REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SUPERIOR OCTAVO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Caracas, veintinueve (29) de Noviembre de 2011 200º Y 151º ASUNTO: AP21-O-2011-119 PRESUNTO AGRAVIADO: LEIMY CORTEZ SOLANO, venezolano, mayor de edad, obrero de construcción, titular de la cedula de identidad Nª 23.632.350, de este domicilio. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: EFRAIN SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la cédula de identidad número 3.171.935, abogado en ejercicio, e inscrito en el IPSA bajo el número 33.908. PARTE PRESUMENTE AGRAVIANTE: JUZGADO TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Se conoce del presente asunto en este Tribunal Superior, en virtud de la acción de Amparo Constitucional interpuesta, en fecha 21-11-2011, por el ciudadano EFRAIN SANCHEZ B., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro 33.908, contra la Juez 3° de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por presunta violación del articulo 49 de la Constitución Nacional vigente, numerales 1° y 8°, 51 y 143 ejusdem; désele entrada a los fines legales consiguientes. En fecha 21-11-2011, es realizado el procedimiento de distribución de expedientes correspondiendo a esta Alzada, el conocimiento y decisión de la presente causa. En fecha 21-11-2011, se da por recibida la presente acción de amparo constitucional. Verificada la competencia de esta alzada para conocer de la presente acción de amparo, toda vez que versa sobre actuaciones realizadas por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para la ejecución de una sentencia en un juicio de reclamo por prestaciones sociales previstos en la Ley Sustantiva Laboral, incoado por ante un Tribunal del Trabajo, cuya alzada natural, conforme a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es este Tribunal Superior, en consecuencia se pasa al pronunciamiento sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo. DE LA ACCIÓN DE AMPARO Alega la parte agraviada que en fecha jueves 22-09-2011, a las 11:00 a.m. estaba pactada la medida ejecutiva de embargo en la sede de la empresa, oportunidad fijada por el Juzgado presuntamente agraviante para practicar la medida de embargo para el cual fue comisionado, compareció por ante la Sala de dicho Tribunal ubicado en el piso 04 del Edificio Centro Financiero Latino, Avenida Urdaneta, Caracas, Distrito Capital, y la Jueza 3° de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, se trasladó a la dirección de la demandada, Santa Fe Norte, La Alameda, frente al Centro Comercial Santa Fe, Municipio Baruta del Estado Miranda, esta medida ejecutiva de embargo NO SE MATERIALIZO, en virtud que los bienes a embargar pertenecen a otra sociedad mercantil, denominada Maquinarias para la Tierra C.A. (MPT, C.A.) cuyo propietario es el Sr. Giancinto Rosciano, quien es también dueño y representante legal de la empresa Edificaciones Rosciano (EDIROCA, C.A.)-la ejecutada-, Así mismo alega que esto trajo como consecuencia la no consolidación de la medida; sin embargo en el acta de embargo contentiva de cuatro (04) folios útiles se observa que el apoderado actor, hoy querellante se reserva el derecho de seguir investigando sobre los bienes muebles de la empresa Edificaciones Rosciano C.A. Posteriormente a ello alega el querellante que solicitó al Juzgado presuntamente agraviante, en fecha 26-09-2011, 05-10-2011 y 02-11-2011 ejecutara la medida de embargo acerca de los bienes muebles (vehículos y maquinarias pesadas) pertenecientes a la sociedad mercantil Maquinarias para Tierras C.A.) Señala el querellante que el día 02-11-2011, el Tribunal Tercero de SME, de este Circuito judicial, juzgado supuestamente agraviante, declaro sin lugar las pretensiones contraídas en las diligencias antes referidas, de fecha 26-09-2011, 05-10-2011 y 02-11-2011 Finalmente denuncia una franca dilación en demasía en proferir su decisión este acto diferido contradice el contenido de los Artículos 51 y 143 del texto constitucional, la cual lesiona el debido proceso y el derecho a la defensa. DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO El ejercicio de la acción de amparo es un derecho fundamental materializable a través de los diversos medios judiciales destinados a garantizar todos los derechos y garantías constitucionales, a los efectos de asegurar el goce y el ejercicio de los mismos por todos los habitantes de la Republica. El amparo se consagra como un derecho de los ciudadanos de un país, de exigir ante todos los Tribunales, según su competencia, y de acuerdo a lo que la Ley establece, la protección y el aseguramiento del goce del ejercicio de todos los derechos y garantías frente a cualquier perturbación, mediante un procedimiento breve y sumario, que permita al Juez reestablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. Respecto a la admisibilidad del Recurso de Amparo, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece una serie de causales cuya verificación impide al operador de justicia darle curso a un procedimiento constitucional iniciado formalmente por el particular que denuncia la presunta violación de sus derechos. Se destaca que no se admitirá la acción de amparo cuando el agraviado disponga de vías judiciales ordinarias o medios judiciales preexistentes. En relación a dicha causal de inadmisibilidad prevista en el articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 1622, de fecha 10 de agosto de 2006, citando sentencia del 23 de noviembre de 2001, caso Mario Tellez García y otro, en la cual se estableció lo siguiente: (…) [L]a acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. (Negrillas y subrayado del Tribunal). Siguiendo el reiterado criterio jurisprudencial ya referido, considera esta Alzada que la acción de amparo es exclusivamente un mecanismo de defensa contra la violación de una garantía o derecho constitucional, y como acción destinada al restablecimiento, sólo se admite para su existencia armoniosa con el sistema jurídico, ante la inexistencia de una vía ordinaria idónea para ello, o por la existencia de una vía distinta que por su poca rapidez e ineficacia, impida la lesión de los derechos que la Constitución vigente garantiza. Por tal motivo resulta evidente que el Amparo Constitucional no fue creado para cuando existan mecanismos idóneos, diseñados con una estructura determinada, más aún cuando los mismos han sido ejercidos previa o anticipadamente, ya que dicho recurso extraordinario no constituye una tercera instancia para revisar aspectos que son estrictamente de orden legal, procediendo contra sentencias sólo cuando un Tribunal haya actuado fuera de su competencia, en usurpación o extralimitación de funciones, o bien, haya dictado una sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional, de conformidad con el artículo 4 de la mencionada Ley. En el presente caso, la parte presuntamente agraviada denuncia vicios en decisión de fecha 02 de Noviembre de 2011, dictado por la Juez 3° de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, decisión que conforme al artículo 186 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, era recurrible por ante esta instancia superior mediante diligencia presentable ante el departamento denominado en este Circuito URD (UNIDAD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS). Dicho ENTE tiene como obligación recibir todos los escritos, diligencias, informes, etc, que le presenten las partes, expertos o terceros, debidamente identificados y cuyo funcionamiento esta debidamente regido por la Presidencia del Circuito Judicial del Trabajo, dicho departamento no se encuentra sometido a las instrucciones de los Jueces en particular. En este Circuito Judicial las apelaciones no se presentan directamente ante el Juez para ello fue creado un área destinada a tal fin, por lo tanto debió el querellante ejercer el recurso de apelación correspondiente al acto de fecha 02-11-2011, el cual a todas luces es recurrible. Como puede deducirse de lo dicho, la parte querellante optó por no ejercer el recurso ordinario disponible a su favor, con lo cual, conforme a la jurisprudencia citada supra, no se podría acceder a la vía constitucional para la impugnación de la decisión de fecha 02 de Noviembre de 2011, dictado por la juez 3° de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, y así se debe dejar establecido. De toda la motivación anteriormente expresada, esta alzada concluye que la acción de amparo propuesta debe ser declarada inadmisible, con los demás pronunciamientos de ley. DISPOSITIVO Por los fundamentos fácticos y jurídicos explanados, este JUZGADO SUPERIOR OCTAVO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: INADMISIBLE la acción de amparo incoada por LEIMY CORTEZ SOLANO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la cédula de identidad V- 23.632.350, representado por el ciudadano EFRAIN SANCHEZ, abogado en ejercicio, e inscrito en el IPSA bajo el número 33.908 en contra del JUZGADO TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el archivo del Tribunal. La Jueza DRA GRELOISIDA OJEDA NÚÑEZ EL SECRETARIO Abog. ISRAEL ORTIZ En la misma fecha, siendo las 03:00 p.m., se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. EL SECRETARIO Abog. ISRAEL ORTIZ Exp. No. AP21-O-2011-119 GON/IO/gon.