Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, 4 de diciembre de 2012 200º y 151º Asunto Nuevo: AF47-U-2002-000044 Asunto Antiguo: 1980 Sentencia Interlocutoria N° 187/2012 En fecha 17 de octubre de 2002, el ciudadano José Luis Esparza Sorondo, venezolano, mayor de edad, domiciliado en ciudad Guayana Estado Bolívar y titular de la cédula de identidad No. 11.938.518, procediendo en su carácter de Vicepresidente de la contribuyente ALEPOCA ALUMINIO EN POLVO COMPAÑÍA ANONIMA., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 18 de julio de 1994, bajo el No. 52, Tomo 19-A Pro, y posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz el 21 de septiembre de 1995, bajo el No. 60, Tomo A-No. 35, asistido por el abogado Andrés Iván Izquierdo Gascón, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 8.890.136 inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 40.283 interpuso recurso contencioso tributario contra la Resolución No. 865, de fecha 06707/2002, emanada de la Alcaldía del Municipio Caroní del estado Bolívar, mediante la cual imponen a la contribuyente una multa por Bs. 375.000,00. El 20 de noviembre de 2002, se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, y en fecha 04 de diciembre de 2002, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el No. 1980, ordenándose notificar a los ciudadanos Procurador, Contralor, Fiscal General de la República, Alcalde del Municipio Caroní del estado Bolívar y al Sindico Procurador de la misma Alcaldía y se libró Oficio No. 269/2002 de fecha 04/12/2002 al ciudadano Juez del Juzgado del Municipio Caroní del estado Bolívar a los fines de la notificación del Alcalde y Sindico antes mencionados. En fecha 04 de diciembre de 2002, este tribunal ordenó abrir cuaderno separado a los fines de sustanciar y decidir sobre la solicitud de suspensión de efectos. Así, fueron notificados el Contralor, Fiscal y Procurador General de la República en fechas 13/02/2003; 18/02/2003 y 20/02/2003, respectivamente siendo todas consignadas en fecha 15/03/2003. A través de la Sentencia Interlocutoria N° 79/2003 de fecha 26 de marzo de 2003, este Tribunal admitió el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho y ordenó proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente. En fecha 18 de septiembre de 2003, este Tribunal recibió la comisión con oficio No. 0512-2003 de fecha 05/08/2003, emanada del Juzgado Tercero del Municipio Caroní del Segundo Circuito del Estado Bolívar, donde el ciudadano Juez de ese Juzgado se inhibe de la comisión remitida por este Tribunal en fecha 04/12/2002. El 22 de septiembre de 2003, este Tribunal dictó Sentencia Interlocutoria No. 192/2003, a los fines de revocar por contrario imperio la sentencia interlocutoria No. 79/2003 de fecha 26/03/2003. En fecha 29 de septiembre de 2003, este Tribunal recibió oficio No. 683/2002 de fecha 15/09/2003, emanado del Juzgado Primero de Municipio Carona del Segundo Circuito del Estado Bolívar, a través de la cual remite la comisión de los ciudadanos Alcalde y Sindico Procurador de la Alcaldía del Municipio Caroní del estado Bolívar, debidamente practicada quedando así constancia de la notificación de la entrada de la presente causa. A través de la Sentencia Interlocutoria N° 21272003 de fecha 09/10/2003, este Tribunal admitió el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho y ordenó proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente. Por auto de fecha 27 de noviembre de 2012, este Tribunal se avocó al conocimiento de la presente causa. I MOTIVACIONES PARA DECIDIR Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente ALEPOCA ALUMINIO EN POLVO COMPAÑÍA ANONIMA., contra la Resolución No. 865, de fecha 06707/2002, emanada de la Alcaldía del Municipio Caroní del Estado Bolívar, la representación legal de la contribuyente interpuso recurso contencioso tributario contra el acto administrativo ya identificado. No obstante, desde el 09 de octubre de 2003, fecha en la cual se admitió el recurso contencioso tributario hasta el día 27 de noviembre de 2012, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, no se produjo ninguna actuación por parte de la contribuyente recurrente. En relación a lo anteriormente expuesto, resulta oportuno transcribir la sentencia N° 416, dictada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en la cual se estableció lo siguiente: “(…) El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión. El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”). El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente: “(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide (…)” (Resaltado del Tribunal). De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o, ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión. Siendo así, en el presente caso este Tribunal observa desde el 09 de octubre de 2003, fecha en la cual se admitió el recurso contencioso tributario hasta el día 27 de noviembre de 2012, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, no consta ninguna actuación de la contribuyente ALEPOCA ALUMINIO EN POLVO COMPAÑÍA ANONIMA evidenciándose que la causa estuvo paralizada por nueve (9) años aproximadamente, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa. No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, dejó sentado que “… el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos…” En consecuencia, este Tribunal ordena la notificación personal de la contribuyente ALEPOCA ALUMINIO EN POLVO COMPAÑÍA ANONIMA., para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a la consignación en autos de la boleta de notificación, manifieste su interés en que se dicte sentencia en la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en consonancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras. Ahora bien, en el supuesto de que no pueda practicarse la notificación personal de la contribuyente de autos, se procederá a fijar un Cartel a las Puertas del Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 264 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 174 y 340 ordinal 9° del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo que transcurridos diez (10) días de despacho desde su fijación se tendrá por notificada y comenzará a correr el lapso de treinta (30) días continuos para que la empresa accionante manifieste si mantiene el interés en que se decida la presente causa, vencido los cuales sin que exista tal pronunciamiento, este Tribunal considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 740 de fecha 19 de junio de 2008, Caso: EMPRESA TOSCANY, C.A., contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE). II DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA NOTIFICAR a la contribuyente “ALEPOCA ALUMINIO EN POLVO COMPAÑÍA ANONIMA”., para que exponga, en un plazo máximo de treinta (30) días continuos desde que se evidencie en autos la constancia de haberse practicado su notificación, si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa, vencido los cuales sin que haya respuesta de la recurrente, este Tribunal declarará extinguida la presente causa de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. La Juez, Lilia María Casado Balbás El Secretario, José Luis Gómez Rodríguez Asunto Nuevo: AF47-U-2002-000044 Asunto Antiguo: 1980 LMCB/mc.