REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 20 de diciembre de 2012 202º y 153º ASUNTO: AH12-X-2012-000065 Admitido como se encuentra el juicio por COBRO DE BOLÍVARES presentada por los abogados en ejercicio MARIA CAROLINA DE ABREU PÉREZ, FEDERMAN RIGEL FERRER GARCÍA, YESSICA VANESSA BELLO MAZZETTI, ELIANA ANDREA VARGAS REQUENA y HEBERTO FEDERMAN FERRER RIVAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 64.190, 128.996, 150.470, 149.132 y 2.503, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora el ciudadano EDGAR PÉREZ JIMÉNEZ, en contra de la sociedad mercantil CORPORACIÓN NILO BAR, C.A., registrada por ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 19 de Octubre de 2003, bajo el No. 27, Tomo 371-A-VII, RIF J-31064691-0., y del ciudadano Lorenzo Alberto Roldan, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad número V-11.233.467, éste Tribunal con el fin de pronunciarse acerca de la medida de embargo preventiva pasa hacer las siguientes consideraciones: - I - SOBRE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA ACTORA Como hechos constitutivos de la pretensión de la parte actora, se afirma en el libelo de demanda lo siguiente: 1) Que en fecha 24 de agosto de 2011, el ciudadano Edgar Pérez Jiménez, emitió en la ciudad de caracas una letra de cambio por la cantidad de Novecientos mil bolívares exactos (Bs.900.000), con el mandato expreso de pagar a la orden de Edgar Pérez Jiménez, en su condición de beneficiario, la cual fue aceptada por el ciudadano Lorenzo Alberto Roldan a titulo personal y en representación de la empresa Corporación Nilo Bar, BAR C.A. 2) Que a la fecha del vencimiento de la letra de cambio en comento, la misma fue presentada al cobro, y por cuanto no se ha logrado la cancelación de la misma es por lo que se intenta la presente acción. 3) Que se proceda a la intimación de conformidad con el procedimiento por intimación, de la sociedad mercantil Corporación Nilo, Bar, C.A - II - SOBRE LA PRETENSIÓN CAUTELAR DE LA ACTORA Solicita la parte actora en este proceso sea decretada por este Tribunal medida de embargo preventivo sobre los bienes muebles propiedad de los demandados, constituidos por: 1. Cuenta bancaria No. 0121-017088-0106352690, del Banco Corp Banca, a nombre de la empresa Corporacion Nilo Bar, C.A. 2. Acciones de la sociedad mercantil Corporacion Nilo Bar C.A. 3. Mobiliario propiedad de la sociedad mercantil Corporacion Nilo Bar C.A y del ciudadano Lorenzo Alberto Roldan titular de la cedula de identidad número 11.233.467. - III - DE LOS RECAUDOS CONSIGNADOS JUNTO A LA DEMANDA 1. Una letra de cambio emitida por el ciudadano Edgar Pérez Jiménez, en la ciudad de caracas una por la cantidad de Novecientos mil bolívares exactos (Bs.900.000), con el mandato expreso de pagar a la orden de Edgar Pérez Jiménez, en su condición de beneficiario, la cual fue aceptada por el ciudadano Lorenzo Alberto Roldan a titulo personal y en representación de la empresa Corporación Nilo Bar, BAR C.A. - IV - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Luego de revisados los alegatos esgrimidos por la parte actora, este Juzgador pasa a resolver la solicitud que aquí se ventila en los siguientes términos: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece los dos requisitos de procedencia que en general exige el ordenamiento adjetivo para el decreto de todas las medidas preventivas, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y 2) la presunción grave que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora). En ese sentido, el mismo artículo 585 del Código de Procedimiento Civil no exige que el Decreto que acuerda o niega la pretensión cautelar deba ser motivado, lo cual ha sido confirmado tanto por los Tribunales Superiores como por nuestro máximo Tribunal de Justicia. Con base al criterio anteriormente expuesto, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas efectuó las siguientes consideraciones: “(...) el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, no ordena al juez que motive el decreto que acuerda la medida preventiva, por lo que debe interpretarse que al Juzgador le basta con expresar en el decreto que según su criterio están llenos los requisitos que exige el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para que se decrete la medida. En el mismo sentido debe señalarse que tampoco en el artículo que regula el secuestro de bienes determinados, se exige el requisito de señalar expresamente en cuál de las causales se fundamenta la medida de secuestro decretada...” Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil por sentencia de fecha 9 de diciembre de 1992 señaló lo siguiente: “Con vista de esas circunstancias, la Sala aprecia que, aun cuando mantiene su doctrina en el sentido de que tratándose de autos sobre medidas preventivas, no deben extremarse las exigencias de motivación al igual que para las sentencias definitivas de fondo, si tuvo lugar efectivamente en el caso una relevante omisión de razones como las que cita la formalización, indispensable en grado mínimo para evidenciar los prepuestos tomados en cuenta por el Juzgador en su decisión. Y ello hace procedente la denuncia como así lo declara la Sala.” Sin embargo, este Tribunal observa que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. En el caso de marras, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal que en este estado y grado de la causa existen elementos suficientes que demuestren in limine litis, que exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, así como la presunción grave del derecho que se demanda. En ese sentido, y siendo que en este estado y grado del proceso existen suficientes medios de prueba que permitan demostrar, que en este caso existe peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, así como presunción grave del derecho que se demanda, este sentenciador debe considerar procedente la cautelar solicitada. Al respecto, nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa por sentencia de fecha 17 de febrero de 2000, con Ponencia del entonces Magistrado Carlos Escarrá Malavé ha señalado lo siguiente: “... Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora. (...) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico jurídica consistente por parte del demandante...” En el caso que nos ocupa, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal que existe en este estado y grado del proceso elementos suficientes de prueba que permitan demostrar que en este caso exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, asimismo se ha demostrado la presunción grave del derecho que se reclama. De suerte que en el caso sometido al conocimiento de este Tribunal, se ha demostrado la satisfacción de los requisitos que obligatoriamente debe probar el solicitante de cualquier medida preventiva a los fines de que resulte procedente la correspondiente solicitud cautelar, y así se decide. En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgador declara procedente la medida preventiva de embargo, toda vez que la solicitud de la misma en este estado y grado del proceso llena los extremos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.- - V - DECISIÓN Ahora bien, el Tribunal por cuanto de la revisión de los documentos acompañados al libelo de demanda, se desprende la presunción grave del Derecho que se reclama, así como la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, de conformidad con lo previsto en la norma anteriormente transcrita, decreta Medida de EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes propiedad de la parte demandada hasta cubrir la cantidad de BOLÍVARES DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTIMOS (BS.2.159.200,00), que comprende el doble de la suma demandada, más la suma de BOLÍVARES DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTIMOS (BS.225.000,00), por concepto de costas y costos calculadas prudencialmente por el tribunal en un 25%, suma ésta incluida en la anterior. Con la advertencia de que si se embargasen cantidades líquidas, se hará dicho embargo por la suma de BOLÍVARES UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS CON CERO CENTIMOS (1.192.100,00); Suma esta que comprende el monto de la suma demandada más las costas anteriormente calculadas e incluidas en dicha suma. A los fines de la materialización de la medida aquí decretada, se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor De Municipio Ejecutor De Medidas Preventivas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide. Líbrese despacho y oficio.- EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ.- LA SECRETARIA, MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ RUZ.- Hora de emisión: 10:30 AM Asistente que realizo la actuación: JDM