REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
EXPEDIENTE Nº 8942
En fecha 12 de agosto de 2011, la abogada JOSHUA E. FLORES M, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 109.941; actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA TOLFIESTA C.A., empresa debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del hoy Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 11 de mayo de 1994, bajo el Nº 48, Tomo 43-A-PRO; y cuya última reforma estatutaria quedó inscrita en dicha Oficina de Registro, en fecha 22 de agosto del año 2007, bajo el Nº 56, Tomo 131-A-PRO.; representación que se evidencia de documento poder otorgado en fecha 26 de marzo de 2010, ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, cuyo asiento quedó inserto bajo el Nº 28, Tomo 39, de los libros respectivos, interpuso ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de causas, demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Certificación de Enfermedad Ocupacional signada con el Nº 0381-10 de fecha 4 de mayo de 2010, emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES MIRANDA.
Asignado por distribución el expediente a este Juzgado Superior, consta en nota de secretaría que corre inserta al folio 67, que en fecha 16 de septiembre de 2011 se le dio entrada al mismo.
Examinadas las actas que conforman el presente expediente, este Órgano Jurisdiccional procede a pronunciarse previa las siguientes consideraciones:
DE LA COMPETENCIA
En el caso de autos, la acción principal está constituida por una demanda de nulidad, interpuesta contra el acto administrativo contenido en la Certificación de Enfermedad Ocupacional signada con el Nº 0381-10 de fecha 4 de mayo de 2010, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda, mediante la cual verificó que el trabajador “cursa hernia discal L5-S1 de orientación central, prominencia de anillo fibroso L4-L5, hipertrofia de carillas articulares interapofisiarias (E010-02), considerada como Enfermedad Agravada por las condiciones de trabajo, que le condiciona una Discapacidad Parcial y Permanente. Quedando limitado para la ejecución de actividades que requieran de manipulación, levantamiento y traslado de cargas…”.
En atención a ello, es oportuno señalar que la Ley que rige al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales es la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, la cual en su Disposición Transitoria Séptima, establece que la competencia para conocer de los actos administrativos dictados en ejecución de dicha Ley, corresponderán a los Tribunales Superiores del Trabajo de la circunscripción judicial en donde se encuentre el órgano que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso.
No obstante, a pesar del mandato de Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia Laboral, ejerciendo un control difuso de la Constitucionalidad “desaplicaban” el artículo in comento, por cuanto el mismo contrariaba la doctrina establecida por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, por lo que en Sentencia No 29 de fecha 19 de enero de 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia atribuyó la competencia de tales controversias a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
De igual manera, la Sala de Casación Social en sentencia Nº 1330 del 14 de junio de 2007, acogiendo el criterio citado, señaló a tal efecto; “que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de los recursos contenciosos administrativos de nulidad contenidos expresamente en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”.
Ahora bien, en reciente sentencia dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, revisando el anterior criterio frente al conflicto de competencia planteado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, atribuyó la competencia para conocer de las demandas de nulidad ejercidas contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales a la jurisdicción laboral, indicando:
“que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen –de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.
Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide.
En consecuencia, conforme a los razonamientos expuestos, el tribunal competente para conocer de la presente causa es el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Así se declara”. (Sentencia Nº 27 de la Sala Plena del TSJ, caso: AGROPECUARIA CUBACANA C.A. Vs. INPSASEL) (destacado de este Juzgado)
Así, atendiendo a lo establecido en el cambio de criterio parcialmente transcrito y conteste con el hecho que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no otorgó expresamente a la jurisdicción contenciosa la competencia para conocer de las demandas de nulidad incoadas contra los acto administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), este Juzgado resulta INCOMPETENTE para conocer de la presente demanda de nulidad, toda vez que el mismo fue interpuesto en fecha 12 de agosto de 2011, esto es, bajo la vigencia del reciente criterio asumido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que le otorga la competencia a la jurisdicción laboral. Así se decide.
En virtud de lo anterior, corresponde declinar el conocimiento de la misma en el Juzgado Superior Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que previa distribución le sea asignado. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: SU INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta por la abogada JOSHUA E. FLORES M, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA TOLFIESTA C.A., contra el acto administrativo contenido en la Certificación de Enfermedad Ocupacional signada con el Nº 0381-10 de fecha 4 de mayo de 2010, emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES MIRANDA, todos plenamente identificados en el encabezamiento del presente fallo.
SEGUNDO: DECLINA la competencia para conocer de la presente causa en el Juzgado Superior Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente una vez discurrido el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a la fecha en la cual conste en autos la notificación del presente fallo a las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ TEMPORAL,
HÉCTOR SALCEDO LÓPEZ.
LA SECRETARIA,
KEYLA FLORES RICO
En esta misma fecha, siendo las (10:00 .A.M), se publicó y registró la anterior decisión, bajo el Nº129-2011.
LA SECRETARIA,
KEYLA FLORES RICO
Exp. Nº 8942
HLSL/ycp
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