REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADOL ARA Barquisimeto, 22 de Marzo de 2011 200º y 152º ASUNTO: KP01-P-2010-017154 REVISIÓN DE MEDIDA. Vista la solicitud formulada por la Defensa Técnica del imputado de autos ciudadano FRANCISCO ANTONIO ALDANA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.975.407, soltero, fecha de nacimiento: 24/04/1958, edad: 52 años, profesión: albañil, grado de instrucción: 4vo grado de educación básica, hijo de Juan Araujo y Leopoldina Aldana, residenciado en el Barrio El Roble, Agua Viva, calle Libertador, casa S/n casa color Rosada, a seis casa de la Iglesia Agua Viva El Roble, Barquisimeto - Estado Lara. Tlf.: 04245121802 (hijo), en relación a la Revisión de la Medida Cautelar de presentación para su ampliación, impuesta a su representado, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: Establece el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que siempre que los supuestos que motivan la Privación Judicial Preventiva de Libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de dichas medidas. En el presente caso, visto que el delito por el cual se le precalifico en la audiencia de flagrancia en la presente causa al imputado ya mencionado se refiere a la DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, Previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Droga, se trata de un delito cuyas consecuencias son considerablemente dañosas. Por otra parte, debe destacarse que estos supuestos que motivaron la aplicación de la Medida Cautelar consistente en Arresto Domiciliario decretada, a criterio de este Tribunal, no han cambiado y no se han modificado; en consecuencia, NO es posible, decretar la ampliación de la medida cautelar sustitutiva solicitada. Debe destacarse que en nuestro sistema adjetivo penal, se orientó la privación de libertad o las condicionantes para ejercer plenamente el derecho a la libertad a través de la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, específicamente a que se cumpla con los extremos contenidos en la norma adjetiva Penal, a fin de que este acreditada la existencia del hecho punible, fundados elementos de convicción y presunción razonable del peligro de fuga por la pena que podría llegar a imponerse, elementos éstos que quedaron acreditados en autos en la oportunidad que se decretó la Medida cuya revisión se solicita, como ya se mencionó. En este sentido, la proporcionalidad implica que se pondere objetivamente los derechos lesionados, en este caso el de la libertad (del imputado) y el derecho a no ver amenazada y a no sufrir daños a la integridad física (de la colectividad), y a la paz social (de la sociedad), considerándose así que todos ellos son significativos y gozan de protección constitucional, y que la Privación Preventiva de Libertad, aun cuando afecta un derecho fundamental, como lo es el Derecho a la Libertad, no implica su violación si ha sido decretada y limitada tomando en cuenta los elementos que la misma ley exige; así una medida cautelar puede afectar un derecho e incidir en el, pero no violarlo si se cumple las condiciones que hace procedente la restricción de ese derecho. Siendo condición sine qua non la adecuación de la medida, la necesidad de la medida y su proporcionalidad en sentido estricto, como a juicio de este Tribunal, ha sucedido en el presente caso. Es por ello que la reserva legal, permite al legislador en los términos que establece la propia Constitución, restringir ese Derecho fundamental a la Libertad, no solo para proteger otros derechos constitucionales que están en colisión, sino para proteger intereses colectivos de distinta naturaleza (un cuerpo y mente sanos), siempre que se respete el principio de proporcionalidad, y en el presente caso la proporcionalidad existe tanto por la pena que pudiera llegar a imponerse por este delito como por la magnitud de las consecuencias dañosas que este causa. En las actuales circunstancias y tomando en consideración lo ya expuesto, este Tribunal considera que los supuestos que privaron para decretar la medida de coerción personal a la cual se encuentra sujeto el imputado de autos, pueden ser satisfechos sin una ampliación de dicha medida, por lo cual la misma debe MANTENERSE y así se decide. DISPOSITIVA. En base a las consideraciones que preceden, este Tribunal de Control Nº 6 Administrando Justicia En Nombre De La República Bolivariana De Venezuela Y Por La Autoridad Que Le Confiere La Ley DECLARA SIN LUGAR la solicitud de Revisión de Ampliación de medida formulada por la Defensa del ciudadano FRANCISCO ANTONIO ALDANA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.975.407, soltero, fecha de nacimiento: 24/04/1958, edad: 52 años, profesión: albañil, grado de instrucción: 4vo grado de educación básica, hijo de Juan Araujo y Leopoldina Aldana, residenciado en el Barrio El Roble, Agua Viva, calle Libertador, casa S/n casa color Rosada, a seis casa de la Iglesia Agua Viva El Roble, Barquisimeto - Estado Lara. Tlf.: 04245121802 (hijo), sobre la aplicación de ampliación de la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, contenida en el artículo 256 ordinal 1º la Norma Adjetiva Penal, de Arresto Domiciliario decretada en fecha 27/11/2010 la cual se ordena MANTENER. Líbrese la respectiva notificación. NOTIFICAR A LAS PARTES. LA JUEZA DE CONTROL Nº 6 ABG. LUÍSABETH MENDOZA PINEDA. LA SECRETARIA