REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal vigésimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas
Caracas, diecisiete de diciembre de dos mil doce
202º y 153º
ASUNTO : AP21-S-2012-002836
Visto el escrito transaccional de fecha 05 de diciembre de dos mil doce (2012) y fechas 06 de diciembre de dos mil doce, este Tribunal pasa a emitir pronunciamiento en los siguientes términos: En primer lugar, se presento a los autos escrito transaccional suscrito por la empresa oferente CALZADOS APICE, C.A, representada por el abogado GUILLERMO ALCALA PRADA, inscrito en el IPSA: Nº: 45.812, carácter que consta en autos, con facultades especiales para transar, y por la parte OFERIDA , la ciudadana AURA ROSA PATIÑO LUNA, titular de la cédula de identidad Nº: 12.670.048 , asistida por el abogado Edgar Velásquez , inscrito en el I.P.S.A Nº: 88.838 , , mediante el cual celebran un acuerdo transaccional por la cantidad de Bs. (59.564,72).
En la misma oportunidad este Tribunal emite pronunciamento en cuanto al escrito transaccional de los trabajadores oferidos que se mencionan a continuación: JOSE ALBERTO SUAREZ, JOSE LUIS GONZALEZ Y GIOVANI DAVID HURTADO BERRIOS. Titulares de las cédulas de identidad Nº: 10.717.790; 8.448.979; 12.060.569 respectivamente; asistidos por el abogado por el abogado Edgar Velásquez , inscrito en el I.P.S.A Nº: 88.838 , mediante el cual celebran un acuerdo transaccional por la cantidad de Bs. (78.500.16) ; (Bs. 93.099,75) y (Bs.85.286,23) respectivamente.
En la misma oportunidad, es decir en fecha 06 de diciembre de dos mil doce (2012), fue presentado escrito transaccional entre la parte oferida la ciudadana DINORA MARGARITA GALLARDO, titular de la cédula de identidad Nº: 6.510.354, asistida por el abogado Roberto Yanez, inscrito en el I.P.S.A Nº: 151.576 y la parte oferente la empresa Calzado Apice, representada por el abogado Guillermo Alcala., inscrito en el IPSA: Nº: 45.812, quien celebra un acuerdo transaccional por la cantidad de Bolivares (Bs.79.144,31).
Ahora bien; de la lectura del acta transaccional se observa que la parte oferida, específicamente en la cláusula quinta, suscriben una cláusula penal, o cláusula indemnizatoria equivalente al doble del monto que recibió el trabajador, por concepto de prestaciones sociales, los cuales fueron discriminados en el escrito transaccional. Este tipo de cláusulas atentan contra los derechos de protección que gozan los trabajadores, por tratarse las normas laborales de orden publico, protectorios de derechos constitucionalizados los acuerdos suscritos por las partes, no permiten este tipo de cláusulas atentatorias, por lo que el Juez como máximo garante de las normas laborales la desaplica del escrito transaccional, teniéndose como no escrita. Así se decide.
En relación a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la parte oferente en el le otorga un amplio finiquito a la parte demandada, liberando a la misma de cualquier acción contra la demandada.
Ahora bien; la renuncia genérica de la acción en los procedimientos laborales, puede afectar derechos fundamentales, entre ellos; la seguridad social, la salud, entre otros, los cuales no fueron debatidos en juicio, ni pueden ser cuantificables económicamente. Por tratarse de derechos fundamentales. Además nos encontramos en presencia de un procedimiento no contencioso que no permite el debate judicial, en presencia del Juez.
Al respecto esta Juzgadora observa lo siguiente:
La Constitución de la República consagra la irrenunciabilidad de los derechos laborales, en los siguientes términos:
“Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (omissis)
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.” (Subrayado de la Sala).
Respecto a los desistimientos de la acción realizados por los trabajadores, la sala de Casación Social Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 10 de mayo de 2005, caso Dulce Elena Suárez contra la Alcaldía del Municipio Sucre Sabana de Mendoza del Estado Trujillo, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero ha establecido lo siguiente:
“En efecto, puede el trabajador desistir del proceso mediante el cual reclama derechos que éste pretende, pero lo que ciertamente resulta inadmisible es que el trabajador desista de su acción y al mismo tiempo de su pretensión, pues ello se constituye en una renuncia evidente a sus derechos, y por tanto equivale a ignorar la protección especialísima que se comenta, y la cual se destina a resguardar los derechos del trabajador, frente a los actos del patrono; de admitirse lo anterior, sería desmejorar al trabajador en cuanto a sus derechos adquiridos se refiere, lo cual no es el espíritu y razón que sobre esta materia tuvo el legislador.” (Subrayado de la Sala).”
Ahora bien; a los fines de evitar posibles renuncias, las cuales aparecen contenidas en la cláusula cuarta y quinta , por aparecer señaladas de manera genérica, esta Juzgadora homologa el presente acuerdo en cuanto al procedimiento y niega el desistimiento de la acción. El resto de las cláusulas una vez revisada, se determina que la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto versa sobre los derechos reclamados en el escrito de oferta real, que está circunstanciada y fueron discriminados por las partes. En consecuencia este Juzgado homologa la transacción expresada por las partes en cuanto al procedimiento, dándole efecto de cosa juzgada.
La Juez
El Secretario
Abg. Beatriz Pinto
Abg. Dorimar Chiquito
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