TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 29 de Noviembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO: AH17-X-2011-000068
PARTE DEMANDANTE: BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A, domiciliada en caracas, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha dieciocho (18) de diciembre de 2009, bajo el Nº 42, tomo 288-A-Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JOSE RAFAEL PARRA, PEDRO ALEXANDER VELASQUEZ, FRANCISCO SANTANA NUÑEZ, WINSTON ARMANDO CABRERA Y BRENDA CAROLINA TARIFA CABRERA, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo los Números. 54.179, 98.424, 93.837, 97.526 y 142.312, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL MS CONSTRUCCIONES Y SERVICOS 3291, C.A, domiciliada en la ciudad de Lechería, Municipio Autónomo Urbaneja del Estado Anzoátegui, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 15 de marzo de 2001, bajo el Nº 44, Tomo A-19 y a los ciudadanos GUSTAVO ERNESTO PETRICCA y JOSE LEONARDO EMILIO LANZA, venezolanos, mayores de edad, domiciliado en el Estado Anzoátegui y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-14.486.440 y V-8.236.439, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no constituyó apoderado judicial alguno.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES

I
Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la medida solicitada por la parte actora en el escrito libelar, quien la solicitó en los siguientes términos:
“...Para garantizar las resultas del presente juicio, solicitamos al Tribunal que decrete MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles propiedad e los demandados, hasta el límite que prudencialmente de fije, los cuales señalaremos en su oportunidad con el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil…”

II

Planteada la petición cautelar interpuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base a las siguientes consideraciones:
El Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Resaltado del Tribunal).

De la norma transcrita ut supra se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora.
Asimismo el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
“Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas…”

Conforme a las normas antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fummus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos.
En consecuencia, en virtud de lo antes expuesto, observa este Juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.
Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, considera este órgano jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos, pues la presunción de existencia del derecho deriva de los documentos que corren insertos a los folios 17, 24 y 32 del cuaderno principal y; el peligro de retardo deviene del propio transcurso del tiempo en que se realiza la ardua función de administrar justicia, por ello es forzoso decretar la medida cautelar solicitada por la parte intimante y ASÍ SE DECIDE.

III

Por los planteamientos antes expuestos este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles de la parte demandada, MS CONTRUCIONES Y SERVICIOS 3291, C.A, domiciliada en la ciudad de Lechería, Municipio Autónomo Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 15 de marzo de 2001, bajo el Nº 44, tomo A-19, hasta cubrir la cantidad de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTISEIS CENTAVOS (Bs. 21.946.344,26), suma que corresponde al doble de la cantidad demandada, más las costas prudencialmente calculadas por éste Tribunal, en la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VENTIDOS BOLIVARES CON VEINTE CENTAVOS (Bs. 1.995.122,20) suma esta ya incluida en la cantidad anterior y corresponde al Veinte por Ciento (20%), de la suma líquida demandada, si la presente medida recae sobre sumas líquidas de dinero, la misma deberá ser practicada hasta por la cantidad de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVARES CON VEINTITRES CENTIMOS (Bs.11.970.733,23), suma esta que corresponde a la cantidad líquida demandada más las costas supra-señaladas.-
A los fines de la práctica de la medida, se comisiona amplia y suficientemente con facultades para sub-comisionar al Juzgado (Distribuidor) Ejecutor de Medidas Preventivas y Ejecutivas del Estado Anzoátegui. Provéase lo conducente. Líbrese comisión y oficio.
EL JUEZ

RICARDO SPERANDIO ZAMORA
LA SECRETARIA

YAMILET J. ROJAS M.

Hora de Emisión: 3:14 PM
Asistente que realizo la actuación: