REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL
Valencia, 31 de marzo de 2.011
200° y 152°
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 2365
El 7 de enero de 2.011, la ciudadana María Carolina Acosta Rivas, titular de la cédula de identidad N° V-6.871.760, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 41.562, en su carácter de apoderada judicial de G.T.S. TECNICAS AMBIENTALES, C.A., siendo su ultima modificación por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, Bajo el Nro. 4, Tomo 51-A el 27 de junio de 2.007, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F), bajo el N° J-294321615 y Licencia de Actividad Económica N° 694, con domicilio procesal en el Centro Comercial Vasconia, piso 5, oficina 1050 en la Av. Perro Russo Ferrer, Los Teques, estado Miranda; interpuso recurso contencioso tributario contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DSHM-000317/2010, del 11 de Agosto de 2.010, emanada de la Alcaldía del Municipio José Félix Ribas del estado Aragua.
El 13 de enero de 2.011, se le dió entrada a dicho recurso y le fue asignado el N° 2605 al respectivo expediente.
El 24 de marzo de 2.011, se dictó auto por recibida la comisión emanada del Juzgado de los Municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, mediante el cual remite resultas de las últimas notificaciones libradas, y que en está oportunidad correspondió al Sindico Procurador y Alcalde del Municipios José Félix Ribas.
Estando las partes a derecho y siendo la oportunidad legal procesal correspondiente para admitir o no el presente recurso contencioso tributario, el tribunal observa:
Los actos recurridos, son actos administrativos de efectos particulares, que fueron impugnados por ante la autoridad competente, dentro del lapso legal correspondiente así, constatada la legitimidad de las personas que se presentaron como representantes de la recurrente y no constando en autos oposición alguna, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, considera cumplidos los extremos de admisión del presente recurso contencioso tributario, conforme a lo previsto en el artículo 266 del Código Orgánico Tributario, así como llenos los requisitos exigidos por los artículos 259, 260, 261 y 262 eiusdem, razones por la que ADMITE dicho Recurso en cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva, de acuerdo a lo señalado en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario.
Con respecto a la solicitud de suspensión de los efectos intentada por la contribuyente conjuntamente con su escrito de nulidad; observa este juzgador que la recurrente de forma sucinta invoca el contenido del artículo 263 del Código Orgánico Tributario vigente, sin aportar elementos probatorios que hagan presumir la comprobación de los requisitos de procedencia, limitándose a indicar “… Que en virtud de tratarse de una violación constitucional y en salvaguarda de un posible daño económico irreparable a mi representada se suspenda los efectos de la Resolución Interna N° DSHM-000317/2010, emanada de la dirección Sectorial de Hacienda del Municipio José Félix Ribas del Estado Aragua suscrita por su Director Sectorial de Hacienda Municipal ciudadano Claudio Petrocchi, titular de la Cédula de Identidad N° 11.031.308, según lo establecido en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario…”. Se desprende del escrito recursorio que la contribuyente no fundamentó suficientemente el fumus bonis iuris y el periculum in damni como requisitos concurrentes de procedencia que justifican la necesidad de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación. En consecuencia, considera el juez que no deben suspenderse los efectos del acto recurrido al no existir interposición del juicio ejecutivo, por no haber concurrencia de los requisitos antes identificados y por considerar que en este caso sólo debe pronunciarse cuando exista concurrencia de los dos institutos jurídicos o en la eventualidad que el juicio ejecutivo sea interpuesto por la administración tributaria en el transcurso del proceso. Así se decide.
Siendo la oportunidad procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 del Código Orgánico Tributario, queda el juicio abierto a pruebas a partir del primer (1er) día de despacho siguiente al de hoy.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de dos mil once (2.011). Año 200° de la Independencia y 152° de la Federación.
Juez Titular
Abg. José Alberto Yanes García
Secretaria Titular,
Abg. Mitzy Sánchez.
Exp. Nº 2605
JAYG/ms/lr.
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