TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Expediente:
GP02-L-2009-001064

Parte demandante:

Ciudadano HUMBERTO ANTONIO GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-12.314.711.-

Apoderados judiciales:
Abogada: DEYSI YUSTIS MEDINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 94.923.-

Parte demandadas:
MOCASA MOLINOS CARABOBO, S.A.

Apoderados judiciales:

Abogada: KELLY MELENDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 129.720.-

Motivo:

COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.-

Vista la diligencia presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 20 de Enero de 2011, cursante a los folios “205 al 214” y su recaudo anexo cursantes a los folio “215” suscrita por la abogada DEYSI YUSTIS MEDINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 94.923, en su carácter de apoderada judicial del demandante y por la otra parte la abogada KELLY MELENDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 129.720, mediante la cual manifiesta que han alcanzado un acuerdo transaccional, se hacen las siguientes consideraciones:
El numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concordado con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen los requisitos que debe reunir las transacciones que se refieran a derechos laborales a los fines de que sea susceptible de homologación por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa del trabajo y adquiera la eficacia de la cosa juzgada.
En efecto, el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra:

“Artículo 89.- El Trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1. (…);
2. Los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”

Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé:

“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.
Parágrafo Único: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”
Finalmente, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece:

“De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al termino de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstancia de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”
Pero, además, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, señala:
“…Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil...”
En ese orden de ideas, el artículo 1.714 del Código Civil, expresa:
“…Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción…”
Por su parte, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, textualmente señala:
“...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas de remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa...”
En consecuencia, corresponde a los Jueces Laborales o Inspectores del Trabajo, en cada caso, velar que el acto transaccional cumpla con tales requisitos antes de su proceder a impartirle la homologación correspondiente, todo garantizar la eficacia de la cosa juzgada y así evitar futuros litigios sobre lo transado, contribuyendo con ello al mantenimiento de la seguridad jurídica y paz social.
Con fundamento en tales premisas, la empresa ofrece la suma de BOLIVARES FUERTES TREINTA MIL EXACTOS (Bsf. 30.000,00), suma ésta que de común acuerdo y voluntad de las partes será pagada en cheque a nombre de HUMBERTO GUTIERREZ, bajo el N° 10401390 por BOLIVARES FUERTES VEINTE MIL EXACTOS (Bsf. 20.000,00) y cheque N° 95501389 a nombre de DEYSI YUSTIS, según instrucciones impartida por estos. Ambos girados contra la cuenta N° 0114-0223-20-2230018483 del Banco del Caribe.
De igual modo se aprecia que las partes en su escrito transaccional convienen en la fecha de inicio y término de la relación de trabajo.
Tomando en consideración tales referencias, se advierte que la transacción subexamine ha sido concertada con posterioridad al término de la relación de trabajo sostenida entre las partes y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y los derechos en ella comprendidos, con motivo de la cual la parte demandada ofrece pagar al accionante, mientras que la representación de este último así lo acepta, la suma de BOLIVARES FUERTES TREINTA MIL CON CERO CENTIMOS (Bsf. 30.000,00), cantidad que comporta reciprocas concesiones respecto de los conceptos objeto de la transacción y concertada en el interés común de las partes de terminar todo litigio, juicio o controversia sobre derechos que se causaron o pudieron causarse con motivo de las relaciones que existieron o pudieron existir entre las mismas y su terminación.
Por otra parte, que los intervinientes aparecen suficientemente autorizados para concertar y suscribir el referido acto de auto composición procesal, teniendo ambos facultades para transigir.
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su homologación al acuerdo transaccional alcanzado por las partes a los fines de que tenga fuerza de cosa juzgada, en tanto sus intervinientes tienen capacidad para acceder al mismo y comporta recíprocas concesiones respecto de los conceptos y derechos discutidos en el presente juicio siendo que, en relación con los mismos, cumple con los requisitos establecidos en numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 10 de su Reglamento, todo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 154, 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicables analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Igualmente, este órgano jurisdiccional, como autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo transaccional alcanzado por las partes, enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la referida formula de auto composición, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general y de acuerdo a sus capacidades por lo que, por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
No hay condenatoria en costas a tenor de lo establecido en el parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese. Déjese copia autorizada de la presente decisión. A los Diecisiete (17) días del mes de MARZO de 2011.-

La Juez,

CAROLA DE LA TRINIDAD RANGEL
La Secretaria,

ANMARIELLY HENRIQUEZ

En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 09:00 a.m.

La Secretaria,
ANMARIELLY HENRIQUEZ