REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE CONTROL
EXTENSION CARORA
Carora, 3 de Marzo de 2011
200º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL : KP11-P-2011-000211
ASUNTO : KP11-P-2011-000211
ASUNTO: SOBRESEIMIENTO
JUEZA: ABOG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIA: ABOG. ESTHER LA CRUZ ZAMBRANO
MINISTERIO PÚBLICO: FISCALÍA OCTAVA DEL MINISTERIO PUBLICO
INVESTIGADOS: PERSONAS POR IDENTIFICAR
VICTIMA: STEVE ESARL GONZALEZ CRESPO E INVERSIONES BANUS
DELITO: ROBO
Revisadas como han sido las actuaciones que conforman el presente asunto relacionado con la solicitud de sobreseimiento presentada por la Fiscalía Octava del Ministerio Público en el estado Lara, en la causa penal seguida a PERSONAS POR IDENTIFICAR, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que este órgano jurisdiccional en funciones de control se pronuncia en los términos que a continuación se indican.
Se inicia la presente causa en fecha 25 de mayo de 2004, mediante denuncia formulada por el ciudadano STEVE ESARL GONZALEZ CRESPO, quien denunció en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad, que dos personas portando armas de fuego lo despojaron de una cantidad de dinero propiedad de INVERSIONES BANUS, que se indica en actas, cuyas circunstancias de modo, tiempo y lugar se indican en la misma, manifestando el mismo las características de una de las personas que lo despojó del dinero y en relación al otro no pudo observarlo, procediendo el mencionado cuerpo de investigación a realizar la respectiva participación al despacho fiscal, con relación a los hechos ocurridos, ordenando la vindicta pública, el inicio de la correspondiente averiguación penal, donde aparece como investigados PERSONAS POR IDENTIFICAR y como Victima el referido ciudadano y la empresa INVERSIONES BANUS, debiendo el cuerpo de investigaciones ya referido, practicar todas las diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos, constando en actas que dichos objetos fueron recuperados en buen estado de uso y conservación, lo cual a criterio del Despacho Fiscal, se podrían encuadrar en uno de los delitos contra la propiedad, Robo.
Ahora bien, considera esta Juzgadora, que de la investigación realizada por el ente Fiscal con motivo de los hechos ocurridos el día 25 de mayo de 2004, los cuales se dieron lugar en la forma ya indicada, siendo que el ente Fiscal solicitó al Tribunal el decreto de Sobreseimiento de la presente causa conforme a lo dispuesto en el ordinal 3º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el articulo 108 del Codigo Penal Venezolano Vigente.
En tal sentido, considera quien juzga que si bien el pedimento fiscal esta orientado al sobreseimiento de la causa en virtud del tiempo transcurrido, previa revisión de las actuaciones que integran la investigación llevada por ese despacho fiscal, no surgieron elementos de convicción que hagan posible formular acusación con bases sólidas en contra de persona alguna, y desde la oportunidad indicada no realizó actuación alguna que permita determinar la identidad de la persona que ejecutó la conducta que fuere señalada por la vindicta pública, y ante la imposibilidad de incorporar nuevos elementos, toda vez que no se logró la individualización de los presuntos autores de hecho, aunado a que la Victima las características y vestimenta de uno de los investigados y no pudo observar a la otra persona, por lo que considera quien juzga que los hechos señalados se ajustan al contenido del articulo 318 numeral 4 del texto adjetivo penal.
Así tenemos que, cuando el sobreseimiento de la causa es dictado como acto conclusivo, por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; cuando la acción se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado; y cuando así lo establezca expresamente este Código, por lo que el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, salvo, en los casos en que la acusación haya sido desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 numeral 2 del texto adjetivo penal.
Observa el Tribunal que en atención al Código Orgánico Procesal Penal, en su articulo 24, el Fiscal del Ministerio Público, ejerce la titularidad de la Acción Penal en nombre del Estado, atribuyéndole la potestad de solicitar cuando concurran las circunstancias fáctico jurídicas indispensables, el decreto de Sobreseimiento de una causa, lo cual implica el cese de la persecución penal, cuando no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y por ende la ausencia de bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, siempre que la Fiscalía haya ejercido a cabalidad el mandato Constitucional y Legal que tiene por monopolizar el ejercicio de la acción penal, y en este sentido haber agotado todas las averiguaciones necesarias conducentes a la búsqueda de la verdad, valiéndose de la labor de los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, por las vías jurídicas siempre y cumplir con la finalidad del proceso.
En este orden, se evidencia que efectivamente no existe manera de incorporar mayores datos a la investigación que permitan la continuación de la persecución penal, toda vez que hasta la presente fecha no fue indicada por el ente fiscal, la participación de persona alguna, en los hechos que fueren ocurridos en la oportunidad señalada, en la forma indicada por el ciudadano STEVE ESARL GONZALEZ CRESPO, en perjuicio del establecimiento INVERSIONES BANUS y su persona, como responsable del citado hecho delictual, ya que la víctima solo hace señalamientos en cuanto a la ocurrencia de los hechos, debiendo por tanto considerarse como ajustada a derecho la posición del Ministerio Público, motivo por el cual este órgano jurisdiccional en atención al contenido del articulo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 26 ejusdem, al evidenciar que existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, procede a resolver sobre la petición fiscal declarando con lugar la solicitud de Sobreseimiento de la presente causa seguida a personas por identificar, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la propiedad (Robo), modificando el fundamento de la solicitud en atención al contenido del numeral 4 articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, circunstancia ésta que igualmente se materializaría en el acto de debate oral en caso de ser llevada a la referida fase procesal y que este despacho judicial decreta en garantía del debido proceso, así como eficacia y eficiencia del sistema de administración de justicia, y así se decide.
DISPOSITIVA
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Extensión Carora, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve en los términos que a continuación se indican: PRIMERO: A solicitud de la Fiscalía Octava del Ministerio Público en el estado Lara, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida con motivo de los hechos denunciados el día 25 de mayo de 2004, donde aparece como investigado personas por identificar, por los hechos que fueren denunciados por el ciudadano STEVE ESARL GONZALEZ CRESPO, en perjuicio de su persona y del establecimiento INVERSIONES BANUS, ubicado en esta ciudad, en uno de los delitos contra la propiedad, Robo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no existe la razonable posibilidad de incorporar datos que permitan la certificación de la comisión del hecho e individualización de la responsabilidad penal, modificando de esta forma el pedimento fiscal, en atención al contenido del articulo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 26 ejusdem, circunstancia ésta que igualmente se materializaría en el acto de debate oral en caso de ser llevada a la referida fase procesal y que este despacho judicial decreta en garantía del debido proceso, así como eficacia y eficiencia del sistema de administración de justicia. SEGUNDO: Líbrese las notificaciones respectivas y remítase el asunto en su oportunidad legal al Archivo Judicial del Estado Lara a los fines de su conservación y archivo, transcurrido el lapso legal pertinente. Y ASI SE DECIDE
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA CERTIFICADA. CUMPLASE
LA JUEZA DECIMA SEGUNDA DE CONTROL
ABOG. YALETZA CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ
LA SECRETARIA
ABOG. MILAGROS DEL VALLE MILLANO GÜERE
En la misma fecha se publicó la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el Juzgado.
LA SECRETARIA
ABOG. MILAGROS DEL VALLE MILLANO GÜERE
|
