REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE PRIMERA
CARACAS, DOCE (12) DE ABRIL DE 2012
201° Y 153°
En fecha 19 de octubre de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el oficio N° 26-09 de fecha 20 de abril de 2009, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, anexo al cual remitió el expediente judicial contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano HERNÁN ENRIQUE VILLEGAS RAMOS, titular de la cédula de identidad Nº 3.849.790, debidamente asistido por la Abogada Adjani Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 85.702, contra el INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE) hoy INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SOCIALISTA (INCES).
Dicha remisión se efectuó en virtud que en fecha 20 de abril de 2009, se oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto en fecha 2 de octubre de 2007 y ratificado en fecha 3 de abril de 2009, por la Abogada Iris Aguilar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 66.175, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte recurrida contra la sentencia dictada en fecha 27 de septiembre de 2007, por el mencionado Juzgado Superior, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
En fecha 21 de octubre de 2009, se dio cuenta a la Corte.
En fecha 9 de noviembre de 2009, se ordenó notificar a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, comisionándose al Juzgado Primero de lo Municipio Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los fines de practicar las notificación correspondiente al ciudadano Hernán Enrique Villegas Ramos, asimismo, se libró el oficio de notificación dirigido al ciudadano Presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES) y a la ciudadana Procuradora General de la República.
En esta misma fecha, se libró boleta de notificación dirigida al ciudadano Hernán Enrique Villegas Ramos, así como los oficios Nº 2009-10543 y 2009-10544, dirigidos al ciudadano Presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES) y a la ciudadana Procuradora General de la República, respectivamente.
En fecha 24 de noviembre de 2009, el Alguacil de esta Corte consignó el oficio de notificación debidamente firmado, dirigido al ciudadano Presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES).
En fecha 15 de diciembre de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia presentada por la Abogada María González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 86.218, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte recurrente, mediante la cual se dio por notificada y solicitó “…se deje sin efecto el auto de fecha 09-11-2009 (sic)…”, asimismo solicitó sea notificada la ciudadana Procuradora General de la República.
En fecha 20 de enero de 2010, debido a la incorporación del Abogado Efrén Navarro, fue reconstituida esta Corte quedando integrada su Junta Directiva de la siguiente manera: Enrique Sánchez, Juez Presidente; Efrén Navarro, Juez Vicepresidente y María Eugenia Mata, Juez.
En fecha 27 de enero de 2010, el Alguacil de esta Corte consignó el oficio de notificación debidamente firmado, dirigido a la ciudadana Procuradora General de la República.
En fecha 8 de marzo de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el oficio Nº 14-2010 de fecha 12 de enero de 2010, emanado del Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, mediante el cual remitió las resultas de la comisión librada por esta Corte en fecha 9 de noviembre de 2009.
En fecha 10 de marzo de 2010, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, reanudándose la misma una vez trascurrido el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, ordenó agregar a los autos, las resultas de la comisión remitida por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 12 de enero de 2010.
En fecha 12 de abril de 2010, notificadas como se encontraban las partes del auto dictado por esta Corte en fecha 9 de noviembre de 2009, se designó ponente al Juez Enrique Sánchez, comenzando la relación de la causa y fijándose el lapso de quince (15) días de despacho, más dos (2) días continuos correspondientes al término de la distancia, para que la parte apelante presentase el escrito de fundamentación del recurso de apelación, a tenor de lo previsto en el aparte 18, artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 27 de abril de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia presentada por la Abogada María González, actuando con el carácter de carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Hernán Enrique Villegas Ramos, mediante la cual realizó consideraciones sobre su representación en la presente causa.
En fecha 13 de mayo de 2010, vencido como se encontraba el lapso fijado en el auto de fecha 12 de abril de 2010, la Secretaría de esta Corte practicó el cómputo de los días de despacho transcurridos desde ese día, fecha en que se dio inicio a la relación de la causa, exclusive, hasta el día 12 de mayo de 2010, inclusive, fecha en que finalizó dicha relación, a los fines de constatar si efectivamente había transcurrido el lapso de los quince (15) días de despacho, más los dos (2) día continuos correspondientes al término de la distancia, concedidos a la parte apelante, a los fines de la presentación del escrito de fundamentación del recurso de apelación interpuesto.
En esa misma fecha, la Secretaría de esta Corte certificó:“…que desde el día doce (12) de abril de dos mil diez (2010), fecha en que se dio inicio a la relación de la causa, exclusive, hasta el día doce (12) de mayo de dos mil diez (2010), fecha en que terminó la relación de la causa, inclusive, transcurrieron 15 días de despacho, correspondientes a los días 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de abril de dos mil diez (2010) y los días 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 12 de mayo de dos mil diez (2010). Igualmente, transcurrieron dos (2) días continuos del término de la distancia correspondiente a los días 13 y 14 de abril de dos mil diez (2010)”.
En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez Ponente.
En fechas 27 de octubre de 2010 y 19 de mayo de 2011, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencias presentadas por la Abogada María González, actuando con el carácter de carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Hernán Enrique Villegas Ramos, mediante las cuales solicitó se dictara sentencia en la presente causa.
En fecha 23 de enero de 2012, fue elegida nueva Junta Directiva en esta Corte, en virtud de la incorporación de la Abogada Marisol Marín R., quedando integrada de la manera siguiente: EFRÉN NAVARRO, Juez Presidente; MARÍA EUGENIA MATA, Juez Vicepresidente y MARISOL MARÍN R., Juez.
En fecha 27 de febrero de 2012, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, reanudándose la misma una vez trascurrido el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 12 de marzo de 2012, se reasignó la ponencia a la Juez MARISOL MARÍN R., a quien se ordenó pasar el expediente judicial para que dictase la decisión correspondiente.
En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Juez Ponente.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte procede a decidir, previa las consideraciones siguientes:
-ÚNICO-
En fecha 19 de diciembre de 2002, el ciudadano Hernán Enrique Villegas Ramos, debidamente asistido por la Abogada Adjani Hernández, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES), a los fines de solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio Nº 296.200-864 de fecha 5 de septiembre de 2002, emanado del referido Instituto, mediante el cual le fue notificado de habérsele otorgado el beneficio de jubilación especial, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones, alegando la parte recurrente que se le concedió tal beneficio, bajo un falso supuesto, puesto que, a decir del actor “…no ostentaba 49 años de edad, ni ostentaba 13 años, 08 meses y 09 (sic) días de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, tampoco ostentaba 10 años en el INCE (sic) Aragua A.C. por cuanto para la fecha en que fue presentada la solicitud de Jubilación especial ya yo contaba con 51 años de edad y además ostentaba en total Veinte (25) años y cinco (05) meses de servicios prestados…” (Mayúsculas y negrillas del original).
Al respecto, en fecha 27 de septiembre de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, dictó sentencia mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, expresando que “…teniendo en cuenta que el acto administrativo de jubilación especial acordada al actor no indica exactamente el tiempo de servicio que en verdad le corresponde como funcionario público de carrera, la nulidad de ese acto debe ser establecida por este Tribunal…” asimismo, declaró “…la nulidad absoluta del acto administrativo de fecha 05 de septiembre del año 2002 por medio del cual se concedió jubilación especial al actor, (…). Como consecuencia (…) el demandante deberá ser reincorporado a su condición de funcionario activo del ente demandado en las mismas condiciones en que -se encontraba al momento de su ilegal jubilación o en la que más se asemeje a ella si el cargo hubiese desaparecido por cualquier razón, con el salario y emolumentos asignados al mismo; (…) Se declara por medio de esta sentencia que la parte actora ha acumulado como años de servicio efectivos al servicio de la administración pública nacional, todo el tiempo que ha transcurrido desde su inicio en ella (21 de abril de 1977) hasta la fecha en que sea efectivamente reincorporado al cargo y el que transcurra desde allí hasta que por cualquier razón cese legalmente su relación funcionarial con el ente demandado.; (…). El lapso de servicio efectivamente prestado por el trabajador al Instituto Nacional de Cooperación Educativa, (…) deberá ser el que se tome en cuenta para los efectos de la jubilación que él solicitase o a que oficiosamente pudiere acordarle el ente demandado, teniendo en ambos casos como el otro extremo del lapso el día en que alguna de estas dos últimas situaciones se produzca. (…) Se condena al ente demandado a cancelar al actor la diferencia que pueda haber entre el monto de la jubilación que se le ha venido pagando y el salario que le correspondería como funcionario activo desde su ilegal jubilación, así como todos los beneficios laborales que hayan podido corresponderle durante ese tiempo como funcionario activo (…). El funcionario tiene derecho al reajuste de sus prestaciones sociales y cualesquiera beneficio desde el día de su separación ilegal del cargo hasta que termine la relación funcionarial, además de los que le correspondieron con anterioridad a la jubilación especial declarada nula y que haya o no recibido en este momento…” (Negrillas del original).
Al respecto, la parte recurrida ejerció recurso de apelación del fallo dictado, en fecha 2 de octubre de 2007, ratificándolo en fecha 3 de abril de 2009. Ello así, debe señalar esta Alzada que aún cuando en el caso sub examine se ha producido el desistimiento tácito del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en el aparte 18, del artículo 19, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esta Corte debe revisar el precitado fallo a los fines de dar cumplimiento a la consulta obligatoria de Ley, prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual resulta aplicable al caso de autos.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de los autos, no evidencia esta Corte expediente administrativo del recurrente, donde conste su cédula del identidad, con el objeto de verificar su edad a la fecha de habérsele otorgado el referido beneficio de jubilación especial, así como, los antecedentes de servicio de los años de servicios prestado en la Asociación Civil INCE Aragua, necesario a los fines de que esta Corte pueda tener una apreciación amplia acerca de los motivos que dieron lugar a la decisión del Juzgador A quo, objeto de impugnación.
Es por ello, que en aras de resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la finalidad de que esta Alzada pueda cumplir con su labor jurisdiccional en la presente causa, ORDENA solicitar a la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) hoy Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES), con base en lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en el lapso de cinco (5) días de despacho, más dos (2) días continuos correspondientes al término de la distancia, contados a partir de la fecha que conste en el expediente el recibo de la notificación a que se refiere el presente auto, remita a esta Corte copia certificada del expediente administrativo del ciudadano Hernán Enrique Villegas Ramos, titular de la cédula de identidad Nº 3.849.790, asimismo, hace necesario destacar, que la omisión o retardo de dicha remisión podrá ser sancionada, con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.) conforme lo establecido en el artículo 79 ejusdem. De igual forma, este Órgano Jurisdiccional advierte, que de no traerse a los autos la documentación requerida, esta Corte procederá a decidir conforme a los elementos que constan en autos. Así se decide.
Publíquese, regístrese, notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Déjese copia certificada del presente auto.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los doce (12) días del mes de abril de dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación.
El Juez Presidente,
EFRÉN NAVARRO
La Juez Vicepresidente,
MARÍA EUGENIA MATA
La Juez,
MARISOL MARÍN R.
PONENTE
El Secretario Accidental,
IVAN GREGORIO HIDALGO
Exp. Nº AP42-R-2009-001321
MM/2
En fecha__________ ( ) de _____________de dos mil doce (2012), siendo la (s)__________ de la_______, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° _________________.
El Secretario Accidental,