JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Expediente Número AP42-N-2007-000343 En fecha 17 de septiembre de 2007, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se recibió escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Antonio José Meneses Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 22.181, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana GERAUDI DOLORES GONZÁLEZ OLIVARES, titular de la cédula de identidad número 11.362.554 contra la decisión dictada en sesión extraordinaria número 1.436 de fecha 14 de diciembre de 2006, pronunciada por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. Previa distribución de la causa, el 19 de septiembre de 2007, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, por auto de esa misma fecha, se asignó la ponencia al Juez Emilio Ramos González. En fecha 21 de septiembre de 2007, se pasó el expediente al Juez ponente. En fecha 31 de Octubre de 2007, esta Corte dictó decisión nº 2007-01908 mediante la cual remitió el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que continúe su curso de ley. En fecha 15 de enero de 2008, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación. En fecha 25 de marzo de 2008, se pasó el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines legales consiguientes. En fecha 26 de marzo de 2008, se recibió el presente expediente en el Juzgado de Sustanciación. En fecha 31 de marzo de 2008, el referido Juzgado admitió el recurso y ordenó citar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Rector de la Universidad de Carabobo y a la Procuradora General de la República, esta última de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo, ordenó la notificación mediante boleta fijada en la cartelera de esta Corte, en condición de terceros interesados, de los ciudadanos María Rodríguez, Orlando Castro, Nancy Tovar, Gilda Talavera, Minerlines Racamonte, Lesbia Lizardo, Eduardo Salazar, Amada Mogollón, Carlos Graterol, Alonso Heredia, Xiomara Camargo, Herminia León, María Jiménez, Carmen Rodríguez, Zoraida Boada, MAría de Gouveia, María Osabarrio, Amanda Rodríguez, Arsenia Triana, Sergio Guánchez, Blanca Sánchez, Aura Henríquez, María Fernández, Flor Gallegos, Juan Calderón, Isabel Falcón, Alida Malpica, Luisa Rojas, Jairo Pérez, Ángel Bellio, Madelen Piña, Frank Hernández, Luis de Sousa, María Ana Collado Millán y Janett Rafaela Zerbe Álvarez, de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del aparte 1º del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, concediéndoles al efecto, un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de la fecha en que sea fijada la referida boleta, para que se les tuviera por notificados. En la misma fecha, se comisionó al Juzgado Cuarto del Municipio Valencia del Estado Carabobo a los fines de notificar al ciudadano Rector de la Universidad de Carabobo y se advirtió que el cartel de emplazamiento de los interesados sería librado al tercer día de despacho siguiente a que constara en el expediente las últimas de las notificaciones efectuadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, aparte 11 de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, se ordenó requerir del ciudadano Rector de la Universidad de Carabobo los antecedentes administrativos del caso. En fecha 1º de abril de 2008, se dejó constancia que se fijó en la cartelera de esta Corte la boleta de notificación librada a los ciudadanos María Rodríguez, Orlando Castro, Nancy Tovar, Gilda Talavera, Minerlines Racamonte, Lesbia Lizardo, Eduardo Salazar, Amada Mogollón, Carlos Graterol, Alonso Heredia, Xiomara Camargo, Herminia León, María Jiménez, Carmen Rodríguez, Zoraida Boada, MAría de Gouveia, María Osabarrio, Amanda Rodríguez, Arsenia Triana, Sergio Guánchez, Blanca Sánchez, Aura Henríquez, María Fernández, Flor Gallegos, Juan Calderón, Isabel Falcón, Alida Malpica, Luisa Rojas, Jairo Pérez, Ángel Bellio, Madelen Piña, Frank Hernández, Luis de Sousa, María Ana Collado Millán y Janett Rafaela Zerbe Álvarez. En esa misma fecha, se libraron las boletas y oficios de notificación correspondientes, en cumplimiento de la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación. Así como se fijó boleta de notificación de los referidos terceros. En fecha 8 de abril de 2008, el alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó oficio de comisión Nº JS-CSCA-2008-251, dirigido al Juzgado Cuarto del Municipio Valencia del estado Carabobo, el cual fue enviado mediante valija oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), el día 08 de abril de 2008. En esa misma fecha, el alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó oficio Nº JS-CSCA-2008-253, dirigido al Ciudadano Rector de la Universidad de Carabobo, el cual fue enviado mediante valija oficial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), el día 08 de abril de 2008. En fecha 17 de abril de 2008, se dejó constancia que venció el lapso de diez (10) días de despacho concedidos para la notificación de los ciudadanos María Rodríguez, Orlando Castro, Nancy Tovar, Gilda Talavera, Minerlines Racamonte, Lesbia Lizardo, Eduardo Salazar, Amada Mogollón, Carlos Graterol, Alonso Heredia, Xiomara Camargo, Herminia León, María Jiménez, Carmen Rodríguez, Zoraida Boada, MAría de Gouveia, María Osabarrio, Amanda Rodríguez, Arsenia Triana, Sergio Guánchez, Blanca Sánchez, Aura Henríquez, María Fernández, Flor Gallegos, Juan Calderón, Isabel Falcón, Alida Malpica, Luisa Rojas, Jairo Pérez, Ángel Bellio, Madelen Piña, Frank Hernández, Luis de Sousa, María Ana Collado Millán y Janett Rafaela Zerbe Álvarez. En fecha 29 de abril de 2008, el alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó la notificación realizada a la ciudadana Procuradora General de la República la cual fue recibida por el Gerente General de Litigio en fecha 23 de abril de 2008. En fecha 30 de abril de 2008, el alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó notificación efectuada al ciudadano Fiscal General de la República, en fecha 17 de abril de 2008. En fecha 25 de junio de 2008, se recibió oficio Nº 298, de fecha 04 de junio de 2008, emanado del Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, anexo al cual remitió las resultas debidamente cumplidas de la comisión librada por el Juzgado de Sustanciación. En fecha 30 de junio de 2008, el referido Juzgado ordenó agregar a autos las resultas consignadas, con motivo de la comisión Librada al Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En fecha 1º de julio de 2008, se libró el cartel de emplazamiento a que hace referencia el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha 10 de julio de 2008, el apoderado judicial de la parte recurrente, retiró el cartel de emplazamiento librado por el Juzgado de Sustanciación. En fecha 28 de julio 2008, el apoderado judicial de la parte recurrente consignó el cartel de emplazamiento librado por el referido Juzgado, debidamente publicado en el diario “Últimas Noticias” el 22 de julio de 2008. En fecha 29 de julio de de 2008, el Juzgado de Sustanciación ordenó agregar a autos la publicación consignada. En fecha 6 de agosto de 2008, el apoderado judicial de los ciudadanos Ángel Salvador Bellio Garrido, Luis Antonio De Sousa y otros, solicitó la “declaratoria con lugar del presente RECURSO DE TERCERÍA CONCURRENTE EN EL DERECHO ALEGADO CON EL RECURRENTE POR FUNDAMENTARSE EN IDÉNTICO TÍTULO JURÍDICO con todos sus efectos jurídicos”. Asimismo, consignó poder original que certifica su representación. En fecha 24 de septiembre de de 2008, el apoderado judicial de la parte recurrente consignó escrito de promoción de pruebas y poder original que certifica su representación. En fecha 24 de septiembre de 2008, la abogada Heliane Uzcátegui, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en Nº 55.819, actuando en representación de la Universidad de Carabobo, consignó los antecedentes administrativos del caso. En fecha 25 de septiembre de 2008, el Juzgado de Sustanciación ordenó agregar a autos los antecedentes administrativos. En fecha 1º de octubre de 2008, el apoderado judicial de los ciudadanos Ángel Salvador Bellio Garrido, Luis Antonio De Sousa y otros, consignó escrito de promoción de pruebas. En fecha 7 de octubre de 2008, se ordenó practicar por secretaria cómputo de los días de despacho trascurridos desde la fecha de publicación del cartel de notificación a los terceros interesados, esto es, a partir del 22 de julio de 2008, exclusive, hasta el día 14 de agosto de 2008, inclusive. Asimismo, se ordenó computar por Secretaría los días de despacho transcurridos desde el 14 de agosto de 2008, exclusive, hasta el día 24 de septiembre de 2008, inclusive. En esa misma, fecha la Secretaria del Juzgado de Sustanciación certificó que “ (…) desde el día 22 de julio de 2008 (fecha en la cual se publicó el cartel de notificación a los terceros interesados), exclusive, hasta el día 14 de agosto de 2008 (fecha en la que venció el lapso para que los terceros interesados se hicieran parte), inclusive, transcurrieron diez (10) días de despacho, correspondientes a los días 23, 28, 29 y 31 de julio de 2008; 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de agosto de 2008. De igual modo, se [certificó] que desde el día 14 de agosto de 2008, exclusive, hasta el día 24 de septiembre de 2008, transcurrieron cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas, correspondientes a los días 16, 17, 18, 22 y 24 de septiembre de 2008. Asimismo, se [advirtió] que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia acordó mediante resolución número 2008-0024 de 23 de julio de 2008, que ningún Tribunal despacharía desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2008, ambas fechas inclusive; y que durante ese período permanecerían en suspenso las causas y no correrían los lapsos procesales (…)”. [Corchetes de esta Corte]. En fecha 7 de octubre de 2008, el Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte recurrente y admitió la documental marcada con letra “B”, e indicó que correspondería a esta Corte la valoración de los autos que conforman el presente expediente, en la oportunidad de resolver el fondo del asunto controvertido; igualmente se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte recurrente y los terceros intervinientes inadmitiendo por extemporáneo. En fecha 17 de febrero de 2009, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el presente expediente a esta Corte, a los fines que continuara su curso de ley. En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Corte. En esa misma oportunidad se recibió el presente expediente en la secretaria de esta Corte. En fecha 17 de junio de 2010, el apoderado judicial de los ciudadanos Ángel Salvador Bellio Garrido, Luis Antonio De Sousa y otros, solicito la admisión del pronunciamiento de la tercería. En fecha 17 de enero de 2011, la abogada Sorsire Fonseca la Rosa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado Nº 66.628, actuando en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público ante las Cortes en lo Contencioso Administrativo, consignó escrito de Informe y copia simple de Gaceta Oficial que acredita su representación. En fecha 16 de marzo de 2011, se ordenó agregar a autos copias certificadas de las decisiones dictadas por esta Corte, en fechas 15 y 30 de noviembre de 2010 y 6 de diciembre de 2010, relacionadas con los expedientes signados con las nomenclaturas Nros AP42-N-2007-000347, AP42-N-2007-000346, AP42-N-2007-000344 y AP42-N-2007-000351. En fecha 3 de mayo de 2011, el apoderado judicial de la parte recurrente solicitó la inhibición de los jueces de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo; petición que ratificó el 2 de agosto de 2011. En fecha 12 de mayo de 2011, mediante auto se concedieron treinta y cinco (35) días de despacho, contados a partir del día de despacho siguiente a esa fecha, para que las partes presentaran sus informes por escrito, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010 En fecha 4 de agosto de 2011, se abrió la segunda pieza del expediente judicial. En fecha 4 de agosto de 20111, se dijo “vistos”. En fecha 11 de agosto de 2011, se pasó el presente expediente al Juez ponente. En fecha 21 de septiembre de 2011, el apoderado judicial de la parte recurrente consignó diligencia mediante la cual renunció a los poderes otorgados en la presente causa. I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD INTERPUESTO CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS En fecha 17 de Septiembre de 2007 el apoderado judicial de la ciudadana Geraudi Dolores González Olivares, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra la decisión del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo dictada en sesión extraordinaria Nº 1436 de fecha 14 de diciembre de 2006, que acordó aprobar el dictamen emanado de la Dirección de la Consultoría Jurídica contenido en el oficio Nº CJ-729-2006-DISCU de fecha 30 de noviembre de 2006, fundamentando su recurso en las siguientes razones de hecho y de derecho: Que su poderdante “(…) ingresó en fecha 1 de junio de 2004 a dictar clases en la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO como docente contratada por Concurso de Credenciales con Dedicación a Tiempo Convencional, y en la actualidad su formación académica superior y de postgrado es la siguiente: UNIVERSIDAD DE CARABOBO, título obtenido Licenciada en Educación, Mención Lengua y Literatura, año 2002 y Maestría en Lingüística que actualmente realizó en la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL) Núcleo Maracay en la cual es tesista (sic) (…)” (Mayúsculas del original). Asimismo expuso que “(…) la relación de contratos de trabajo, sus modificaciones, renovaciones y prórrogas existentes entre la UNIVERSIDAD DE CARABOBO y [su] poderdante como docente Universitaria conforme Constancia de Servicios Docentes de fecha 19 de octubre de 2006 (…) es la siguiente: ingresó como docente contratada el 1 de junio de 2004, fecha en que se dio inicio al primer contrato de trabajo en ese contexto que finalizó el 31 de octubre de 2004 relación laboral con la cual continuó su actividad docente universitaria de forma no interrumpida hasta hoy, luego dentro del mes siguiente o treinta (30) días también siguientes, en fecha 1 de mayo de 2005 dio comienzo una renovación de contrato respectivamente hasta el 31 de agosto de 2005, con la cual prorrogada y extendida en el tiempo en varias oportunidades la relación laboral con la Universidad, y demostrada la voluntad común de continuar esa relación laboral hasta hoy, ella se convirtió a tiempo indeterminado por aplicación de las GARANTÍAS DE ESTABILIDAD LABORAL E IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS establecidas en la CONSTITUCIÓN y el mencionado artículo 74 de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte]. Precisó que “(…) convertida la relación laboral de tiempo determinado a tiempo indeterminado desde esa última fecha en adelante, la secuencia de renovaciones de contratos y prórrogas consecutivas es la siguiente. Desde el 1/9/2005 al 31/3/2006, hasta el día de hoy, en que tiene más de dos (2) años de continuo y no interrumpido servicio docente como Profesora de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO (…)” (Mayúsculas del original). Asimismo señaló que el artículo 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la estabilidad laboral en el ejercicio de la carrera docente y el derecho a la actualización permanente en el ejercicio de la indicada carrera. Añadió, que la actual Constitución consagra como materia de reserva legal los requisitos y condiciones de ingreso, promoción o ascenso y permanencia en el sistema educativo de los profesores y profesoras, lo cual impide que cada Universidad mediante sus actos administrativos reglamente esa materia, lo cual no lesiona la autonomía universitaria ni la potestad autonormativa, sino que lo que persigue es la uniformidad de criterios sobre el perfil docente, o sea sobre lo elementos de ingreso, promoción o ascensos y permanencia en el sistema universitario. Asimismo señaló, que dichas garantías constitucionales conforman la protección integral del nivel de vida de todos los docentes universitarios, incluidos los profesores contratados sin excepción, plena estabilidad, y actualización permanente de sus derechos laborales en virtud del carácter intangible y progresivo de éstos, reconocidos como derechos humanos en los artículos 19 y 89 del actual Texto Constitucional. Advirtió, que la Ley del Estatuto de la Función Pública excluyó expresamente de su aplicación a los miembros del personal directivo, académico, docente y de investigación de las Universidades “(…) no obstante formar parte del personal de la Administración Pública que compone tales Universidades (…) y además en aplicación del artículo 146 de la CONSTITUCIÓN que clasifica a los empleados de la Administración Pública entre funcionarios de carrera, funcionarios de libre nombramiento y remoción, y personal contratado en cuya categoría última [estarían] incluidos los Profesores y Profesoras Universitarias Contratadas (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte]. En este mismo orden de ideas expresó que “(…) debe en consecuencia aplicarse no únicamente a los miembros ordinarios del personal docente y de investigación, sino también a los docentes universitarios contratados y a su relación de trabajo con la Universidad en lo concerniente a su ESTABILIDAD LABORAL E IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS, en primer lugar el régimen de principios, derechos y garantías establecidas en la CONSTITUCIÓN, y por mandato de ella misma (artículos 19 y 89), el régimen normativo establecido en la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO que es ley de rango orgánica, expresión de los derechos y garantías constitucionales (no obstante haber sido promulgada el 16 de noviembre de 1.990 (sic), vigente desde el 1º de mayo de 1.991 (sic) y reformada el 19 de junio de 1.997 (sic)) salvo y en razón de la especialidad del trabajo docente como materia regulada jurídicamente, algunos dispositivos legales sobre la relación de los docentes con la Universidad contenidos en la LEY DE UNIVERSIDADES (vigente desde el 8 de septiembre de 1.970 (sic) como es el caso de los artículos 92, 110, 111, 112 y 113 entre otros, que regulan las causas de despido o remoción, el debido proceso y la reincorporación por destitución arbitraria; debiendo aplicarse muy particularmente el artículo 74 de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO por establecer un derecho subjetivo a favor de todos los trabajadores y trabajadoras contratadas sin excepción manifestación del DERECHO AL TRABAJO y a la ESTABILIDAD LABORAL tutelada constitucionalmente, la presunción juris tantum de continuación de la relación laboral y transformación de tiempo determinado a tiempo indeterminado hecho efectiva (sic) en el caso de [su] poderdante como en el caso de muchos profesores contratados.(…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte]. Alegó, que una vez que la relación de trabajo se ha convertido en una relación laboral a tiempo indeterminada los profesores y las profesoras que se encuentran en esa situación están amparados por un régimen jurídico de plena estabilidad laboral, del mismo modo que los profesores que son miembros ordinarios del personal docente y de investigación de la Universidad, por concurrir en uno y otro caso, una relación laboral a tiempo indeterminada. Arguyó que la plena estabilidad laboral le proporciona determinados beneficios, a saber: la prohibición de despido o remoción sin justa causa prevista en los artículos 110 y 111 de la Ley de Universidades, la exigencia del debido proceso administrativo consagrada constitucionalmente en el artículo 49 y en los artículos 112 y 113 de la Ley de Universidades, la prohibición impuesta a la Universidad en su rol de patrono de disminuirle de manera arbitraria la carga horaria de clases al profesor o profesora universitaria contratada, que se conoce como despido indirecto y el derecho a la protección integral del profesor universitario, su bienestar y su mejoramiento individual y familiar, lo cual se encuentra recogido en los artículos 86, 102, 104 y 114 del Texto Constitucional vigente. En este orden de ideas, adujo que los profesores universitarios contratados del mismo modo que los profesores ordinarios tienen el derecho a la actualización permanente en el ejercicio de la carrera docente con relación a los conocimientos, al sistema de promoción, ascenso o escalafón universitario o derecho a ascender, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los artículo 90, 91, 107 y 108 de la Ley de Universidades y al artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Asimismo hizo referencia a los artículos 86, 87, 90, 91, 107, 108 de la Ley de Universidades así como al artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indicando explícitamente que dichos artículos deben serle aplicados a los profesores universitarios contratados, así como la legislación prevista en la Ley Orgánica del Trabajo y no la establecida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, por encontrarse expresamente excluidos de dicho régimen los profesores universitarios. Reiteró que al momento de elegir al personal ordinario de una Universidad debe prevalecer lo establecido en el artículo 104 de la Constitución vigente, siendo inconstitucional cualquier otro sistema de elección de profesores universitarios. Del mismo modo manifestó que al establecer dicho artículo como materia de reserva legal el régimen de ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, resulta inconstitucional la remisión que prevé la Ley de Universidades a los reglamentos universitarios, específicamente en el presente caso al Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo, debiendo en consecuencia “(…) ser desaplicados dichos artículos de la LEY DE UNIVERSIDADES y el mencionado ESTATUTO, por vía del CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD (…)”. (Mayúsculas del original). Motivado por lo antes expuesto, arguyó que los requisitos y condiciones que deben cumplir los profesores universitarios contratados, así como los requisitos y condiciones del contrato, deben ser establecidos siempre en primer lugar por la Constitución, en segundo lugar por la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Universidades en sintonía con la Constitución y finalmente por los Reglamentos Universitarios. Asimismo, indicó que el Estatuto de Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo señala que el ingreso del personal contratado a una Universidad debe ser excepcional, sin embargo, existen muchos profesores que tienen más de once (11) años contratados, impartiendo determinada cátedra y en las cuales no se ha llamado a concurso de oposición, de manera que a esta clase de profesores no se les puede considerar como simples contratados, sino como “(…) Profesores y Profesoras Universitarias cuyas relaciones laborales con la Universidad por trascender las características de profesor universitario contratado pautadas en el ESTATUTO, aún independientemente de la prohibición de regulación en dispositivos de rango legal en virtud de la GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE RESERVA LEGAL, escapan a la regulación del ESTATUTO y están sustentadas actualmente en un régimen jurídico de ESTABILIDAD LABORAL CONSTITUCIONAL Y LEGAL que dichas relaciones laborales por si mismas originan, con similar régimen de estabilidad laboral al que protege a los miembros ordinarios del personal docente, en el sentido de que no pueden ser despedidos sin justa causa y siempre a través del Debido Proceso (…)”. (Mayúsculas del original). Finalmente, alegó que deben ser aplicados los parámetros establecidos en el artículo 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para el reconocimiento del personal ordinario de la Universidad de Carabobo y no el Estatuto de Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo. Por los motivos antes referidos, arguyó que su representada Geraudi Dolores González Olivares “(…) tiene el derecho a que la UNIVERSIDAD DE CARABOBO a través de su CONSEJO UNIVERSITARIO reconsidere su clasificación en el escalafón correspondiente según establece el artículo 90 de la LEY DE UNIVERSIDADES e igualmente comoquiera que cumple los requisitos que exige la CONSTITUCIÓN y la LEY DE UNIVERSIDADES tiene el derecho a ser promovido a la categoría de instructor como nivel inmediato superior que le corresponde en el escalafón docente universitario, derecho de todo aquel que se inicia en la docencia universitaria, tal cual prescribe el artículo 91 de la misma ley(…)” (Mayúsculas del original). Que “(…) un grupo de treinta y seis (36) profesores universitarios, treinta y cinco (35) de las (sic) FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (FACE) del cual forma parte [su] poderdante, y una (1) profesora universitaria de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (FACES) DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO, que fueron contratados con 2, 4, 6, 8, 9 años y en su mayoría con más de 10, 20 y hasta 31 años de comenzado su servicio docente universitario, mediante procedimientos administrativos encabezados por solicitudes administrativas individuales, iniciados en octubre y noviembre de 2006, y que en el presente caso de [su] poderdante la Profesora GERAUDI DOLORES GONZÁLEZ OLIVARES fue presentada el 27 de octubre de 2006 (…) precisamente con fundamento en los hechos ocurridos y el Derecho expuesto en el presente escrito, precisamente porque las autoridades de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO les han desconocido durante todos los años sus DERECHOS HUMANOS LABORALES, pidieron al CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA VIDA UNIVERSITARIA, el reconocimiento de esos IRRENUNCIABLES DERECHOS CONSTITUCIONALES”. (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte]. Advirtió, que todavía para el momento en que su representado solicitó al Consejo Universitario su condición de miembro ordinario del personal docente y de investigación de esa Casa de Estudios, y se desarrollaron múltiples sesiones del Consejo Universitario para tratar el referido caso, “(…) no se les permitió ejercer ni uno (1) de los treinta (36) derechos de palabra que fueron pedidos oportunamente en todas y cada una de las treinta y seis (36) solicitudes administrativas (…)”, a ninguno de los profesores afectados, y subsiguientemente fueron notificados con el contenido de los actos administrativos firmados por el Secretario de la Universidad de Carabobo, sobre las decisiones tomadas por el Consejo Universitario en las cuales se desconoció los más elementales derechos humanos laborales y de seguridad social. Señaló, que específicamente en el caso de su poderdante fue notificada de la decisión del Consejo Universitario el 18 de enero de 2007, mediante Oficio Nº CU-615 de fecha 8 de enero de 2007, y en fecha 22 de enero de 2007 interpuso el Recurso de Reconsideración contra el acto administrativo de dicho Consejo Universitario, “(…) el cual es absolutamente nulo conforme lo dispuesto en los artículo (sic) 19 ordinal 1° de la LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS y artículo 25 de la CONSTITUCIÓN (…)” (Mayúsculas del original). Asimismo que “(…) siendo la realidad universitaria la narrada (…) y siendo estos los pronunciamientos del CONSEJO UNIVERSITARIO, esta claro que desconocen y niegan abiertamente al SISTEMA DE GARANTÍAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES LABORALES que considera a los DERECHOS LABORALES como DERECHOS HUMANOS impuestos por la SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL y devenidos de más de medio centenar de convenios internacionales a través ‘de una serie de principios y derechos (Artículos 87 al 97) que procuran resguardar un ámbito de seguridad para los trabajadores, indistintamente del régimen al cual estén sometidos, denominado por la citada sentencia número 790 SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DEL TRABAJO, expresado asimismo a través de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO especialmente en su artículo 74 y otros, que incluye a todos los Profesores Universitarios contratados y a [su] poderdante como personal contratado de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA al cual la CONSTITUCIÓN no permite discriminar en perjuicio de sus derechos bajo ninguna circunstancia, y desconocen y niega la existencia de la RESERVA LEGAL sobre las condiciones de ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, de los profesores universitarios prevista en el artículo 104, por lo cual infringen gravemente por falta de aplicación de los derechos fundamentales de [su] poderdante (…)”. (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte]. Que “(…) a objeto de impedir con suficiente antelación esta grave situación de amenaza a [su] Estabilidad Laboral derivada de la puesta en práctica de los viciados CONCURSOS DE OPOSICIÓN que ha sido objeto de un RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD por parte de veintisiete (27) profesores contratados (…) lo cual significa que los profesores contratados están exigiendo que se les otorgue casi una sexta (1/6) parte de los cargos ofertados, veinticuatro y cuatro (sic) (24) cargos discutidos de ciento cincuenta (150) cargos ofertados (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte]. Asimismo que “(…) los fallos quedarían ilusorios, porque no existirían los cargos vacantes de profesor ordinario instructor donde pudieran ser ubicados, por lo cual la continuación de estos CONCURSOS DE OPOSICIÓN, lesionan gravemente a los profesores contratados en su DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL EJERCICIO DE LA CARRERA DOCENTE y su DERECHO A LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN EL EJERCICIO DE LA CARRERA DOCENTE al obstaculizarles el ascenso a profesores ordinarios, derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 104 y urge por tanto la suspensión de todos y cada uno de los actos administrativos que componen los CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA OPTAR A LOS CARGOS DE PROFESOR ORDINARIO con el nivel de INSTRUCTOR en la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (…)” (Mayúsculas del original). Por lo antes expuesto, solicitó “(…) suspender los efectos de la decisión del CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN dictada en sesión extraordinaria Nº 500 de fecha 29 de marzo de 2007, impugnada judicialmente, con la cual se dio apertura a los CONCURSOS DE OPOSICIÓN, actual proceso de CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA OPTAR A LOS CARGOS DE PROFESOR ORDINARIO con el nivel de INSTRUCTOR en la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO, conformen lo dispuesto en el artículo 21 de la LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, visto como efectivamente esta suficientemente alegada y probada la presunción grave de buen derecho, Fumus Bonis Iuris o Humo de Buen Derecho fundamento mismo de la protección cautelar, en el presente caso las violaciones a nuestros derechos, y además esta suficientemente alegado y probado el Periculum in mora o peligro en la demora, mediante la alegación y la prueba sobre hechos y circunstancias específicas relativas a la naturaleza y extensión de los daños y perjuicios irreparables, o que darían lugar a que el fallo no pueda ejecutarse y quede ilusorio de no suspenderse los efectos de los actos administrativos impugnados”. (Mayúsculas del original). Finalmente, solicitó la sustanciación del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido y que fuera declarado con lugar II DEL ESCRITO DE LOS TERCEROS En fecha 6 de agosto de 2008, el abogado Antonio Meneses actuando con el carácter de los representantes de los terceros señaló que los intervinientes son parte en otros recursos contenciosos administrativos de nulidad (salvo la profesora Yelitza Velásquez), debidamente admitidos en las correspondientes decisiones judiciales de cada una de estas Cortes, cuyos expedientes contentivos de los libelos de demanda, decisiones judiciales de admisión y documentos que les acompañan se encuentran en esta Corte Segunda y en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y su valor probatorio como instrumentos públicos invocó, en los expedientes son los siguientes: Nº Expediente Recurrente Corte en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 338 María Osabarrio Segunda AP42-N-2007-000 343 Geraudi González Segunda AP42-N-2007-000 344 Carlos Graterol Segunda AP42-N-2007-000 346 Herminia León Segunda AP42-N-2007-000 347 Isabel Falcon Segunda AP42-N-2007-000 348 Janett Zerbe Segunda AP42-N-2007-000 351 Aura Henríquez Segunda AP42-N-2007-000 354 Alonzo Heredia Segunda AP42-N-2007-000 361 Eduardo Salazar Segunda AP42-N-2007-000 363 Sergio Guánchez Segunda Nº Expediente Recurrente Corte en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 340 Madelen Piña Primera AP42-N-2007-000 341 Blanca Sánchez Primera AP42-N-2007-000 345 Frank Hernández Primera AP42-N-2007-000 349 Lesbia Lizardo Primera AP42-N-2007-000 350 Luis De Sousa Primera AP42-N-2007-000 352 Amanda Rodríguez Primera AP42-N-2007-000 353 Alida Malpica Primera AP42-N-2007-000 355 María Manuela Jiménez Primera AP42-N-2007-000 356 Ángel Bello Primera AP42-N-2007-000 358 Flor Gallegos Primera AP42-N-2007-000 360 Nancy Tovar Primera AP42-N-2007-000 362 Zoraida Boada Primera AP42-N-2007-000 302 TODOS Nulidad de Concursos Primera El apoderado judicial de los terceros, señaló en el escrito de tercería, respecto a la situación de la profesora Yaletzi Velázquez, que “(…) convertida la relación laboral de tiempo determinado a tiempo indeterminado desde esa última fecha en adelante, la secuencia de renovaciones de contratos y prórrogas consecutivas es la siguiente: desde el 01/10/2000 al 30/03/2001; desde el 01/04/2001 al 31/09/2001; desde el 01/10/2001 al 31/03/2002; desde el 01/04/2002 al 31/08/2002, desde el 01/09/2002 al 30/04/2003, desde el 01/05/2003 al 31/08/2003, desde el 01/09/2003 al 30/04/2004, desde el 01/05/2004 al 31/10/2004, desde el 01/11/2004 al 30/04/2005, desde el 01/05/2005 al 31/08/2005, desde el 01/09/2005 al 31/03/2006 y de allí hasta hoy en que la mencionada profesora tiene más de diez (10) años de continuo y no interrumpido servicio docente como profesora de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO (…)”. (Mayúsculas del escrito). En lo que respecta a los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos por la representación judicial de los intervinientes en el referido escrito, ratificó todos y cada uno de los señalamientos hechos en el escrito de nulidad. III INFORME DEL MINISTERIO PÚBLICO En fecha 17 de enero de 2011, la abogada Sorsire Fonseca la Rosa, actuando en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, consignó escrito de opinión fiscal en el cual expuso lo siguiente: Manifestó que “El objeto del presente recurso de nulidad interpuesto por la profesora GERAUDI DOLORES GONZÁLEZ (…) contra la decisión dictada por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria Nro. 1436, de fecha 14 de diciembre de 2006 (…)” (Mayúsculas del original). Expuso que “(…) en esa sesión se acordó aprobar el dictamen de la Dirección de Consultoría contenida en el oficio Nro. CJ-729-2006-DISCU, de fecha 30 de noviembre de 2006, y en consecuencia negó los pedimentos docentes, que formulara conjuntamente con un grupo de profesores en fecha 6 de noviembre de 2006, referidos a los derechos a la estabilidad laboral y a la actualización permanente de los beneficios económicos, la formación académica y el escalafón universitario, con fundamento en la garantía constitucional de reserva legal sobre los requisitos y condiciones de ingreso, promoción o ascenso y permanencia en el sistema educativo de los profesores universitarios (…)”. (Mayúsculas del original). Denunció que “(…) el acto recurrido viola la garantía constitucional a la estabilidad laboral en el ejercicio de la carrera docente, así como los derechos a la actualización permanente en el mismo y la garantía de reserva legal sobre el sistema de ingresos y permanencias consagrado en el artículo 104 del Texto Constitucional”. Que “(…) la Universidad de Carabobo en respuesta a la solicitud formulada por la recurrente dirigida a su reconocimiento como personal de carrera de esa Casa de Estudios, le señaló que la forma de ingreso a la carrera se produce solo a través de los concursos de oposición, desestimando así el pedimento formulado por la profesora (…)”. Expresó que “(…) el artículo 104 del Texto Constitucional confiere autonomía organizativa y funcional a las Universidades dentro de los límites establecidos por la ley, con el objeto de que estructuren las bases o directrices bajos las cuales implementaran su normativa interna a fin de regular su funcionamiento (…)”. Resaltó que “(…) la Ley de Universidades constituye el instrumento normativo de carácter general en el ámbito nacional, destinado a regir todo lo relativo al funcionamiento y organización de las Universidades, entendidas éstas como instituciones al servicio de la República en tal sentido, dicho instrumento prevé, entre otros aspectos relacionados con su organización, lo relativo al régimen de ingreso, ascenso y retiro del personal docente y de investigación adscrito a tales Instituciones. En el artículo 26 ejusdem se faculta a los Consejos Universitarios para dictar los reglamentos internos de sus universidades conforme a la ley; mientras que en el artículo 62 de la ley in comento al señalar las atribuciones de los Consejos de Facultad refiere a ‘... Los demás que le señale la Ley, los Reglamentos y los Acuerdos del Consejo Universitario’, lo que les permite desarrollar las normas de funcionamiento que le permitan alcanzar los objetivos propuestos en la parte pedagógica y académica, logrando así resultados óptimos en la actividad educativa (…)”. Reiteró que “(…) la Ley de Universidades regula, de manera general, los supuestos relacionados con el ingreso, ascenso y reubicación del personal docente adscrito a las Universidades, dejando, sin embargo, dicha Ley la posibilidad de que el detalle de todas estas situaciones relacionadas con el personal docente sea regulado de manera pormenorizada y puntual a través de los Reglamentos Generales que, a tal efecto, dicten las respectivas Casas de Estudio, pues, como se expresó antes éstas gozan de potestad normativa desviada de su autonomía organizativa (…)”. Indicó que “(…) a las Universidades les está dada la autonomía universitaria para establecer a través de sus estatutos internos sus propias normas referidas a su funcionamiento incluido el ingreso y ascenso del personal docente, cuyas normas se encuentran representadas en los estatutos y reglamentos internos de cada universidad, por lo que el régimen relativo al ingreso y permanencia del personal docente a cada universidad cuando este regulada en un texto distinto a la Ley no transgrede la reserva legal debiendo desestimarse tal argumento(…)”. Apuntó que “(…) las autoridades de la Universidad de Carabobo dictaron el acto impugnado, en ejercicio de la autonomía funcional que le confiere la competencia a las Universidades para dictar sus propias normas de funcionamiento conforme a la ley, las cuales se encuentran orientadas a optimizar el sistema educativo, por lo que tal directriz comporta la implementación de mecanismos dirigidos a la selección adecuada de los profesores que van a ingresar a prestar sus servicios a través de los concursos de oposición, que le permiten a los aspirantes presentar sus credenciales para optar a las plazas vacantes, y pasar a ser miembros ordinarios de la Universidad con todas las prerrogativas laborales que ello implica, sin embargo también existe un grupo de docentes que desarrollan sus funciones bajo la modalidad de contratados para cubrir las plazas vacantes en tanto se efectúen los concursos para cubrirlas, cuyas condiciones laborales son convenidas por las partes a través de los contratos (…)”. Destacó que “(…) tales funciones son ejercidas provisionalmente, pues conforme a la ley el mecanismo de ingreso y ascenso en el escalafón se da solo a través de los concursos, tal como se ha venido señalando, por lo que no podría aspirar la recurrente que el transcurso del tiempo desempeñando sus funciones como contratada le exonere este requisito y le confiera automáticamente la categoría de miembro ordinario, pues estaría contraviniendo todas las disposiciones previstas por la ley y desarrolladas por el Estatuto interno que regulan el ingreso del personal docente a esa Casa de Estudios. Conforme a lo anterior, se desestima el alegato de de la parte recurrente referido a la violación contenido en el ordinal 1° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos, así como su solicitud a través de este recurso de que se le otorgue la condición de miembro ordinario de esa Universidad sin haber concursado(…)”. Arguyó, que “(…) se evidencia que han transcurrido muchos años sin que esa Casa de Estudios haya regularizado la situación presentada en las cátedras que se encuentran a cargo de docentes contratados por períodos que van de los diez (10) años en adelante, por lo que sería oportuno para esa Universidad aperturar los concursos correspondientes, que permitan a los docentes contratados presentar sus credenciales y los recaudos requeridos para concursar y optar así al cargo que vienen desempeñando y de ganar el concurso, obtener la estabilidad laboral solicitada, lo que a su vez redundaría en una mayor estabilidad y supervisión sobre quienes desempeñan esas cátedras, que comportaría un mayor rendimiento y calidad en la enseñanza”. Agrego que “en cuanto a la desaplicación solicitada por control difuso de la constitucionalidad, el Ministerio Público desestima tal planteamiento, puesto que el fundamento de dicha solicitud conduce a la denuncia anterior, la cual ha sido ya desestimada (…)”. Finalmente, solicitó que sea declarado sin lugar el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana Geraudi Dolores González Olivares. IV DE LA COMPETENCIA Primeramente, debe señalarse que mediante decisión de fecha 3 de octubre de 2007, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, con fundamento en la sentencia Nº 1.030, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 11 de agosto de 2004, (caso: Jorge Quintero contra la Universidad Central de Venenzuela) se declaró competente para conocer del presente recurso de nulidad en primer grado de jurisdicción. No obstante lo anterior, es preciso advertir que la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República, mediante decisión Nº 142 del 28 de octubre de 2008, analizó el criterio establecido por la Sala Político Administrativa de la sentencia Nº 242 de fecha 20 de febrero de 2003, como sigue: “(…) resulta imperioso para la Sala, a objeto de determinar el órgano jurisdiccional al cual le corresponde conocer la demanda de calificación de despido, analizar cuál es el régimen legal correspondiente al conocimiento de las acciones intentadas por los docentes contra las Universidades, con ocasión de una relación de trabajo, tal como ocurre en el caso de autos y, en tal sentido, observa lo siguiente: Ha sido reiterado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el criterio esgrimido en su fallo N° 242 de fecha 20 de febrero de 2003, (caso: Endy Argenis Villasmil Soto y otros contra la Universidad del Sur del Lago ‘Jesús María Semprúm’ UNISUR), conforme al cual estableció que: …existen relaciones laborales que requieren un tratamiento especial respecto del régimen competencial aplicable, como es el caso de los Docentes Universitarios, quienes desempeñan una labor fundamental y muy específica al servicio de las Universidades y de la comunidad, además de estar sujetos a un régimen especialísimo y específico que no necesariamente se compara con el régimen aplicable a los funcionarios públicos. En tal sentido, la Sala Político-Administrativa, en el fallo antes referido resolvió que, aún cuando la Ley del Estatuto de la Función Pública en el artículo 1, Parágrafo Único, excluye de su ámbito de aplicación el conocimiento de las acciones intentadas por los ‘…miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo y de investigación de las universidades nacionales’; no obstante, las relaciones funcionariales o de empleo público que involucren a tal personal deben estar tuteladas, primordialmente, por los principios -de orden constitucional- relativos al juez natural y al criterio de especialidad, de acuerdo a la materia de que se trate, de conformidad con los artículos 26 y 49 numeral 4 de la Carta Magna, excluyéndolos del ámbito de la Ley Orgánica del Trabajo. De esta manera, se reconoce que los docentes universitarios -en el ámbito social, político, económico y científico- cumplen una función primordial no sólo para la comunidad estudiantil, sino para el desarrollo general de la Nación, y que, por tanto, las relaciones de trabajo de éstos con las Universidades deben estar sujetas al régimen competencial especial de la jurisdicción contencioso administrativa, por ser ésta última la parte integrante del Poder Judicial encargada de establecer los controles judiciales a las actuaciones del Estado como organización política -en sus diversas ramas-, entre las cuales se incluyen las instituciones de educación superior de rango nacional, como es la Universidad de Oriente. Criterio este (sic) que es asumido por la Sala Plena en esta oportunidad. Así se declara. Determinado lo anterior, debe ahora esta Sala Plena establecer a cuál de los órganos que conforman la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde conocer la demanda de autos y, a tal efecto, advierte que aún cuando la misma Sala Político Administrativa ha establecido (partiendo del vacío normativo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en lo que respecta a la atribución competencial), que la competencia para conocer de las acciones que interpongan los docentes universitarios con ocasión de la relación de trabajo que mantienen con las Universidades corresponde a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, dando por reproducidas -de forma parcial- las disposiciones contenidas en el artículo 185, ordinal 3º de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (vid. sentencias de la Sala Político Administrativa Nros. 5997 del 26 de octubre de 2005, caso: Ricardo Enrique Rubio Torres contra la Universidad del Zulia, y 17 publicada en fecha 11 de enero de 2006, caso: Omar Alexis Barrios Castiblanco contra la Universidad Simón Rodríguez); no obstante, luego de realizado un estudio exhaustivo del caso, este órgano jurisdiccional considera oportuno realizar las siguientes consideraciones: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, establece el marco legal sobre el cual se consolidará la existencia efectiva de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y, en ese sentido, el acceso a los órganos de la administración de justicia (artículo 26 de la Carta Magna) y el debido proceso (artículo 49 ejusdem) son derechos fundamentales que aseguran el acercamiento de la justicia -como valor primordial de la vida en sociedad- al ciudadano. De allí que, en el presente caso, establecer la obligación a los docentes universitarios de acudir ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, cuya sede se encuentra en la capital de la República, con el objeto de plantear acciones contra las Universidades Nacionales en razón de la relación de trabajo existente entre ambos, podría representar un obstáculo para el goce de los referidos derechos. En este sentido, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en su fallo N° 1700 de fecha 07 de agosto de 2007 (caso: Carla Mariela Colmenares Ereú), estableció el ámbito competencial de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo para la resolución de los amparos constitucionales, señalando lo siguiente: ‘…considera esta Sala que mantener el criterio residual para el amparo partiendo de lo que establecía el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no resulta idóneo frente al principio de acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de ‘disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’. Lo expuesto ya ha sido advertido por este Alto Tribunal, al establecer que la distribución competencial en amparo constitucional debe realizarse atendiendo no sólo a la naturaleza de los derechos lesionados, conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino además salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, señalándose como competente al Tribunal de mayor proximidad para el justiciable. Verbigracia, ha sido el criterio que imperó en la sentencia de esta Sala N° 1333/2002; así también la sentencia de la Sala Plena N° 9/2005 que citó a la primera. Inclusive, respecto a la distribución competencial para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, esta Sala, en la sentencia N° 3517/2005, indicó que el conocimiento de tales recursos ‘corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia…’, (resaltado del texto citado), extracto que resume la clara intención del Máximo Tribunal de darle mayor amplitud al derecho al acceso a la justicia que estatuye el artículo 26 de la Constitución. Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v. gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional. Así, aún cuando el criterio expuesto determina la competencia -en primer grado de jurisdicción- de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales para el conocimiento de las acciones de amparo, instituciones jurídicas de distinta naturaleza y procedimiento de las que tienen las acciones o querellas que puedan interponer los docentes universitarios contra las Universidades Nacionales derivadas de la relación de trabajo entre ambos, no obstante, esta Sala Plena considera, en virtud de la protección de la tutela judicial efectiva y a objeto de unificar el criterio en lo que respecta al ámbito competencial de los referidos Juzgados, que la competencia para conocer de las acciones o querellas que intenten los docentes universitarios contra las Instituciones de Educación Superior de rango nacional, como es la Universidad de Oriente (U.D.O.) corresponde, en primera instancia, a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la respectiva región y, en apelación, correspondería a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas. Así se establece”. (Negrillas de esta Corte). Así, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en la oportunidad de resolver sobre un conflicto de competencia, concluyó que debía unificarse el criterio en lo que respecta al ámbito competencial de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, y estimó que la competencia para conocer de las acciones o querellas que intenten los docentes universitarios contra las Instituciones de Educación Superior de rango nacional, corresponde, en primera instancia, a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la respectiva región y, en apelación, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas. Aunado a lo anterior, debe destacarse que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, advirtiendo la citada modificación del criterio que se venía manteniendo en esa Sala en materia competencial respecto de “las acciones intentadas por los docentes contra las Universidades, con ocasión de una relación de trabajo”, asumió el citado cambio de criterio y declaró que la competencia para conocer de los mencionados casos corresponde en primera instancia a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, y en segunda instancia a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. (Vid. Sentencia Nº 1493, de fecha 20 de noviembre de 2008, caso: Asia Yusely Zambrano Rodríguez Vs. el Consejo de Apelaciones de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda UNEFM). En el caso del recurso contencioso administrativo de nulidad que nos ocupa, observa esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que el mismo trata de una acción interpuesta por la ciudadana Geraudi Dolores González Olivares –docente–, contra la Universidad de Carabobo, en razón de una relación de trabajo, a fin de verificar la vigencia de la competencia asumida originariamente por este Órgano Jurisdiccional, deben realizarse las siguientes precisiones: 1.- Del análisis y revisión de los criterios competenciales supra señalados, esto es, la sentencia Nº 142 del 28 de octubre de 2008, dictada por la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República (en la que se procedió a revisar el criterio establecido por la Sala Político Administrativa en la sentencia Nº 242 de fecha 20 de febrero de 2003), y la sentencia Nº 1493, dictada en fecha 20 de noviembre de 2008, por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (mediante la cual se asumió el criterio establecido en la referida sentencia Nº 142 de la Sala Plena), no se desprende que las referidas Salas hayan establecido expresamente los efectos en el tiempo del criterio competencial establecido, ya que si bien resulta evidente que los recursos contencioso administrativos de nulidad ejercidos por Docentes Universitarios contra Universidades nacionales con ocasión de una relación de trabajo ejercidos después de la fecha de publicación de la sentencia Nº 142, deben ser conocidos por los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, no se estableció la suerte de los recursos de la misma naturaleza que hubiesen sido presentados para el momento en que el criterio competencial no había cambiado, que ya hubiesen sido admitidos o incluso sustanciados en su totalidad, tal como ocurre en el presente caso. 2.- El presente juicio ha sido sustanciado en su totalidad siguiendo el procedimiento aplicable, en el cual se han cumplido las formalidades indispensables para garantizar a las partes su derecho a la defensa y al debido proceso, de manera que dilatar el pronunciamiento definitivo en el presente caso, atentaría contra la tutela judicial efectiva a obtener una decisión oportuna. 3.- En la oportunidad en que el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se declaró competente para conocer del presente recurso, se atuvo al criterio competencial vigente para el momento en que se ejerció el recurso contencioso administrativo de nulidad. De acuerdo a las precisiones realizadas, estima esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que en el presente caso debe tomarse en consideración el principio de perpetuatio fori, establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 19 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ella los cambios posteriores de dicha situación, salvo disposición de la Ley. (Vid. Sentencia N° 832 dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de julio de 2004, caso: Minera Las Cristinas C.A., vs. Corporación Venezolana de Guayana). Así, sobre la base de lo anterior, debe concluirse que el criterio competencial establecido en la sentencia Nº 142 del 28 de octubre de 2008, dictada por la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República y la sentencia Nº 1493, dictada en fecha 20 de noviembre de 2008, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, no resulta aplicable al caso de autos, y en consecuencia, por cuanto para el momento en que la ciudadana Geraudi Dolores González Olivares y los terceros interesados, accionaron contra la Universidad de Carabobo, este Órgano Jurisdiccional resultaba competente para conocer del presente recurso de acuerdo a lo establecido en la sentencia Nº 242 dictada por la Sala Político Administrativa en fecha 20 de febrero de 2003, (caso: Endy Argenis Villasmil Sotos y Otros Vs. Universidad del Sur del Lago “Jesús María Semprúm”); debe esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ratificar en esta oportunidad su competencia para el conocimiento de la controversia planteada (Vid. sentencia Nro. 2010-01714, de fecha 15 de noviembre de 2010, caso: Isabel de los Ángeles Falcón Cordero contra el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo) . Así se decide. V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Punto Previo En fecha 3 de mayo de 2011, el abogado Antonio José Meneses Díaz, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte recurrente, solicitó la inhibición de los Jueces de la Corte para continuar conociendo de la presente causa “(...) en razón de que las sentencias indicadas, claramente expresan la opinión de esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO sobre lo principal del presente juicio, a consecuencia de pronunciarse esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO precisamente sobre la pretensión principal objeto del debate en el presente caso, y constitutiva además de impedimento legal para conocer del juicio, causal de inhibición prevista en la LEY ORGANICA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (....)”. (Mayúsculas del original). De igual forma en fecha 2 de agosto de 2011, planteó nuevamente la solicitud de inhibición de los jueces de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la siguiente manera: “ En horas de despacho del día de hoy dos (2) de agosto de 2011, comparece ante esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, el Dr. ANTONIO JOSÉ MENESES. Abogado en libre ejercicio de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el n° 22.181, actuando con el carácter de apoderado judicial de GERAUDI DOLORES GONZÁLES OLIVARES, recurrente principal en este juicio suficientemente identificada en autos, para exponer y solicitar: consta de autos que en fecha tres (3) de mayo de 2011 comparecí ante esta Corte y pedí su inhibición para que se abstuviera de continuar conociendo la presente causa, levantara el acta y remitiera el expediente a la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO por estar incursa en la causal de inhibición y recusación prevista en el articulo 42 numeral 5° de la LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA que hace efectiva la GARANTÍA DE LA IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR consagrada en el artículo 26 y 49 numeral 3° de la CONTITUCIÓN y conforme lo dispuesto en los artículos 43 y 46 también de la LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA causal además de suspensión del cargo de juez o jueza para el caso de que el juzgador no cumpla su deber de inhibirse, según lo dispuesto en el articulo 33 numeral 8 del CÓDIGO DE ETICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y LA JUEZA VENEZOLANA, todo lo cual ratifico en el día de hoy. Ahora bien, como expresé en la diligencia de fecha tres (3) de mayo de 2011, en el texto del libelo del recurso que da inicio al presente juicio, consta que su objeto es la nulidad de la decisión del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO dictada en sesión extraordinaria n° 1436 de fecha 14-12-2006 que acordó aprobar el dictamen emanado de la Dirección de Consultoría Jurídica contenido en oficio n° CJ-729-2006-DISCU, de fecha 30-11-2006 y negó los pedimentos administrativos de la Profesora GERAUDI DOLORES GONZÁLES OLIVARES, y sus compañeros y compañeras docentes, el reconocimiento de los derechos fundamentales como la ESTABILIDAD LABORAL garantía de los derechos políticos entre ellos el DERECHO AL VOTO, el BONO DE ALIMENTACIÓN, las BONIFICACIONES BÁSICAS, el DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL y el DERECHO A LA JUBILACIÓN entre otros, lo que constituye la pretensión principal objeto del debate judicial en el presente juicio, el mismo objeto que tienen los demás juicios mencionados en esta diligencia, cuyos recursos judiciales fueron interpuestos de forma individual debido a que el acto administrativo cuya nulidad se pidió, fue notificado por el ente administrativo como acto administrativo individual no obstante que el acto impugnado tiene efectos colectivos para todos los profesores contratados de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, razón por la cual las demandas de tercería presentadas y admitidas en los juicios, se interpusieron para darles unidad y uniformidad a todos los juicios y no por otra razón, vista como la pretensión procesal es la misma y la sentencia judicial que se dicte en cada juicio indudablemente afecta a todas y todos los recurrentes en todos los juicios, los siguientes: Nº Expediente Recurrente Corte AP42-N-2007-000 338 María Osabarrio Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 343 Geraudi González Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 344 Carlos Graterol Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 346 Herminia León Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 347 Isabel Falcon Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 348 Janett Zerbe Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 351 Aura Henríquez Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 354 Alonzo Heredia Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 361 Eduardo Salazar Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 363 Sergio Guánchez Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo Nº Expediente Recurrente Corte en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 340 Madelen Piña Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 341 Blanca Sánchez Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 345 Frank Hernández Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 349 Lesbia Lizardo Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 350 Luis De Sousa Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 352 Amanda Rodríguez Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 353 Alida Malpica Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 355 María Manuela Jiménez Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 356 Ángel Bello Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 358 Flor Gallegos Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 360 Nancy Tovar Corte Primera en lo Contencioso Administrativo AP42-N-2007-000 362 Zoraida Boada Corte Primera en lo Contencioso Administrativo Similitud de pretensión procesal que consta en los libelos de los recursos judiciales de nulidad y en las sentencias dictadas por esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que fueron apeladas oportunamente pues son injustas, al negar derechos fundamentales como la ESTABILIDAD LABORAL, el BONO DE ALIMENTACIÓN, las BONIFICACIONES BÁSICAS, el DERECHO A LA .SEGURIDA SOCIAL y el DERECHO A LA JUBILACIÓN entre otros, con lo cual, a) ignoran la gravísima situación de violación de derechos fundamentales expresada en el acto administrativo impugnado, de que son víctimas los decentes recurrentes y miles de docentes contratados en la UNIVERSIDAD DE CARABOBO muchos de ellos con bastantes años dedicados a la docencia universitaria y hasta más de treinta y un (31) años como es el caso de la Profesora GERAUDI GONZÁLEZ cuya causa esta tramitada en el expediente de esta Corte N° AP42-N-2007-000351, explicada en los textos de las demandas y no contradichas por las autoridades y sus representantes por cuanto es cierta, y además, b) ignoran a la nueva LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN y a la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO aplicable por mandato de la primera, al tratar de justificar el maltrato de que son víctimas los docentes contratados, y así las cosas estos fallos judiciales refuerzan en el ejercicio del cogobierno a la ultraderecha o derecha radical universitaria (por su origen político y conducta sectaria y excluyente) liderizada por la Rectora profesora JESSY DIVO, los vicerrectores académico y administrativo profesores ULISES LEAL y JÓSE ÁNGEL FERREIRA, el secretario profesor PABLO AURE y los decanos, quienes producto del claustro detentan ilegítimamente la autoridad en el Rectorado y demás órganos de cogobierno universitario, sobre todo porque estos injustos fallos judiciales le dan el visto bueno a esta ultraderecha para continuar obstaculizando la aplicación de la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN y especialmente a sus artículos 34 y 42 entre otros, que reconoce el primero, el DERECHO AL VOTO y demás derechos políticos de los profesores contratados y de todos los miembros de la comunidad universitaria exigiendo los nuevos procesos electorales democráticos para lo cual la ultraderecha universitaria no cuenta con la mayoría universitaria y por tanto en los sucesivos procesos perderán el poder del cogobierno, y el segundo, que reconoce además la aplicación de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO en las relaciones laborales entre la universidad y los profesores contratados. En este contexto, estas injustas sentencias de la CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO están siendo usadas, como el principal apoyo para a través del Departamento de Asuntos Profesorales obligar a los profesores contratados bajo amenaza de despido injustificado y de no pagar sus salarios, a firmar abusivos, inconstitucionales e ilegales contratos que son firmados por la Rectora con el visto bueno de los vicerrectores académico y administrativo, el secretario y los decanos, en los cuales todos los profesores contratados renuncian a los elementales derechos consagrados en la CONSTITUCIÓN, la nueva LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN y la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO cuyo reconocimiento esta pedido además en los recursos judiciales, amenaza de despido injustificado que se materializo en el pasado, con la Profesora ZORAIDA BOADA cuya causa esta tramitada en el expediente de esta Corte Nº AP42-N-2007-000533, quien fue despedida injustificadamente simplemente argumentando su condición de profesora contratada, sin reconocimiento de derecho alguno a pesar de su inobjetable actividad docente por más de veinticinco (25) años, en fin esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y lo expreso con total seriedad y sin carencia del respeto necesario hacia los jueces de esta corte EMILIO RAMOS GONZÁLEZ su Juez Presidente recientemente designado Magistrado Suplente de la SALA POLÍTICO ADMIINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, ALEXIS JOSE CRESPO DAZA y ALEJANDRO SOTO VILLASMlL, de cualquier modo quiéralo o no, por causa de los gravísimos efectos individuales y sociopolíticos que empiezan a causar los fallos judiciales identificados a continuación, no obstante no estar firmes pues fueron apelados oportunamente, estimula la conducta y protege los intereses de esta ultraderecha en perjuicio de la mayoría, ignorando a la CONSTITUCIÓN, la nueva LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN y a la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, esta última aplicable por mandato de articulo 42 y otros de la misma LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN: Nº Expediente Recurrente Fecha de la Sentencia AP42-N-2007-000 347 Isabel Falcón 15 de noviembre de 2010 AP42-N-2007-000 346 Herminia León 30 de noviembre de 2010 AP42-N-2007-000 344 Carlos Graterol 06 de diciembre de 2010 AP42-N-2007-000 351 Aura Henríquez 06 de diciembre de 2010 Por otra parte, además de la gravísima situación ya expuesta, esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ordenó en el texto de cada una de estas injustas sentencias, su consignación para el presente expediente N° AP42-N-2007-000343 y para todos los expedientes judiciales, como en efecto están consignadas en todos y cada uno de los expedientes llevados por esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y por la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, situación que es sorpresiva por lo increíble, ilegal e inconstitucional, debido a que en esos fallos judiciales en que declara sin lugar la pretensión procesal de nulidad de la decisión del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO confirmando al acto administrativo impugnado en su negativa a reconocer los elementales derechos a la ESTABILIDAD LABORAL, al BONO DE ALIMENTACIÓN, a las BONIFICACIONES BÁSICAS, al DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL y al DERECHO A LA JUBILACIÓN entre otros solicitada en los recursos, claramente manifiesta esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO su opinión sobre lo principal de los juicios que están por decidirse, antes de que se produzcan las sentencias, de forma que por la consignación de los propios fallos en cada uno de esos expedientes, desde hace tiempo y de antemano ya consta la opinión de esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO sobre lo principal de cada juicio. Así sabemos con anterioridad cual va ha ser el contenido del fallo definitivo en cada expediente, lo que además ocurrió ya, en el caso de las sentencias apeladas, es decir, declarar sin lugar la pretensión procesal de nulidad y negar los derechos fundamentales, todo en perjuicio de los docentes tanto de los no recurrentes como de los recurrentes en los juicios aún no sentenciados, motivo por el cual la conducta de esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO es claramente subsumible dentro de lo dispuesto en el artículo 42 numeral 5° de la LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA a saber: Causales de inhibición y de recusación Artículo 42.Los funcionarios o funcionarias judiciales así como los auxiliares de justicia, pueden ser recusados por algunas de las causas siguientes: (…) 5. Por haber manifestado opinión sobre lo principal del juicio o sobre la incidencia pendiente, antes de la emisión de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez o Jueza de la causa. Razón por la cual esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ya desde noviembre 2010 ha estado en el deber de inhibirse y abstenerse de continuar conociendo a presente causa, sin esperar a que se le recuse ya que no es competente por haber perdido la imparcialidad que le exigen la ley y la CONSTITUCIÓN, tal cual lo establecen los artículos 43 y 46 de la LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Deber de inhibición Artículo 43. Los funcionarios o funcionarias y auxiliares de justicia a quienes sean aplicables cualquiera de las causales señaladas en el artículo anterior, deberán inhibirse del conocimiento del asumo sin esperar a que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados y estimen procedente la causal imputada. Contra la inhibición no habrá recurso alguno. Deber de inhibirse ocasionado por un gravísimo e importante impedimento legal y constitucional para conocer del juicio, a saber a carencia de imparcialidad del juzgador, razón por la cual todas las actuaciones procesales de esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO producidas inmediatamente después de la materialización de la causal de inhibición, que contravengan el cumplimiento del deber de inhibición ordenado por la ley la CONSTITUCIÓN, son absolutamente nulas debiendo en consecuencia abstenerse de conocer el presente juico y los demás juicios en que he pedido su inhibición, levantar las actas y remitir las expedientes al tribunal competente, que en este caso es la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO para que allí sigan los juicios tal cual lo exige el artículo 46 de la LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADM NISTRATIVA. Remisión del expediente Artículo 46. Cuando el Juez o Jueza advierta que está incurso en alguna de las causales de recusación o inhibición, se abstendrá de conocer, levantará un acta y la remitirá con sus recaudos en cuaderno separado al tribunal competente. Por otra parte, y lo expreso también con todo el respeto necesario hacia los jueces de esta corte, no inhibirse inmediatamente después de conocida la existencia de la causal de inhibición es causa además de suspensión del cargo de juez o jueza, también aplicable a los jueces de esta CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, según lo dispuesto en el articulo 32 numeral 8 del CÓDIGO DE ETICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y LA JUEZA VENEZOLANA. Causales de suspensión Artículo 32. Son causales de suspensión del juez o la jueza: (…) 8. No inhibirse inmediatamente después de conocida la existencia de causal de inhibición. Por todo lo cual ratifico la solicitud de inhibición realizada mediante diligencia de fecha tres (3) de mayo de 2011 y en consecuencia pido así mismo la remisión de este juicio y los demás juicios en que pedí la inhibición, a la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO para que continúe el conocimiento de los mismos, todo en aras de preservar la GARANTÍA DE LA IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR consagrada en los artículos 26 y 49 numeral 3° de la CONTITUCIÓN que establecen a renglón seguido. ART. 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (…). ART. 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas ; en consecuencia: 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete (…).”(Subrayado y Mayúsculas del Original) (Negrillas de esta Corte). Con base en la solicitud de inhibición planteada por la representación judicial de la parte actora, pasa esta Cortea realizar las siguientes consideraciones para decidir: Resulta necesario establecer, con carácter previo, que la inhibición, tal como lo señala la doctrina se define como la abstención voluntaria que realiza un funcionario en el conocimiento de una causa, en razón de los motivos subjetivos por los cuales se encuentra incapacitado para desempeñar imparcialmente su función en determinada controversia La figura de la inhibición se encuentra expresamente consagrada en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.451, del 22 de junio de 2010, según los cuales: “Artículo 42.- Los funcionarios o funcionarias judiciales así como los auxiliares de justicia, pueden ser recusados por algunas de las causas siguientes: (…) 6. Cualquiera otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad (…)”. “Artículo 43 Los funcionarios o funcionarias y auxiliares de justicia a quienes sean aplicables cualquiera de las causales señaladas en el artículo anterior, deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados y estimen procedente la causal imputada. Contra la inhibición no habrá recurso alguno (…)”. Tales circunstancias, son similares a las causales establecidas en los artículos 82 y 84 del Código de Procedimiento Civil, según los cuales: “Articulo 82.- Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes: (…omissis...) 15. Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa (…). Artículo 84.-El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido. Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares. La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en la cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento (…)”. Evidenciándose, que la inhibición es el deber jurídico impuesto por la Ley al funcionario judicial de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse en una especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, la cual se califica en la Ley como causal de inhibición. Sucede pues, que este deber jurídico se infiere del contenido del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil y de igual forma del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales disponen que el funcionario judicial a quienes sean aplicables cualquiera de las causales señaladas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, y de igual forma del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que plantea que nuestro sistema jurídico está dirigido fundamentalmente a la consecución de una justicia imparcial. En ese sentido, resulta evidente que tanto la inhibición como la recusación afectan directamente la competencia del Juez en sentido subjetivo, esto es, “la absoluta idoneidad personal del juez para conocer de una causa concreta, por la ausencia de toda vinculación suya con los sujetos o con el objeto de dicha causa” (Vid. RENGEL-ROMBERG, Arístides, “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Editorial Arte, Volumen I, Caracas, 1995, p. 408). De allí que el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa disponen las causales comunes a la inhibición y la recusación, las cuales inciden sobre la actuación del juez en el cumplimiento de su función de administrar justicia de forma imparcial. Es preciso señalar que la Sala Constitucional, en Sentencia Nº 00027 del 11 de Enero de 2007 (Caso: Eduardo Benjamín Pérez Rivas), hace referencia al tema de la inhibición, de la siguiente manera: “(…) La Sala debe precisar, que la figura de la inhibición más que una facultad es un deber impuesto por el ordenamiento jurídico al juez que sabe de la existencia de una causal que le impide conocer del asunto y por ende, pesa sobre dicho funcionario judicial la obligación de declarar que existe una causal de inhibición. Asimismo, la doctrina y jurisprudencia han entendido por inhibición el acto en virtud del cual el juez u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento de la causa por estar vinculado en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso. A tal efecto, es necesario reiterar que la competencia subjetiva tiene como fundamento la imparcialidad que debe caracterizar a las decisiones judiciales, cuestión ésta que adquiere particular significación en la figura de la inhibición, como mecanismo procesal para garantizar al justiciable su juzgamiento por un juez competente, idóneo e imparcial y con ello, la materialización de los postulados de transparencia y honestidad, como instrumentos del proceso para la realización de una justicia no sujeta a formalidades insustanciales, tal y como lo disponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)”. En vista de lo anterior, esta Corte haciendo referencia a la solicitud de inhibición realizada por el peticionante debe destacar que el hecho de que haya decidido casos similares al de autos, no quiere decir que esté emitiendo o adelantado opinión sobre la presente causa, tal y como lo quiere hace ver el solicitante, lo cual es un argumento equívoco, en vista de que la Corte al igual que cualquier otro tribunal de la República, no está atado a un criterio establecido, sólo de manera excepcional aquellas sentencias vinculantes dictadas por la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes, puesto que cada causa, por mayores similitudes que presenten, tienen diferencias en cuanto a los hechos, al derecho, pruebas aportadas, los argumentos esbozados, es decir, la particularidad de cada caso es lo que hace distinto el uno del otro, hace que estos sean decididos de manera individual, sin que se vea afectado por un fallo decidido en un caso similar. Este criterio fue explicado por la Sala Constitucional en Sentencia Nº 1.341 de fecha 04 de julio de 2006 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde expresa: “(…) Las causales de inhibición o recusación se erigen como garantía del justiciable para su juzgamiento por un juez competente, idóneo e imparcial. En efecto, la competencia subjetiva del juez supone la resolución equitativa del asunto objeto del debate y, con ello, la materialización de los postulados de transparencia y honestidad como instrumentos del proceso para la realización de una justicia no sujeta a formalidades insustanciales, tal y como lo propugnan los artículos 26 y 257 constitucionales. Así las cosas, el demandante pretende enervar la aptitud subjetiva del Magistrado ponente para el conocimiento y decisión del asunto que se planteó, sobre la base de consideraciones que son manifiestamente infundadas, por cuanto los pronunciamientos de un juzgador en el marco de otro proceso sólo corresponden a la soberana tarea de administración de justicia. La admisión de lo contrario, desbordaría la organización de los tribunales de justicia y comportaría una desviación, por errónea interpretación, de las reglas de estabilidad del proceso, situaciones estas que no pudo querer el legislador. Asimismo, por cuanto esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es un órgano colegiado (…)”. (Negrillas de esta Corte). Es conveniente señalar que no se puede tomar un fallo o una serie de fallos decididos en casos similares como un adelanto de opinión o se pretenda argumentar que se está juzgando sobre el fondo de la presente causa. Establecido lo anterior, pasa esta Corte a evaluar las actas del presente expediente a fin de determinar si en el presente caso existe alguna causal de inhibición, de lo cual se pudo evidenciar que en ningún momento la Corte ha emitido o adelantado opinión sobre el fondo de la presente causa, por lo tanto la competencia subjetiva de la Corte y de los jueces que la integran no se ve comprometida por el simple hecho de que se hayan decidido casos similares de determinada manera, punto que ha sido aclarado, de igual forma se reitera que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decisor, ya que sólo el juez es capaz de conocer si efectivamente existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación la cual obliga al funcionario judicial a separarse de la causa cuando encuentre que en su persona existe una causa de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil y artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sólo para citar algunos ejemplos). De modo tal, que no resulta pertinente invadir este poder de apreciación individual bajo una solicitud de inhibición, como ocurre en el presente caso. En virtud de lo anterior, se declara improcedente la solicitud de inhibición que planteó el abogado Antonio José Meneses Díaz en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Geraudi Dolores González Olivares, contra los Jueces integrantes de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Así se decide. De la tercería Establecido lo anterior corresponde a esta Corte pronunciarse sobre la solicitud presentada, en fecha 6 de agosto de 2008, por el abogado Antonio José Meneses Díaz, actuando en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos: María de Jesús Osabarrio, Ángel Salvador Bellio Garrido, Luis Antonio De Sousa Pérez, Isabel de los Ángeles Falcón Cordero, Flor Gallego Delima, Sergio Alejandro Guanchez Colombet, Alonso Heredia Dam, Frank Eliu Hernández Osorio, María Manuela Jiménez, Alida Coromoto Malpica Maldonado, Aura Henríquez, Madelen Piña Rodríguez, Amanda Nelyda Rodríguez Delgado, Blanca Josefina Sánchez Blasco, Nancy Coromoto Tovar de De Lima, Janett Rafaela Zerbe Álvarez, Lesbia Esperanza Lizardo de Bolívar, Zoraida Margarita Boada Mendoza, Herminia de Jesús León Pinzones, Eduardo Jesús Salazar Tillero y Yaletzi Velasquez, por considerar que tienen interés personal y directo en las resultas de la solicitud de recurso contencioso administrativo de nulidad presentado en representación de la ciudadana Geraudi Dolores González Olivares, toda vez que, se trata de profesores contratados que en idéntica condición que la recurrente han venido prestando sus servicios a la Universidad de Carabobo de manera ininterrumpida mediante la renovación de sucesivos contratos de trabajo, por lo que el escrito de tercería presenta idénticos argumentos de derecho y de hecho que el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y previamente referido, a excepción de la profesora Yelitza Velásquez, “quien se presenta a juicio únicamente como tercera recurrente”. En tal sentido, se observa que mediante decisión de fecha 7 de octubre de 2008, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se pronunció sobre dicha solicitud, en el cual señaló lo siguiente: “(…) Según se desprende de los autos, la parte querellante presentó su escrito de pruebas en fecha 1° de octubre de 2008, tal como se señalara antes. Sin embargo, se desprende del cómputo que antecede lo siguiente: 1°) que el lapso para que los terceros se hicieran parte en la presente causa, venció el día 14 de agosto de 2008; y 2°) que, consecuencialmente, el lapso para la promoción de pruebas en la presente causa, se inicio el día 16 de septiembre de 2008 y concluyó el día 24 de ese mismo mes y año. De lo anterior se deduce, que la representación judicial de la parte querellante, promovió las probanzas señaladas en su escrito intempestivamente, por cuanto el lapso de promoción de pruebas había fenecido, de conformidad con el principio de preclusión de los lapsos procesales. Así las cosas, se tiene que el artículo 21 aparte 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela dispone que el lapso de promoción de pruebas es de cinco (5) días de despacho. Asimismo, el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, referente al tiempo de los actos procesales, aplicable a la presenta causa por remisión expresa del aparte 1° del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece que “Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley; el Juez solamente podrá fijarlos cuando la ley lo autorice a ello”. El precitado artículo, sería una mera formalidad si no se encuentra imbricado para el caso concreto con principios fundamentales pautados por el constituyente. Vale destacar, que detrás de la celosa observancia del lapso para promover pruebas, se encuentra la salvaguarda del derecho a su control y contradicción por la parte contraria. Es por ello que, de permitirse el caos procesal en cuanto a la promoción de las probanzas, podría generarse una trasgresión al derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de la contraparte. En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en reiteradas oportunidades, que los lapsos procesales legalmente fijados y jurisdiccionalmente aplicados no pueden considerarse per se como meras formalidades, sino que éstos son elementos ordenadores del proceso, esenciales al mismo y de eminente orden público, en el sentido de que constituyen auténticas garantías del derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica de las partes que por ellos se guían (Al respecto, véase el criterio asentado por la sentencia número 208 de 4 de abril de 2000, recaída en el caso: ‘Hotel El Tissure’ C. A”, que fuera ‘reiterado por el fallo número 1482 de 5 de junio de 2003, recaído en el caso: “Avón Cosmetics de Venezuela, C. A’; y el cual, fuera asumido por este Tribunal, mediante fallo interlocutorio número AW42200800052 de 20 de febrero de 2008). En virtud de lo anteriormente expuesto, se inadmiten por extemporáneas las pruebas promovidas por la parte querellante y los terceros intervinientes. Así se decide.” Por otra parte, debe esta Corte destacar que en el escrito de tercería interpuesto, se señaló que la ciudadana Yelitza Velásquez no presentó recurso contencioso administrativo de nulidad contra el mismo acto administrativo, señalando que la misma “(…) se presenta a juicio únicamente como tercera recurrente (…)”, por lo que con respecto a este caso en particular, las consideraciones realizadas por el Juzgado de Sustanciación, en criterio de esta Corte, aplican de igual forma, en consecuencia, se estima que la referida ciudadana en el presente caso, se inadmite su intervención como tercero concurrente en el proceso. En consecuencia, bajo el contexto planteado y en virtud de que la adhesión fue de carácter extemporánea, visto que el Juzgado de Sustanciación ya decidió con respecto a la tercería, esta Corte inadmite el Recurso de los terceros intervinientes. Así se decide. De la medida cautelar solicitada Corresponde pronunciarse sobre el fondo de la presente controversia, no obstante ello, de la lectura del escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, presentado por el abogado Antonio José Meneses Díaz, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Geraudi González, observa esta Corte que el prenombrado abogado en la parte final de su escrito indicó lo siguiente “otro sí: desisto de la medida cautelar solicitada”, en tal sentido, este órgano Jurisdiccional advierte que el término utilizado de “desistir” no fue el correcto, dado que la intención fue la de reformar su escrito, en lo que respecta a la medida cautelar solicitada, y ejercer únicamente el recurso contencioso administrativo de nulidad contra la decisión del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo dictada en sesión extraordinaria Nº 1.436 de fecha 14 de diciembre de 2006, que acordó aprobar el dictamen emanado de la Dirección de Consultoría Jurídica contenido en el Oficio Nº CJ-729-2006-DISCU de fecha 30 de noviembre de 2006, negando en consecuencia los pedimentos administrativos de a ciudadana Geraudi González. Ello así, está Corte toma como válida dicha solicitud, interpretando que el recurso contencioso administrativo de nulidad no fue interpuesto con cautelar alguna, para lo cual, resulta necesario hacer especial referencia al criterio fijado en la sentencia Nº 1.891 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de octubre de 2006, (caso: María Josefina Walter Valcillos), en torno a la competencia exclusiva de los Juzgados de Sustanciación para emitir el correspondiente proveimiento jurisdiccional de competencia y demás presupuestos procesales; así respecto de los requisitos de admisibilidad de las pretensiones formuladas de forma autónoma, como ocurre en el caso de autos, dada la reforma del escrito en cuanto a la medida cautelar inicialmente solicitada, y en tal virtud estableció lo siguiente: “El Juzgado de Sustanciación es un órgano constitutivo en algunos tribunales colegiados, como es el caso de las Salas Plena, Constitucional o Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal o de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Su misión, como lo revela su propia denominación, consiste en llevar a cabo la tramitación procedimental –la sustanciación- de las causas. En el caso del Máximo Tribunal –y transitoriamente, a falta de ley especial, en las Cortes de lo Contencioso Administrativo- su regulación figura en los párrafos terceros a quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…). En esos párrafos se establece la primera tarea del Juzgado de Sustanciación: la admisión de las demandas y solicitudes, si bien en ciertos casos –cuando exista petición de pronunciamiento previo, especialmente de requerirse tutela cautelar- la admisión corresponde directamente a la Sala, tal como ha sido decidido en la sentencia Nº 1795 del 19 de julio de 2005, a fin de garantizar las exigencias de celeridad de todo proceso judicial. Cuando una demanda se presenta sin solicitud alguna que requiera un pronunciamiento previo de la Sala, su admisión corresponde exclusivamente al Juzgado de Sustanciación. En todo caso, para la fecha de interposición de la demanda de autos, la competencia para admitirla era siempre del referido Juzgado (…). (…omissis…) Para admitir el caso a trámite es fundamental verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, entre los que figura la competencia. Sin poder para decidir la controversia concreta planteada al juez se hace imperioso remitir el caso a quien corresponda, sin perjuicio de que el juez incompetente realice ciertos actos o adopte ciertas medidas que deben aceptarse como válidas. Ahora, apartando esos casos de excepción (que existen para evitar mayores perjuicios derivados de la proposición de la demanda ante un tribunal sin competencia para decidir el fondo de la controversia), el principio general es que el juez debe revisar su propia competencia antes de ordenar la tramitación de la causa. De este modo, el órgano que admite una demanda –en este caso, el Juzgado de Sustanciación- debe atender a los extremos que establece la ley – en este caso, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-; pero también a cualquiera que sea un presupuesto procesal, entendido como aquel requisito necesario para que pueda constituirse válidamente una relación procesal que conduzca a un fallo judicial sobre el fondo del caso. La admisión no es, pues, un simple acto de recepción de un escrito, sino una verdadera revisión de los presupuestos sin los cuales no sería posible instaurar el proceso de que se trate. (…omissis…) Por lo expuesto, el Juzgado de Sustanciación tiene la facultad legal para resolver por sí mismo los problemas de competencia respecto de las demandas o solicitudes que se presenten ante el Tribunal, sea este Máximo Tribunal o las Cortes de lo Contencioso Administrativo o, en general, cualquier órgano judicial en el que la ley haya entregado la decisión sobre la admisión en un órgano de esa naturaleza. (…omissis…) De acuerdo a la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…) siempre deberá el Juzgado de Sustanciación resolver sobre todo lo relacionado con los presupuestos procesales y los requisitos de admisibilidad, adoptando decisión expresa al respecto. De haber disconformidad con la decisión, el interesado tiene a su alcance el mecanismo de la apelación. De no apelar, el auto correspondiente quedará firme, sea que ordene remitir la demanda a otro tribunal o el archivo del caso. Así se declara”. (Negrillas y subrayado de esta Corte). Así pues, este órgano Jurisdiccional acogiendo la interpretación de los párrafos tercero al quinto del artículo 19 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable rationae temporis, efectuada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia supra transcrita respecto de la competencia de los Juzgados de Sustanciación extendida a los Juzgados de Sustanciación de estas Corte de lo Contencioso Administrativo- para conocer sobre los llamados presupuestos procesales y requisitos de admisibilidad de las causas incoadas en primera instancia, constatado que no existe a necesidad de pronunciamiento previo de este Órgano Jurisdiccional sobre medida cautelar alguna, y por cuanto la presente causa fue admitida por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte mediante decisión de fecha 31 de marzo de 2008, pasa a conocer del fondo de la presente controversia (Vid. sentencia Nro. 2010-01714, de fecha 15 de noviembre de 2010, caso: Isabel de los Ángeles Falcón Cordero contra el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo). Así se decide. Sobre el Fondo de la Presente Causa Así pues, como quiera que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, tiene como fin inicial que se declare nula y en consecuencia inexistente la decisión dictada por el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo en sesión extraordinaria Nº 1436 de fecha 14 de diciembre de 2006, la cual acordó aprobar el dictamen emanado de la Dirección de Consultoría Jurídica contenido en el oficio Nº CJ-729-2006-DISCU de fecha 30 de noviembre de 2006, y por ende fue negada la solicitud formulada por la recurrente conjuntamente con un grupo de profesores en fecha 6 de noviembre de 2006, referidos a los derechos a la estabilidad laboral y a la actualización permanente de los beneficios económicos, la formación académica y el escalafón universitario, con fundamento en la garantía constitucional de reserva legal sobre los requisitos y condiciones de ingreso, promoción o ascenso y permanencia en el sistema educativo de los profesores universitarios. A tal efecto observa esta Corte que el petitorio esgrimido por el recurrente en su referido escrito libelar se circunscribe a los siguientes aspectos: 1.- En opinión del recurrente que sean “(…) desaplicados por incompatibilidad con la CONSTITUCIÓN y por vía del CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD previsto en el artículo 334, los artículos 86, 89, 100 y 91 de la LEY DE UNIVERSIDADES en lo que respecta a las remisiones hechas al reglamento (….) en atención a la GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA RESERVA LEGAL dispuesta en el artículo 104 de la CONSTITUCIÓN” así como también solicitó que sean desaplicados los artículos 3 al 33 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo. 2.- Asimismo, requirió “(…) sea anulada la decisión del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO dictada en sesión extraordinaria Nº 1436 de fecha 14-12-2006 (sic) que acordó aprobar el Dictamen emanado de la Dirección de Consultoría Jurídica contenido en oficio nº CJ-729-2006-DISCU de fecha 30-11-2006 (sic) (…) y que negó los pedimentos de (su) poderdante y de sus compañeros docentes (…)” y en consecuencia se sirva “(…) declarar formalmente la calidad de profesora universitaria fija de la Profesora Geraudi González (…)”, 3.- Que se ordene “(…) al CONSEJO UNIVERSITARIO reconsidere la clasificación de mi poderdante en el escalafón correspondiente para su ascenso al nivel de Instructor como miembro ordinario del personal y de investigación de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO (…)”; y, 4.- Que no sea tomado en consideración ni aplicado el criterio de la Sala Político Administrativa, expresado en sentencia Nº 00117 de fecha 17 de febrero de 2004, conforme a la cual la Universidad cuenta con la posibilidad de prescindir del personal docente contratado, cuando así lo considere pertinente. (Destacado del original). Visto lo anterior, observa este Órgano Jurisdiccional que lo pretendido por la representación judicial del recurrente no sólo persigue la nulidad del citado acto administrativo in commento, sino que además está solicitando que se le reconozca a su representado la condición de profesora fija en virtud de los sucesivos contratos celebrados, y por vía del control difuso de la constitucionalidad se declare la nulidad de disposiciones legales contenidas en las normas que regulan la actividad docente y universitaria antes transcritas, -pues a decir del accionante en nulidad- dichos cuerpos normativos están en latente contraposición con la reserva legal y lo previsto en la Carta Magna al efecto. Por lo tanto, estima esta Corte para una mejor resolución del presente recurso, realizar las siguientes disquisiciones: De los docentes contratados en Universidades Nacionales: En primer lugar, observa esta Corte del cúmulo de denuncias esgrimidas por la recurrente en su escrito libelar, que el referido acto administrativo impugnado viola la supuesta estabilidad laboral de la cual goza su representado en virtud de los contratos sucesivos celebrados por este con la Universidad de Carabobo, donde ha prestado servicios en calidad de docente contratado desde el 1º de junio de 2004. Señalando entre otras cosas que “(…) la relación de contratos de trabajo, sus modificaciones, renovaciones y prórrogas existentes entre la UNIVERSIDAD DE CARABOBO y [su] poderdante como docente Universitaria (…), prorrogada y extendida en el tiempo en varias oportunidades la relación laboral con la Universidad y demostrada la voluntad común de continuar esa relación laboral hasta hoy, (…) se convirtió a tiempo indeterminado por aplicación de las GARANTÍAS DE ESTABILIDAD LABORAL E IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS establecidas en la CONSTITUCIÓN y el mencionado artículo 74 de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO”. (Mayúsculas del original). Por otra parte la representación del Ministerio Público señaló entre otras cosas que “(…) las autoridades de la Universidad de Carabobo fundamentaron la respuesta a la recurrente, en ejercicio de la autonomía funcional que le confiere la Constitución (sic) a las Universidades para darse sus propias normas de funcionamiento conforme a la ley, las cuales se encuentran orientadas a optimizar el sistema educativo, por lo que tal directriz comporta la implementación de mecanismos dirigidos a la selección adecuada de los profesores que van a ingresar a prestar sus servicios a través de los concursos de oposición, que le permiten a los aspirantes presentar sus credenciales para optar a las plazas vacantes, y pasar a ser miembros ordinarios de la Universidad con todas las prerrogativas laborales que ello implica, sin embargo también existe un grupo de docentes que desarrollan sus funciones bajo la modalidad de contratados para cubrir las plazas vacantes en tanto se efectúen los concursos para cubrirlas, cuyas condiciones laborales son convenidas por las partes a través de los contratos”. Que “(…) tales funciones son ejercidas provisionalmente, pues conforme a la ley el mecanismo de ingreso y ascenso en el escalafón se da solo a través de los concursos, tal como se ha venido señalando, por lo que no podría aspirar la recurrente que el transcurso del tiempo desempeñando sus funciones como contratada le exonere este requisito y le confiera automáticamente la categoría de miembro ordinario, pues estaría contraviniendo todas las disposiciones previstas por la ley y desarrolladas por el Estatuto interno que regulan el ingreso del personal docente a esa Casa de Estudios, resultando improcedente tanto su alegato de violación contenido en el ordinal 1° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos, como su solicitud a través de este recurso de que se le otorgue la condición de miembro ordinario de esa Universidad sin haber concursado para el mismo”. Visto lo anterior estima esta Corte que el fundamento in abstracto de la dilación esgrimida por la representación judicial del recurrente, parte de que su representado supuestamente se ha visto afectado en su derecho a la estabilidad laboral en virtud de los sucesivos contratos celebrados con la Universidad de Carabobo, con ocasión a su prestación de servicios en calidad de docente contratado, pues pretendía por efecto del tiempo transcurrido que se le reconociera la condición de profesor fijo, ya que -según éste- “(…) en los casos de celebración de un segundo contratos (sic) dentro de los treinta (30) siguientes al vencimiento del primero, o también en los casos de dos (2) o más prórrogas o renovaciones, el contrato celebrado por lo Profesores Universitarios Contratados y las Profesoras Universitarias Contratadas con la Universidad, se transformó por necesaria aplicación del artículo 74 de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO en contrato celebrado por tiempo indeterminado, extendido en el tiempo con todas las consecuencias jurídicas (…). Siendo tal situación solicitada por la ex profesora y otros docentes en similares condiciones al Consejo Universitario de la precitada Universidad Nacional, la cual fue negada mediante el acto administrativo aquí impugnado en nulidad. En este sentido, estima esta Corte imperioso señalar lo siguiente: En primer lugar cabe destacar que la estabilidad laboral es una institución propia del derecho individual del trabajo, y la misma supone más al carácter personalísimo del prestador de servicios, pues está destinada a garantizar su permanencia y continuidad en el cargo, así como la existencia de una causa justificada que implique la terminación de la relación de trabajo, en palabras del destacado autor Rafael Alfonso Guzmán “consiste en una garantía contra la privación injustificada del empleo”. (Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, Decimo Cuarta Edición, Caracas 2006, p. 305). Sin embargo, se debe considerar que una cosa es la estabilidad laboral propia de los trabajadores dependientes que mantienen una relación laboral, y otra muy distinta es la estabilidad funcionarial, la cual deviene de aquellos funcionarios que se desempeñen en la Administración Pública, pues ello parte de que el ingreso a la función pública esta previamente estipulada por vía legal y constitucional, por ende es una relación de empleo público y es muy distinta a una relación de trabajo. No obstante se evidencia en el caso que nos ocupa, que constituye un punto controvertido si los sucesivos contratos suscritos por el recurrente con la Universidad de Carabobo, con ocasión a su cargo de docente contratado, supuestamente son suficientes para darle el carácter de profesor fijo sólo por el hecho de que el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo –en opinión de este- así lo disponga. A tal efecto resulta imperioso traer a colación lo dispuesto en el artículo 74 de referido texto legal que señala: “Artículo 74. El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. En caso de dos (2) o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación. Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro del mes siguiente al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación.” Conforme a lo anterior, el contrato de trabajo a tiempo determinado debe concluir con la expiración del término; y en caso de dos o más prórrogas debe tenerse a tiempo indeterminado, a menos que de forma escrita o presunta, las partes manifiesten las razones especiales que ameriten y justifiquen las prórrogas que surjan posteriormente al mismo so pena de que dicho contrato pueda cambiar a indeterminado como consecuencia inmediata de la ausencia de las razones especiales que justifiquen su temporalidad, indistintamente las prórrogas que se hayan celebrado. En este sentido, observa este Órgano Jurisdiccional que el recurrente adujo haber comenzado a prestar servicios personales para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo en fecha 1º de junio de 2004, en calidad de docente contratado, por concurso de credenciales con dedicación a tiempo convencional prestando servicios mediante el referido contrato para luego se renovado dicho contrato en la forma siguiente: “la secuencia de renovaciones de contratos y prórrogas consecutivas es la siguiente. Desde el 1/9/2005 al 31/3/2006, hasta el día de hoy, en que tiene más de dos (2) años de continuo y no interrumpido servicio docente como Profesora de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO (…)” Así pues, observa esta Corte que la recurrente tuvo al servicio de una Universidad Nacional a través de sucesivos contratos de trabajo y prórrogas. Por lo que –en su opinión- considera que están cumplidos los requisitos previsto en el artículo 74 del referido texto sustantivo laboral para que se le considere a tiempo indeterminado y en consecuencia se le deba tener como profesor fijo, pues de lo contrario se estaría violentado su estabilidad laboral. De la Docencia en Universidades Nacionales: Ahora bien, considera esta Corte que primero se debe establecer si a la referida Universidad Nacional le es aplicable lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto a la figura del contrato a tiempo determinado. En este sentido, se observa que la Universidad de Carabobo, es un ente nacional autónomo creado mediante Decreto del Ejecutivo Nacional de fecha 15 de noviembre de 1892 y Decreto de Reapertura N° 100 de fecha 21 de marzo de 1958, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.617 del 22 de marzo del mismo año, por lo que es una universidad netamente de carácter público, y en consecuencia aquellos docentes al servicio de la misma cumplen una función de empleo público. A tal efecto, cabe resaltar que mediante sentencia Nro. 607, de fecha 14 de mayo de 2008, emanada de la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República, que ratifica el criterio asumido en sentencias identificadas con los números: 01641, 00113, 04597, 00910 y 01252 de fechas: 22 de octubre de 2003, 12 de febrero de 2004, 29 de junio de 2005, 05 de abril de 2006 y 12 de julio de 2007, emanadas de esa misma Sala, referente a que no es permisible el ingreso a la Administración Pública por la vía del contrato, y que no es equiparable la condición del contratado con la de un funcionario público, se estableció lo siguiente: “Observa la Sala que en el folio 1 de su escrito la actora indicó que ingresó a trabajar en la mencionada Universidad ‘en calidad de contratada’, así mismo se observa que cursa en el folio 20 del expediente, original de constancia de fecha 22 de mayo de 2007 emanada del Jefe de Recursos Humanos (E) de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales ‘Ezequiel Zamora’ (UNELLEZ), consignada por la actora como anexo ‘G’ de su demanda, en la que se indicó que la actora laboraba en esa casa de estudios como personal ‘CONTRATADO ACTIVO a dedicación TIEMPO COMPLETO’ (Resaltado del texto). De lo expuesto se colige que la relación de empleo que unía a la accionante con la accionada era de naturaleza contractual. En casos similares al que se analiza, esta Sala ha indicado en forma reiterada (sentencias números 01641, 00113, 04597, 00910 y 01252 de fechas 22 de octubre de 2003, 12 de febrero de 2004, 29 de junio de 2005, 05 de abril de 2006 y 12 de julio de 2007, respectivamente), lo siguiente: ‘(…) el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone: ‘Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la ley. El ingreso de Los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño’. (...) Asimismo, los artículos 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establecen: ‘Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral’. ‘Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública’. De las normas transcritas se evidencia que de manera expresa se excluyó del régimen de la función pública a los contratados, al puntualizarse con especial énfasis que ‘(...) el contrato no es vía de ingreso a la Administración Pública(…).’, debiendo entenderse por ello, que no es un medio para adquirir la condición de funcionario público. De manera que circunscribiéndonos al caso de autos, observa esta Sala tanto de la revisión de las actas que conforman el expediente (…) como de los alegatos expuestos por la parte actora, que su desempeño laboral estuvo supeditado a un contrato de trabajo, razón por la cual al haber prestado sus servicios como contratado, no tiene el carácter de funcionario público. (Resaltado de esta Corte y negritas del original). Así pues, en consideración a la decisión antes esbozada, la cual ha sido ratificada en varias oportunidades por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, es importante resaltar la forma de ingreso a la Administración Pública es mediante el respectivo concurso de oposición. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, debe puntualizar esta Corte, cual era la forma de ingreso de los docentes en la Universidad de Carabobo, para el momento en que la recurrente comenzó a prestar servicios en calidad de profesora contratada, por tratarse dicha función de carácter público la cual debe ser acorde con el orden Constitucional. En este sentido, la Ley de Universidades, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 1429, vigente de fecha 8 de septiembre de 1970, en su artículo 9 establece: “Artículo 9.- Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y de su Reglamento, disponen de: 1.- Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas; 2.- Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines; 3.- Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo; 4.- Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio”. (Subrayado de esta Corte). “Artículo 24.- La autoridad suprema de cada Universidad reside en su Consejo Universitario, el cual ejercerá las funciones de gobierno por órgano del Rector, de los Vice-Rectores y del Secretario, conforme a sus respectivas atribuciones”. En ejercicio de esa autonomía y de manera expresa, la ley establece en sus artículos 87 y 88, el modo de ingreso, promoción y ascenso del personal docente en el caso de la educación superior, señalando que: “Artículo 87.- Son miembros Ordinarios del personal docente y de investigación: a) Los Instructores; b) Los Profesores Asistentes; c) Los Profesores Agregados; d) Los Profesores Asociados; y e) Los Profesores Titulares. “Artículo 88.- Son miembros Especiales del personal docente y de investigación: a) Los Auxiliares docentes y de investigación; b) Los Investigadores y Docentes libres; y c) Los Profesores contratados”. (Negritas y Subrayado de esta Corte). Por lo que en atención a los lineamientos normativos antes señalados, la carrera docente en el caso de las universidades nacionales es de dos tipos como lo son a saber: i.- los docentes ordinarios; y, ii.- los docentes especiales, incluidos en este último los contratados. Por otra parte el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, en ejercicio de su potestad reglamentaria conferida por remisión expresa del numeral 1º del artículo 9 de la Ley de Universidades, dictó el Estatuto del Personal Docente, el cual dispone en sus artículos 3 y 270 lo siguiente: “Artículo 3. El ingreso como miembro Ordinario del personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo se efectuará exclusivamente de modalidades: Concurso de Oposición para categoría de Instructor; Programa de Captación y Formación de Recursos Humanos Noveles, Programa de Investigadores Noveles auspiciado por cualquier entidad nacional o internacional autorizado por el Consejo Universitario, Concurso de Oposición para categoría superior a Instructor, por incorporación de miembros del personal Ordinario de otras universidades nacionales, traslado o prestación simultánea de servicios o mediante reincorporación de profesores que hubiesen dejado de ser miembros del personal Ordinario de la Universidad de Carabobo, exceptuando los casos de destitución. (Resaltado de esta Corte) Artículo 270. Las relaciones de trabajo de los miembros del personal Docente y de Investigación con la Universidad de Carabobo se regirán por lo establecido en este Estatuto, por las disposiciones de las leyes de la República, Estatuto y por el Convenio de Trabajo suscrito entre las partes”. En tal sentido, se observa de las disposiciones normativas antes referidas, que el ingreso en calidad de docente ordinario a la referida institución es a través del precitado concurso de oposición en la categoría de instructor, y en el caso de los profesores contratados los mismos se regirán por lo establecido en los Estatutos y lo convenido en los respectivos contratos de trabajo. Asimismo, es importante destacar que las necesidades temporales de personal docente son suplidas mediante la celebración de contratos, siendo necesario para hacerlo de manera permanente, el ingreso mediante el concurso de oposición, disposición ésta que se encuentra perfectamente ajustada al mandato constitucional del ingreso por concurso público. En el caso de autos, se observa que de la revisión exhaustiva efectuada tanto al expediente judicial como administrativo no se evidencia prueba alguna que demuestre que la ciudadana Geraudi González, hubiese participado y resultado favorecida en concurso de oposición, siendo éste el primer requisito para aspirar pasar al personal ordinario de la aludida Universidad, y ser ubicado en la categoría de instructor. Por otra parte, es menester destacar que el estudio de credenciales mediante el cual ingresa el personal docente en condición de contratado, constituye sólo uno de los aspectos que se valoran en el concurso de oposición, según lo señala el artículo 20 del Estatuto del Personal Docente referido, el cual textualmente dispone: “Artículo 20.- El Concurso de Oposición para ingreso al personal Docente y de Investigación Ordinario, constará de cinco (5) evaluaciones secuenciales: 1. Valoración de Credenciales 2. Aptitudes Intelectuales. 3. Perfil Académico y Psicológico. 4. Aptitudes Pedagógicas. 5. Conocimientos en el Área del Concurso”. Es decir, que pretende ser reconocidos por la Universidad de Carabobo, como profesores ordinarios sin cumplir con las condiciones que establece la normativa interna vigente, la cual ha sido aprobada por la máxima autoridad de dicha casa de estudios, como lo es el Consejo Universitario, para garantizar el ingreso del personal bajo criterios objetivos cuyos fines es evaluar al personal desde todas las dimensiones que el ejercicio de la carrera docente comprende. (Vid. Sentencia Nro. 2010-01714 de fecha 15 de noviembre de 2010, caso: Isabel de los Ángeles Falcón Cordero contra el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo). En este sentido, resulta imperioso para esta Corte traer a colación lo dispuesto en sentencia Nro. 1173, de fecha 4 de agosto de 2009, caso: Rosario Josefina Delgado Dupon, contra el Consejo Universitario de la Universidad Del Zulia, proferida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, relativa al carácter de empleo público en el caso de los docentes adscritos a Universidades Nacionales, la cual es del siguiente tenor: ´ “Establecido lo anterior, pasa esta Sala a verificar si la decisión recurrida se encuentra afectada de los vicios antes mencionados, o si por el contrario fue dictada conforme a derecho, en los términos que siguen: 1.- Con relación al argumento establecido por la parte recurrente, contenido en el particular 1° antes mencionado, referido a que la relación jurídica existente entre las partes debe estar regulada no sólo por la Ley de Universidades, sino por la Ley Orgánica del Trabajo, la Sala observa: De la revisión del expediente se observa que la ciudadana Rosario Josefina Delgado Dupon, mediante concurso de oposición ingresó como miembro especial del personal docente y de investigación de la Universidad del Zulia el 1° de noviembre de 1990, en condición de profesora contratada por el lapso de un año, según de evidencia de contrato de trabajo cursante del folio 67 al 69 y de la constancia emitida por el Decano de la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios.(…)… De igual manera, se evidencia que dicho contrato laboral fue renovado en tres (3) oportunidades por un lapso igual al establecido en la contratación inicial, es decir, por un (1) año. Con base en lo establecido precedentemente, esta Sala comparte el criterio sostenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de que la prestación de servicios por parte del personal docente de las universidades nacionales tiene el carácter de empleo público y por tanto, se encuentra regulada por la Ley de Universidades y los Reglamentos dictados al efecto por la Universidad respectiva. En el presente caso, no sólo se evidencia la naturaleza del servicio prestado por la accionante (de inminente carácter público), sino que el contrato suscrito entre las partes a tales efectos establece de manera expresa que tanto la Ley de Universidades como los Reglamentos internos dictados por la Universidad del Zulia regularían dicha relación de empleo público. En tal sentido, esta Sala atendiendo a la naturaleza de la función desempeñada por los docentes de universidades nacionales, en reiteradas oportunidades ha establecido que las relaciones funcionariales o de empleo público que involucren a tal personal deben estar tuteladas, primordialmente, por los principios -de orden constitucional- relativos al juez natural y al criterio de especialidad, de acuerdo a la materia de que se trate, de conformidad con los artículos 26 y 49 numeral 4 de la Carta Magna, excluyéndolos del ámbito de la Ley Orgánica del Trabajo.”. (Negritas y Subrayado de esta Corte) De forma que, en atención a la decisión sub iudice antes explanada, la función de los docentes adscritos a Universidades Nacionales es netamente de carácter público, es decir, propiamente de empleo público, y por lo tanto deben estar tuteladas, primordialmente, por los principios -de orden constitucional-, es decir, atendiendo a las disposiciones constitucionales que rijan la materia. Por tanto, la forma de ingreso a la precitada universidad pública es acorde con las disposiciones relativas al ingreso a la Administración Pública en sintonía con lo previsto en el artículo 146 Constitucional, y en el caso de las relaciones de trabajo de los docentes contratados estas se rigen por lo previsto en sus estatutos y en los convenios suscritos de manera preferente a la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente por sentencia Nro. 1844 de fecha 14 de noviembre de 2007, caso: Noé Gerardo Duque Mora, contra la Universidad de los Andes, proferida por la precitada Sala Político Administrativa de la Máxima Instancia, relativa a que las contrataciones sucesivas en el caso de los profesores universitarios no puede en forma alguna constituir una relación de trabajo a tiempo indeterminado, la cual señaló entre otras cosas que: “Con base en el criterio antes expuesto, debe esta Sala en la presente oportunidad declarar que -tal como lo sostuvo el a quo en el fallo apelado- el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes actuó en estricto apego a las potestades que el ordenamiento jurídico le otorga para seleccionar con la libertad necesaria a su personal contratado, así como a decidir acerca de la rescisión o no renovación de dichos contratos, fundamentándose para ello -entre otros- en el principio de la autonomía universitaria, consagrada en el Texto Fundamental y desarrollada en la Ley de Universidades y, en el caso concreto, en el Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Los Andes y el contrato suscrito entre dicha casa de estudios y el recurrente. En cuanto al argumento relativo a que el a quo analizó de manera inadecuada la figura de la “tácita reconducción”, se observa que de acuerdo a los razonamientos expuestos a lo largo del presente fallo, ha quedado demostrado que el vínculo laboral existente entre el recurrente y la Universidad de Los Andes estaba regido por las cláusulas previstas en los contratos que anualmente suscribían, cuyo último instrumento señalaba que la relación existente se extinguiría el día 31 de diciembre de 2001. Asimismo, se reitera, el hecho de haber renovado en múltiples oportunidades el contrato suscrito entre ambas partes, no le acreditaba al recurrente por sí solo la condición de contratado a tiempo indeterminado. Adicionalmente, se observa que conforme a lo previsto en el artículo 230 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Los Andes, “Los profesores contratados se regirán por lo establecido en la Ley de Universidades, el presente Estatuto y los términos establecidos en el contrato respectivo”, constituyendo ésta la norma específica que establece el marco normativo aplicable para resolver los asuntos atinentes a los profesores universitarios contratados por esa casa de estudios.” (Negritas y subrayado de esta Corte) De manera pues que no puede pretender la recurrente modificar su situación actual e ingresar a la universidad in commento como docente ordinaria, sólo por el hecho de haber suscritos varios contratos, pues como se señaló anteriormente en la sentencia antes transcrita, “la función” de los docentes en las universidades públicas escapan al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo; y en virtud de que no se evidencia de autos que el recurrente hubiese participado y resultado favorecido en concurso de oposición, siendo éste el primer requisito para aspirar a pasar ordinario, y ser ubicada en la categoría de instructora, resulta forzoso para esta Corte declarar improcedente la referida denuncia, puesto que no existe en forma alguna violación a la Estabilidad Laboral de la recurrente, ya que no le es aplicable en forma alguna lo previsto en el artículo 74 del precitado texto legal. Así se Decide.- Igualmente en cuanto a la solicitud de nulidad de la decisión dictada por el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo en sesión extraordinaria Nº 1436 de fecha 14 de diciembre de 2006, en criterio de esta Corte sería totalmente contrario al orden constitucional y legal que la recurrente pretenda que este Tribunal proceda a “declarar formalmente la calidad de profesora universitaria fija de la Profesora GERAUDI GONZÁLEZ (…)”, y a su vez se ordene “(…) al CONSEJO UNIVERSITARIO reconsidere la clasificación de [su] poderdante en el escalafón correspondiente para su ascenso al nivel de Instructor como miembro ordinario del personal y de investigación de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO (…)”. Cuando en esencia esta Corte explanó abundantemente que no le es aplicable a la referida universidad lo dispuesto en el artículo 74 de la norma sustantiva laboral, puesto que la condición de docente contratado no puede ser mutable a la de ordinario, por efecto del transcurso del tiempo ni es permisible obviarse el respectivo concurso de oposición para su ingreso contemplado en su normativa interna, ya que ello atentaría al orden constitucional preestablecido por lo tanto se declara improcedente la referida denuncia. Así se establece.- De La Violación a la Reserva Legal En cuanto a la violación a la reserva legal aducida por la recurrente, señalando entre otras cosas que “(…) en razón de la existencia de la GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE RESERVA LEGAL sobre los REQUISITOS Y CONDICIONES DE INGRESO, PROMOCIÓN O ASCENSO Y PERMANENCIA en el sistema educativo de los Profesores Universitarios los cuales deben estar determinados en Ley (…) prevista en el artículo 104, de la CONSTITUCIÓN exige mientras no se dicte la nueva LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR, la aplicación de los requisitos (…) que están establecidas en la LEY DE UNIVERSIDADES, y únicamente en la medida de su compatibilidad con la misma CONSTITUCIÓN en virtud del PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL previsto en el artículo 7 (…)”. (Mayúsculas del original). Que “Por tanto hoy en día es inconstitucional, nulo y sin efecto jurídico alguno por contrario al mandato constitucional de RESERVA LEGAL consagrado en el artículo 104, lo dispuesto en el texto de los artículos 86, 89, 100, 91 y cualquier otro dispositivo de la LEY DE UNIVERSIDADES en lo que respecta a las remisiones hechas al reglamento (…) por tanto toda la normativa que establece el ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO que sea diferente a las previsiones de la LEY DE UNIVERSIDADES en cuanto a los requisitos y condiciones de ingreso, promoción o ascenso y permanencia en el sistema educativo de los Profesores Universitarios incluido los Profesores y Profesoras Universitarias Contratadas (…) es contrario a la GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE RESERVA LEGAL, que atribuye esa regulación exclusivamente a la Ley, y en consecuencia dicha normativa estatutaria es absolutamente nula e inaplicable”. (Mayúsculas del original). Por lo que finalmente solicitó que fueran “(…) desaplicados por incompatibilidad con la CONSTITUCIÓN y por vía del CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD previsto en el artículo 334, los artículos 86, 89, 100 y 91 de la LEY DE UNIVERSIDADES en lo que respecta a las remisiones hechas al reglamento (….) en atención a la GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA RSERVA LEGAL dispuesta en el artículo 104 de la CONSTITUCIÓN” así como también solicitó que sean desaplicados los artículos 3 al 33 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo. Sin embargo por su parte, la representación judicial del Ministerio Público señaló que “(…) a las Universidades les está dada la autonomía universitaria para establecer a través de sus estatutos internos sus propias normas referidas a su funcionamiento incluido el ingreso y ascenso del personal docente, cuyas normas se encuentran representadas en los estatutos y reglamentos internos de cada universidad, por lo que el régimen relativo al ingreso y permanencia del personal docente a cada universidad cuando este regulada en un texto distinto a la Ley no transgrede la reserva legal debiendo desestimarse tal argumento”. Ahora bien, considera esta Corte que la recurrente pretende que se desaplique por Control Difuso de la Constitucionalidad las disposiciones normativas en materia de universidades ut supra, porque las mismas violan la reserva legal. Es importante destacar que “para que se concrete la violación la mencionado principio de reserva legal, es necesario que concurran dos requisitos: el primero de ellos referente a que la regulación de una determinada materia esté, como su nombre indica, reservada a la Ley formal; y en segundo Lugar, que dicha materia haya sido reglada por un cuerpo normativo de rango sublegal” (Vid. sentencia Nro. 01243, de fecha 17 de mayo de 2006, caso: Régulo Díaz, contra el Ministerio de la Defensa, proferida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia). Asimismo, por sentencia Nro. 48 de fecha 17 de enero de 2007, caso: Luis Beltran Aguilar, proferida por la precitada Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República, se estableció la potestad reglamentaria de la Administración Pública y su incidencia en el principio de reserva legal, la cual es del siguiente tenor: “(…) la reserva legal se presenta como una limitación formal a la potestad reglamentaria y un mandato específico del Constituyente al Legislador para que sólo este último regule ciertas materias en sus aspectos fundamentales. Es decir, que la reserva legal no sólo limita a la Administración, sino también de manera relevante, al Legislador, toda vez que sujeta su actividad a la regulación de determinadas materias previstas en el Texto Fundamental como competencias exclusivas del Poder Nacional. En este orden de ideas, en la doctrina se ha venido afirmando que la reserva legal ha adquirido una nueva dimensión, pues no es tanto el deber del legislador de regular, él mismo, directamente, las materias reservadas a la ley, como el que tenga la posibilidad efectiva de hacerlo y decida si va a realizarlo él directamente o a encomendárselo al Poder Ejecutivo. Es, así, como se infiere que la reserva legal implica una prohibición al reglamento de entrar por iniciativa propia en el mencionado ámbito legislativo, pero no prohíbe al legislador autorizar al Poder Ejecutivo para que así lo haga. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 1947, del 11/12/2003). En conexión con lo anterior, debe la Sala recordar que la actividad administrativa por su propia naturaleza se encuentra en una constante y dinámica evolución, suscitándose con frecuencia nuevas situaciones y necesidades que, en su oportunidad, no pudieron ser consideradas por el legislador. De allí que sujetar la actuación de las autoridades administrativas a lo que prescriba exclusivamente un texto de carácter legal, conllevaría indefectiblemente al entrabamiento de la gestión pública tornándose esta ineficiente y sin capacidad de respuesta para las nuevas necesidades del colectivo. Por tales razones, la doctrina ha venido aceptando que el legislador en la misma ley, faculte a la Administración para que dicte reglas y normas reguladoras de la función administrativa, que la doten del ejercicio de cierta libertad de acción en el cumplimiento de sus funciones propias, lo cual de modo alguno puede estimarse como una transgresión a los principios de legalidad y de reserva legal.”. (Negritas y subrayado de esta Corte). Así pues, en atención a las decisiones antes explanadas, el legislador faculta a la Administración para que dicte sus propias reglas y normas reguladoras de la función pública, permitiéndole cierta libertad de acción en el cumplimiento de sus funciones propias, ya que “por su propia naturaleza se encuentra en una constante y dinámica evolución, suscitándose con frecuencia nuevas situaciones y necesidades que, en su oportunidad, no pudieron ser consideradas por el legislador. De allí que sujetar la actuación de las autoridades administrativas a lo que prescriba exclusivamente un texto de carácter legal, conllevaría indefectiblemente al entrabamiento de la gestión pública tornándose esta ineficiente y sin capacidad de respuesta para las nuevas necesidades del colectivo”. Por lo tanto, tal como fuera señalado anteriormente, dicha facultad en modo alguno podría violar el principio reserva legal; y en el caso que nos ocupa insiste esta Corte en que la Universidad de Carabobo al dictar su reglamentación respectiva, lo está haciendo en atención la facultad que le es conferida por remisión expresa del numeral 1º del artículo 9 de la Ley de Universidades que dispone: “Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y de su Reglamento, disponen de: 1.- Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas. De igual forma, debe esta Corte por notoriedad judicial reproducir parcialmente el dictamen de la Dirección de Consultoría Jurídica de la Universidad de Carabobo, contenido en el Oficio Nº CJ-729-2006-DISCU de fecha 30 de noviembre de 2006, que fuera ratificado por el Consejo Universitario de la Universidad, referida al no dar respuesta al recurso de reconsideración interpuesto el 18 de enero de 2007, por la recurrente y el cual señala lo siguiente: “(…) En el caso de los docentes contratados al servicio de la Universidad de Carabobo, su relación laboral deriva de la Ley de Universidades, de su Estatuto de Personal Docente y de Investigación y, por supuesto, del contrato celebrado entre las partes. De esta manera, conforme a lo establecido en el citado régimen aplicable, la Universidad de Carabobo por órgano de su Consejo Universitario y de su Rector, en ejercicio de las competencias y facultades que tienen asignados, pueden perfecta y válidamente establecer tanto a nivel general en el Estatuto del Personal Docente y de Investigación, como a nivel particular en los contratos individuales de trabajo, las limitaciones que consideren necesarias y pertinentes en cuanto a la estabilidad de los docentes contratados, todo ello en virtud de la autonomía constitucional y legalmente reconocida, lo cual en este caso faculta a la Universidad para prescindir de los servicios del docente y en consecuencia dar por terminado el contrato, o prorrogar los servicios mediante una renovación del contrato en cuestión. Ello así, resulta absolutamente improcedente equiparar a un docente contratado como un docente ordinario, por el solo (sic) hecho de que al primero se le haya renovado o prorrogado su contrato en más de una oportunidad. No obstante lo anterior, debemos reconocer que en el presente caso, como en cualquier otro similar donde se haya renovado el contrato de docente en mas de dos oportunidades, estamos en presencia de una distorsión de los fines de la Universidad en cuanto a lo que debería ser la adecuada y correcta conformación de su personal docente y de investigación, que debe propender a la integración de todo su personal docente dentro de la categoría de miembros ordinarios. Frente a esta situación ocurrida con la Profesora Isabel Falcón de Rugeles, brindándole así la oportunidad a dicha profesora para que, si gana el concurso en cuestión, pase a formar parte del personal docente ordinario de esa casa de estudios, y se le reconozca su trayectoria previa dentro de la Institución. En consecuencia, y como una manera de solucionar en forma definitiva esta anormal situación, consideramos pertinente que la Facultad de que se trate de ser necesaria la captación de recurso humano para la respectiva cátedra, previo cumplimento de las formalidades administrativas, presupuestaria, legales y estatutaria, inicie los tramites de rigor para llamar a concurso de oposición en la asignatura impartida Profesora Isabel de los Ángeles Falcón de Rugeles, brindándole así la oportunidad a dicha profesora para que, si gana el concurso en cuestión, pase a formar parte del personal docente ordinario de esa casa de estudios, y se le reconozca su trayectoria previa dentro de la institución”. Ahora bien, respecto al vicio de violación al principio constitucional de la reserva legal, se desprende que la Dirección de la Consultoría Jurídica de la Universidad de Carabobo, fundamentó su dictamen en el ejercicio de la autonomía funcional que la Constitución le confiere a las Universidades Nacionales para dictar sus normas de funcionamiento y autonomía establecida en el artículo 109 de la carta magna. (Vid. Sentencia Nro. 2010-01714, de fecha 15 de noviembre de 2010, caso: Isabel de los Ángeles Falcón Cordero contra el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo dictada por este Órgano Jurisdiccional). Por otra parte es conveniente citar lo dispuesto en el artículo 109 del texto constitucional, que señaló lo siguiente: “Artículo 109.- El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”. De manera pus que, la Constitución remite a las normas internas de las universidades en cuanto a su funcionamiento y administración, lo cual concatenado con lo dispuesto en la parte in fine del artículo 104 eiusdem, que señala “(…) El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica” prevé claramente que es a través de la reserva legal que se regulará la función docente en las universidades públicas. Por lo tanto, no evidencia esta Corte que en el presente caso se cumplan los requisitos circunstanciales para que exista la violación del precitado principio, como lo a saber: i.- el primero de ellos referente a que la regulación de una determinada materia esté reservada a la Ley formal; y ii.- en segundo lugar, que dicha materia haya sido reglada por un cuerpo normativo de rango sublegal. Así que, en virtud de que la Constitución es quien atribuye a la Ley el desarrollo de los aspectos relacionados con el funcionamiento de las universidades, tomando en consideración la autonomía de las mismas, y es la Ley de Universidades concretamente, la que remite a las normas internas de cada Universidad en lo que respecta al establecimiento de las condiciones de ingreso y desarrollo de la carrera docente, es por lo que considera esta Corte que no existe violación alguna a la reserva legal, ya que la recurrida dicta sus normas en atención a las atribuciones que le confiere el orden legal y constitucional preestablecido, de manera pues que resulta forzoso para esta Corte declarar improcedente la referida denuncia. Así se declara.- En cuanto a la desaplicación por incompatibilidad con la Constitución, por vía del control difuso de la constitucionalidad de los artículos 86, 89, 100 y 91 de la Ley de Universidades así como también que sean desaplicados los artículos 3 al 33 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo, relativo a la forma de ingreso, ascenso, y traslado del personal docente en dicha universidad, la cual fue solicitada por la demandada en virtud de la presunta violación de la Reserva Legal, considera esta Corte que el fundamento de tal solicitud conduce igualmente a la denuncia anterior, puesto que -en opinión de la recurrente- las referidas disposiciones normativas trasgreden las previsiones del artículo 104 Constitucional. En este sentido, es importante traer a colación lo dispuesto en sentencia Nº 117 de fecha 18 de febrero de 2004, caso: Nelson Enrique Castillo Vs. Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se trató el tema de los profesores contratados de las Universidades y lo determinante del reglamento interno: “En el mismo orden de ideas, el apelante denunció en su escrito, que la sentencia recurrida violó el control difuso de la Constitución, al desconocer los derechos laborales adquiridos por su representado, ya que consideraba que a través de su relación de cinco (5) años y ocho (8) meses al servicio de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), como profesor contratado, éste tenía el derecho a ser ascendido a profesor ordinario. Por tanto, argumentó que ‘...el Juzgador ad-quen, en atención al control difuso de la Constitución, ha debido desaplicar por inconstitucional la coletilla del citado artículo 29 de rango sub-legal y tutelar la estabilidad y progresividad de los derechos laborales invocados por el Arq. NELSON ENRIQUE CASTILLO NIÑO, frente al menoscabo de los mismos por parte de los actos administrativos recurridos (…)’ Como se ha indicado anteriormente, la Sala considera que las autoridades universitarias, concretamente, el Consejo Universitario, puede prescindir del personal docente contratado cuando así lo considere pertinente, en ejercicio de las facultades discrecionales que le han sido conferidas por el ordenamiento, las cuales en el presente caso, fueron señaladas expresamente en el Contrato que regía las relaciones entre el apelante y la Casa de Estudios en referencia. De allí que la Corte haya establecido que el recurrente tenía una expectativa de derecho y no un derecho adquirido y asimismo, la Sala debe precisar que las disposiciones contenidas en las Normas de Personal de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), no resultan en modo alguno contrarias a la Constitución, sino que por el contrario las mismas tiene su fundamento en la autonomía universitaria consagrada en el Texto Fundamental y desarrollada en la Ley de Universidades y en el Reglamento Interno de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). Así se declara”. Por lo tanto, en atención a la decisión expuesta anteriormente, los Consejos Universitarios de las Universidades Nacionales actúan regladamente en atención a las facultades otorgadas por la normativa legal preexistente y por lo tanto están facultados para dictar su normativa en materia de ingreso, ascenso y traslado del personal docente en la institución de educación superior respectiva, por lo que en el caso que nos ocupa, se evidencia de lo aseverado por la recurrente en su escrito de nulidad que la solicitud de desaplicación de los aludidos preceptos legales obedecen a la supuesta violación del principio de reserva legal en cuanto a la forma de ingreso, ascenso y traslado del personal docente en la Universidad de Carabobo, cuando desde un principio, el Consejo Universitario del prenombrado ente está facultado para dictar sus normativas internas en atención a lo establecido en el numeral 1º del artículo 9 de la Ley de Universidades, en concordancia con lo estipulado en el artículo 104 del texto Constitucional, y al no haber violación al prenombrado principio. Se declara improcedente tal solicitud. Así se establece.- De los requisitos para el ascenso del personal docente ordinario en las Universidades Nacionales En cuanto a lo señalado por la recurrente en su escrito de nulidad respecto a que se ordene “(…) al CONSEJO UNIVERSITARIO reconsidere la clasificación de (su) poderdante en el escalafón correspondiente para su ascenso al nivel de Instructor como miembro ordinario del personal y de investigación de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO (…)”. Al respecto nuevamente reitera esta Corte que el legislador faculta a la administración para que dicte sus propias reglas y normas reguladoras de la función pública, permitiéndole cierta libertad de acción en el cumplimiento de sus funciones propias, por lo tanto los procesos de ingreso ascenso y traslado de los docentes universitarios ordinarios no es del libre consentimiento de las universidades nacionales pues atiende a la normativa interna dictada al efecto, la cual debe estar en sintonías con lo dispuesto en la Ley de Universidades. En este sentido, es conveniente traer a colación lo dispuesto en sentencia Nro. 1.535 de fecha 13 de junio de 2006, caso: Anneris Pérez De Pérez y otros, contra el Consejo Universitario de la Universidad Experimental Libertador (UPEL), que estableció lo siguiente: “Ahora bien, el supuesto previsto en el artículo 90 antes transcrito, contiene una declaración general respecto al derecho que tiene el personal a que “se considere” su clasificación en el escalafón universitario, derecho que tal y como lo estableció la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en modo alguno puede operar ope legis, toda vez que tanto los ascensos como la ubicación en el escalafón, deben producirse conforme a las credenciales, méritos y años de servicio del personal, según el artículo 89 de la misma Ley, no pudiéndose considerarse de manera aislada la operatividad del derecho establecido en el tantas veces mencionado artículo 90, sino por el contrario, debe concatenarse con el cúmulo de normas que rigen lo relativo al ingreso y ascenso dentro de las Universidades. Así, la interpretación armónica de ambas normas, sólo puede llevar a concluir que tanto para el ascenso como para la reubicación deben cumplirse con los requisitos preestablecidos en la propia ley y, que en cualquier caso, el derecho previsto en el artículo 90 de la Ley de Universidades está delimitado a solicitar que se considere la clasificación en el escalafón universitario, siendo el Consejo Universitario el que en definitiva evalúa si están dadas las condiciones para acceder a tal petición, es decir, que si un miembro del personal docente de una Universidad gana un concurso para una determinada categoría y se le ubica en la misma, las posibles posteriores reubicaciones a que haya lugar son absolutamente potestativas del Consejo Universitario, potestad que incluso se encuentra limitada a la verificación del cumplimiento de los requisitos de mérito y credenciales respectivas”. (Negritas y subrayado de esta Corte). Así pues, en atención a la decisión antes explanada, y tomando en consideración lo dispuesto en la Ley de Universidades, corresponde al Consejo Universitario de la recurrida establecer las condiciones para el ascenso en el escalafón universitario de conformidad con su normativa interna, y por ende no es permisible que a través de la vía jurisdiccional pretenda el recurrente que se le sea convenido su ascenso en el escalafón universitario, pues debe ser acorde con la normativa legal dictada al efecto. Por lo tanto se declara improcedente dicha denuncia. Así se establece.- Igualmente, esta Corte considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte recurrente ha incurrido en faltas a los deberes de lealtad y probidad, al interponer en diversas oportunidades la solicitud de inhibición, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y de manera reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas estas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Antonio José Meneses, Inpreabogado Nº 22.181, debiendo informar a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Así pues, en fuerza de los razonamientos antes expuestos, resulta forzoso para esta Corte declarar SIN LUGAR el presente recurso de nulidad interpuesto por el por el apoderado judicial de la ciudadana Geraudi Dolores González Olivares, titular de la cédula de identidad Nº 11.362.554, contra la decisión del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo dictada en sesión extraordinaria Nº 1436 de fecha 14 de diciembre de 2006, mediante la cual acordó aprobar el Dictamen emanado de la Dirección de Consultoría Jurídica, Oficio Nº CJ-729-2006-DISCU, de fecha 30 de noviembre de 2006 y negó los pedimentos administrativos del recurrente. Así se establece.- VI DECISIÓN En virtud de las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de inhibición planteada por el abogado Antonio José Meneses Díaz, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano GERAUDI DOLORES GONZÁLEZ OLIVARES. 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el abogado Antonio José Meneses Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 22.181, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GERAUDI DOLORES GONZÁLEZ OLIVARES, titular de la cédula de identidad Nº 11.362.554, contra la decisión del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO dictada en sesión extraordinaria Nº 1436 de fecha 14 de diciembre de 2006, mediante la cual acordó aprobar el Dictamen emanado de la Dirección de Consultoría Jurídica, Oficio Nº CJ-729-2006-DISCU, de fecha 30 de noviembre de 2006 y negó los pedimentos administrativos del recurrente. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, con el objeto de que determine las posibles responsabilidades disciplinarias en que pudiera haber incurrido el abogado Antonio José Meneses. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los ______________ (____) días del mes de ______________ de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. El Presidente, EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Ponente El Vicepresidente, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA El Juez, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL La Secretaria Accidental, CARMEN CECILIA VANEGAS SALAS Exp. Nº AP42-N-2007-000343 ERG/20 En fecha ______________________ (___) de ______________ de dos mil once (2011), siendo la (s) ____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº _________________. La Secretaria Accidental.