REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, 15 de marzo de 2011 200º y 152º ASUNTO: AF41-U-2000-000154.- INTERLOCUTORIA Nº 37.- ASUNTO ANTIGUO: 1527.- En horas de despacho del día 27 de junio de 2000, la ciudadana LUISA VICTORIA BRUZUAL DE OTERO, titular de la cédula de identidad Nº 2.088.729, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 10.227, actuando en su carácter de apoderada judicial de la “COMISIÓN LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS)”, creada por Ley que autoriza al Ejecutivo Nacional para proceder a la supresión del I.N.O.S., publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.635, de fecha 28 de septiembre de 1993, posteriormente modificada según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.808 de fecha 02 de diciembre de 1994, interpuso recurso contencioso tributario de conformidad con lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº HGJT-A-1135 de fecha 30 de abril de 1999, emanada de la extinta Gerencia Jurídico Tributaria, actual Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declaró SIN LUGAR la Solicitud de Gracia interpuesta por dicha contribuyente, en contra de la Resolución Nº HJI-100-00733 de fecha 13 de julio de 1992, emitida por la Gerencial Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, y sus correlativas planillas de liquidación Nros. 01-1-61-000031; 01-1-61-000035; 01-1-61-000030; 01-1-61-000032; 01-1-61-000029; 01-1-61-000033 y 01-1-61-000034 todas de fecha 06 de marzo de 1990, por concepto de multas en materia de impuesto sobre la renta, correspondientes a los ejercicios fiscales de 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985, por un monto total de Bs. 3.974.110,05 equivalente actualmente a Bs. F. 3.974,11 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del 06 de marzo de 2007. Por auto de fecha 30 de junio de 2000, se le dio entrada a dicho recurso contencioso tributario, ordenándose formar expediente bajo el Nº 1527, actual Asunto Nº AF41-U-2000-000154, y librar boleta de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procuradora General de la República y al entonces Gerente Jurídico Tributario, actual Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT. Asimismo, se solicitó el envío a este Órgano Jurisdiccional del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado. Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 55 al 57, ambos inclusive, se admitió dicho recurso mediante sentencia interlocutoria Nº 39 de fecha 05 de marzo de 2001, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente. El 22 de marzo de 2001, se abrió la causa a pruebas. En fecha 27 de marzo de 2001, la ciudadana Luisa Victoria Bruzual De Otero, antes identificada, presentó escrito de promoción de pruebas, haciendo valer el mérito favorable de los autos y promovió pruebas documentales. Posteriormente, el Tribunal en fecha 23 de abril de 2001, admitió las pruebas promovidas por la parte recurrente, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes. El 28 de mayo de 2001, el Tribunal fijó el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes. El 06 de julio de 2001, oportunidad fijada por el Tribunal para la presentación de informes, compareció, por una parte, la ciudadana Antonieta Sbarra Romanuella, titular de la cédula de identidad Nº 6.441.670 e inscrita en el INPREABOGADO Nº 26.507, actuando en su carácter de representante del Fisco Nacional, quien presentó diligencia a objeto de consignar conclusiones escritas en trece (13) folios útiles; y por otra parte, compareció la ciudadana Gretty Laffée Fernández, titular de la cédula de identidad Nº 10.811.786 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 81.740, actuando en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, quien consignó escrito de informes, constante de dos (02) folios útiles. El 27 de julio de 2001, vencido el lapso correspondiente para la presentación de observaciones escritas a los informes de la parte contraria sin que las partes hicieran uso de ese derecho, el Tribunal dijo “VISTOS” y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia. Mediante auto de fecha 01 de marzo de 2002, se prorrogó por treinta (30) días hábiles la oportunidad para dictar el fallo correspondiente. No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente. En fecha 10 de noviembre de 2010, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó: "... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). -I- PUNTO ÚNICO Correspondería a este Órgano Jurisdiccional decidir el recurso contencioso tributario interpuesto por la “COMISIÓN LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS)”, en contra de los actos administrativos señalados previamente, cuya nulidad se pretende en el caso subjudice. Sin embargo, observa el Tribunal que la parte actora no ha realizado actuación alguna tendiente a impulsar el juicio, desde que presentó escrito de informes, en En tal sentido, es de destacar que la Sala Constitucional ha reiterado el criterio de declarar la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las cuales se haya dicho “VISTOS”; no obstante, ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. (Vid. Sentencia Nº 416, caso: Ciudadanía Activa, publicada en fecha 28 de abril de 2009.) Asimismo, ha sostenido que “el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal (…) pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos”. (Vid., Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1.153 del 08 de junio de 2006, caso Andrés Velázquez y otro.) Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con los criterios precedentemente expuestos, y vista la aludida inactividad procesal por parte de la representación judicial de la “COMISIÓN LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS)” desde el 06 de julio de 2001, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena notificar a la parte recurrente, en su domicilio procesal, para que informe en un plazo máximo de treinta (30) días continuos, contados a partir de su notificación y de la constancia en autos de haberse practicado la misma, su interés en culminar este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, en acatamiento de los criterios de la Sala Constitucional antes referidos. Transcurrido dicho lapso sin que la parte informe sobre su interés de continuar la presente causa, este Tribunal declarará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. Sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 740 y 1.402, de fechas 19 de junio y 06 de noviembre de 2008, casos: Empresa Toscany, C.A. y Altagracia Ruíz de Garagorry, respectivamente). Respecto a la forma como ha de practicarse dicha notificación, la Sala Constitucional en su decisión N° 4.294 de fecha 12 de diciembre de 2005, indicó que la notificación del actor debía efectuarse “en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal”. De esta manera, este Órgano Jurisdiccional estima necesario ordenar la notificación de la recurrente en su domicilio procesal, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a estos procesos por remisión expresa del artículo 332 del vigente Código Orgánico Tributario. -II- DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA NOTIFICAR al representante legal de la “COMISIÓN LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS)” y/o a su apoderado judicial, en su domicilio procesal, para que dentro de un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de su notificación y de la constancia en autos de haberse practicado la misma, manifieste su interés en dar por concluido este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto. Transcurrido dicho lapso sin que la parte actora manifieste su interés, este Tribunal declarará extinguida de pleno derecho la causa por pérdida sobrevenida del interés procesal. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.- El Juez Provisorio, Abg. Javier Sánchez Aullón.- El Secretario Titular, Abg. Félix José España González.- ASUNTO: AF41-U-2000-000154.- ASUNTO ANTIGUO: 1527.- JSA/ith.-