TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Caracas, 02 de marzo de 2011
200º y 152º

I. BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-
Suben los autos a esta Alzada para conocer de la inhibición propuesta por la Juez del Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dra. INDIRA PARIS BRUNI, suscrita en fecha 05.10.2010 (f.04 y 05), en el juicio que por Desalojo siguen los ciudadanos LUZ ELENA RAMIREZ y HUMBERTO RAFAEL MEDINA MERCADO contra el ciudadano VICTOR RAFAEL RUIZ CANTILLO (Exp. Nº AP31-V-2.010-001956, nomenclatura del mencionado Juzgado).
Plantea la Jueza municipal en su acta, lo siguiente:
“Revisadas como han sido las actas que conforman el expediente signado con el Nº AP31-V-2.010-001956, contentivo del juicio que por DESALOJO sigue LUZ ELENA RAMIREZ y HUMBERTO RAFAEL MEDINA MERCADO contra VICTOR RAFAEL RUIZ CANTILLO, de las mismas se desprende que a los folios 36 y 37, cursa Poder Judicial, conferido por el ciudadano VICTOR RAFAEL RUIZ CANTILLO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-16.432.310, al ciudadano FAIEZ ABDUL HADI B., titular de la cédula de identidad Nº V-4.118.860, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 25.032, y siendo que entre el abogado FAIEZ ABDUL HADI B, y mi persona, existe enemistad manifiesta, tal y como se desprende del Acta de Inhibición de fecha 25 de Enero de 2.006, donde me inhibí en el juicio que por DESALOJO intentara INVERSIONES 1457, C.A., contra ARGELI FRADIQUE MARCANO, con motivo de la Recusación que interpuso el mencionado abogado en mi contraen el expediente 2738 (nomenclatura de este Juzgado), Inhibición éste que fue declarada CON LUGAR en fecha 15 de Febrero de 2.006, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y por cuanto el abogado FAIEZ ABDUL HADI B., actúa como apoderado judicial de la parte demandada, en el presente proceso (Exp. Nº AP31-V-2010-001956), es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 82 ordinal 18 del Código de Procedimiento Civil, me INHIBO en este caso de seguir conociendo del presente juicio, y siendo que lo expuesto anteriormente pudiera hacer sospechable mi objetividad a la hora de emitir nuevo pronunciamiento en el presente juicio, y a fin de demostrar honestidad y rectitud, principios éstos, que siempre han caracterizado mis decisiones, con lo que se evidencia que no tengo interés manifiesto alguno en este juicio, ni en ningún otro, es por lo que solicito desde ya, a la respectiva Alzada que declare CON LUGAR la inhibición propuesta (…)”

Cumplido el sorteo de ley, se recibió por éste Juzgado Superior Primero en fecha 11.02.2011 (f.25), se le dio entrada y cuenta a quien suscribe. Se aceptó la competencia de conocer la presente incidencia. Y finalmente se le dio el trámite legal correspondiente.
Estando dentro de la oportunidad para decidir, se hace con arreglo a las siguientes consideraciones.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.
La inhibición, ha señalado el profesor Arístides Rengel-Romberg (Tratado de Derecho Procesal Civil, T.I, p.409), es un deber del juez y no una mera facultad, ya que el legislador procesal civil (Art. 84 Código de Procedimiento Civil) le impone al operador de justicia la obligación de declarar, “sin aguardar a que se le recuse”, que sobre él obra una causa de inhibición. Es un acto judicial y no de partes, porque lo realiza el juez, y produce su efecto en el proceso, creando una crisis subjetiva en el mismo, como lo es la separación del juez del conocimiento de la causa.
Conceptualiza a la inhibición, el mismo autor, como el “acto del juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista en la ley como causa de recusación”.
En el mismo plano doctrinal, la inhibición, para el Dr. Ricardo Henríquez La Roche (Código de Procedimiento Civil, Tomo I, Pág. 292): “Es el acto en virtud del cual el juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso”.
La inhibición deberá declararla el mismo juez cuando observe que en su persona se suscite cualquiera de las causales de recusación previstas en el artículo 82 de la norma procesal civil, y las partes no tienen derecho a solicitarle al juez que se inhiba, ya que la ley solo le otorga la facultad de recusarlo cuando considere que está incurso en alguno de los supuestos que prevé el mencionado artículo, o a solicitarle al Superior que le imponga una sanción pecuniaria si no se inhibe, a conciencia que sobre él obra un motivo de recusación, sanción que podrá alcanzar hasta un monto de mil bolívares, tal como lo establece el primer aparte del artículo 83 eiusdem.
Establece el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil que, “el funcionario judicial que conozca que en su persona existe una causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse”, pero ello, evidentemente, no autoriza al funcionario judicial a utilizarla como mecanismo o medio, como lo dicen algunos glosistas legales, de zafarse de aquellos expedientes que le resulten incómodos.
Para evitar tales conductas, el legislador sometió a la inhibición a causales taxativamente enumeradas en el artículo 82 del mismo Código, las cuales deben ser explanadas, como lo expresa el segundo aparte del artículo 84 eiusdem, en acta, “en el cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás hechos o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento”, acta que no es otra cosa que una diligencia de carácter personal que asienta el mismo juez en el expediente del cual pretende inhibirse de su conocimiento, y en la que indica la hipótesis del artículo 82 Código de Procedimiento Civil, en la que habrá de estar subsumida la conducta del funcionario judicial, para que ésta pueda proceder. Además, de que ha establecido que la misma no las valore el juez, sino que las somete a decisión de otro juez de jerarquía superior, previo el cumplimiento de la tramitación prevista en los artículos 84 y 89 del mismo Código Adjetivo Civil.
A esta tradicional manera de analizar el instituto de la inhibición, se ha incorporado el precedente judicial contenido en la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (st. 2140 del 07.08.2003), en la que ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que pueden desplegar el Juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige. Y en ese orden de ideas, considera que el Juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial.
Dice la Sala en la sentencia en comento que:
“(...) En este sentido, debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos instituciones a saber, la inhibición y la recusación, destinadas a preservar la garantía del Juez imparcial. La Doctrina tradicionalmente ha señalado que las causales de recusación del Juez previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil son taxativas y no pueden ser susceptibles de ampliación por vía de analogía y semejanza (...)
Sin embargo, la Sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que pueden desplegar el Juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige (...) En este sentido, la Sala en sentencia N°144/2000 del 24 de marzo ha indicado lo siguiente:
“En la persona del Juez natural, además de ser un Juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecno. Madrid 1988) y del exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse como tal. Dichos requisitos básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) Ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el Juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del Juez. La parcialidad objetiva de éste no solo se (sic) emanada de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un Juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de Juez natural; 3) Tratarse de una persona identificada e identificable; 4) Preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acatamiento de los hechos que se van a juzgar, es decir no ser un Tribunal de excepción; 5) Ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el Juez sea apto para juzgar; en otras palabras sea un especialista en el Área Jurisdiccional donde vaya a obrar.
En virtud de los anterior, visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del Juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abrazan todas aquellas conductas del Juez que lo hagan sospechoso de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un Juez natural , lo cual implica un Juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el Juez pude ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial (...)” (cfr. Sent. 07.08.2003. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. A. Goncálvez en amparo. Sent. N° 2140).

Recoge así la Sala Constitucional, las corrientes modernas en relación a que las causas de inhibición y/o de recusación, -acogidas por nuestro legislador adjetivo penal y por nuestro legislador adjetivo laboral- al responder a crisis subjetivas de la competencia, en la que interesa garantizar la pristinidad de la justicia, con la presencia de un juez imparcial, no cargado de subjetividad. Subjetividad que ante lo cambiante de los tiempos, pudiera darse en diversas manifestaciones, que el juez, en su conciencia pudiera expresar, sin estar atado a causas preestablecidas legalmente como únicas. Es evidente que corresponde al juez competente analizar si los elementos señalados por el juez inhibido, tienen la entidad y fuerza suficiente que extrapolen las causas o motivos de ley, y que hagan procedente la declaratoria de procedencia de la inhibición. De lo contrario, se convertiría a esta institución en una suerte de mecanismo procesal de elusión del juez de su actividad de juzgar.
La inhibición tiene su trámite específico: declarada o manifestada la inhibición, debe aguardar el lapso de dos días para el allanamiento (Art. 86 del Código de Procedimiento Civil), en el entendido que el allanamiento es el acto de la parte, a quien podría perjudicar la parcialidad del funcionario inhibido, y por el cual aquélla se aviene o conforma con que el funcionario siga conociendo del asunto, no obstante estar incurso en la causal declarada por el mismo (vid. Rengel Romberg, Arístides: ob. Cit., T.I, p, 417). El allanamiento no es posible si el inhibido es cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano de una de las partes, o tiene interés directo en el pleito (Art.85 del Código de Procedimiento Civil).
Vencido dicho lapso, sin que fuera obviado el impedimento o si se insistiere en no conocer, remitirá el expediente (Art. 93 del Código de Procedimiento Civil) al distribuidor para que éste, por sorteo, lo asigne. Y enviará copia certificada de lo conducente al juez competente, para que dirima la incidencia (Art. 89 del Código de Procedimiento Civil; 46, 47, 48 LOPJ), dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones, quien la declarará con lugar si estuviere hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas en el artículo 82 del Código Adjetivo Civil; caso contrario, la declarará sin lugar y el juez inhibido continuará conociendo (Art. 88 del Código de Procedimiento Civil).
Bajo esa óptica, la entidad o motivo de la inhibición, declarada por la Jueza municipal fue formulada en los siguientes términos: “(…) Revisadas como han sido las actas que conforman el expediente signado con el Nº AP31-V-2.010-001956, contentivo del juicio que por DESALOJO sigue LUZ ELENA RAMIREZ y HUMBERTO RAFAEL MEDINA MERCADO contra VICTOR RAFAEL RUIZ CANTILLO, de las mismas se desprende que a los folios 36 y 37, cursa Poder Judicial, conferido por el ciudadano VICTOR RAFAEL RUIZ CANTILLO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-16.432.310, al ciudadano FAIEZ ABDUL HADI B., titular de la cédula de identidad Nº V-4.118.860, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 25.032, y siendo que entre el abogado FAIEZ ABDUL HADI B, y mi persona, existe enemistad manifiesta, tal y como se desprende del Acta de Inhibición de fecha 25 de Enero de 2.006, donde me inhibí en el juicio que por DESALOJO intentara INVERSIONES 1457, C.A., contra ARGELI FRADIQUE MARCANO, con motivo de la Recusación que interpuso el mencionado abogado en mi contraen el expediente 2738 (nomenclatura de este Juzgado), Inhibición éste que fue declarada CON LUGAR en fecha 15 de Febrero de 2.006, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y por cuanto el abogado FAIEZ ABDUL HADI B., actúa como apoderado judicial de la parte demandada, en el presente proceso (Exp. Nº AP31-V-2010-001956), es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 82 ordinal 18 del Código de Procedimiento Civil, me INHIBO en este caso de seguir conociendo del presente juicio (…)”.
La figura prevista en el ordinal 18° del artículo 82 del Código Adjetivo, es decir, la “(,,,) enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado”, es de las calificadas por el doctor Rengel-Romberg como una de las causales de recusación consistentes en una excesiva distancia existente entre el juez y una de las partes, que, a su decir, se subclasifican en (i) causas fundadas por motivos jurídicos, y (ii) causas fundadas por motivos sociales. En las segundas se inscribe esta causal del ordinal 18, vale decir, entre causas de distancias fundadas por motivos sociales, que se reducen a la enemistad del juez con alguna de las partes (como consecuencia de injurias, tropiezos o disensos entre ellos) demostrada por hechos que sanamente apreciados hagan pensar la existencia de una crisis subjetiva en el recusado. (cfr. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Rengel-Romberg, Tomo I, p. 414).
La doctrina judicial de instancia ha establecido que comprende esta causal:
a.- que es necesario que los hechos lleven al ánimo del juzgador la impresión de que puedan perturbar la serenidad e imparcialidad con que debe ser administrada la justicia;
b.- que la recusación debe contener en forma precisa los elementos que creen la convicción de la existencia de una enemistad, ya que no procede bajo el simple alegato de un estado de animadversión o el señalamiento en forma vaga y abstracta de la supuesta enemistad;
c.- que no constituye enemistad el hecho de que el juez o el funcionario no se dirijan la palabra, ni mantenga ninguna clase de acercamiento, pues debe ser una enemistad grave, un estado de irritación, fundamentado en hechos precisos;
d.- que el retardo o negativa del juez en proveer pedimentos no puede considerarse motivo para recusar por esta causal, ya que legalmente están previstos los mecanismos para reclamar esa conducta del juez.

Se puede decir que son elementos que constituyen esta causal la calumnia, la intriga, la malevolencia manifestada en hechos concretos, serios; más no las simples advertencias o recriminaciones del juez a la parte para que se conduzca con lealtad y probidad en el debate, porque en este caso el juez actúa movido por el cumplimiento de su deber, o las solicitudes de que se inhiba o que provea con prontitud sobre determinado pedimento.
Ahora bien, la presente inhibición se fundamenta en que existe enemistad manifiesta entre la juez inhibida y el abogado FAIEZ ABDUL HADI B., que, conviene señalar es una enemistad que ha sido afirmada en fallos judiciales anteriores (st. Del 15.02.2006, Juzgado 5º de 1ª Instancia CMT), y tomando en consideración la presunción de verdad que tiene el acta de inhibición, y él antes referido abogado es apoderado judicial de la parte demandada, ciudadano VICTOR RAFAEL RUIZ CANTILLO, es necesario admitir que en virtud de esa enemistad, que ya ha sido manifestada con anterioridad y en otros procesos judiciales, se afectaría la imparcialidad y objetividad de la jueza municipal inhibida para decidir la demanda de Desalojo, lo cual va en perjuicio de la función de juzgar, por lo cual considera este Juzgador lleno los extremos exigidos por el numeral 18° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, para que se tenga que la Jueza inhibida ciertamente tiene un impedimento para seguir conociendo de la presente causa en virtud de la enemistad que tiene con el apoderado judicial de la parte demandada.
Y, en consecuencia, este Juzgador, a los fines de resguardar la imparcialidad que debe existir y reinar en la dirección de un determinado proceso, declara PROCEDENTE la inhibición por la causal 18ª, ya que la jueza inhibida, Dra. INDIRA PARIS BRUNI, ciertamente tiene impedimento para continuar conociendo del presente asunto, y se dispone que no continúe conociendo de la causa que cursa que por Desalojo siguen los ciudadanos LUZ ELENA RAMIREZ y HUMBERTO RAFAEL MEDINA MERCADO contra el ciudadano VICTOR RAFAEL RUIZ CANTILLO en el expediente N° AP31-V-2.010-001956 (nomenclatura de dicho Juzgado municipal). ASÍ SE DECIDE.
III. DISPOSITIVA
En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la inhibición propuesta por la Juez del Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dra. INDIRA PARIS BRUNI, suscrita en fecha 05.10.2010 (f.04), en el juicio que por Desalojo siguen los ciudadanos LUZ ELENA RAMIREZ y HUMBERTO RAFAEL MEDINA MERCADO contra el ciudadano VICTOR RAFAEL RUIZ CANTILLO (Exp. Nº AP31-V-2.010-001956 nomenclatura de dicho Juzgado municipal).
SEGUNDO: Que la mencionada Jueza no debe seguir conociendo de dicho asunto, por existir causa legal que se lo impide.
TERCERO: Expídase copia certificada de esta sentencia y remítase, con oficio, a la Juez cuya inhibición fue declarada procedente.
CUARTO: Remítase, con oficio las presentes actuaciones al Juzgado de Municipio de esta Circunscripción Judicial que haya asumido el conocimiento de dicho asunto.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA y REMÍTASE en su oportunidad.
EL JUEZ

DR. FRANK PETIT DA COSTA
LA SECRETARIA

Abg. MARÍA ANGÉLICA LONGART
Exp. Nº 11.10405
Inhibición/Int.
Materia: Civil.
FPD/mal/…

En la misma fecha se dictó y publicó el anterior fallo, siendo las nueve de la mañana. Conste,
La Secretaria,