TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: MARISOL MARÍN R.
EXPEDIENTE Nº AP42-R-2009-000875

En fecha 30 de junio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el oficio N° 1400-09 de fecha 21 de mayo de 2009, emanado del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Abogado EDUARDO LÓPEZ SANDOVAL, titular de la cédula de identidad Nº 8.616.735, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 70.410, actuando en su propio nombre y representación, contra el Decreto Nº AMM.070.2005 de fecha 15 de diciembre de 2004, dictado por el ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO FRANCISCO DE MIRANDA DEL ESTADO GUÁRICO.
Dicha remisión tuvo lugar en virtud de que en fecha 21 de mayo de 2009, se oyó en ambos efectos el recurso de apelación ejercido en fecha 13 de agosto de 2008, por el Abogado Eduardo López Sandoval, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia dictada en fecha 22 de julio de 2008, por el mencionado Juzgado Superior, mediante la cual declaró “Inadmisible Sobrevenidamente” el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.
En fecha 6 de julio de 2009, se dio cuenta a esta Corte. En esa misma oportunidad, se designó Ponente al Juez Enrique Sánchez y se fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente más cinco (5) días continuos correspondientes al término de la distancia, para que las partes consignaran los respectivos escritos de Informes, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 30 de julio de 2009, vencido como se encontraba el término establecido en el auto de fecha 6 de julio de 2009, sin que las partes hubieren presentado sus respectivos escritos de informes, se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente, a los fines que dictara la decisión correspondiente.
En fecha 3 de agosto de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el escrito de informes presentado por la parte apelante.
En fecha 4 de agosto de 2009, se pasó el expediente al Juez Ponente.
Mediante decisión Nº 2009-000810 de fecha 17 de septiembre de 2009, esta Corte declaró la nulidad parcial del auto dictado en fecha 6 de julio de 2009, ordenando a su vez, la reposición de la causa.
En fecha 5 de octubre de 2009, esta Corte ordenó practicar las notificaciones de las partes y al efecto, comisionó al Juzgado Primero de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Gerónimo de Guayabal de la Circunscripción Judicial del estado Guárico. En esa misma fecha, se libró la boleta de notificación dirigida a la parte demandante y los oficios Nros. 2009-9460, 2009-9461 y 2009-9462, dirigidos a los ciudadanos Alcalde y Síndico Procurador del Municipio Autónomo Francisco de Miranda del estado Guárico y al ciudadano Juez Primero de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Gerónimo de Guayabal de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, respectivamente.
En fecha 15 de diciembre de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, la diligencia presentada por la parte recurrente, mediante la cual se dio por notificado de la decisión dictada por esta Corte.
En sesión de fecha 20 de enero de 2010, fue elegida la nueva Junta Directiva de esta Corte, en virtud de la incorporación del Abogado Efrén Navarro, quedando reconstituida de la manera siguiente: Enrique Sánchez, Juez Presidente; Efrén Navarro, Juez Vicepresidente y María Eugenia Mata, Juez.
En fecha 3 de marzo de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el oficio Nº 9752/09 de fecha 20 de enero de 2010, proveniente del Juzgado Primero de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Gerónimo de Guayabal de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, anexo al cual remitió las resultas de la Comisión librada por esta Corte.
En fecha 4 de marzo de 2010, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado procesal en que se encontraba, advirtiendo su reanudación una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se ordenó agregar a los autos las resultas de la Comisión recibida del Juzgado Primero de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Gerónimo de Guayabal de la Circunscripción Judicial del estado Guárico.
En fecha 18 de marzo de 2010, esta Corte ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, a cuyos efectos fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente, para que las partes presentaran por escrito los respectivos Informes.
En fecha 20 de abril de 2010, visto el escrito de Informes presentado el 3 de agosto de 2009 por la parte apelante, esta Corte fijó el lapso de ocho (8) días de despacho para las observaciones al referido escrito de informes.
En fecha 5 de mayo de 2010, esta Corte ordenó pasar el expediente al Juez Ponente, a los fines que dictara la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasó el asunto conforme a lo ordenado.
En sesión de fecha 23 de enero de 2012, fue elegida la nueva Junta Directiva en esta Corte, en virtud de la incorporación de la Abogada Marisol Marín R., quedando integrada de la manera siguiente: EFRÉN NAVARRO, Juez Presidente; MARÍA EUGENIA MATA, Juez Vicepresidente y MARISOL MARÍN R., Juez.
En fecha 30 de enero de 2012, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado procesal en que se encontraba, advirtiendo su reanudación una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 7 de febrero de 2012, esta Corte reasignó la Ponencia a la Juez MARISOL MARÍN R., a quien se ordenó pasar el expediente judicial para que dictara la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasó la causa conforme a lo ordenado.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte procede a decidir previa las consideraciones siguientes:
-I-
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD INTERPUESTO
En fecha 15 de febrero de 2007, el Abogado Eduardo López Sandoval, actuando en su propio nombre y representación, interpuso el presente recurso contencioso administrativo de nulidad contra el Decreto Nº AMM.070.2005 de fecha 15 de diciembre de 2004, dictado por el Alcalde del Municipio Autónomo Francisco de Miranda del estado Guárico, con fundamento en lo siguiente:
Sostuvo que, “En fecha 15 de diciembre de 2004, el (…) Alcalde del Municipio Francisco de Miranda, procedió a dictar un Decreto donde le cambió el nombre [al] Municipio. El Municipio por simple decisión del Funcionario (sic) pasó a llamarse Sebastián Francisco de Miranda, mediante Decreto irrito (sic), porque el Alcalde no tiene en ninguna forma competencia para realizar tal modificación…” (Corchetes de esta Corte).
Que, “Se violó, (…) el Principio (sic) de la Legalidad (sic), que rige para todo ciudadano en funciones públicas, y que indica que al funcionario público sólo le está permitido hacer lo que está permitido por la Ley…”.
Indicó que “El Alcalde argumenta en el decreto [impugnado], que el nombre completo del Prócer de la Independencia, quien honra con su identidad [al] Municipio, era Sebastián Francisco, cosa que no discutimos mediante la presente Acción Judicial. Lo que sí se discute es el nombre [del] Municipio, y la forma como fue cambiado violando todas las normas que rigen al respecto…” (Corchetes de esta Corte).
Fundamentó el recurso en lo previsto en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1 y 8 de la Constitución del estado Guárico, concatenado con el artículo 4 de la Ley de División Política Territorial y artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en razón de lo cual solicitó la nulidad del Decreto Nº AMM.070.2005 de fecha 15 de diciembre de 2004, emanado del Alcalde del Municipio Autónomo Francisco de Miranda del estado Guárico, en atención a lo estatuido en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

II
DE LA DECISIÓN APELADA

En fecha 22 de julio de 2008, el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, dictó sentencia definitiva declarando “Inadmisible Sobrevenidamente” el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con base en los razonamientos siguientes:

“...Tal como consta en autos (…) y, con motivo del decreto (sic) Nro (sic) AMM.070.2005, de fecha 15 de diciembre de 2004, emanado por la Alcaldía del Municipio Autónomo Francisco de Miranda del Estado (sic) Guárico, (…) la referida Alcaldía (…) emitió en fecha 26 de febrero de 2007, un Decreto Nro. AMM.094/2007, a través del cual declaró la nulidad absoluta del decreto (sic) Nro. AMM-070-2005, objeto del presente recurso.

(…Omissis…)
Por tanto, corresponde a esta (sic) Tribunal Superior, determinar si efectivamente el acto administrativo (…) dictado en relación al Decreto Nro (sic) AMM.070.2005, de fecha 15 de diciembre de 2004, (…) constituye (…) una reedición del acto impugnado o si por el contrario, a través de él se satisface la pretensión del accionante explanada en sede jurisdiccional (…).

(…Omissis…)

De lo anterior se colige que para que (sic) la reedición de un acto se dé en su totalidad, deben coexistir obligatoriamente tres requisitos: el primero, es que se dicte un nuevo acto, es decir, que exista un acto que le preceda; el segundo, que sea la misma autoridad pública quien dicte ambos actos; y por último, que el nuevo acto que se dicte debe ser idéntico en su contenido y finalidad al anteriormente dictado, significando así una continuación del mismo.

(…Omissis…)

En sintonía con lo anteriormente expuesto y del análisis comparativo de los actos administrativos contenidos en los decretos AMM-070-2005 y AMM 092/2007 (sic), este Tribunal superior, considera que no existe en el acto sobre el cual se pide que opere la declaratoria de reedición, una reedición del acto como tal, por cuanto los requisitos fundamentales que la configuran no se encuentran satisfechos y esto puede desglosarse y verificarse, en el criterio sostenido por la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia parcialmente trascrita supra, como en la sentencia de fecha 7 de julio de 1997, presentada por el mismo querellante, que estableció los supuestos generales para la declaración de la Reedición (sic) de (sic) Acto (sic) Administrativo (sic), así como también las consecuencias y donde señala que el acto administrativo para considerarlo como un acto reeditado, no sólo deberá ser originario del mismo órgano administrativo, sino que deberá versar sobre el mismo objeto, sujeto y causa, produciendo de esta forma los mismos efectos.

En este caso, la figura jurídica del segundo acto no coincide con el acto impugnado originalmente, en los siguientes términos: a).- su contenido u objeto es totalmente contrario a la del acto que le precede y b).- generan efectos distintos, dando así como resultado una contraposición al concepto de un acto reeditado, puesto que en el primer acto lo que buscó la Administración fue modificar el nombre del municipio y en el segundo acto lo que llevo (sic) a cabo fue revocar el acto mediante el cual modificó el nombre del municipio, es decir, dejar sin efectos el acto originario.

De manera que la Administración al declarar la nulidad del decreto (sic) dictado el 15 de Diciembre (sic) de 2004, hizo uso de la potestad de autotutela, prevista en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que consagra la potestad revocatoria, fundamentada en vicios de nulidad absoluta de los actos administrativos, según la cual se autoriza a la Administración para que, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de los particulares, pueda reconocer la nulidad de los actos dictados por ella, cuando estos incurran en cualquiera de las causales de nulidad absoluta previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

(…Omissis…)

Ahora bien, la alcaldía (sic) del Municipio Francisco de Miranda del Estado (sic) Guárico en fecha 26 de Febrero (sic) del 2007, declaró la nulidad absoluta del decreto Nro. AMM.070.2005 (…).

En este sentido, es evidente que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución del Estado Guárico; artículos 5 y 95 numeral 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el órgano competente para establecer la denominación de los municipios en esa entidad es la Asamblea Legislativa especiales. Por lo que lógicamente se desprende que el tanta veces precitado Decreto Nro (sic) AMM.070.2005, de fecha 15 de diciembre de 2004, emanado por la Alcaldía del Municipio Autónomo Francisco de Miranda del Estado Guárico, suscrito por la persona de su Alcalde, el Dr. Teofilo Ramón Rodríguez Díaz, mediante la cual se decretó agregarle el primer nombre del General Miranda a al (sic) precitado Municipio, es decir, Municipio Sebastián Francisco de Miranda, está viciado de nulidad absoluta, al haber sido dictado por una autoridad manifiestamente incompetente y contrario a la Ley, adoleciendo de un vicio insubsanable, de una ilegalidad o contrariedad a derecho que afectan las coediciones (sic) esenciales para su validez y eficacia, siendo en consecuencia dicho decreto incapaz de crear derechos subjetivos a favor de persona alguna, toda vez que se entiende que el mismo no puede producir efectos validos (sic) en el tiempo, por lo que la Administración actuó en estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley, en concordancia con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ordinales (sic) 1º (sic) y 4º (sic). Así se decide.

Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con los criterios jurisprudenciales arriba señalados, concluye entonces este Tribunal Superior, que en el presente caso existe un evidente decaimiento de la pretensión sobrevenida del recurso de nulidad, en virtud de que la autoridad administrativa en éste (sic) caso la alcaldía (sic) del Municipio Autónomo Francisco de Miranda del Estado (sic) Guárico, haciendo uso de la potestad de autotutela, consagrada en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, satisfizo la pretensión de la accionante al pronunciarse sobre el decreto Nro (sic) AMM.070.2005, de fecha 15 de diciembre de 2004, declarando su nulidad absoluta, la cual en nada se diferencia de lo pretendido en el recurso contencioso administrativo propuesto ante esta sede jurisdiccional. Siendo ello así, ese (sic) Tribunal declara la inadmisibilidad sobrevenida en el presente recurso de nulidad. Y así se decide.

(…Omissis…)

Por todas las razones expuestas, este JUZGADO SUPERIOR (…) declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, la solicitud de que opere la declaratoria de reedición del Decreto Nº 094/2007 de fecha 26 de febrero de 2007 (…).

SEGUNDO: INADMISIBLE SOBREVENIDAMENTE el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad…” (Mayúsculas y negrillas del original).

III
DEL ESCRITO DE INFORMES PRESENTADO POR LA PARTE APELANTE

En fecha 3 de agosto de 2009, el Abogado Eduardo López Sandoval, actuando en su propio nombre y representación, presentó escrito informes, en los términos siguientes:
Indicó, que “Al Recurso (sic) de NULIDAD ABSOLUTA del Acto (sic) Administrativo (sic) inicial, contenido en el Decreto Nº AMM-070.2005, de fecha 15 de diciembre de 2004, emitido por el Alcalde del Municipio Autónomo Miranda del Estado (sic) Guárico, se le unió el Acto (sic) Reeditado (sic) de fecha 26 de febrero de 2007…” (Mayúsculas del original).
Señaló, que “El mismo Alcalde del Municipio Autónomo de Miranda, acerca de la misma situación del cambio de nombre del Municipio, emitió un Decreto numerado AMM-094/2007, en el cual le cambió el nombre de nuevo al MUNICIPIO AUTÓNOMO FRANCISCO DE MIRANDA del Estado (sic) Guárico…”. (Mayúsculas del original).
Explanó, que “El funcionario público incurrió de nuevo en el error de emitir un acto completamente nulo, en cuanto no tiene competencia alguna para realizar el cambio de nombre al Municipio. Sin embargo, esta actuación fuera de la Ley no ha quedado reflejada en ninguna línea de este Proceso (sic)...”.
Expuso, que “En ningún párrafo se le ha dicho al Alcalde del Municipio que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, vigente para el momento en el que se dictó el Decreto, no establecía al respecto competencia alguna del órgano municipal para hacer cambios de nombre…”.
Adujo, que “El Tribunal Ad Quo, incumplió los requisitos que en este mismo fallo quedaron establecidos para que se declare la Reedición del Acto Administrativo (…) Razones suficientes para que esta apelación sea declarada Con Lugar, y así lo solicito. Queda de esta manera fundamentada la Apelación (sic) interpuesta, y solicito que en la Sentencia (sic) sea revocado y anulado el Decreto Nº AMM-070.2005, de fecha 15 de diciembre de 2004, emitido por el Alcalde del Municipio Autónomo Francisco de Miranda del Estado (sic) Guárico, mediante el cual de manera ilegal se le cambió el nombre al Municipio, y se anule también el Acto (sic) Reeditado (sic) de fecha 26 de febrero de 2007, según Decreto numerado AMM-094/2007, en el cual le cambió el nombre de nuevo al MUNICIPIO AUTÓNOMO FRANCISCO DE MIRANDA del Estado (sic) Guárico…” (Mayúsculas del original).
IV
DE LA COMPETENCIA
En fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de la misma fecha, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, la cual en su artículo 24 estableció un nuevo régimen de competencias, que inciden en el funcionamiento de esta Corte en ejercicio de su labor jurisdiccional.
Ahora bien, los artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagran derechos y principios que resguardan los valores que deben imperar en la sociedad, como es el reconocimiento del Estado de Derecho y de Justicia, y es así como debe garantizarse en el proceso una justicia expedita y sin reposiciones inútiles, todo lo cual hace que esta Corte analice previamente su competencia para conocer del presente caso.
Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que reza: “La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”, aplicable por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la competencia se determina de acuerdo a la situación de hecho existente para el momento en que es presentada la demanda, pudiendo ser modificado posteriormente sólo por disposición de ley.
Con relación a la competencia de esta Corte para conocer en apelación del presente caso, resulta conveniente destacar, que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 2.271 de fecha 24 de noviembre de 2004 (caso: Tecno Servicios Yes´ Card, C.A. Vs. Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia), aplicable rationae temporis, estableció lo siguiente:
“…Así, atendiendo a las recientes sentencias dictadas por esta Sala en las cuales se ha regulado transitoriamente la competencia de jurisdicción contencioso-administrativa, considera la Sala que la Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer:

…Omissis…

4.-. De las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas, en primera instancia por los Tribunales Contencioso Administrativos Regionales. (Véase sentencia de esta Sala N° 1.900 del 27 de octubre de 2004)...”.

Del criterio parcialmente transcrito y por cuanto la competencia de este Órgano Jurisdiccional venía dada según el criterio atributivo establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la referida sentencia Nº 2.271 de fecha 24 de noviembre de 2004 (caso: Tecno Servicios Yes´Card, C.A. Vs. PROCOMPETENCIA), aplicable rationae temporis, y siendo que en el presente caso la decisión apelada fue dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, esta Corte se declara COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el mencionado Tribunal en fecha 22 de julio de 2008. Así se decide.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Establecida como ha sido la competencia de esta Instancia Jurisdiccional para conocer y decidir en segundo grado de jurisdicción del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Eduardo López Sandoval, actuando en su propio nombre y representación contra el fallo dictado el 22 de julio de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, mediante el cual declaró “Inadmisible Sobrevenidamente” el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el referido Abogado, contra el acto administrativo de efectos generales contenido en el Decreto Nº AMM.070.2005 de fecha 15 de diciembre de 2004, dictado por la máxima autoridad de la Alcaldía del Municipio Autónomo Francisco de Miranda del estado Guárico, cuyo contenido resolvió agregar al nombre de dicha entidad municipal, el primer nombre del General Miranda, pasando a denominarlo Municipio Sebastián Francisco de Miranda; pasa esta Corte a decidir la apelación en los términos siguientes:
Se observa que el fallo apelado declaró Sin Lugar la solicitud de reedición del acto impugnado e Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, por cuanto en consideración del Iudex A quo ocurrió un decaimiento del objeto de manera sobrevenida, toda vez que la Administración Pública Municipal, actuando conforme al principio de autotutela administrativa, satisfizo la pretensión del recurrente al declarar la nulidad absoluta del acto que por esta vía se impugnaba y, en ese sentido, restituyó el nombre del Municipio, tal como era perseguido por vía jurisdiccional.
No obstante, advierte esta Instancia Jurisdiccional que la parte recurrente apeló del fallo recaído en la presente causa, por cuanto a su decir, el Iudex A quo incumplió los requisitos para que se declarara la reedición del acto administrativo, dado que la actuación emitida de manera sobrevenida fue con idénticos fines a los del acto originario, vale decir, cambiar el nombre del Municipio y eludir el control del Juez sobre el primer acto.
En ese sentido, es menester indicar que el acto impugnado originariamente se encontraba contenido en el Decreto Nº AMM.070.2005 de fecha 15 de diciembre de 2004, emanado de la Alcaldía del Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, cuyo contenido resolvió “Agregarle el primer nombre del General Miranda a este honorable Municipio, y en vez de leerse, Municipio Francisco de Miranda; se leerá y usará oficialmente así: MUNICIPIO SEBASTIÁN FRANCISCO DE MIRANDA del Estado Guárico…” (Mayúsculas y negrillas del original).
Por otra parte, se evidencia que durante el curso del presente juicio la Administración Pública Municipal dictó un segundo acto administrativo contenido en el Decreto Nº AMM-094/2007 de fecha 26 de febrero de 2007, emanado de la Alcaldía del Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, cuyo contenido resolvió “De conformidad con lo establecido en los Artículos (sic) 83 y 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; se declara la NULIDAD ABSOLUTA del Decreto número AMM-070-2005, de fecha 15 de Diciembre de 2004 (…) Queda entendido que este Municipio o Entidad, para todos los efectos de Ley, se denomina ‘MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA DEL ESTADO GUARICO (sic)’…” (Mayúsculas del original).
De lo anterior, es pertinente para esta Corte examinar los requisitos para que pueda operar la reedición del acto administrativo y de tal forma poder determinar la procedencia de la denuncia sustentada por el recurrente, a cuyos efectos debe traerse a colación el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 946, de fecha 10 de julio de 2002 (caso: Francisco Casas Ocando), que dispuso lo siguiente:
“…‘La reedición de un acto es un mecanismo que se ubica dentro de la esfera de la desviación de poder, por cuanto a través del mismo se dicta un nuevo acto por una autoridad pública que se presenta idéntico en su contenido y finalidad a uno precedentemente dictado por la misma autoridad, o por otra de su propia esfera de competencias, cuyo objetivo se presume constituido por la intención del órgano autor del acto de reafirmar el contenido de su decisión originaria, cuando ya han operado los mecanismos para el ejercicio del control de la legitimidad ante el órgano competente.
Los supuestos generales para que se realice la reedición del acto están constituidos por: 1. Es dictado un acto idéntico o semejante en sus elementos esenciales a un acto precedente, que ha sido impugnado o cuya eficacia ha sido suspendida o se encuentra en curso de serlo; 2. A través del nuevo acto se trata de eludir el control del juez sobre el acto originario o desconocer la protección que el mismo le ha otorgado o puede otorgarle al administrado.
En general se estima en la doctrina de avanzada que se tendrá como el mismo acto objeto de un recurso contencioso-administrativo originario que hubiese sido objeto de suspensión o de nulidad, a los actos posteriores de la Administración, que conserven en esencia su mismo contenido, objeto y finalidad y se destinen a los mismos sujetos.
Las consecuencias de la reedición son las siguientes:
a. El procedimiento incoado contra el primer acto se extenderá al segundo, por lo cual ambos serán considerados como objetos plurales de la impugnación originaria. De allí que, no se tratará de un nuevo objeto o causa pretendi (sic) sobrevenido, sino de la prolongación del mismo acto inicial.
Por lo anterior, el juez podrá pronunciarse no sólo sobre el primer acto impugnado, sino también, sobre el acto que se califique como reeditado;
b. La extinción del primer acto (por revocación, anulación o modificación sustancial) no puede llevar a la declaratoria de que ‘no hay materia sobre la cual decidir’ en el recurso de nulidad, porque el mismo se considera, sobrevive en el acto reeditado.
c. Constatada la reedición, esto es, la identidad entre los actos, la medida cautelar que fuera acordada o solicitada respecto al primero, se trasladará al segundo…’…”

De lo anterior, puede colegirse que la reedición de los actos administrativos se presenta cuando se dicta un acto cuyos elementos esenciales son tan similares a los de otro anteriormente dictado, que puede suponerse que la intención de su autor fue reafirmar el contenido del primero en su afán de evadir su control jurisdiccional.
Así pues, para que se materialice tal situación es necesario que los actos involucrados hayan sido dictados por la misma autoridad, dentro de un mismo procedimiento y con idéntico o muy similar contenido y finalidad, cosa que de manera palmaria no ocurre en el presente caso, por cuanto tal como lo indicara el Juzgado A quo “…la figura jurídica del segundo acto no [coincide] con el acto impugnado originalmente, [toda vez que] (…) su contenido u objeto [era] totalmente contrario a la del acto que le [precedía y sus efectos eran distintos] (…) dando así como resultado una contraposición al concepto de un acto reeditado, puesto que en el primer acto lo que buscó la Administración fue modificar el nombre del municipio y en el segundo acto lo que llevo (sic) a cabo fue revocar el acto mediante el cual modificó el nombre del municipio (sic), es decir, dejar sin efectos el acto originario…” (Corchetes de esta Corte).
En efecto, observa esta Alzada que el acto dictado de manera sobrevenida no tuvo como intención reafirmar el acto originario, sino enervarlo y de tal modo, restituir por autotutela administrativa, el nombre del Municipio, tal como era pretendido por la parte recurrente por medio del presente recurso.
De tal modo, que mal puede considerarse que hubo una intención del Órgano recurrido de evadir el control jurisdiccional del acto impugnado, por cuanto lo resuelto con el acto sobrevenido fue el reconocimiento de nulidad del acto primario y que dicha facultad le es permitida por disposición del artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que consagra el principio de autotutela administrativa, que permite a la autora del acto revocar, anular o modificar su propia actuación, siempre que no se hayan generado derecho subjetivos a favor de terceros y cuando considere que se incurrió en algún vicio de nulidad absoluta.
Así las cosas, por cuanto la Administración reconoció la nulidad del acto aquí impugnado, y en razón de que el Iudex A quo analizó los requisitos que conciernen a la reedición del acto conforme a la jurisprudencia patria, para concluir que la figura no operaba en la presente causa sino el decaimiento del objeto, esta Corte concuerda con tal razonamiento por encontrarse ajustado a derecho.
En efecto, debe destacarse que el desarrollo normal de un procedimiento culmina con una sentencia en la cual el Sentenciador satisface completa o parcialmente las pretensiones del actor o del demandado. Empero, pueden darse situaciones en las cuales una de las partes satisface las pretensiones de la otra, siendo en consecuencia, innecesario que el Juzgador dicte sentencia en dicha causa.

En tales casos, el Juzgador se encuentra obligado a declarar el decaimiento del objeto, pues se ha producido de manera sobrevenida, el decaimiento del interés del recurrente en la acción intentada, por cuanto todo lo pedido ha sido concedido por el propio demandado; de manera que, resulta cuestionable si la continuación del juicio tiene una utilidad práctica.
De lo precedente, se puede inferir que los requisitos fundamentales para la procedencia del decaimiento del objeto de la causa, son en primer término, que la pretensión del recurrente haya sido satisfecha de forma total por la parte recurrida y, en segundo lugar, que como consecuencia de lo anterior conste en autos, prueba de tal satisfacción.
En el caso de marras, es pertinente enfatizar que el A quo pese a acertar con el razonamiento efectuado, erró al declarar “Inadmisible Sobrevenidamente”, pues lo correcto ha debido ser declarar el “Decaimiento del objeto por no existir materia sobre la cual decidir”, circunstancia que es necesario reformar en esta segunda instancia y así se declara.
En mérito de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y, como consecuencia de ello, CONFIRMA CON REFORMA el fallo apelado. Así se decide.

VI
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDUARDO LÓPEZ SANDOVAL, actuando en su propio nombre y representación contra el fallo dictado el 22 de julio de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, mediante el cual declaró “Inadmisible Sobrevenidamente” el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el referido Abogado, contra el acto administrativo de efectos generales contenido en el Decreto Nº AMM.070.2005 de fecha 15 de diciembre de 2004, dictado por el ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO FRANCISCO DE MIRANDA DEL ESTADO GUÁRICO.
2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido.
3.- CONFIRMA CON REFORMA el fallo apelado.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión y remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los dos (2) días del mes de agosto de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
El Juez Presidente,

EFRÉN NAVARRO

La Juez Vicepresidente,

MARÍA EUGENIA MATA

La Juez,

MARISOL MARÍN R.
PONENTE

El Secretario Accidental,

IVÁN HIDALGO

Exp. Nº AP42-R-2009-000875
MM/9
En fecha _________________ (_____) de _______________ de dos mil doce (2012), siendo la (s) ________________________ de la ___________ se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº________________.

El Secretario Acc.,