TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN
Caracas, 30 de abril de 2012
202º y 153º
EXPEDIENTE Nº AP42-G-2012-000495
En fecha 16 de abril de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la abogada Karla Peña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 123.501, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., Compañía Anónima, domiciliada en Valencia, estado Carabobo, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 11 de marzo de 1959, bajo el Nº 60, Tomo 4-A, y en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el 12 de abril de 1960, bajo el Nº 74 del Libro de Registro Nº 22 e inscrita por reforma total y fusión en un sólo documento de su Escritura Constitutiva y Estatutos en el último Registro de Comercio citado el 30 de junio de 1967, bajo el Nº 50, contra el acto administrativo de fecha 6 de septiembre de 2011 y notificado el 8 de diciembre de 2011 emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS).
El 24 de abril de 2012, se dio cuenta a la Jueza Mónica Leonor Zapata Fonseca.
Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional, siendo la oportunidad procesal para decidir acerca de la competencia y de la admisibilidad de la presente demanda de nulidad interpuesta, pasa a pronunciarse con base en las siguientes consideraciones:
-I-
DE LA DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS.
En fecha 13 de julio de 2007, la apoderada judicial de la empresa FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., interpuso demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra el acto administrativo de fecha 6 de septiembre de 2011 y notificado el 8 de diciembre del mismo año, emanado del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), esgrimiendo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Arguyó, que “[…] interp[uso] Demanda de Nulidad de Acto de Efectos Particulares contra el acto administrativo dictado en el procedimiento administrativo signado bajo el expediente número REG-3978-2010 iniciado contra [su] representada como consecuencia de la denuncia interpuesta por la ciudadana Imelda Monzón y dictado por el presidente [sic] del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), en fecha 6 de septiembre de 2011, y notificada a [su] representada en fecha 8 de diciembre de 2011 […]” (Mayúsculas y paréntesis del recurrente) (Corchetes de este Juzgado).
Alegó, que “[e]n fecha 16 de diciembre de 2011, se procedió a cancelar en las oficinas del Banco Industrial […], a nombre del Servicio Fondo Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales, la cantidad de CIENTO DIEZ MIL BOLIVARES [sic] CON CERO CENTIMOS [sic] (Bs. 110.000,00), correspondientes a la multa impuesta por el INDEPABIS” (Mayúsculas y paréntesis del escrito) (Corchetes de este Tribunal).
Manifestó, que “[e]n el procedimiento administrativo sancionador abierto con motivo de la denuncia presentada en es[e] caso por la ciudadana Imelda Monzón, el INDEPABIS no le permitió conocer a la empresa FORD con precisión todos los hechos que se le imputaron y las disposiciones legales aplicables a los mismos, para hacer oportunamente alegatos en su descargo, promover y evacuar las pruebas necesarias respecto a esos hechos por los cuales se le sancionó y no se le permitió conocer de la imputación de los mismos” (Mayúsculas y negrillas del escrito) (Corchetes de este Órgano Jurisdiccional).
Señaló, que “[…] en la [Ley de Defensa y Protección de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios] no se establece de manera alguna la posibilidad de que el INDEPABIS ordene a los particulares la ejecución de determinada acción, como lo es la entrega del monto equivalente al precio actual de bienes […]” (Mayúsculas del recurrente) (Corchetes de este Juzgado).
Acotó, que “[…] el INDEPABIS no se encuentra facultado para imponer sanciones distintas a las dispuestas en su ley rectora; de manera que cualquier sanción que se imponga y que no responda a los tipos previstos en la ley, constituirán una violación al principio de tipicidad, menoscabando de es[a] manera la seguridad jurídica de los administrados […]” (Mayúsculas y negrillas del recurrente) (Corchetes de este Juzgado).
Señaló, que “[…] en la decisión objeto de la presente demanda, se ordenó la restitución del monto equivalente al precio actual del vehículo identificado en autos por presuntos daños, de los cuales no se demostró que afectaran el uso y funcionalidad del vehículo y fueron de imposible reparación; dicha orden constituye una acción alejada de las competencias del INDEPABIS y que no puede ser calificada de manera alguna de las sanciones previstas en la ley rectora” (Mayúsculas del escrito) (Corchetes del escrito).
Denunció, que “[…] el INDEPABIS evidentemente ha procedido a dictar sanción que no se encuentra prevista de manera alguna en la [Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios]; dicha actuación no sólo constituye una violación a la seguridad jurídica de los administrados, sino que pasa a configurar una acción desajustada a los principios constitucionales de nuestra Nación, así como de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia […]” (Mayúsculas del recurrente) (Corchetes de este Juzgado).
Indicó, que “[…] el INDEPABIS dictó el acto administrativo recurrrido fundamentándose únicamente en informes emanados de terceros, los cuales fueron aportados al expediente por la ciudadana Imelda Monzón de manera extemporánea, es decir fuera del lapso de promoción de pruebas, no debiendo ser valorados por el órgano decisor” (Mayúsculas y subrayado del escrito) (Corchetes de este órgano Jurisdiccional).
Manifestó, que “[…] la denuncia formulada por la ciudadana Imelda Monzón radicó desde un principio y hasta el final del procedimiento en la supuesta responsabilidad de FORD de cambiar la camioneta por una nueva, y el INDEPABIS decidió ordenar la restitución del monto equivalente al precio actual del vehículo identificado en autos y aplicación de multa, sin mediar en los esfuerzos realizados por la empresa de solventar el problema y realizar las reparaciones que hubiesen sido necesarios, o la compraventa del bien en su momento” (Mayúsculas del recurrente) (Corchetes de este Juzgado).
Adujo, que “[…] el Indepabis señaló en el acto recurrido que FORD había incurrido en violación de los artículos 8 numerales 2 y 6; 78 y 80 numeral 4 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bines [sic] y Servicios, y procedió a ordenar a [su] representada restituir a la ciudadana Imelda Monzón el monto equivalente al precio actual del vehículo […]; y decidió adicionalmente sancionar a FORD con multa de Dos Mil Unidades (2.000) tributarias, equivalentes a la cantidad de Ciento Diez Mil Bolívares (Bs. 110.000,00 Bs.)” (Mayúsculas y paréntesis del escrito) (Corchetes de este Juzgado).
Explicó, que “[…] el entregar a la ciudadana Imelda Monzón el monto equivalente al precio actual del vehículo, comportaría un problema en el supuesto que se declare con lugar la presente demanda de nulidad, dado que la [prenombrada] ciudadana […] podría disponer del mismo y no habría manera de lograr devolución cierta, causando así un daño de difícil o imposible reparación en la sentencia definitiva, aunado al hecho de que dicha sanción impuesta no está legalmente establecida” (Corchetes de este Juzgado).
Finalmente solicitó la demanda de nulidad sea admitida y sustanciada conforme a derecho y sea declarada con lugar en la sentencia definitiva, declarando en consecuencia la nulidad del acto administrativo impugnado y se ordene el reembolso del dinero pagado por la multa indebidamente impuesta. Adicionalmente solicitó que sea declarada con lugar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada.
-II-
DE LA COMPETENCIA

Corresponde en primer lugar a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre la competencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el acto administrativo dictado en fecha 06 de septiembre de 2011 por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), y notificada en fecha 08 de diciembre de 2011, según lo expuesto por el demandante, contra la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.
En este sentido, mediante sentencia Nº 1891 de fecha 26 de octubre de 2006, recaída en el caso: María Josefina Walter Valecillos y Fermín Toro Jiménez Vs. C.A. La Electricidad de Caracas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció lo siguiente:

“(…) El Juzgado de Sustanciación es un órgano constitutivo en algunos tribunales colegiados, como es el caso de las Salas Plena, Constitucional o Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal o de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Su misión, como lo revela su propia denominación, consiste en llevar a cabo la tramitación procedimental –la sustanciación- de las causas (…)
Si el Juzgado de Sustanciación entiende que hay incompetencia así debe declararlo expresamente y, al igual que en el caso en que se inadmita la demanda y se ordene el archivo del expediente, el demandante tiene la posibilidad de apelar de dicha decisión. En caso de apelar, el caso se elevará al Pleno de la Sala, de la Corte, y/o del órgano que corresponda; de no apelar, el auto de remisión adquirirá firmeza y deberá enviarse el expediente al tribunal que se haya juzgado como competente.
Por lo expuesto, el Juzgado de Sustanciación tiene la facultad legal para resolver por sí mismo los problemas de competencia respecto de las demandas o solicitudes que se presenten ante el Tribunal, sea este Máximo Tribunal o las Cortes de lo Contencioso Administrativo o, en general, cualquier órgano judicial en el que la ley haya entregado la decisión sobre la admisión en un órgano de esa naturaleza (…)”. (Negrillas del Juzgado).

Así las cosas, de acuerdo al criterio jurisprudencial parcialmente trascrito, se observa la facultad que se le atribuye a este Órgano Jurisdiccional para resolver por sí mismo los problemas de competencia respecto de las demandas o recursos que se presenten ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
De igual manera, resulta preciso destacar que el criterio atributivo de competencia para conocer de la nulidad de los actos administrativos emanados de los diversos entes u organismos que conforman la Administración Pública Nacional, se encuentra establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ahora bien, en el caso bajo análisis este criterio atributivo de competencia se ubica, específicamente, en el numeral 5 del artículo 24 de la referida Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales mantienen la denominación hasta que se aplique lo relativo a la estructura orgánica de dicha Jurisdicción.
Así las cosas, el señalado numeral 5 del artículo 24 de la ley in commento establece lo siguiente:

“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: (…Omissis…)
Numeral 5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”.

En este sentido, observa este Juzgado que el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), constituye un órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, con rango de Instituto Autónomo y además, no configura ninguna de las autoridades mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 ni en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley supra mencionada, y habida cuenta que el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra el mencionado Instituto no le está atribuido a otro Órgano Jurisdiccional por disposición expresa de la Ley, este Tribunal declara que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo es COMPETENTE para conocer y decidir, en primer grado de jurisdicción, la pretensión de nulidad deducida, y así se declara.

-III-
DE LA ADMISIBILIDAD
Ahora bien, de la revisión exhaustiva del escrito recursivo se evidencia que la parte demandante, FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., es la persona jurídica directamente afectada por el acto administrativo de efectos particulares impugnado, dictado por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), y notificada en fecha 8 de diciembre de 2011, mediante el cual “[…] DECID[IÓ] sancionar a la [prenombrada sociedad mercantil], con multa de DOS MIL (2.000) UNIDADES TRIBUTARIAS, equivalentes a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL BOLIVARES [sic] (Bs. 110.000,00), calculada la misma al valor de la Unidad Tributaria publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.127 de fecha 26 de febrero de 209, siendo es[a] la vigente para el momento en que ocurrió el incumplimiento por parte del infractor”
Precisado lo anterior, pasa este Juzgado Sustanciador a pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda y, en tal sentido, debe efectuar el análisis de los requisitos establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con excepción del numeral 3° del artículo 35, aplicable sólo a las demandas de contenido patrimonial, los cuales establecen:

“Artículo 33. El escrito de la demanda debe expresar:
1. Identificación del Tribunal ante él cual se interpone.
2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere.
3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones.
5. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo y su estimación.
6. Los instrumentos los cuales se derive el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda.
7. Identificación del apoderado y la consignación del poder. En casos justificados podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su transcripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá estar motivada por escrito.”

“Artículo 35. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
1. Caducidad de la acción.
2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.
4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
5. Existencia de cosa juzgada.
6. Existencia de conceptos irrespetuosos.
7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.”

Del análisis de las mencionadas normas se extrae que el legislador estableció que se declararan inadmisibles las demandas en los supuestos en los que se evidenciare la caducidad de la acción, o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; si se verificara la existencia de cosa juzgada; si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.
Asimismo, observa este Juzgado que no existe disposición legal alguna que declare ilegal la tramitación de dicho recurso, ni contra el orden público o las buenas costumbres, que en el mismo no opera la caducidad, no se acumulan acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; que no se evidencia la falta de algún instrumento indispensable para verificar si la acción es admisible; que el libelo recursivo no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos, o de tal modo inteligibles que resulte imposible su tramitación; y por último, que no consta en autos que el presente asunto haya sido precedentemente resuelto en sede judicial, tal como se encuentran establecidas las causales de inadmisibilidad, previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así mismo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 33 eiusdem, este Juzgado de Sustanciación ADMITE en cuanto ha lugar en derecho se refiere la demanda de nulidad interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, C.A. contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el acto administrativo dictado en fecha 06 de septiembre de 2011 y notificado el 08 de diciembre del mismo año, por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). Así se decide.
Precisado lo anterior, se ordena notificar de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los ciudadanos Fiscal General de la República, Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y Procurador General de la República, notificación esta última que se practicará de conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus funciones, remitiéndole a dichos funcionarios copia certificada del libelo, del acto impugnado y del presente auto. Líbrense los Oficios respectivos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa este Juzgado, acuerda solicitar a la ciudadana Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) el expediente administrativo relacionado con el presente caso, concediéndole diez (10) días de despacho para la remisión de los mismos.
Asimismo, en aras de salvaguardar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Órgano Jurisdiccional una vez cumplidas las notificaciones ordenadas, se librará el cartel de emplazamiento a los terceros interesados el cual deberá ser publicado en el diario “Últimas Noticias” de conformidad con lo establecido en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, advirtiendo que el lapso para que los terceros se den por citados, luego de publicado el citado cartel, será el previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del aparte 1 del artículo 31 de la referida Ley. Cúmplase con lo ordenado.
Se ordena notificar a la ciudadana Imelda Dalila Monzón, titular de la cédula de identidad Nº 7.237.189, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 3 eiusdem, así mismo, se ordena comisionar al Tribunal correspondiente a los fines de practicar dicha notificación en la presente causa.
Igualmente, en lo que concierne a la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada, dicho pronunciamiento no corresponde a este Juzgado, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, acuerda abrir el respectivo cuaderno separado, el cual se iniciará con la copia certificada de la solicitud, de la presente decisión, demás documentos pertinentes y se remitirá a la Corte a los fines de su decisión.
Por último, se deja establecido que una vez consten en autos las notificaciones ordenadas se remitirá el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines que se fije la oportunidad procesal para que tenga lugar la celebración de la audiencia de juicio, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 eiusdem.
-IV-
DECISIÓN

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara y ordena, respectivamente:

1.- COMPETENTE a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer en primer grado de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la abogada Karla Peña, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., contra el acto administrativo de fecha 6 de septiembre de 2011 y notificado el 8 de diciembre de 2011 emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS).
2.- ADMITE, la referida demanda de nulidad;
3.- ORDENA, la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y Procuradora General de la República.
4. ORDENA notificar a la ciudadana Imelda Dalila Monzón, titular de la cédula de identidad Nº 7.237.189. Así mismo, se ordena comisionar al Tribunal correspondiente a los fines de practicar dicha notificación en la presente causa.
5.- ORDENA, solicitar a la ciudadana Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) el expediente administrativo relacionado con el presente caso, concediéndole diez (10) días de despacho para la remisión de los mismos.
6.- ORDENA, una vez cumplidas las notificaciones ordenadas, librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados el cual deberá ser publicado en el diario “Últimas Noticias” de conformidad con lo establecido en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
7.- ACUERDA, la apertura de un cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
8.- ORDENA, una vez conste en autos las notificaciones ordenadas la remisión del presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines que sea fijada la oportunidad procesal para que tenga lugar la audiencia de juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Dada, firmada y sellada, en la Sala del Despacho del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los treinta (30) días del mes de abril de 2012. Año 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

La Jueza Provisoria,

Mónica Leonor Zapata Fonseca

La Secretaria,

Ana Teresa Oropeza de Mérida

XO/cpc
Exp. Nº AP42-G-2012-000495