REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DÉCIMO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL
Expediente Nº 0676-08
En fecha 27 de febrero de 1998, las abogadas Betty Pérez Aguirre y Gladys Vivas, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 19.880 y 14.146, actuando en su carácter del ciudadano FERRER TOSSONI FRIZO, titular de la cédula de identidad Nro. 1.441.637, propietario del Edificio Soto, ubicado en la Avenida Chama, Colinas de Bello Monte, Municipio Baruta del Estado Miranda, interpusieron ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nro.J-GIM-0073/97, de fecha 30 de julio de 1997, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 208, del 30 de enero de 1997, emanado de la GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, mediante la cual se ratificaron las sanciones de multa y demolición impuestas a su representado.
El 3 de marzo de 1998, se realizó sorteo en el cual quedó seleccionado el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para la tramitación del presente recurso.
El 6 de mayo de 1998, se dio por recibido el expediente administrativo relativo al presente recurso contencioso administrativo de nulidad.
En fecha 7 de mayo de 1998, el mencionado Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, admitió el recurso interpuesto, ordenando la notificación de las partes, conforme a las prescripciones de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Mediante diligencia suscrita por la abogada Gladys Vivas, ya identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, solicitó la suspensión de la presente causa, en virtud de la defunción del ciudadano Ferrer Tosoni Frizo, ya identificado.
Motivado a la solicitud planteada por la parte recurrente, mediante auto de fecha 25 de junio de 1998, fue acordada la suspensión de la causa.
El 1º de febrero de 1999, la abogada Gladys Vivas, ya identificada, presentó diligencia en la cual solicitó la continuación del juicio y consignó poder que la acredita como apoderada judicial de la heredera del ciudadano Ferrer Tosoni Frizo, por lo que en fecha 14 de abril de 1999, consignó titulo que justifica que la ciudadana María Lucía Sanctis de Tosoni, es la única y universal heredera del de cujus.
Mediante diligencia de de fecha 24 de mayo de 1999, la parte recurrente retiró el cartel de notificación ordenado en el auto de admisión, el cual fue consignado posteriormente y agregado a los autos, en fecha 27 del mismo mes y año.
El 11 de junio de 1999, se dictó auto mediante el cual se abrió el lapso probatorio.
En fecha 20 de septiembre de 1999, se emitió pronunciamiento al respecto de las pruebas promovidas por la parte recurrente.
Posteriormente el 26 de octubre de 1999, encontrándose vencido el lapso probatorio, se fijó oportunidad para dar comienzo a la relación de la causa.
En fecha 9 de diciembre de 1999 de publicó auto fijando oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes, siendo celebrado el 7 de enero del 2000, donde se fijó fijando oportunidad para dar inicio a la segunda etapa de la relación de la causa.
El 10 de octubre de 2000, fue fijada audiencia a celebrarse por las partes con el Juez del entonces Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo.
En fechas 21 de septiembre de 2001 y 3 de abril de 2002, la representación judicial de la parte interesada en el presente juicio, a saber, la COMUNIDAD DE CONDOMINIOS DEL EDIFICIO SOTO, solicitó pronunciamiento definitivo sobre el presente juicio.
Consta al vuelto del folio 154, sello húmedo mediante el cual se deja constancia que el 18 de abril de 2008 fue recibido el presente expediente en este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de su redistribución.
En fecha 13 de diciembre de 2010, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia designó a la abogada Nohelia Cristina Díaz García, como Jueza Temporal del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de la suspensión del Juez Titular del mencionado Tribunal, abogado Edwin Antonio Romero, según Oficio Nro. CI-279-10, de fecha 10 de marzo de 2010, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y del traslado concedido a la abogada. Marvelys Sevilla Silva, razón por la cual se aboca al conocimiento de la presente causa.
ÚNICO
Siendo la oportunidad procesal para que este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital emita pronunciamiento respecto del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por las abogadas Betty Pérez Aguirre y Gladys Vivas, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 19.880 y 14.146, actuando en su carácter del ciudadano FERRER TOSSONI FRIZO, titular de la cédula de identidad Nro. 1.441.637, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nro.J-GIM-0073/97, de fecha 30 de julio de 1997, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 208, del 30 de enero de 1997, emanado de la GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, mediante la cual se ratificaron las sanciones de multa y demolición impuestas a su representado.
Este Tribunal observa que, en razón del tiempo que ha transcurrido desde la última de las actuaciones procesales antes reseñadas, deben efectuarse las siguientes consideraciones, tomando como premisa de base la ausencia de un interés procesal actual de las partes que incide en el desenvolvimiento de la instancia. Con tal propósito se observa:
En casos análogos al aquí examinado, la Sala Constitucional ha negado la posibilidad de declarar la perención de la instancia, una vez que la causa esté pendiente de sentencia, esto es, cuando el tribunal haya dicho “Vistos” (Vid. Sentencia Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: “DHL, Fletes Aéreos C.A.”).
Tal tendencia ha sido incorporada actualmente a nivel legislativo en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concretamente en la norma contenida en su artículo 41 que reafirma que la sanción de perención opera exclusivamente ante la inactividad procesal de las partes y que, en modo alguno, puede ser aplicable cuando el acto procesal que se encuentre pendiente corresponda al Juez o a la Jueza.
Empero, la propia Sala Constitucional ha reconocido, como forma anormal de terminación del procedimiento, la pérdida del interés procesal. Cabe acotar, que en el contencioso administrativo, opera como regla general la exigencia de un interés jurídico actual para la verificación de la legitimación, en tanto que el elemento de la actualidad pone de relieve la necesidad de la tutela jurisdiccional invocada. Así, en su sentencia Nº 956 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y otra”, que “(…) es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor” (y) que “la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional”.
En la citada decisión, la Sala apuntó respecto de las consecuencias procesales de la falta de interés procesal lo que sigue:
“(…) la pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin”.
…omissis…
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (...).”
La ausencia de actos de impulso que faciliten el desenvolvimiento del proceso hasta su formal culminación que se traduce en la inacción antes analizada, en términos de la misma Sala “(…) no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor”.
El decaimiento del interés procesal puede acarrear, como ya se indicó la terminación de la causa y, en ese sentido, también la Sala Constitucional fijó los criterios que deben guiar al juez para apreciar en forma objetiva la ausencia de interés procesal, pues ello no opera como una presunción, precisando que:
“(…) es jurisprudencia reiterada de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho ‘vistos’ -como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En consecuencia, en virtud de que ha transcurrido un largo tiempo desde la oportunidad en que la extinta Corte Suprema de Justicia dijo ‘vistos’, esta Sala ordena notificar a la parte recurrente, bien en su domicilio procesal o por cartel en caso de no haberlo indicado -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-, para que informe, en un plazo máximo de treinta (30) días continuos a partir de su notificación, si conserva el interés para continuar este proceso. De no producirse respuesta de la parte recurrente dentro del plazo fijado, la Sala considerará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes, supuesto para el cual se ORDENA el archivo del expediente, HABILITÁNDOSE al Juzgado de Sustanciación para que proceda al archivo.” (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 4.618 del 14 de diciembre de 2005, caso: “The News Café & Bar. C.A.”, en el mismo sentido las decisiones Nros. 4.619, caso: “Rafael Humberto Contreras Millán”; 4.622, caso: “Agropecuaria Framar, C.A. y otros”; 4.626; caso: “Ángel Ziems y otros”; 4.629, caso: “Enrique Prieto Silva”; 4.636, caso: “Ángel Rafael Fajardo Hernández”; 4.638, caso: “Polímeros del Lago C.A.”, todas del 14 de diciembre de 2005 y 187 del 9 de febrero de 2007, caso: “Plásticos del Lago, C.A. (PLASTILAGO)”, entre otras).
Conforme al precedente antes citado, que también ha sido acogido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Vid., entre otras, sentencias Nros. 1.336 del 24 de septiembre de 2009, caso: “Ambiente, Servicios y Aseo (ASEAS) C.A.”; 1.663 del 18 de noviembre de 2009, caso: “Corporación Cabello Galves C.A.”; 359 del 5 de mayo de 2010, caso: “Antonio Pace Giovannucci”; 387 del 5 de mayo de 2010, caso: “Ferlliny Bolívar Torrealba y América Francisca García Rauseo”; 457 del 27 de mayo de 2010, caso: “Hotel Bella Vista, C.A.”), este Tribunal considera que vista la falta de actividad procesal por parte de la ciudadana María Lucía Sanctis de Tosoni, titular de la cédula de identidad Nro. 2.068.784, en su carácter de única y universal heredera del fallecido ciudadano Ferrer Tosoni Frizo, ya identificado, o de su representante legal, así como de la Comunidad de Condominios del Edificio Soto, en su carácter de interesados en el presente juicio, ordena notificarles, para que informen en un plazo máximo de treinta (30) días continuos, contados a partir de sus notificaciones personales, su interés en culminar este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, en acatamiento del criterio de la Sala Constitucional antes referido. Transcurrido dicho lapso sin que las partes informen sobre su interés de continuar la presente causa, este Tribunal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital declarará la pérdida del interés procesal y, en consecuencia, terminado el procedimiento.
Con relación a la forma de la notificación, se acoge lo expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión N° 4.294 de fecha 12 de diciembre de 2005, caso: “El Poder es el Pueblo”, indicó que la notificación del actor debía efectuarse “(…) en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal”.
Sobre la base de los criterios antes expuestos, este Tribunal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital ordena la notificación de la ciudadana María Lucía Sanctis de Tosoni, ya identificada, en su carácter de única y universal heredera del fallecido ciudadano Ferrer Tosoni Frizo, ya identificado, o de su representante legal, conforme a las prescripciones del artículo 174 del Código de Procedimiento, aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, y así se decide.
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:
1.- ORDENA notificar a la ciudadana María Lucía Sanctis de Tosoni, titular de la cédula de identidad Nro. 2.068.784, en su carácter de única y universal heredera del fallecido ciudadano Ferrer Tosoni Frizo, ya identificado o a su representante legal, así como a la Comunidad de Condominios del Edificio Soto, en su carácter de interesados en el presente juicio, en los domicilios procesales indicados en el expediente, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, ello a los fines de que dentro de un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la constancia en autos de la última de las notificaciones, manifiesten su interés en dar por concluido este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto.
2.- En caso que de autos no pueda realizarse las notificaciones personales, que no puedan precisarse los domicilios donde efectuarlas o por no poder publicar el cartel, SE PROCEDERÁ a la fijación de un cartel en las puertas del tribunal.
Transcurrido dicho lapso sin que la parte recurrente o los interesados manifiesten su interés, este Tribunal Superior declarará extinguida de pleno derecho la causa por pérdida del interés procesal.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de junio de dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.-
La Jueza Temporal,
La Secretaria,
NOHELIA CRISTINA DÍAZ GARCÍA
RAYZA VEGAS MENDOZA
En fecha veintiún (21) de junio de 2011, siendo las (2:00.p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº. 114-2011
La Secretaria,
RAYZA VEGAS MENDOZA
Exp. 0676-08
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