el tribunal de alzada de proceder, corrija o enmiende los vicios o irregularidades se imputan a la decisión (…)”.

Que el “(…) escrito de formalización (sic) interpuesto por el apoderado de la recurrente en modo alguno señala los vicio de la sentencia del “a quo” que pretende rebatir a apelación interpuesta, ni expresa los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen ante esta Corte la apelación interpuesta con la sentencia del a quo (…)”.

Que “[del] contenido de la norma y la jurisprudencia supra transcrita se desprende, que el escrito de formalización (sic) debe estar dirigido a los vicios en que incurrió la sentencia emitida en Primera Instancia. En virtud de ello, mal puede considerarse que el apelante realizó la debida formalización (sic) de la apelación interpuesta (…) por cuanto del escrito analizado se desprende, que el apoderado actor sólo se limita a cumplir con el formalismo de objetar de manera precaria y ligera la sentencia en cuestión (…)”.

Que “[por] el contrario, el fallo dictado por el ‘a quo’ en fecha 11 de diciembre de 2003, realiza un análisis detallado de los argumentos expresados por las partes y explica ampliamente las razones por las cuales declara Parcialmente Con Lugar la acción interpuesta; indicando con suma precisión, que existía concordancia en las fórmulas para el cálculo de los intereses sobre las prestaciones aplicadas por la administración y el querellante, difiriendo ambos en los montos base utilizados para tales fines, siendo la correcta la empleada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y que los intereses generados por el retardo imputable a la administración, en el pago de las prestaciones sociales, deberán calcularse a través de experticia complementaria del fallo desde la fecha de egreso del querellante, es decir, el 03 de julio de 1995 hasta el 03 de noviembre de 1999, fecha en que se hizo efectivo el respectivo pago (…)”.

Por último, solicitó el ente recurrido que “(…) declare que la apelante incumplió los parámetros legales establecidos para presentar el escrito de formalización (sic) ante [esta] Honorable Corte, por ende [pidió] que sea declarada desistida o en su defecto Sin lugar, la apelación intentada por la ciudadana Zoraida Avendaño (…)”.

V
COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento, corresponde a esta Alzada verificar su competencia para conocer del presente asunto, para lo cual observa, que la querella funcionarial fue interpuesta bajo la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa ante el extinto Tribunal de la Carrera Administrativa, el cual fue suplantado por los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Órganos Jurisdiccionales creados tras la promulgación de la Ley del Estatuto de la Función Pública, para el conocimiento, tramitación y decisión de los recursos de contenido contencioso administrativo funcionarial a nivel nacional.
Ahora bien, visto que dentro del ámbito de competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se encuentra el conocimiento de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, la cual establece que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa –aún Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo- son los competentes para conocer de las apelaciones y las consultas de ley, de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales mantienen la denominación de Juzgados Superiores Regionales de lo Contencioso Administrativo hasta tanto entre en vigencia lo relativo a la Estructura Orgánica de dicha Jurisdicción, en virtud de lo cual esta Corte resulta competente para conocer como Alzada natural de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso-administrativa funcionarial. Así se declara.

VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, establecida la competencia de la Corte, corresponde de esta forma realizar pronunciamiento respecto a la apelación planteada bajo las siguientes consideraciones:

En fecha 30 de marzo de 2005, la representación del ente recurrido, en su escrito de contestación de la apelación presentada por la recurrente, solicitó que sea declarada dicho recurso de apelación como desistido basándose en que el “(…) escrito de formalización (sic) interpuesto por el apoderado de la recurrente en modo alguno señala los vicio de la sentencia del “a quo” que pretende rebatir a apelación interpuesta, ni expresa los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen ante esta Corte la apelación interpuesta con la sentencia del a quo (…) en virtud de ello, mal puede considerarse que el apelante realizó la debida formalización (sic) de la apelación interpuesta (…) por cuanto del escrito analizado se desprende, que el apoderado actor sólo se limita a cumplir con el formalismo de objetar de manera precaria y ligera la sentencia en cuestión (…)”.

Al respecto, la Corte considera oportuno destacar el criterio que ha sostenido nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia respecto al momento de formalizar las apelaciones, por cuanto mediante sentencia de la Sala Constitucional Nº 286 del 26 de febrero de 2007 estableció lo siguiente:

“Considerar que la correcta fundamentación de la apelación exige indefectiblemente, en primer lugar, la oportuna presentación del escrito correspondiente y, en segundo lugar, la exposición detallada y pormenorizada de las razones de hecho y de derecho en que funde el apelante su recurso, independientemente de que tales motivos se refieran a la impugnación del fallo por vicios específicos o la disconformidad con la decisión recaída en el juicio, no estaría ajustado a los preceptos y principios constitucionales antes mencionados. Ciertamente la naturaleza propia del recurso de apelación, puede servir como medio de impugnación o como medio de atacar un gravamen, pero debe considerarse que, basta que el apelante señale las razones de disconformidad con la sentencia de instancia o los vicios que ésta contiene, ya que en sede contencioso administrativa –como en otros procesos– no se requiere el cumplimiento de las formalidades técnico-procesales propias del recurso extraordinario de casación, pues existen notables diferencias entre ambas instituciones. Con lo cual, efectivamente existe una carga en cabeza del apelante de no limitarse a consignar el escrito en el lapso establecido para ello, sino también y conjuntivamente, de expresar, por lo menos, su disconformidad con el fallo de la primera instancia, aunque no sea con mayor precisión. Tales conclusiones se hacen patentes, dado que el texto constitucional consagra el proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia y por lo que los jueces de alzada deben garantizar la realización de la justicia para la parte apelante, quien desfavorecido por el fallo de la primera instancia ejerce el recurso de apelación y debe fundamentarla, sin que sea imperativo expresar con certeza los vicios en los que puede haber incurrido el fallo, sino que puede limitarse a sostener que tenía la razón en la primera instancia, con lo cual es obvio que manifiesta su disconformidad con lo decidido por el a quo.

Así las cosas, resulta evidente para la Sala que la forma en que la representación de la querellada formuló sus planteamientos en el escrito de formalización de la apelación no resultó ser la más adecuada, sin embargo, de acuerdo a los lineamientos dispuestos en los artículos 26 y 257 de la Constitución y así como del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según los cuales la obtención de la justicia debe prevalecer sobre los formalismos no esenciales, dicha imperfección no debe constituirse en un impedimento para que se analice el sustrato de la controversia tratada, más cuando, de los propios argumentos esgrimidos, surge la clara disconformidad con el fallo apelado, de tal modo que resulta dable entrar a conocer y decidir los argumentos expuestos en el escrito consignado.

Pensar de otra manera, resultaría contrario a la celeridad de los juicios y a la economía procesal, al obligar al recurrente a cumplir con un formalismo –de manera exagerada, minuciosa y rigurosa– de la formalización de la apelación que se efectúo oportunamente y que evidenció la disconformidad con el fallo de primera instancia, con lo cual debe considerarse que el acto logró el fin para el cual estaba destinado, desde luego que el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en sus artículos 26 y 257, deja claramente evidenciada la voluntad del constituyente de preservar a toda costa la justicia por encima de cualquier formalidad no esencial en el proceso y la necesidad de que ésta se imparta sin dilaciones o reposiciones que en nada contribuyan al alcance de tal fin”.


Así las cosas, resulta evidente para la Corte que la forma en que la representación de la querellada formuló la fundamentación de la apelación no resultó ser la más adecuada, por lo escueta de la misma, sin embargo, de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y los artículos 26 y 257 de la Carta Magna, según los cuales la obtención de la justicia debe prevalecer sobre los formalismos no esenciales, dicha imperfección no debe constituirse en un impedimento para que se analice el sustrato de la controversia aquí tratada, más cuando, de los propios señalamientos esbozados, surge la clara disconformidad con el fallo apelado, de tal modo que debe esta Corte desestimar el requerimiento esbozado por la defensa del ente recurrido y en consecuencia entrar a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la parte querellante. Así se decide.

En fecha 10 de marzo de 2005, mediante escrito de fundamentación de la apelación, el representante judicial de la querellante manifestó que “(…) el erro consiste: en que la Administración se limita a sumar los intereses que ocasionan el capital, es decir, la antigüedad y lo correcto es que los intereses que produce ese capital, se capitalicen, esto responde a la seguridad social que establece la Constitución de la República y la Ley del Trabajo en su artículo ciento ocho (108) (…)”.

En este sentido, respecto a la forma de calcular las prestaciones sociales la administración, el a quo se pronuncia al respecto manifestando en su decisión del 11 de diciembre de 2003 que “(…) cabe señalar que la base para determinar el monto de los intereses la constituye la cantidad de ochenta y seis mil seiscientos ocho bolívares (86.608,00), siendo dicho monto el generado por concepto de prestaciones sociales acumuladas desde el 1º de agosto de 1987, fecha de ingreso de la querellante, hasta el mes de mayo de 1991, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo de 1991 (hoy derogada) y, en la Cláusula Décima de la Primera Convención Colectiva de Trabajadores de los Empleados Públicos suscrita el 10 de julio de 1992, en la cual se estableció que los funcionarios públicos le corresponde el pago de los intereses generados a partir del 1º de mayo de 1991. Dicha cantidad resulta de multiplicar la remuneración mensual de la querellante para esta fecha, es decir, veintiún mil novecientos dos bolívares (Bs. 21.902) por cuatro (4) años de servicio que tenía para ese momento, datos éstos que se desprenden de los folios 3 y 6 del expediente administrativo (…) establecido lo anterior, [ese] Juzgado [observó] que es a partir del mes de mayo de 1991 que se generan los intereses sobre las prestaciones sociales los cuales deben ser calculados a partir de esa misma fecha, no obstante ello, la representación querellante inicia su operación matemática, desde el 1º de enero de 1985 y, estableciendo un monto de capital manifiestamente superior al que efectivamente correspondía por concepto de prestaciones sociales causadas, con lo que se hace evidente el error contenido en la base del cálculo efectuado y que deriva en el falso supuesto del cual parte el apoderado judicial en su querella”. [Corchetes de esta Corte].

Al respecto, aprecia la Corte que el cálculo realizado por la Administración Pública y el presentado por el querellante arroja una diferencia entre uno y otro, esto se debe al hecho de que el apoderado judicial de la querellante realizó dicho cálculo tomando como base para ello, la cantidad del monto recibido al término de la relación funcionarial, por concepto de prestaciones sociales, con lo cual se eleva el resultado de la operación realizada, encontrándose allí la diferencia entre uno y otro de los cálculos efectuados.

Asimismo, cabe señalar al igual que lo hizo el a quo, que en la operación efectuada por la Administración, la base del cálculo lo constituye la cantidad de ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro bolívares con ochenta y ocho céntimos (Bs. 857.664,88), siendo dicho monto el generado por concepto de prestaciones sociales acumuladas hasta el mes de mayo de 1999, tal y como consta en la planilla de intereses sobre prestaciones sociales que corre inserta al folio once (11) del expediente judicial consignado por el querellante, monto sobre el cual no aportó pruebas que permitieran desvirtuar la veracidad del mismo.

De tal manera que la base para el cálculo del fideicomiso utilizado por el apoderado judicial de la ciudadana Zoraida Avendaño era superior, al monto utilizado por la Administración Pública, en vista de ello la Corte insiste que el querellante no trajo a los autos elementos que convencieran a este Órgano Jurisdiccional que la cantidad señalada por él fuera la que efectivamente debía ser tomada como base de cálculo a los fines de determinar el presunto monto restante, ello así, mal pudo pretender el pago de una diferencia por concepto de fideicomiso, con base a unas cantidades por prestaciones sociales sobre las que no demostró que fuera el acreedor, razón por la cual, la Corte desestima el presente pedimento, tal y como lo precisó el a quo en la decisión apelada. Así se decide.

Ahora bien, respecto al cálculo de los intereses moratorios originados por el pago tardío efectuado por la administración, se desprende del expediente judicial que en fecha 13 de diciembre de 2003 el juzgado a quo dictó decisión donde declaró parcialmente con lugar la presente querella, motivándose en que la Administración “(…) realizó el cálculo correspondiente a las prestaciones sociales y a sus intereses desde el mes de mayo de 1991 hasta 1995, fecha en la que se produjo el egreso de la querellante de la Administración. Finalmente, la sumatoria de ambos montos dio como resultado la cantidad cancelada a la querellante de un millón seiscientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y siete bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 1.671.437,64) que en el escrito libelar reconoce haber recibido y la cual consta a los autos mediante copia simple del cheque (folio 9 del expediente judicial). En consecuencia, se debe declarar que la Administración nada adeuda a la ciudadana Zoraida Avendaño por concepto de intereses sobre prestaciones sociales (…)”.

En este mismo orden, el a quo manifestó que “(…) a partir del 3 de julio de 1995, a la querellante se le retiró de la Administración por habérsele impuesto la sanción de destitución, por consiguiente a partir de ese momento nació la obligación de hacer efectivo el pago de las prestaciones sociales, las cuales fueron efectivamente canceladas el 03 de noviembre de 1999, tal como se evidencia al folio 12, en el cual cursa copia del cheque Nº 00409744, emitido por el Ministerio de Hacienda, y el recibo de pago respectivo. Siendo así, se debe concluir que la Administración incurrió en una demora de cuatro (4) años cuatro (4) meses y seis (6) días en el pago de las prestaciones sociales de la ciudadana Zoraida Avendaño, la cual produjo intereses moratorios que constituyen una deuda de valor (…)” (Negritas de esta Corte).

Ahora bien, visto lo declarado por el juzgado a quo, de la misma forma se puede evidenciar en el escrito de demanda que riela en folio uno (01) y siguientes del expediente judicial, donde la accionante manifestó que el monto por la cantidad de un millón seiscientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y siete bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 1.671.437,64) por concepto de antigüedad y fideicomiso, fueron cancelados en fecha ocho (08) de marzo de 2000, se pudo evidenciar una considerable diferencia entre la fecha de pago que manifestó el a quo y la que mantuvo la accionante.

Visto lo anterior, la Corte en fecha 13 de diciembre de 2010 ordenó dictar un auto para mejor proveer, ya que en el caso de autos se trata de la apelación de una sentencia mediante la cual fue declarado procedente el pago por concepto de los intereses de mora generados desde que la querellante cesó la prestación de servicios a la Administración hasta el efectivo pago de las respectivas prestaciones sociales, y en vista de que no consta en el expediente recibo de pago mediante el cual la Corte pueda determinar de manera fehaciente la fecha a partir de la cual deben ser calculados los intereses moratorios acordados, este Órgano Jurisdiccional estimó que dada las circunstancias específicas del presente caso, resultó necesario verificar la fecha cierta de recibo del mencionado cheque de pago.

Por lo tanto, en virtud de lo planteado anteriormente y en aras de realizar un pronunciamiento ajustado a derecho, y de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes y de brindar la tutela judicial efectiva los derechos de las mismas al momento de emitir su decisión, ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 aparte 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable rationae temporis, para que en el lapso de cinco (5) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, remitiera copia del recibo de pago firmado por la parte querellante o cualquier otro documento similar, específicamente, en el que se evidenciara la fecha de recepción del pago objeto de estudio, a fin que permita a este Órgano Jurisdiccional conocer la fecha exacta a partir de la cual deben ser calculados los intereses moratorios correspondientes.

Así pues, vencido el lapso establecido para la consignación del documento solicitado en aras de poder definir una fecha exacta para el buen cálculo de los intereses moratorios adeudados, y no habiendo sido recibido en la Corte lo requerido, se procede a dictar sentencia conforme a los alegatos y a la documentación que consta en autos. Así se decide.

En este orden, la Corte en atención a lo solicitado por la accionante en su escrito de apelación donde manifiesta “(…) se ordene una experticia complementaria del fallo, para que se determine el monto a cancelar, por concepto de diferencia de fideicomiso (…)” y por revisión de los autos que cursan en el presente expediente judicial, se puede evidenciar en el folio doce (12) copia de cheque emanado por el Ministerio de Hacienda por la cantidad de un millón seiscientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y siete bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 1.671.437,64), de fecha 14 de febrero de 2000 y que según manifiesta la accionante le fue entregado en fecha ocho 08 de marzo de 2000 mediante escrito dirigido al ciudadano Coordinador de la Junta de Avenimiento del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el cual riela en folio diez (10) del expediente judicial.

Ahora bien, no siendo un punto controvertido entre las partes que la accionante terminó su relación laboral con la Administración en fecha tres (03) de julio de 1995 y que le fue emitido un cheque por la cantidad de un millón seiscientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y siete bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 1.671.437,64), emanado del Ministerio de Hacienda con fecha 14 de febrero de 2000 por concepto de prestaciones sociales, la Corte considera que por ser el mencionado cheque un documento emanado de la Administración, se entenderá como fecha en la cual se le realizó efectivamente el pago por concepto de prestaciones sociales a la accionante la que contiene el referido cheque el cual riela en folios nueve (09) y doce (12) del expediente judicial, es decir el 14 de febrero de 2000.

Asimismo, en lo que respecta a los intereses moratorios causados por el retardo en el pago de las prestaciones sociales, esta Corte ha señalado en diversas oportunidades que, efectuado el egreso del funcionario de la Administración Pública, procede el pago inmediato de sus prestaciones sociales, de lo contrario, se comienzan a causar los intereses moratorios consagrados en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dispone expresamente que:

Artículo 92: Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozaran de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. (Negrillas de esta Corte).

De la norma constitucional citada ut supra, dimana de manera precisa que las prestaciones sociales, constituyen créditos laborales de exigibilidad inmediata y que el retardo en su pago genera intereses moratorios por ser deudas de valor, de manera que una vez llegado el término de la relación laboral o funcionarial de la cual se trate, nace el derecho del funcionario o trabajador a que se le pague de manera inmediata el monto que le corresponde por concepto de prestaciones sociales generado por el tiempo de servicios.

En este sentido, colige la Corte que al ser los intereses moratorios antes referidos un derecho constitucional no disponible, irrenunciable y de orden público, los órganos sentenciadores están llamados a protegerlos, “(…) siendo que con el pago de tales intereses, se pretende paliar, la demora excesiva en que, -en la mayoría de los casos-, incurre la Administración, al hacer efectivo el pago a las prestaciones sociales a los sujetos que de la misma egresan”. (Vid. Sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Número 2007-00942 de fecha 30/05/2007).

Decidido lo anterior, advierte este Órgano Jurisdiccional que en el caso de marras y ante el manifiesto retardo en que ha incurrido la Administración, respecto al pago de las prestaciones sociales de la recurrente, el cual se hizo efectivo a partir del 14 de febrero de 2000 mediante cheque Nº 00409744 emanado del Ministerio de Hacienda, se ordena que se realice una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil a los fines de que se calculen los intereses moratorios producidos desde el día 03 de julio de 1995 hasta el 14 de febrero de 2000, tomando como base las prestaciones sociales de la querellante y según lo dispuesto en el prenombrado artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide

En consecuencia, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara SIN LUGAR la apelación interpuesta, y en consecuencia CONFIRMA en los términos anteriormente expuestos la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital del 11 de marzo de 2003, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud). Así se decide.

Ahora bien, advierte esta Alzada que mediante Resolución N° 2007-0017, de fecha 9 de mayo de 2007, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.701 de fecha 8 de junio del mismo año, la Sala Plena del Tribunal Suprema de Justicia, acordó que los Juzgados Superiores Primero, Segundo y Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, se denominarían a partir de la publicación de dicha Resolución, Juzgados Superiores Octavo, Noveno y Décimo de lo Contencioso Administrativo, respectivamente, en tal sentido, visto que el presente expediente, proviene del Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, conforme al segundo, párrafo del artículo 2 de la aludida Resolución en el cual se señaló que:
“Artículo 2: (…).
El Tribunal Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con sede en Caracas, pasa a denominarse: Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con sede en Caracas, Edificio IMPRES, El Rosal (…).

Los mismos continuarán conociendo de las causas del Régimen Transitorio que cursen en los mismos, hasta la culminación definitiva de la transición. Asimismo, los referidos Tribunales conocerán a partir de la fecha de publicación de esta Resolución de las causas cuyo conocimiento les haya sido atribuido previa distribución (…)”.

Es por lo que, este Órgano Jurisdiccional ordena la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, hasta tanto entre en vigencia lo relativo a la Estructura Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

VII
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra el fallo dictado en fecha 11 de diciembre de 2003, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el abogado Manuel Assad Brito, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ZORAIDA AVENDAÑO, portadora de la cédula de identidad número 642.239, contra el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (HOY MINISTERIO DE DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD).

2. SIN LUGAR la apelación interpuesta.

3. SE CONFIRMA el fallo en los términos anteriormente expuestos, dictado por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 11 de diciembre de 2003.

4. SE ORDENA realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil a los fines que se calculen los intereses moratorios producidos desde el 03 de julio de 1995 hasta el 14 de febrero de 2000.

Publíquese, regístrese y notifíquese Devuélvase el presente expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los nueve (09) días del mes de junio de dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

El Presidente,

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Ponente

El Vicepresidente,


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA


El Juez,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL



La Secretaria Accidental,


CARMEN CECILIA VANEGAS SALAS

Exp. Nº AP42-R-2004-000615
ERG/014

En fecha _____________ (___) de ____________de dos mil once (2011), siendo la (s) ___________ de la_____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2011-________

La Secretaria Accidental.