JUEZ PONENTE: MARISOL MARÍN R.
EXPEDIENTE Nº AP42-G-2012-001006

En fecha 22 de noviembre de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el oficio Nº 1020-646 de fecha 18 de octubre de 2012, proveniente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, por la ciudadana GLORIA DEL CARMEN DAUTANT, titular de la cédula de identidad N° 1.829.099, actuando en representación de la ciudadana ANA MARÍA CABALLERO ACEITUNO, titular de la cédula de identidad Nº 1.508.042, debidamente asistida por los abogados Héctor Ramón Velásquez Márquez y Luis Guillermo Medina Macuaran, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 38.141 y 43.390, respectivamente, contra la Sociedad Mercantil PDVSA GAS S.A., filial de la Sociedad Mercantil Petróleos de Venezuela, S.A, inscrita inicialmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda el día 26 de junio de 1972, bajo el Nº 60, Tomo 74-A.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la decisión dictada el 9 de octubre de 2012, por el referido Juzgado, mediante la cual declinó en las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer la presente causa.

En fecha 26 de noviembre de 2012, se dio cuenta a la Corte y por auto de esa misma fecha, se designó Ponente a la ciudadana Juez MARISOL MARÍN R., a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines que dictara la decisión correspondiente.

En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Juez Ponente.

Realizada la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo pasa a decidir lo conducente, previa las consideraciones siguientes:

I
DE LA DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA

En fecha 3 de noviembre de 2011, la ciudadana Gloria del Carmen Dautant Caballero, actuando en representación de la ciudadana Ana María Caballero Aceituno, debidamente asistida por los Abogados Héctor Ramón Velásquez y Luís Guillermo Medina, interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios conjuntamente con medida cautelar innominada, con base en las consideraciones de hecho y de derecho siguientes:

Manifestó, que “…mi mandante venía fomentando de una forma inequívoca, pacífica, pública e ininterrumpida, un terreno de mi (sic) única y exclusiva propiedad, sembrando y cultivando varios árboles frutales y otros, en los cuales construí varias bienhechurías y acercadas de alambres de púas y sus estantes de maderas, ubicada en el Asentamiento campesino PENINSULA (sic) DE PARIA, SECTOR GUARAGUARITA, jurisdicción del Municipio (sic) Valdez, Guiria, Estado (sic) Sucre, enclavado en la extensión de terreno: con una medida de SETENTA Y DOS HECTAREA (sic) CON TREITA (sic) Y DOS AREAS (sic) (72,32Ha.), alinderada de la siguiente manera: NORTE: Terrenos ocupados por la sucesión Weeden, SUR: Terrenos ocupados por el (sic) Leopoldo Zambrano, ESTE: río Guaraguarita, y OESTE: terrenos ocupados por la (sic) Eduardo Rivero. El cual le pertenece a mi mandante por haberlas fomentados (sic) a su únicas (sic) y exclusivas (sic) expensas con dinero de su peculio personal” (Mayúsculas del original).

Que, “…en el año 2.007 (sic), de una forma de expoliación, la sociedad (sic) Mercantil PDVSA GAS, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, S.A., (…) A través de sendos decretos de expropiación emanados de la presidencia (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, signados con los nros: 3.030 y 3.843, que aparecen en Gaceta Oficial 36579 y 38266, de fechas: 18/11/1.998 (sic) y 22/08/2.005 (sic), respectivamente. Tenía que desocupar mi parcela de terreno antes identificada, y que pasara por la Oficina del Registro Subalterno del Municipio Valdez, Guiria Estado (sic) Sucre, firmando el documento de venta Autenticado en fecha: 04 (sic) de Octubre (sic) de 2.007, (sic) (...) por lo cual en representación de mi manate (sic) lo firme de una forma obligada ya que le pasaron maquinas al terreno sin compasión alguna dejándolo todo a la intemperie de la mano delincuencial de ese sector, los cuales hicieron desastres”.

Que, “…el pasar el tiempo, en nombre y representación de mi poderdante formule (sic) formalmente el reclamo por ante la Oficina de Negociaciones PDVSA GAS-ACPACIGMA, aeropuerto de Guiria, Municipio (sic) Valdez, Estado (sic) Sucre, donde los funcionarios trabajadores de esa empresa dejaron constancia del mismo” (Mayúsculas del original).

Señaló, que “...hasta la presente fecha no he recibido ningún otro pago ni repaga alguna, que PDVSA GAS, S.A, venía haciendo, ya que ellos están comprometido (sic) con cada uno de nosotros los afectados por esos decretos de expropiación, por medios (sic) de convenios de indemnización, que firmaron junto con cada afectado, (…), Donde se comprometieron los representantes de sociedad (sic) Mercantil PDVSA GAS S.A., a reconocernos la diferencia por error de cálculo en la venta realizada según avalúo anexo y de esa misma manera se comprometieron los representantes de la empresa PDVSA GAS, S.A en el punto tercero del proceso de negociación con la Asociación Civil de Productores Afectados por el Proyecto CIGMA (sic) (ACPACIGMA). LOS PRESENTES ACORDARON QUE EN CUANTO AQUELLAS PERSONAS QUE RECIBIERON PAGOS Y ESTAN (sic) RECLAMANDO UN COMPLEMENTO, SE DETERMINARA (sic) LO SIGUIENTE: (1) VALOR REAL A LA FECHA. (2) LUEGO SE RESTA EL PAGO REALIZADO, (3) LA DIFERENCIA POSITIVA EN FAVOR DEL PROPIETARIO AFECTADO, SE LE APLICARAN LOS INTERESES DE INFLACIÓN FIJADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PARA DETERMINAR EL VALOR O PRECIO FINAL A INDEMNIZAR AL AFECTADO PREVIA REVISIÓN DE LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS. Convenio este que se llevo (sic) a cabo en presencia de la Notaría Pública II de Puerto la Cruz, Estado (sic) Anzoátegui, que lo certifico(sic). En ese mismo sentido en el convenio de fecha: 28/09/2.007 (sic), realizado por la Asociación Civil de Productores Afectados por el Proyecto CIGMA, (ACPACIGMA), y representantes de PDVSA GAS S.A.,y autenticado por el Registro Inmobiliario del Municipio (sic) Valdez, Estado (sic) Sucre quedo (sic) asentado lo siguiente: EL ING. (sic) TITO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE PDVSA, DIO SU VISTO BUENO, SEÑALANDO QUE LOS PRODUCTORES AFECTADOS QUE NO SEAN MIEMBROS DE ACPACIGMA, SERAN (sic) IGUALMENTE ATENDIDOS POR LA EMPRESA, EN SUS RECLAMOS, YA QUE NO HAY NINGÚN IMPEDIMENTO LEGAL PARA NO HACERLO” (Mayúsculas del original).

Asimismo, indicó que “…el ente expropiante vale decir PDVSA GAS, S.A., Y ACPACIGMA (sic), asociación que para ese momento agrupaba la mayoría de los afectados por este proyecto CIGMA (sic), en fechas: 30/04/2.007 (sic) en adelantes (sic); introdujeron ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, Bancario y Marítimo, del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Sucre, un procedimiento de los denominados Jurisdicción Voluntaria, para que en cumplimiento a las normas de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, a los fines de efectuar el denominado ARREGLO AMIGABLE, establecido en el artículo 22 de la Ley especial de expropiación; por lo cual se tenía que nombrar una comisión de avalúos, en la cual cada una de las partes designó su perito y el Tribunal designará el tercero, según lo previsto en el artículo 19 ejusdem, de ello quedo (sic) formalmente conformado el expediente distinguido con el N°: 09510 (sic), de la nomenclatura interna del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito (sic) y Bancario (sic), del Primer Circuito Judicial del Estado (sic) Sucre, ese procedimiento de Jurisdicción voluntaria luego de haberse efectuado todos los inventarios de los bienes de cada uno de nosotros los afectados, es decir uno a uno individualmente, y de haberse presentado el resultado de los peritajes por parte de los peritos tanto designado por el Tribunal como el designado por la asociación, hubo (sic) ser desestimado por el Tribunal de la causa y confirmada la respectiva decisión por el Tribunal de Alzada, por cuanto se presentó una controversia entre los solicitantes debido a que el experto designado por PDVSA GAS, S.A, no presento (sic) su informe de conformidad con lo acordado en el dispositivo legal…” (Mayúsculas del original).

Expresó, que “…PDVSA Petróleo y GAS, S.A., comenzó a ocupar de una manera violenta las tierras, y destruyendo con sus maquinas (sic) todas nuestras pertenencias de cada una de nuestros terrenos, obviando así de una manera negligente, los procedimientos para ello establecidos en la Ley que rige la materia de expropiación antes mencionada, obligándonos a cada uno de nosotros los afectados a recibir ciertos pagos tan irrisorio (sic) por nuestras propiedades y posesiones, arrancándonos de manera violenta el consentimiento para que firmáramos los respectivos documentos de ventas, donde transferíamos nuestras propiedades a la sociedad (sic) Mercantil PDVSA GAS, S.A., (…), como puede apreciarse de estos hechos de una manera clara y precisa, que la empresa PDVSA GAS, S.A., obvio (sic) flagrantemente todos y cada uno de los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social; a modo de ejemplo, le hago del conocimiento a este digno Tribunal, si acaso cursa un expediente con solicitud de expropiación me refiero al expediente N° 16.602, de la nomenclatura de [ese] Juzgado, en el cual se solicita la expropiación de cuatro de los afectados, cuando en realidad somos aproximadamente trescientos (300), por lo tanto debe de ser conocido por [ese] Tribunal por ser el competente para conocer de estos casos, y que en el mismo no reposa sentencia firme alguna que ordene la expropiación de ningún bien o fundos de los afectados por el decreto de expropiación para la creación del COMPLEJO INDUSTRIAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (CIGMA)” (Mayúsculas del original y corchetes de esta Corte).

Que, desde los mencionados hechos “…han transcurrido aproximadamente más de tres (3) años, tiempo en el cual se han agotado todas las instancias amistosas con el ente expropiante a los fines de lograr el concepto de la justa indemnización, ya que no puede ser oportuna como contraprestación a la afectación y ocupación violenta e ilegal o injusta, de mí propiedad por parte del Estado Venezolano, a través de la sociedad (sic) Mercantil PDVSA GAS, S.A.” (Mayúsculas del original).

A su vez indicó, que “…ha sido una lucha a lo largo de estos años, que hemos tenidos (sic) con esa sociedad (sic) Mercantil PDVSA GAS, S.A., la cual siempre nos ha hecho promesas de pagarnos el precio real al valor y fecha, de una justa indemnización, pero todo ha sido mentira (…) es por ello que acudo (…) a ejercer las acciones posesorias o petitorias que correspondan a fin de que me mantengan en el uso, goce o disposición de mi propiedad y que se me indemnice los daños y perjuicios causados con los hechos ilegales anteriormente descritos…” (Mayúsculas del original).

Igualmente, pidió “…como afectado (sic) de los decretos de expropiaciones antes mencionados y publicados en Gaceta Oficial, para que se cumpla con todos y cada uno de los procedimientos consagrados en la LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA (sic) O SOCIAL, de modo que en primer término, se nombre una comisión de avalúos tal como lo dispone el artículo 19 idem (sic), tomando en cuenta los inventarios de mis bienes los cuales están debidamente documentados tanto por la empresa PDVSA PETROLEO (sic) Y GAS, S.A., como en el realizado por la frustrada comisión de avalúos. Y en ese mismo sentido, (…) existe en la persona de mi poderdante el ánimo y la real intención de querer y poder llegar a un feliz término de arreglo amigable con el Estado Venezolano, siempre y cuando se le respeten sus derechos y garantías propias del debido proceso” (Mayúsculas del original).

Finalmente, solicitó que “…sea condenada la sociedad (sic) Mercantil PDVSA GAS, S.A, plenamente identificada, a cancelarle a mi mandante el pago de la justa indemnización por la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ BOLIVARES (sic) CON DOCE CENTIMOS (sic) (BS.F (sic) 2.357.510,12), unidades tributarias (31.433,UT), más la indexación de acuerdo a la taza (sic) emitida por el Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, más el doce por ciento (12%) anual, como lo prevé el Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, hasta la fecha de sentencia firme. Más las costas y costos del presente procedimiento. Como segundo punto: solicito de este Tribunal que como quiera que mi propiedad ha sido y ésta (sic) siendo ocupada por el ente expropiante sin que medie autorización judicial para ello, que se me indemnice con una cantidad de dinero de curso legal en el país a mi entera satisfacción, determinado por la comisión de avalúos, conforme a lo indicado en el particular anterior. Como tercera petición y solo (sic) en caso de que la empresa PDVSA, GAS S.A., se niegue a las peticiones anteriores se proceda conforme a lo establecido en los artículos 22 y siguientes hasta el artículo 55, de la LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA O SOCIAL, donde se establece con mucha claridad y precisión el procedimiento de expropiación, avenimiento, justiprecio y pago de la justa indemnización. De igual manera, solicito a este digno Tribunal de conformidad el artículo 58 ejusdem en concordancia con lo dispuesto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se decrete como medida cautelar que se continué (sic) la ejecución de la obra” (Mayúsculas del original).

II
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

En fecha 9 de octubre de 2012, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, declaró su Incompetencia para el conocimiento de la presente causa en base a las consideraciones de hecho y de derecho siguientes:

“Revisadas como han sido las actuaciones que conforman el presente expediente y evidenciándose de las mismas, que la demanda intentada por la ciudadana GLORIA DEL CARMEN DAUTANT CABALLERO, quien es Venezolana, mayor de edad, Productora Agropecuaria, domiciliada en la ciudad de Guiria, Municipio (sic) Valdez del Estado (sic) Sucre y titular de la Cédula de Identidad N° 1.829.099, asistida del Abogado en ejercicio HÉCTOR VELÁSQUEZ MARQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 38.141, lo fue contra la Sociedad Mercantil PDVSA GAS, S.A., filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A, constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas, originalmente Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado (sic) Miranda, el día 26 de Junio de 1.972 (sic), bajo el N° 60, Tomo 74-A, de los Libros de respectivos, cuyo documento Constitutivo Estatutario ha sufrido diversas reformas, siendo las ultimas, donde se cambio la denominación a PDVSA GAS, S.A, que consta en documento inscrito en el Registro Mercantil Cuarto, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Miranda, el 14 de Octubre (sic) del 2.008 (sic), bajo el N° 67, Tomo 120-A-Cto, Inscrita en el Registro de Información Fiscal, bajo el N° J-00076727-0, representada por el ciudadano WENCESLAO MADAIL LARIAO, venezolano mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 8.567.163, quien procedía con el carácter de Director de PDVSA GAS, S.A, según acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA GAS, S.A, celebrada en fecha 19 de Septiembre de 2.006 (sic), bajo el N° 59, tomo 133-A-Cto, de fecha 01 (sic) de Diciembre (sic) de 2.006 (sic), por ante el (sic) la Oficina Subalterna Cuarta de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Miranda, por DAÑOS Y PERJUICIOS, cuya cuantía fue estimada por la actora en la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON DOCE CÉNTIMOS (Bs. 2.357.510,12) o la cantidad de TREINTA Y UN MIL DIECINUEVE CON OCHENTA Y SIETE UNIDADES TRIBUTARIAS (31.019,87 UT), conforme al valor de la Unidad Tributaria al momento de la interposición de la demanda en fecha 03 (sic) de Noviembre de 2.011, correspondiendo a SETENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 76,00), según se desprende de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39623 de fecha 24 de Febrero (sic) 2.011 (sic); en virtud de lo cual y a los fines de decidir la presente causa, este Tribunal previamente observa:

En fecha 16 de Junio (sic) de 2.010 (sic), entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de la misma fecha, reimpresa por un error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de Junio (sic) 2.010(sic), la cual en su artículo 24 estableció un nuevo Régimen de Competencia.

Así los artículos 2 y el 26 de la Constitución, consagran Derechos y Principios que resguardan los valores que deben imperar en la sociedad como es el reconocimiento del Estado de Derecho y de Justicia, lo que garantiza en el proceso una justicia expedita y sin reposiciones inútiles.

En este sentido el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la competencia se determina de acuerdo a la situación de hecho existente para el momento en que es presentada la acción, pudiendo ser modificado posteriormente solo por disposiciones de la Ley.

Respecto de la competencia, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, estableció lo que habían sido atribuidas Jurisprudencialmente a los órganos que conforman dichas Jurisdicción.

En Sentencia N° 2.271, de fecha 24 de Noviembre (sic) de 2.004 (sic), caso Tecno Servicios Yes´ Card, C.A, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia delimitó las competencias de modo provisional de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, de las cuales conviene destacar lo siguiente: atendiendo a las recientes sentencias dictadas por esta Sala, en las cuales se ha regulado transitoriamente la competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa considera la Sala que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente Público o Empresa en la cual algunas de las personas Políticos Territoriales (República, Estados o Municipios) ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000,00 UT) que actualmente se ajusta a la cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 247.000,00) hasta SETENTA MIL UNA UNIDADES TRIBUTARIAS (70.001,00 UT) que equivalen a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTICUATRO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.729.024,00) por cuanto la Unidad Tributaria para la presente fecha tiene un valor de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 24.700,00) siempre que su conocimiento no este (sic) atribuido a otro Tribunal.

Conforme a esta decisión, se observa, que corresponde a las Cortes de lo Contencioso, el conocimiento de todas aquellas acciones y demandas que cumplan con las condiciones siguientes: 1) Que sean interpuestas contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual alguna de las señaladas personas Políticos Territoriales o entes, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía entre DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000,00 UT) y SETENTA MIL UNA UNIDADES TRIBUTARIAS (70.001,00 UT); y 3) Que el conocimiento de la causa no este (sic) atribuido a ninguna otra Autoridad Judicial.

En este sentido tenemos que la presente causa fue intentada por la ciudadana GLORIA DEL CARMEN DAUTANT CABALLERO, asistida del Abogado en ejercicio HÉCTOR VELÁSQUEZ MARQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 38.141, contra la Sociedad Mercantil PDVSA GAS, S.A., filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A, constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas, originalmente Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 26 de Junio de 1.972, bajo el N° 60, Tomo 74-A, de los Libros de respectivos, para que le Indemnicen por Daños y Perjuicios.

Sobre el primer requisito tenemos que PDVSA GAS, S.A., es empresa filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., inscrita originalmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado (sic) Miranda el 26 de Junio (sic) de 1.972(sic), constando su ultima (sic) modificación estatutaria en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Miranda, en fecha 08 de Octubre (sic) de 2.009 (sic), bajo el N° 76, Tomo 140-A-Cto; en la cual el estado tiene participación decisiva por lo que en resguardo de los intereses patrimoniales involucrados debe concluirse que su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y siendo así se considera satisfecho este primer requisito.

En cuanto al segundo requisito, tenemos que del libelo se desprende que la ciudadana GLORIA DEL CARMEN DAUTANT CABALLERO, asistida del Abogado en ejercicio HÉCTOR VELÁSQUEZ MARQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 38.141, antes identificada, estimó la cuantía de la demanda interpuesta, en la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON DOCE CÉNTIMOS (Bs. 2.357.510,12), que comprende la pretensión por Daños y Perjuicios, monto éste que conforme al valor de la Unidad Tributaria para el momento de la interposición de la demanda, en fecha 03 (sic) de Noviembre (sic) de 2011, correspondía a la cantidad de SETENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 76,00), según se desprende de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39623, de fecha 24 de Febrero de 2.011, la cuantía señalada supera las DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000,00 UT) pero no sobrepasa los SETENTA MIL UNA UNIDAD TRIBUTARIAS (70.001,00 UT), por cuanto representa la cantidad de TREINTA Y UN MIL DIECINUEVE CON OCHENTA Y SIETE UNIDADES TRIBUTARIAS (31.019,87 UT), verificándose así el segundo de los requisitos atributivos de competencia por la cuantía de las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

En ultimo (sic) lugar, el conocimiento de la presente demanda no se encuentra atribuido a otro órgano Judicial, por lo que se encuentra cumplido el último requisito de los exigidos.

Por todos los razonamientos anteriormente expuesto, es por lo que este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Sucre, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Declara que no tiene competencia para conocer y decidir la presente causa y Declina la misma para ante las Cortes en lo Contencioso Administrativo, donde se ordena remitir el presente expediente en la oportunidad legal correspondiente. Así se Decide” (Mayúsculas y negrillas del original).




III
DE LA COMPETENCIA


Corresponde a esta Corte emitir pronunciamiento acerca de su competencia para conocer de la presente causa y al respecto, observa:

En el caso de autos, la acción principal está constituida por una demanda de indemnización de daños y perjuicios conjuntamente con medida cautelar innominada incoada en fecha 3 de noviembre de 2011, por la ciudadana Gloria del Carmen Dautant Caballero actuando en representación de la ciudadana Ana María Caballero Aceituno, debidamente asistida por los Abogados Héctor Ramón Velásquez Márquez y Luis Guillermo Medina Macuaran, contra la empresa PDVSA Gas, S.A., filial de Petróleos de Venezuela.

En primer lugar, se aprecia que la Representación Judicial de la parte actora estimó la presente demanda por la cantidad de “…DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ BOLIVARES (sic) CON DOCE CENTIMOS (sic) (BS.F (sic) 2.357.510,12), unidades tributarias (31.433,UT)…” (Mayúsculas del original).

Así, en fecha 9 de octubre de 2012, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción del estado Sucre, dictó decisión mediante la cual declinó la competencia en este Órgano Jurisdiccional a los fines de conocer la presente demanda, de acuerdo a lo establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 2271 de fecha 24 de noviembre de 2004 (caso: Tecnoservicios Yes’ Card).

Ahora bien, esta Corte a los fines de determinar su competencia hace necesario señalar que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de la misma fecha, reimpresa en fecha 22 de junio de 2010, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451, la cual en su artículo 24 estableció los criterios atributivos de competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo texto preceptúa:

“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:

1 Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T), cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad…” (Negrillas de esta Corte).

El artículo anteriormente transcrito, prevé los criterios atributivos de competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para el conocimiento de las demandas que se interpongan contra la República, estableciéndose tres supuestos a saber: en primer lugar que la demanda haya sido interpuesta contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa en la cual, alguna de las señaladas personas político territoriales o entes que ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere; en segundo lugar, que la acción incoada posea una cuantía entre treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T) y por último, que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad judicial, en razón de su especialidad.

Ahora bien, esta Corte a los fines de determinar el ejercicio de sus funciones dentro de la estructura de la jurisdicción contencioso administrativa, prevista en la Ley Orgánica que rige el funcionamiento de la misma, observa lo preceptuado en su Disposición Final Única, la cual es del tenor siguiente:

“Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo lo dispuesto en el Título II, relativo a la Estructura Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta días de la referida publicación”.

Ello así, esta Corte estima que en virtud de que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa previó una vacatio legis en lo que respecta a la puesta en funcionamiento de la nueva estructura orgánica de dicha jurisdicción, de la cual forman parte los señalados Juzgados Nacionales, debe conocer en atención a las competencias previstas en el artículo 24 de la prenombrada Ley desde su entrada en vigencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En ese sentido, debe este Órgano Jurisdiccional a los fines de establecer su competencia, analizar si la demanda interpuesta cumple con las condiciones antes descritas y en ese sentido, observa:

En primer lugar, tenemos que la presente demanda fue incoada por la ciudadana Gloria del Carmen Dautant Caballero actuando en representación de la ciudadana Ana María Caballero Aceituno, contra la Sociedad Mercantil PDVSA Gas S.A. en virtud de ello, estima este Órgano Jurisdiccional necesario determinar su naturaleza jurídica y en tal sentido, se tiene que de acuerdo con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, promulgada el 29 de agosto de 1975, el Estado debía ejercer “las actividades reservadas, directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad”. Así, después de la promulgación de la citada Ley, el Presidente de la República dictó el Decreto Nº 1.123 del 30 de agosto de 1975, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1.770 Extraordinaria de la misma fecha, mediante el cual creó a Petróleos de Venezuela, como “una empresa estatal, bajo la figura de Sociedad Anónima”, para servir de casa matriz a lo que sería la industria petrolera nacional a partir del 1º de enero de 1976, inscribiéndose el mismo ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del estado Miranda bajo el Nº 23, tomo 99-A, en fecha 15 de septiembre de 1975.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 464, de fecha 18 de marzo de 2002, (caso: PDVSA Petróleos y Gas, S.A.), al referirse a la naturaleza jurídica de Petróleos de Venezuela S.A. y sus compañías filiales, indicó que:

“…tienen un régimen legal que permite diferenciarlas claramente, no sólo de la Administración Pública centralizada y de los institutos autónomos, sino también de otras empresas del Estado. Por tanto, esta Sala debe concluir que la identificación de la naturaleza jurídica de dichas compañías como personas estatales con forma jurídica de derecho privado, plantea, sin duda, como consecuencia, que el régimen jurídico aplicable a las mismas sea un régimen mixto, tanto de derecho público como de derecho privado, aun cuando sea preponderantemente de derecho privado, debido a su forma, pero no exclusivamente, dado que su íntima relación con el Estado, las somete a las reglas obligatorias de derecho público dictadas para la mejor organización, funcionamiento y control de ejecución de la Administración Pública, por parte de los órganos que se integran a ésta o coadyuvan al logro de sus cometidos”.

De igual forma, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 303, expone:

“Artículo 303: Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuado de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.”.

En tal sentido, al constituirse la Sociedad Mercantil Petróleos de Venezuela (PDVSA) GAS, S.A., como una empresa del Estado Venezolano, en virtud de ser la República Bolivariana de Venezuela su principal y única accionista, de conformidad con lo previsto en el artículo 303 Constitucional y toda vez, que la parte demandada es una Sociedad Mercantil sobre la cual el Estado ejerce control decisivo y permanente de dirección y administración, se considera satisfecho el primer requisito señalado, de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así de declara.

En cuanto a la cuantía de la demanda, se observa que la misma fue estimada en la cantidad de Dos Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Diez Bolívares Con Doce Céntimos (Bs. 2.357.510,12); así, para la fecha en que la misma fue interpuesta, esto es, el 3 de noviembre de 2011, el valor de la unidad tributaria para el ejercicio financiero correspondiente al año 2011, se estableció en la cantidad de Setenta y Seis Bolívares (Bs. 76,00), por unidad tributaria (U.T), de acuerdo a lo publicado en Gaceta Oficial Nº 39.623, de fecha 24 de febrero de 2011, lo que equivale conforme a la estimación de la demanda a la cantidad de Treinta y Un Mil Diecinueve con Ochenta y Siete unidades tributarias (31.019,87 U.T.), esto es, superior a las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) e inferior a setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.); señalado en el artículo 24, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cumpliéndose así el segundo requisito. Así se declara

Por último y habida cuenta que el conocimiento de las demandas intentadas contra la Sociedad Mercantil PDVSA Gas, S.A., no le está atribuido a otro Órgano Jurisdiccional por disposición expresa de la Ley, esta Corte se declara COMPETENTE para conocer y decidir, en primer grado de jurisdicción, la demanda interpuesta y en consecuencia ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada en fecha 9 de octubre de 2012, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. Así se decide.

En virtud de lo anterior, se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa y de ser conducente continúe con el procedimiento de Ley, asimismo proceda a abrir el cuaderno separado a los fines del pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada. Así se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre en fecha 9 de octubre de 2012, para conocer de la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada interpuesta por la ciudadana GLORIA DEL CARMEN DAUTANT, actuando en representación de la ciudadana ANA MARÍA CABALLERO ACEITUNO, titular de la cédula de identidad Nº 1.508.042, debidamente asistida por los abogados Héctor Ramón Velásquez Márquez y Luis Guillermo Medina Macuaran, contra la Sociedad Mercantil PDVSA GAS S.A., filial de la Sociedad Mercantil Petróleos de Venezuela, S.A.

2. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa y de ser conducente continúe con el procedimiento de Ley, asimismo proceda a abrir el cuaderno separado a los fines del pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada.

Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de la presente decisión y remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los seis (6) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

El Juez Presidente,


EFRÉN NAVARRO
La Juez Vicepresidente,


MARÍA EUGENIA MATA
La Juez,


MARISOL MARÍN R.
PONENTE
El Secretario,


IVÁN HIDALGO

EXP. Nº AP42-G-2012-001006
MM/13

En fecha ________________________________ ( ) de ________________________ de dos mil doce (2012), siendo la(s) ___________________________ de la __________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° __________________________.-

El Secretario.