TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 30 de Junio de 2011
201º y 152º

ASUNTO: AH13-V-2005-000024
DEMANDANTE: Sociedad Mercantil PROMOCIONES OKEY 2001, C.A. inscrita por ante la Oficina del Registro Subalterno Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 30 de junio de 2000, bajo el Nro. 74, Tomo 432-AQto.

APODERADOS JUDICIALES: abogados JAIME RIVEIRO VICENTE y LUIS RAFAEL ROJAS ROJAS, inscritos el Inpreabogados bajo los Nros. 30.979 y 93.832, respectivamente.

DEMANDADA: Empresa ELECTRÓNICOS LANFER 2000, C.A. domiciliada en la ciudadano de Caracas y debidamente inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil II, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de enero de 2000, anotada bajo el número 08, Tomo 16-A-Sgdo., representada por sus directores ciudadanos LUIS CARLOS FERREIRA NEVES y NICOLINO LAMANNA VIGORITO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.256.823y 10.472.613, respectivamente.

MOTIVO: Resolución de Contrato de Arrendamiento.
- I -
NARRATIVA
Se inició el juicio por Resolución de contrato de Arrendamiento, presentado por los apoderados judiciales de la parte actora abogados JAIME RIVEIRO VICENTE y LUIS RAFAEL ROJAS ROJAS, contra la Empresa ELECTRÓNICOS LANFER 2000, C.A., plenamente identificados, ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de mayo de 2005, el cual previo el sorteo de Ley le fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Consignados como fueron los recaudos, por auto de fecha 02 de junio de 2005, se admitió la demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, en la persona de uno o cualquiera de sus Directores, mediante sentencia interlocutoria de fecha 15 de junio de 2005, fue declarado nulo el auto de admisión, y en consecuencia repuso la causa en estado de una nueva admisión por el procedimiento breve, la cual fue realizada por auto de fecha 15 de junio de 2005.
El 11 de julio de 2005, la apoderada judicial de la parte actora, consigno dos juegos de copias, a los fines de que se aperturara el cuaderno de medidas, y la compulsa respectiva. A tal pedimento el Tribunal se pronunció en fecha 18 de julio de 2005.
Por auto de fecha 12 de agosto de 2005, el Tribunal ordenó a la representación judicial de la parte actora ampliar las pruebas a los fines del decreto de la medida, las cuales fueron consignadas mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2005, y el Tribunal en fecha 07 de octubre de 2005, decreto medida de secuestro de la cosa arrendada.
En fecha 26 de octubre de 2004, se libró el despacho comisión al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas Preventivas y Ejecutivas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que practicara la medida de secuestro decretada por este Tribunal, y en mediante oficio de fecha 03 de noviembre de 2005, remitieron las resultas de la medida decretada.
Por auto de fecha 25 de noviembre de 2005, el Tribunal negó homologar la transacción suscrita en fecha 2 de noviembre de 2005, por cuanto los representantes no acreditaron en autos documento de su cualidad.
El 10 de junio de 2011, quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa.
Después de esta última actuación la parte actora no realizó actuación alguna en el expediente.
Seguidamente el Tribunal, pasa ha hacer las siguientes consideraciones:
- II -
Del examen de las actas que conforman el presente expediente y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, se constató que desde el 11 de julio de 2005, fecha en la cual la representación judicial de la parte actora consignó los fotostátos para la elaboración de compulsa y la apertura del cuaderno de medidas, hasta la presente fecha no consta en autos que la demandante haya dado el impulso procesal correspondiente a los fines de impulsar la citación ordenada, para trabar la litis en la presente causa, sólo se limitó a gestionar la práctica de la medida, siendo la última actuación la de fecha 25 de noviembre de 2005.
Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, se ha interpretado como una limitación al derecho de acceso de toda persona a los órganos de la administración de justicia, garantizado por el artículo 26 de la Constitución de 1999, la pérdida del interés procesal, conceptuando éste como un requisito de la pretensión, en virtud de lo cual al ponerse de manifiesto tal situación antes o después de ser admitida aquélla para su trámite, ocasiona el decaimiento del ejercicio de la acción, por falta del debido impulso de parte, y permite declarar terminado el procedimiento, en razón de la ausencia de tal presupuesto, cuando ha transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez que el actor o solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento así lo denota.

Igualmente la Sala Constitucional, se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 en el caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos:
“….En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días.
Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno.
El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…”
Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia.
En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal).

Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente:
...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y siendo que el 11 de julio de 2005, fecha en la cual la parte actora consignó los fotostatos para la elaboración de la compulsa y la apertura del cuaderno de medidas, no consta en autos que la accionante haya ejecutado ningún acto de procedimiento a los fines de impulsar la citación de la parte accionada ordenada en el auto de admisión de la demanda de fecha 15 de junio de 2005, limitandose a gestionar la práctica de la notificación, aunado a que la última actuación data de 25 de noviembre de 2005, y por cuanto ha transcurrido por ante este Despacho más de un (1) año sin que se haya efectuado actuación alguna en el expediente, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara.
- III -
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ,

Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS
LA SECRETARIA

Abg. DIOCELIS PEREZ BARRETO
En la misma fecha, siendo las 2:56 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.-
LA SECRETARIA

Abg. DIOCELIS PEREZ BARRETO

JCVR/DPB/Y.M-.-