TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de la Circunscripción Judicial del estado Lara (Carora)
Carora, 30 de junio de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL: KP11-P-2009-000847

ASUNTO PRINCIPAL: KP11-P-2009-00847

Revisada la causa, así como la solicitud (folio 47 del asunto) formulada en fecha 28 de junio de 2011 por la Defensa Publica del imputado CESAR ALEXANDER PINTO CRESPO, Titular de la Cédula de Identidad Nº 12.725.572, abogado Carlos Alberto León León, Defensor Público Séptimo Penal Ordinario extensión Carora, donde solicita la Revisión de la medida de Libertad establecida en el Artículo 256 ordinales 3º, como lo es presentación periódica por ante la taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal; por lo que solicita le sea ampliada y cuya presentación sea cada 3 meses toda vez que su representado tiene su domicilio en Carabobo, San Joaquín, calle Santander Nº 34 y esta en la búsqueda de trabajo. Este Tribunal Doce de Control, se ABOCA, al conocimiento de la presente causa, en virtud de la Rotación Anual de Los Jueces, Oficio Nº 241/2011 y para decidir hace las siguientes consideraciones:

De la Revisión que esta Juzgadora hace del asunto, observa que dicha medida se ha extendido en demasía ya que el imputado ha cumplido a cabalidad a todas y cada una de las obligaciones impuestas por este Tribunal y que hasta la fecha no se ha realizado audiencia preliminar, toda vez que el ministerio publico no ha presentado acto conclusivo alguno.

Establece el Código Orgánico Procesal penal en su Artículo 104: Regulación Judicial.- Los jueces velaran por la regularidad del Proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. No podrán bajo pretexto de sanciones disciplinarias restringir el derecho de defensa o limitar las facultades de las partes.

En este orden de ideas, comparte esta Juzgadora el criterio explanado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual afirma que la Revisión de la Medida se trata de un examen que debe realizar el Juez de manara particular a cada sujeto que se encuentre privado de la libertad y que la haya solicitado (Sentencia Nº 1507 de la Sala Constitucional del 03 de julio de 2002. Expediente Nº 02-0124) igualmente señala la Doctrina, El Proceso Penal es el Método por el cual se materializa la tutela Jurisdiccional en la actuación del Derecho Penal, la Pena es estadal y, solo puede ser aplicada por un tribunal penal, independiente e imparcial y, a través de un proceso sin dilaciones indebidas, así mismo plantea el autor italiano CESARE BECCARIA “la eficacia del Derecho Penal depende en gran medida No de la gravedad de las Penas que establezca sino, de la percepción Ciudadana respecto de la certeza de su aplicación y de la celeridad en su concreción como ya lo señalara el autor señalado Ut-Supra, cuando afirma, la Certeza de un castigo aunque moderado, hará siempre una Mayor impresión que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de la impunidad pues los males aunque mínimos cuando son ciertos asustan siempre el ánimo del hombre” el método de juzgar agrega el gran pensador italiano debe ser regular y expedito”.

Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por este Juzgado en su debida oportunidad.

Igualmente indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), además contempla la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves que a juicio del tribunal las justifiquen.

Aunado a lo anteriormente expuesto, se hace procedente a criterio de esta Juzgadora la necesidad de revisar la medida decretada y aun cuando la Defensa solicita la ampliación de la medida, esta Juzgadora, considera que lo ajustado a derecho es decretar de Oficio el DECAIMIENTO de la misma, toda vez que han transcurridos TRES AÑOS del decreto de la Medida Sustitutiva de Libertad, dictada por el Tribunal de Control 12, en fecha 30 de junio 2009, sin que se haya realizado audiencia preliminar por causas que no le son imputables al imputado, toda vez que la Fiscalía del Ministerio Publico no ha presentado Acto Conclusivo, por lo que ésta decae automáticamente.

Es de hacer notar, que a los procesados les asiste el principio de presunción de inocencia que no puede ser desvirtuado solo por el quantum de la posible pena a imponer, y que por lo tanto determina para el Juez el deber de apreciar otro tipo de circunstancias que puedan afectar las resultas del proceso y no solamente la pena posible a imponer, se evidencia además que de la revisión efectuada al sistema Juris el imputado CESAR ALEXANDER PINTO CRESPO, Titular de la Cédula de Identidad Nº 12.725.572, ha cumplido a cabalidad con las presentaciones y no ha incurrido en nuevos hechos delictivos.

En este sentido, señala Decisión de fecha 28/08/03 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que: “… corresponde al juez hacer cumplir la norma contenida en el artículo 244, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la legislación adjetiva le atribuye el rol del director del proceso, de modo que cuando, la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento”.

Por lo tanto, es imperativo del Código Orgánico Procesal Penal en consonancia con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Nacional así como en los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República, que en aquellos supuestos en los que una medida Sustitutiva a la privación de la Libertad (como es en el presente caso) exceda el limite máximo legal, esto es, el lapso de dos (2) años, deberá declararse el decaimiento de la misma, a los efectos de asegurar al acusado de autos el ejercicio cabal de sus Derechos y Garantías Fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, al no haber dado causa en momento alguno al retardo en la celebración del juicio oral y público en ésta causa, ordenándose conforme a lo establecido en el artículo 244 del código Orgánico Procesal Penal y así se decide.

No considera esta operadora de justicia que el decreto de decaimiento de esta Medida, incurra en los supuestos de impunidad, ya que los Jueces de la República debemos velar por el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, los cuales no pueden estar supeditados a prohibiciones de naturaleza procesal, ni limitados de forma alguna debido a la interpretación garantísta y progresiva de nuestra carta fundamental.

Con base a lo expuesto previamente, observa esta Juzgadora la necesidad de decretar el decaimiento de la Medida de Coerción Personal dictada al ciudadano CESAR ALEXANDER PINTO CRESPO, Titular de la Cédula de Identidad Nº 12.725.572, en fecha 30 de junio 2009, por este Juzgado de Control Nº 12 de este Circuito Judicial Penal, debiendo comparecer solo las veces que sean requeridos por este Tribunal.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Doce de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, declara el Decaimiento de la Medida decretada en fecha 30 de junio 2009 al ciudadano CESAR ALEXANDER PINTO CRESPO, Titular de la Cédula de Identidad Nº 12.725.572, debiendo comparecer solo las veces que sea requerido por este Tribunal.

Notifíquese a las partes. Regístrese. Cúmplase.
LA JUEZ DE CONTROL Nº 12

ABG. MARILUZ CASTEJÓN PEROZO

LA SECRETARIA