TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA

“VISTOS” LOS ANTECEDENTES.-

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Las presentes actuaciones se encuentran en esta Superioridad en virtud del recurso de hecho interpuesto en fecha 21 de junio de 2011, por los abogados PEDRO GERARDO BELANDRIA RODRÍGUEZ y BETTY CAROLINA MARONSKY ANGULO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 11.465.952 y 14.106.803, inscrito en el Inpreabogado con los números 141.410 y 118.443, en su carácter de co-apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ GREGORIO MATOS PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.101.500, contra la providencia de fecha 14 de junio de 2011, mediante la cual el JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, “negó la apelación parcial” interpuesta contra la decisión interlocutoria de fecha 09 de junio de 2011, en el juicio de cobro de bolívares por intimación seguido en su contra por el ciudadano ÁLVARO ORLANDO MORENO VILLAMIZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.006.943, en su carácter de endosatario en procuración de la ciudadana GLENDYS DEL VALLE SÁNCHEZ AZOCAR.

Recibido por distribución en este Tribunal, mediante auto de fecha 26 de junio de 2011 (folio 26), se le dio entrada, acordando que por auto separado se resolvería lo conducente.
Mediante auto de fecha 29 de julio de 2011 (folios 27 al 29), este Juzgado se declaró competente para conocer y decidir el recurso de hecho interpuesto por los abogados PEDRO GERARDO BELANDRIA RODRÍGUEZ y BETTY CAROLINA MARONSKY ANGULO, en su carácter de coapoderados judiciales del ciudadano JOSÉ GREGORIO MATOS PÉREZ.

Por auto de fecha 1º de agosto de 2011 (folio 30), este Juzgado Superior acordó solicitar cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 14 de junio de 2011 exclusive, fecha en que se dictó el auto recurrido, hasta el 21 de junio de 2011 inclusive, fecha en que fue presentado el escrito contentivo del recurso de hecho por ante el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, por los abogados PEDRO GERARDO BELANDRIA RODRÍGUEZ y BETTY CAROLINA MARONSKY ANGULO, en su carácter de coapoderados judiciales del ciudadano JOSÉ GREGORIO MATOS PÉREZ. Igualmente observó que no obraba copia certificada de las siguientes actuaciones: 1) De la providencia contra la cual se interpuso el recurso ordinario de apelación, dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 09 de junio de 2011; 2) Diligencia o escrito mediante el cual se interpuso el correspondiente recurso de apelación –de fecha 13 de junio de 2011-; 3) Cómputo de los días de despacho transcurridos desde la fecha de publicación de la sentencia objeto del recurso, o desde la constancia en autos de la última notificación de las partes –si la sentencia recurrida hubiese sido publicada fuera del lapso legal correspondiente- exclusive, hasta el día 13 de junio de 2011 inclusive, fecha en que se ejerció el recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, 4) De la providencia recurrida de hecho, y 5) Del poder con que actúan los coapoderados judiciales del recurrente. En consecuencia exhortó a la parte recurrente, para que dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, consignaran copia certificada de dichas actuaciones, advirtiéndole que, de conformidad con las previsiones del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal resolvería lo conducente, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso señalado supra.

Mediante auto de fecha 08 de agosto de 2011 (folio 32 del expediente), quien suscribe asumió sus funciones como Juez Titular de este Juzgado, en virtud de haber concluido el disfrute de las vacaciones reglamentarias correspondientes a los años 2008-2009 y 2009-2010, y por tal razón se advirtió a las partes que, de conformidad con las previsiones del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a partir de la fecha del referido auto, comenzaría a discurrir el lapso previsto para proponer recusación, el cual correría paralelo con el lapso en el cual se encontraba la causa.

En fecha 09 de agosto de 2011 (folio 34), se recibió en este Juzgado, procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, oficio número 644-2011, de fecha 05 de agosto de 2011, mediante el cual remitió el cómputo solicitado en fecha 1° de agosto de 2011 (folio 30), en consecuencia ordenó agregar copia fotostática del mismo al expediente respectivo.

En fecha 11 de agosto de 2011 (folio 35), la Secretaria de este Juzgado dejó constancia que en esa misma fecha vencieron los cinco (05) días de despacho previstos para la consignación de las actuaciones solicitadas mediante auto de fecha 1º de agosto de 2011.

Siendo ésta la oportunidad fijada para decidir el recurso de hecho en referencia, procede este Tribunal a hacer¬lo en los térmi¬nos siguientes:

ÚNICO

Planteada la controversia en los términos que se dejaron sucintamente expuestos, el Tribunal para decidir observa:

Tal como se expresó en el encabezamiento de la presente decisión, el recurso de que conoce esta Superioridad, es el de hecho, consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente: “Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distancio, al Tribunal de Alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se la admita en ambos efectos” (sic).

El recurso de hecho representa el medio previsto por nuestra ley adjetiva, como garantía de la apelación, el cual permite al Tribunal Superior en grado, ejercer su potestad de control sobre la admisibilidad de dicho medio de gravamen, cuando el Juzgado de la causa niegue ilegalmente la admisión de la apelación, o cuando debiendo oírla en ambos efectos, la oiga en uno solo. De allí la funcional vinculación que el recurso de hecho tiene con el derecho a la defensa consagrado en el encabezamiento del cardinal 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, como todo recurso ordinario y extraordinario, el de hecho está subordinado al cumplimiento de determinados requisitos que condicionan su admisibilidad, cuyo cumplimiento debe constatar previamente el Juez de Alzada, ex officio, a los fines del pronunciamiento que corresponda. Estos requisitos son los siguientes:

a) Que el recurso haya sido interpuesto dentro del lapso previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Consta en autos que tal requisito se encuentra cumplido en el caso sub-iudice, en virtud que el escrito recursorio fue presentado para su distribución, por el recurrente, en el quinto día de despacho siguiente a aquél en que fue dictado el auto recurrido.

b) Que conste en autos copia certificada de la decisión contra la cual se interpuso el recurso ordinario de apelación, en virtud que la naturaleza de aquélla es determinante para resolver acerca de la procedencia del recurso de hecho interpuesto. Del examen de las actas procesales observa el Juzgador que tal requisito no se encuentra cumplido, no obstante que esta Superioridad, mediante auto de fecha 1º de agosto de 2011 (folio 30), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, copia certificada de dicha actuación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado.

c) Que se haya producido copia certificada de la diligencia o escrito mediante el cual se interpuso el correspondiente recurso de apelación. De la revisión de los autos evidencia el Tribunal que tal requisito no se encuentra cumplido, a pesar de que esta Superioridad, mediante auto de fecha 1º de agosto de 2011 (folio 30), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, copia certificada de dicha actuación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado.

d) Que obre en autos el cómputo de los días de despacho transcurridos en el Tribunal de la causa, desde el día en que fue dictada la decisión apelada (exclusive), hasta el día en que fue interpuesto el recurso de apelación (inclusive), a los fines de determinar la temporalidad del mismo. Consta en autos que tal requisito no se encuentra cumplido, no obstante que esta Superioridad, mediante auto de fecha 1º de agosto de 2011 (folio 30), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, copia certificada de dicha actuación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado.

e) Que en los recaudos consignados obre copia certificada del auto dictado por el Tribunal de la causa, mediante el cual niega oír la apelación interpuesta por el recurrente de hecho, o la oye en un sólo efecto debiendo oírlo en ambos efectos. De la revisión de los autos constata el Tribunal que tal requisito no se encuentra cumplido, a pesar de que esta Superioridad, mediante auto de fecha 1º de agosto de 2011 (folio 30), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, copia certificada de dicha actuación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado.

f) Que obre en los autos original o copia certificada del documento o poder que legitime la representación de quien obre en nombre del recurrente de hecho, si fuese el caso. De la revisión de los autos verifica el Tribunal que tal requisito no se encuentra cumplido, no obstante que esta Superioridad, mediante auto de fecha 1º de agosto de 2011 (folio 30), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha del referido auto, copia certificada de dicha actuación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado.

Considera este Juzgador, que es obligación ineludible del recurrente, como carga procesal que le corresponde, suministrar las copias certificadas de las actuaciones conducentes a la resolución del recurso de hecho, actuaciones sin las cuales no podrá el Juez emitir su decisión.

Así lo ha sostenido la reiterada y pacífica doctrina de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil en fecha 22 de marzo de 2002, con ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G., en el expediente Nº 2001-000820, en la cual estableció lo siguiente:

“(Omissis):…
…A mayor abundamiento, esta Sala aprecia que la decisión recurrida se fundamenta en que la representante judicial de la demandada, no consignó las copias certificadas de las actas conducentes para decidir el recurso de hecho dentro del lapso fijado.
Por tanto, la labor de un juez es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero sólo podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicio necesario para ello, es decir, que es deber irrenunciable de las partes; como carga procesal, suministrar las copias certificadas de las actuaciones pertinentes en los cuales se evidencie los elementos de juicio que el juez necesita para ilustrarse y consecuencialmente, producir su decisión.
Es de hacer notar que, dentro del proceso la práctica de las actuaciones tienen una oportunidad previamente establecida en la ley para su realización, y de no hacerse en ese lapso no podrán practicarse las diligencias en ninguna otra oportunidad procesal, salvo lo previsto en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, cuando sea necesaria la consignación de ciertos recaudos para la resolución de un recurso, dicha actividad inherente a las partes debe ser realizada en la oportunidad procesal que la fije al efecto.
En este orden de ideas, la Sala se ha pronunciado en sentencia de 11 de febrero de 1987, caso Rockwell International Corporation General Aviation División contra Inversiones Goecab, C.A, ratificada en decisión N°176, de fecha 19 de octubre de 2000, caso Justa Paulina Silva contra Beatriz Enriqueta Arocha de Silva, exp 00-133, de la siguiente manera:
“...si el apelante, cuyo recurso de apelación se le oyó en el solo efecto devolutivo, no produce ante la alzada la copia certificada del auto apelado, como le corresponde por ser su carga procesal...ello entraña una renuncia a la apelación, pues apelar de un fallo y no ejercer luego los recursos que da la ley contra omisión del sentenciador en providenciar la apelación, equivale a no ejercer ese recurso ordinario, o mejor dicho, a renunciar o desistir del mismo.
...Omissis...
...En consecuencia, al renunciar o desistir de dicha apelación, debido a la conducta adoptada ante la alzada el recurrente carece de legitimación procesal para anunciar casación, que como recurso extraordinario que es, impone necesariamente ejercer previamente en la instancia respectiva los recursos ordinarios; y como su falta de diligencia en hacer llegar al superior la copia certificada de la actuación más importante, como era el fallo apelado, entraña a juicio de la Sala una renuncia o desistimiento de la susodicha apelación que habría interpuesto, mal podía en consecuencia anunciar casación, al no haber agotado el recurso ordinario de apelación...”
En el caso de autos, tal como antes se señaló no fueron presentados en su oportunidad los recaudos necesarios para la sustanciación del recurso, como son el auto de fecha 5 de julio de 2001 proferido por el Juzgado a quo, la diligencia del recurso de apelación contra ese auto y el auto de fecha 15 de junio del referido año, que oye la apelación en un solo efecto, todos los recaudos señalados por el recurrente en su escrito recursivo. Por tanto, la Sala, al igual que el Tribunal Superior, no puede suplir –por mandato del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil- la conducta omisiva de la apoderado de la demandada…” (sic). (Subrayado y negrita de este Alzada).

Observa esta Alzada, que en efecto, de la revisión exhaustiva del presente expediente, no se evidencia que obre en copia certificada las siguientes actuaciones:
1) Decisión de fecha 09 de junio 2011, dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, contra la cual se interpuso el recurso ordinario de apelación.
2) Diligencia o escrito -de fecha 13 de junio 2011-, mediante el cual se interpuso el correspondiente recurso de apelación.
3) Cómputo de los días de despacho transcurridos en el Tribunal de la causa, desde la fecha de publicación de la sentencia objeto del recurso, o desde la constancia en autos de la última notificación de las partes –si la sentencia recurrida fue publicada fuera del lapso legal correspondiente- exclusive, hasta el día 13 de junio de 2011 inclusive, fecha en que fue interpuesto el recurso de apelación.
4) Auto de fecha 14 de junio de 2011, mediante el cual el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, “negó la apelación parcial” interpuesta por el recurrente de hecho.
4) Original o copia certificada del documento poder que legitime la representación de los abogados PEDRO GERARDO BELANDRIA RODRÍGUEZ y BETTY CAROLINA MARONSKY ANGULO, quienes dicen obrar con el carácter de coapoderados judiciales del recurrente de hecho, ciudadano JOSÉ GREGORIO MATOS PÉREZ.

Observa igualmente quien decide, que no obstante que este Juzgado, mediante auto de fecha 1º de agosto de 2011 (folio 30), instó al recurrente a consignar dentro de los cinco días hábiles de despacho siguientes a la fecha de dicha providencia, copia certificada de las actuaciones señaladas ut supra, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, decidiría el presente recurso dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso señalado, no fueron consignadas por el recurrente tales actuaciones procesales, las cuales resultan imprescindibles para la resolución de la presente incidencia, circunstancia que impide a este juzgador evaluar la procedencia y/o admisibilidad del medio de gravamen ejercido.

En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 1º de junio de 2001, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, en el expediente Nº 01-0364, estableció lo siguiente:

“(Omissis):…
…Al respecto, se debe mencionar, que ha sido criterio de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia del 7 de noviembre de 1995 (Sent. Nº 103/1995) y que esta Sala asume como acertada, que el recurso de hecho debe ser acompañado con las copias certificadas de la sentencia, así el referido criterio fue establecido en los siguientes términos:
“En el presente caso, la sentencia contra la cual se recurre, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que será sancionado el ‘Juez que hubiere negado las copias o que hubiere retardado injustamente su expedición...’.
Ahora bien, considera la Sala que no solamente el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil en que se fundamenta el Juez, se puede afirmar que las copias para el recurso de hecho deben ser certificadas, sino, el artículo 429 eiusdem que expresa, al tratar de los instrumentos privados, que ‘las copias de esta especie (reproducciones fotográficas, fotostáticas o cualquier otro medio mecánico), no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte’.
Además, en el propio artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, la ley expresa que también se acompañarán las copias de las partes y las que indique el Juez, si éste lo dispone así, lo que debe entenderse, que las copias deben ser certificadas, pues un Juez no emite ni ordena copias simples”
Sin embargo, tal requisito no puede desconocer lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, donde se establece que:
“Artículo 306.- Aunque el recurso de hecho se haya introducido sin acompañar copia de las actas conducentes, el Tribunal de alzada lo dará por introducido”.
Lo expuesto, obliga a esta Sala a realizar una breve consideración acerca de la tramitación del recurso de hecho. Así, y siguiendo lo establecido en el artículo 307, eiusdem, se observa que el tribunal debe decidir dentro de los cinco días siguientes a la introducción del recurso de hecho la procedencia de éste, si se acompañó con las copias certificadas de las actuaciones pertinentes, o dentro de los cinco días siguientes a la oportunidad de la consignación de las mismas.
Así, debe entenderse, que en el caso de que el recurrentes haya interpuesto el recurso de hecho sólo con las copias simples de las actuaciones procesales pertinentes, el tribunal está obligado a considerarlo como introducido; ahora bien, en el supuesto de que al momento de la interposición del recurso de hecho, no se acompañen las copias certificadas pertinentes, el recurrente puede en atención a lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, consignarlas posteriormente, dentro del lapso de cinco (5) días siguientes a su interposición, caso en el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 307 eiusdem, se prorrogará un lapso igual de cinco (5) días desde la oportunidad de tal consignación, para que el tribunal emita pronunciamiento sobre el recurso interpuesto…” (sic).

Sentadas las anteriores premisas, y, visto que la parte recurrente no cumplió con su obligación de consignar las copias certificadas de las actuaciones suficientemente señaladas, a saber: 1) De la providencia contra la cual se interpuso el recurso ordinario de apelación, dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 09 de junio de 2011; 2) Diligencia o escrito mediante el cual se interpuso el correspondiente recurso de apelación –de fecha 13 de junio de 2011; 3) Cómputo de los días de despacho transcurridos desde la fecha de publicación de la sentencia objeto del recurso, o desde la constancia en autos de la última notificación de las partes –si la sentencia recurrida fue publicada fuera del lapso legal correspondiente- exclusive, hasta el día 13 de junio de 2011 inclusive, fecha en que se ejerció el recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, 4) De la providencia recurrida de hecho, y 5) Del poder con que actúan los coapoderados judiciales del recurrente, actuaciones que resultan imprescindibles para la resolución del referido recurso, cuya carga procesal le corresponde, a tenor de lo dispuesto en los artículos 305 y 307 adjetivos, no obstante que le fueran requeridas por este Tribunal mediante auto de fecha 1º de agosto de 2011 (folio 30), considera quien decide, que el recurso de hecho propuesto deviene en inadmisible, como en efecto se declarará en el dispositivo de este fallo. Así se decide.
DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los términos siguientes:

PRIMERO: Declara INADMISIBLE el recurso de hecho ¬interpuesto en fecha 21 de junio de 2011, por los abogados PEDRO GERARDO BELANDRIA RODRÍGUEZ y BETTY CAROLINA MARONSKY ANGULO, en su carácter de coapoderados judiciales del ciudadano JOSÉ GREGORIO MATOS PÉREZ, contra la providencia de fecha 14 de junio de 2011, mediante la cual el JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, “negó la apelación parcial interpuesta”, contra la decisión interlocutoria de fecha 09 de junio de 2011, en el juicio de cobro de bolívares por intimación seguido en su contra por el ciudadano ÁLVARO ORLANDO MORENO VILLAMIZAR, en su carácter de endosatario en procuración de la ciudadana GLENDYS DEL VALLE SÁNCHEZ AZOCAR.

SEGUNDO: Por la naturaleza de esta decisión, no se hace especial pronunciamiento sobre costas.

Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despa¬cho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Méri¬da, en Mérida, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil once. Años: 201º de la Inde¬pendencia y 152º de la Federación.
El Juez,

Homero Sánchez Febres
La Secretaria,

María Auxiliadora Sosa Gil

En la misma fecha, siendo las dos y diez minutos de la tarde, se publicó la anterior decisión, lo que certifico.
La Secretaria,

María Auxiliadora Sosa Gil

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, veintidós (22) de septiembre de dos mil once (2011)

201º y 152º

Certifíquese por Secretaría, para su archivo, copia de la decisión anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem, debiendo insertarse al pie de la misma el contenido del presente decreto.
El Juez,

La Secretaria, Homero Sánchez Febres

María Auxiliadora Sosa Gil

En la misma fecha se expidió la copia ordenada en el decreto anterior.

La Secretaria,

Exp. 5499.- María Auxiliadora Sosa Gil