REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL Exp. No. KP02-N-2004-000336 En fecha 17 de agosto de 2006, se recibió de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, oficio Nº 830-06, de fecha 02 de agosto de 2006, anexó al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la ciudadana Sandra Cordido Madrid, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 90.291, actuando como apoderada judicial de la “FUNDACION PARA EL DEPORTE DEL ESTADO LARA” (FUNDELA), contra el acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº 1378, de fecha 15 de enero de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA SEDE BARQUISIMETO, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a favor de la ciudadana Celina Mercedes Castillo, titular de la cédula de identidad Nº 11.696.062. Tal remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada en fecha 22 de junio de 2005, por la referida Corte, mediante la cual no aceptó la declinatoria de competencia, y ordenó la remisión del expediente a este Juzgado Superior competente para conocer y decidir el presente asunto. Mediante auto dictado en fecha 06 de noviembre de 2006, el ciudadano Horacio González Hernández, quien ostentaba el cargo de Juez de este Tribunal se abocó nuevamente al conocimiento del presente recurso y en consecuencia ordenó notificar a las partes de conformidad con lo establecido en la ley. Igualmente en fecha 02 de junio de 2008, el ciudadano Freddy Duque Ramírez, quien ostentaba el cargo de Juez de este Tribunal se abocó al conocimiento del presente recurso y en consecuencia ordenó notificar a las partes de conformidad con la ley. De esta forma, en fecha 18 de mayo de 2009 este Juzgado procedió a complementar la admisión realizada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de junio de 2005, y en consecuencia, ordenó practicar las citaciones y notificaciones correspondientes. Finalmente, en fecha 04 de octubre de 2011 se abocó al conocimiento de la presente causa la ciudadana Marilyn Quiñónez Bastidas, en virtud de su designación como Jueza de este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. En efecto, revisadas las actas procesales, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes: I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NULIDAD Mediante escrito presentado en fecha 22 de junio de 2004 la parte recurrente, ya identificada, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, con base a los siguientes alegatos: Que se verificó la presencia del vicio de nulidad absoluta, ya que la Inspectoría del Trabajo violó los artículos 49 y 26 Constitucionales, correspondientes al derecho a la defensa y al debido proceso, pues procedió a dictar la Providencia Administrativa tomando como base la declaración de dos testigos que están viciados. Que con la declaración de los testigos “…no son argumentos de peso para demostrar una relación laboral entre la reclamante y su representada…”. Que la Inspectoría del Trabajo, desechó una prueba documental alegada por la parte reclamante. Solicitó medida cautelar consistente en la suspensión de efectos del Acto Administrativo recurrido, de conformidad con el artículo 21 aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº 1378, de fecha 15 de enero de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA SEDE BARQUISIMETO, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a favor de la ciudadana Celina Mercedes Castillo. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada como lo fue la competencia para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la ciudadana Sandra Cordido Madrid, actuando como apoderada judicial de la “Fundación Para El Deporte Del Estado Lara” (Fundela), contra el acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº 1378, de fecha 15 de enero de 2004, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara Sede Barquisimeto, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a favor de la ciudadana Celina Mercedes Castillo, ya identificada, a través de sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 22 de junio de 2005, pasa esta Sentenciadora a pronunciarse sobre los términos siguientes. Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal de que se trate está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos de que dispone para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento. En este sentido, cabe resaltar para el caso en concreto que una vez admitido el recurso contencioso administrativo de nulidad de acto administrativo conjuntamente interpuesto con solicitud de suspensión de efectos, deviene una carga procesal para la parte recurrente en proceder a consignar las correspondientes copias fotostáticas requeridas en el auto de admisión para librar las citaciones y notificaciones de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para la continuación del procedimiento instaurado. En efecto, de la revisión de las actas procesales en la presente causa tenemos que desde la fecha en que se dejó constancia de haberse admitido el presente recurso contencioso administrativo de nulidad de acto administrativo conjuntamente interpuesto con solicitud de suspensión de efectos, hasta la presente fecha, no se ha materializado ninguna actuación procesal a instancia de parte para la consecución del procedimiento, es decir, la parte recurrente no ha cumplido con la obligación de proveer los fotostatos ni ha mostrado interés procesal alguno para materializar las citaciones ordenadas en el auto de admisión de fecha 18 de mayo de 2009, habiendo transcurrido el lapso superior a un (01) año. Así las cosas, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.” Es evidente que la anterior disposición normativa es aplicable al caso de autos, por tratarse de una acción en la que no se ha impulsado el proceso desde el día 18 de mayo de 2009, para su continuación. En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión. En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el día 05 de junio de 2009, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual se admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad de acto administrativo conjuntamente interpuesto con solicitud de suspensión de efectos, con lo que la actuación de la parte demandante se limitó a la interposición de su pretensión, por consiguiente habiendo transcurrido más de un año, de inactividad procesal y falta de impulso de la acción incoada, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide. III DECISIÓN En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer y decidir el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la ciudadana Sandra Cordido Madrid, ya identificada, actuando como apoderada judicial de la “FUNDACION PARA EL DEPORTE DEL ESTADO LARA” (FUNDELA), contra el acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº 1378, de fecha 15 de enero de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA SEDE BARQUISIMETO, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a favor de la ciudadana Celina Mercedes Castillo, ya identificada. SEGUNDO: Se declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. TERCERO: No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación. La Jueza, Marilyn Quiñónez Bastidas La Secretaria, Sarah Franco Castellanos Publicada en su fecha a las 2:00 p.m. La Secretaria, Rm.-