TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio de Barquisimeto
Barquisimeto, 4 de octubre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2011-005872
ASUNTO : KP01-P-2011-005872

Revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto y en atención a las solicitudes efectuadas por la defensa técnica, relacionadas con la Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada contra los ciudadanos William Rafael López Amaro, Ansony Enrique Silva Arroyo, Keiver Manuel Mendoza López, Cecilio Wuene Camacho Linarez y Jesús Manuel Zambrano Urquiola, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº 17.726.495, por la presunta comisión del delito de Ocultación Ilícita de Drogas, tipificado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, este Tribunal observa:

En fecha 08/05/11 el Juzgado III de Control de este Circuito Judicial Penal, dicta decisión mediante la cual decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra de los procesados de autos, por estar acreditados los extremos a que se contraen los artículos 250 y 251 numerales 2 y 3 y artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su reclusión en el retén El Marite, Jurisdicción del estado Zulia, debido a la manifestación realizada por los justiciables por el eventual riesgo de su vida en caso de permanecer detenidos en el estado Lara.

Alega el defensor del imputado la necesidad de sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por una menos gravosa, ya que el juicio no se ha podido realizar por ausencia de traslado de sus defendidos, pese a que el Tribunal ha girado las instrucciones del caso para lograr el re ingreso de los mismos al Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental y no se ha podido lograr, verificándose una privación de libertad inusitada ya que sus patrocinados se encuentran en forma de participación accesoria.

Esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos previos considera que nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

Durante el proceso la situación de privación de libertad de los justiciables se encuentra sustentada por el decreto de medida de coerción personal dictada el 08/05/11, sin que hasta la presente exista variación alguna de las circunstancias de hecho y de derecho apreciadas en la citada oportunidad como fundamento de la medida cuestionada por la defensa, con lo cual no se ha acreditado la violación de las normas referidas al Debido Proceso y Derechos Fundamentales del justiciable, ya que la presunción de peligro de fuga permanece vigente determinada por la magnitud de daño causado ya que estos hechos afectan a la sociedad en general y ha causado malestar general, además de que se trata de delitos pluriofensivos, de delincuencia organizada, y calificados de lesa humanidad por sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que hacen imposible la concesión de beneficios que en el proceso penal impliquen la impunidad; aunado a ello es importante destacar que la posible pena a imponer excede de diez años de privación de libertad, motivos por el cual es improcedente la petición de la defensa.

Por otra parte es de hacer notar que el delito por el cual se presentó acto conclusivo es el de ocultación ilícita de droga, cuya pena oscila de 8 a 12 años de prisión, además de ello, será en el transcurso del debate oral que este despacho decida con base a la evacuación de pruebas, si la modalidad de participación criminal señalada por la Vindicta Pública se encuentra acreditada, lo que no se debe precisar en este momento, ya que no ha habido variación de hecho y de derecho desde la audiencia de calificación de flagrancia así como la preliminar; aunado a ello el transcurso del tiempo sin haberse celebrado juicio oral, no puede ser atribuidos al sistema judicial, ya que los diferimientos de debate han obedecido a la ausencia de traslado del acusado pese a que el Tribunal ha librado oportuna y diligentemente las órdenes de comparecencia, circunstancia ésta que tampoco puede ser alegada en beneficio del justiciable ya que se correría el riesgo de institucionalizar una forma de retardo maliciosa para la obtención de beneficios que causen impunidad. Igualmente es imperioso destacar que la medida de coerción personal no tiene como único fundamento la protección de la fase de investigación, sino la obtención de la justicia como fin último del proceso penal y que ha determinado la creación de normas que como el parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, pretenden asegurar las resultas del proceso judicial al consagrar la probabilidad de fuga de los acusados habida cuenta la posible pena a imponer. Con base a ello, la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra del acusado en su oportunidad permanece incólume. Así se decide.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado II de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega por improcedente la sustitución de la medida de coerción personal peticionada por la defensa de los ciudadanos William Rafael López Amaro, Ansony Enrique Silva Arroyo, Keiver Manuel Mendoza López, Cecilio Wuene Camacho Linarez y Jesús Manuel Zambrano Urquiola, ut supra identificados, por la presunta comisión del delito de Ocultación Ilícita de Drogas, tipificado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, permaneciendo incólume el decreto de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictado en contra de los mismos en su oportunidad legal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.

CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA
JUEZ II DE JUICIO

LA SECRETARIA,

Carmenteresa.-//