REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 29 de Junio de 2011 201º y 152º ASUNTO: AP11-V-2009-000175 PARTE ACTORA: la sociedad mercantil Administradora Taurus, S.R.L., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 10 de Junio de 1987, bajo el N° 13, tomo 78-A-Sgdo. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Leopoldo Micett Cabello, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 50.974. PARTE DEMANDADA: Noemí Montilla, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad N° V.-5.596.146. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no tiene apoderado acreditado en autos MOTIVO: Cobro de Bolívares (PERENCIÓN ANUAL) PRIMERO: Este proceso se inició por libelo presentado en fecha 29 de Enero de 2009, por el ciudadano Leopoldo Micett Cabello, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) del Circuito Judicial Civil de Los Cortijos, mediante el cual demanda por Cobro de Bolívares a la ciudadana Noemí Montilla. Dicha demanda correspondió al Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas luego de haberse efectuado el sorteo de ley. En fecha 17 de Febrero de 2009, el Tribunal antes aludido se declaró incompetente para conocer de a presente causa por razón de cuantía. En fecha 09 de Marzo de 2009, el Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de este Circuito Judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 24 de Marzo de 2009, luego de realizado el sorteo de ley, correspondió el conocimiento de la presente causa a este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual fue admitida en fecha 31 de Marzo de 2009, ordenando librar compulsa a la parte demandada, y dejo constancia del requerimiento de los fotostatos necesarios a los fines de su elaboración. En fecha 01 de Abril de 2009, el apoderado judicial de la parte actora consignó los fotostatos necesarios a los fines de la elaboración de la compulsa, la cual fue realizada en fecha 03 de abril de 2009 y entregada al alguacil a los fines de que proceda a realizar la citación personal de la demandada. En fecha 05 de Noviembre de 2009, el ciudadano José Ruiz, en su carácter de alguacil titular de este Circuito Judicial, manifestó que se traslado al domicilio de la parte demandada pero no pudo lograr la citación personal de la misma por cuanto esta no se encontraba en su domicilio. Con posterioridad, ha transcurrido mucho más de un (01) año de absoluta inactividad procesal de la parte actora. SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, este Tribunal observa que este asunto permaneció en suspenso por más de un (01) año, por inactividad de las partes. Dicho tiempo de parálisis procesal ocurrió desde que el alguacil titular de este Circuito Judicial, consignó las resultas de la citación personal de la parte demandada, es decir, el 05 de Noviembre de 2009. En virtud de las indicadas circunstancias y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” En este estado de cosas, resulta oportuna la cita de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, contenida en decisión de fecha 22 de septiembre de 1993, en la que se estableció lo siguiente: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.” (Resaltado de este Tribunal) TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese, déjese copia y notifíquese.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 29 días del mes de Junio de 2011.- EL JUEZ, Abog. LUÍS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ LA SECRETARIA, Abog. MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ RUZ En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las ________________.- LA SECRETARIA, Abog. MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ RUZ LRHG/MGHR/LuisL.-