REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 30 de Noviembre de 2011
201º y 152º
ASUNTO: AP11-V-2009-000682
PARTE DEMANDANTE: Fernando De Jesús Salazar Rondón, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-5.598.895.
APODERADO JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: Luís Eduardo Peña, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 75.238.
PARTE DEMANDADA: Jean Michel Martín Bellanger, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V.-5.304.878.
APODERADO JUDICIAL
PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial constituido en autos.
MOTIVO: Daños y Perjuicios.
I
ANTECEDENTES
Se inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado en fecha Cinco (05) de Junio de 2009, por el abogado Luís Eduardo Peña, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.238., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadano Fernando De Jesús Salazar Rondón, por Daños y Perjuicios.
Mediante auto de fecha (09) de Julio de 2009, se admitió la presente demanda ordenándose el emplazamiento del ciudadano Jean Michel Martín Bellanger, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº.- V.-5.304.878, up supra identificada..
En fecha 20 de Julio de 2009, el apoderado judicial de la parte actora consignó los fotostatos necesarios para la elaboración de la respectiva compulsa de citación.
En fecha 21 de Julio de 2009, este Tribunal acordó librar compulsa de citación a la parte demandada.
En fecha 16 de Septiembre de 2009, el apoderado judicial de la parte actora consigno emolumentos para el traslado del alguacil.
En fecha 27 de Septiembre de 2010, el apoderado Judicial de la parte actora solicita que el alguacil consigne la citación personal para dar continuidad al proceso.
Finalmente, en fecha 07 de octubre de 2010 este Tribunal mediante auto insta al precitado ciudadano a dirigirse a la unidad de Actos de Comunicación (UAC), a fin que gestione lo conducente a la compulsa librada en fecha 21-06-2009.
II
MOTIVA
El Tribunal a los fines de proveer sobre esta causa, hace las siguientes observaciones:
Se hace menester hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece que:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes...”.
Por su parte, el artículo 269 ejusdem reza que:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Asimismo la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nº 156 de fecha diez (10) de agosto del año 2.000, expresó:
“...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...”
A este respecto, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche ha sostenido que:
"Un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es mas que la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el cual no se realizan actos de impulso procesal y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. Toda paralización del proceso contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse, según se den o no los factores legales que la determinan. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso y; por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal".
Establecido previamente lo anterior, se procedió a realizar un minucioso examen a las actas que integran este expediente, y se evidencia que en fecha en fecha 27 de Septiembre de 2010, el apoderado Judicial de la parte actora solicita que el alguacil consigne la citación personal para dar continuidad al proceso, y siendo que en fecha 07 de octubre de 2010, este tribunal mediante auto instó al precitado ciudadano a dirigirse a la unidad de Actos de Comunicación (UAC), a fin que gestione lo conducente relativo a la compulsa librada en fecha 21-06-2009, se evidencia que hasta la presente fecha ha transcurrido más de un (01) año sin que la parte interesada haya dado el impulso procesal respectivo al presente expediente, ya que es deber de las partes impulsar el proceso en cualquier estado o grado de la causa, aún en estado de sentencia. Así se establece.
Resulta evidente que, los hechos supra descritos, se subsumen perfectamente en la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, antes trascrito, al haber transcurrido, suficientemente, el lapso legal para que se produzca la perención de la instancia, y así lo puede declarar el Tribunal por imperativo de la norma contenida en el artículo 269 ejusdem. Así se declara.
En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Juzgador declarar perecida la instancia en este juicio, a tenor de lo previsto en el articulado supra citado. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
ÚNICO: Declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Daños y Perjuicios, sigue el ciudadano Fernando de Jesús Salazar Rondón contra el ciudadano Jean Michel Martín Bellanger, ambas partes plenamente identificadas en autos, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los 30 de Noviembre de 2011. 201º y 152º.
El Juez,
Abg. César A. Mata Rengifo
La Secretaria
Abg. Inés Belisario Gavazut
En esta misma fecha, siendo las 2:48 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria
Abg. Inés Belisario Gavazut
CAMR/IBG/Williams
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