TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, Domingo ocho (08) de Enero de 2012
200º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2012-000037
ASUNTO : IP11-P-2012-000037

AUTO MOTIVANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.-

En fecha (07.01.2012), se celebró Audiencia Oral de Presentación en contra del ciudadano RAUL ANTONIO QUINTERO ROSALES, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÌSICA, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JOHANNA GONZALEZ LUGO. Seguidamente se le concedió el derecho de palabra a la Abog. MIGYOLYS REYES, en su carácter de Fiscal Auxiliar 16° del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, a lo cual expuso: “Presento antes este Tribunal al ciudadano RAUL ANTONIO QUINTERO ROSALES, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÌSICA, previsto en el articulo 42 de la Ley Orgánica del Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JOHANNA GONZALEZ LUGO, en virtud de que el mismo fue aprehendido por funcionarios adscrito a la Policía Municipal Bolivariana de Carirubana, quienes realizaron la aprehensión del referido ciudadano en virtud de haber sido denunciado por la victima de actas, ciudadana JOHANNA GONZALEZ LUGO, en virtud de haber sido victima de sus agresiones; razón por lo cual solicito se decrete para dicho imputado MEDIDA CAUTELAR prevista en el ordinal 8ª del articulo 92, y 87 en su numeral 6°, de la ley especial que rige la materia, consistente en la salida de la residencia en común, la prohibición de acercare y de ejercer cualquier tipo de violencia sobre la victima, bien sea acoso, intimidación, o amenaza, por considerar que se encuentran llenos los extremos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; asimismo, solicito la aplicación del procedimiento especial y la aprehensión en flagrancia, es todo. A continuación se coloca en presencia de la jueza el ciudadano: RAUL ANTONIO QUINTERO ROSSELL , venezolano, natural de Punto Fijo, nacido en fecha 07-06-1969, de 43 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.611.120, estado civil casado, grado de instrucción 4° año de bachillerato, ocupación u oficio comerciante, hijo de Minerva Rossell y de Gustavo Quintero, residenciado Sector el Milagro Parroquia Norte, calle Romulo Gallegos, casa N° 3-58 frente a la iglesia la Milagrosa. Seguidamente la Jueza de este Tribunal lo impuso del motivo de su detención y del hecho que se les imputa y de las garantías consagradas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, específicamente en los ordinales 5to. del Articulo 49, en concordancia con lo establecido en los Artículos 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, que lo exime de declarar en causa propia, y aun en caso de consentir a prestar declaración sin juramento alguno. Acto seguido el imputado RAUL ANTONIO QUINTERO ROSALES, manifestó: “SI DESEO DECLARAR”, y expuso: “yo estoy preocupado por la niña que es hija de ella que es como mi nieta y le digo mi niña come por que tenia tres dias que no comia y le estoy diciendo que comiera y ella me dice por que la gritas si yo no la estoy gritando yo hablo asi y le digo piensa y su mama tambien le dice eso en eso y ella me dio una cachetada y yo le sostuve las manos y en el forcejeo se me resbalo la mano y le di en el pomulo y yo no le pegue su familia dice por que Jhoana hizo eso con Raul yo estaba esperando que se le pasara la rabia pero ella llamo a la policia y me llevaron por que ella como trabaja en policiarirubana”, es todo.”. Las partes manifestaron su deseo de no desear realizar ningún tipo de preguntas. Acto seguido se le concede la palabra a la Abog Maria Álvarez, Defensora Privada, quien expuso: “no me opongo a la solicitud realizada por el Ministerio Publico, es todo. Oída la exposición realizada por el Fiscal del Ministerio Público, la Defensa y el imputado, este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON, EXTENSION PUNTO FIJO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto procedió a relatar y analizar breve y sucintamente los elementos de corrientes en el expediente, y observa que de las mismas emerge la comisión de una pluralidad de hechos punibles que merecen pena privativa de libertad y sobre la cual el Tribunal acoge preliminarmente la precalificación fiscal, esto es, VIOLENCIA FÍSICA previstos en los artículos 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JOHANNA GONZALEZ LUGO. Igualmente dimana del expediente como medios de convicción a las efectos del ordinal segundo del 250 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable de manera supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la ley especial, que el ciudadano RAUL ANTONIO QUINTERO ROSALES, fue aprehendido en fecha 05 de Enero de 2012, por funcionarios adscritos a la Policía Municipal Bolivariana de Carirubana , en virtud de denuncia presentada por la ciudadana JOHANNA GONZALEZ LUGO, quien manifestó a los funcionarios actuantes que el ciudadano RAUL ANTONIO QUINTERO ROSALES, quien es su padrastro en fecha 05.01.2012 la había agredido físicamente propinándole un golpe en la cara en virtud de encontrarse la misma discutiendo con el por estar gritando a su hija, siendo trasladada la misma de inmediato al Ambulatorio Urbano Tipo II José Maria Rodríguez, e igualmente siendo remitida posteriormente a la Medicatura Forense del referido cuerpo policial, a los fines de su valoración de carácter medico legal, pudiendo constatar del examen medico forense signado bajo el Nº 036, suscrito por la Dra. Anne Primera, Medico Forense adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas Sub delegación Punto Fijo, mediante el cual se constata lo siguiente: “contusión edematosa en región malar derecha…tiempo de curación seis (06) días…”. Estos elementos conjugados con el acta policial, arrojan la fuerza de convicción reclamada por el ordinal 2º del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para presumir que el imputado de autos, es presunto autor en la comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previstos en los artículos 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JOHANNA GONZALEZ LUGO. Así las cosas, atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho antes expuestas, satisfechos como están los requisitos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente es Decretar la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVAS DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 ordinal 8º de la LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, consistente: 1.- ) Prohibición de agredir a la victima física, Verbal y Psicológicamente sobre la presunta victima; así como la MEDIDAS DE PROTECCION A FAVOR DE LA PRESUINTA VICTIMA, tal como: la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia sobre la victima, bien sea acoso, intimidación, o amenaza, o ejercer Acoso u Hostigamiento a la víctima, establecida en el artículo 87 numeral 6 eiusdem, de obligatorio cumplimiento por parte del ciudadano RAUL ANTONIO QUINTERO ROSSELL , venezolano, natural de Punto Fijo, nacido en fecha 07-06-1969, de 43 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.611.120, estado civil casado, grado de instrucción 4° año de bachillerato, ocupación u oficio comerciante, hijo de Minerva Rossell y de Gustavo Quintero, residenciado Sector el Milagro Parroquia Norte, calle Romulo Gallegos, casa N° 3-58 frente a la iglesia la Milagrosa, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JOHANNA GONZALEZ LUGO. Igualmente se decreta la aplicación del procedimiento especial establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Asimismo, este tribunal considera que los presentes hechos ameritan ser investigados, en virtud de que lo alegado por la defensa constituye lo que la jurisprudencia ha denominado un alegato controvertido ya que se encuentra en franca contraposición con la tesis fiscal, lo cual se traduce en que amerita un debate probatorio, por lo que mientras se agota la fase investigativa, se considera proporcional la medida de coerción personal dictada de conformidad con lo establecido en el articulo 244 de nuestro código adjetivo penal. Por su parte, la doctrina patria al comentar el objeto y alcance de esta fase del proceso penal, refiere que: “La fase preparatoria cumple con una función primordial pues en ella se manejarán los elementos indispensables y necesarios que permitirán la fundamentación de la imputación, y la determinación de la culpabilidad del sospechoso, con base en las fuentes de pruebas recabadas e incluso realizadas como anticipada y preconstituida… omissis…El Ministerio Público oficia en busca de la verdad, que es la finalidad del proceso penal, es por ello, que como órgano de dirección de la policía de investigaciones penales deberá el fiscal ante cada uno de los aspectos de la investigación medir el grado de probabilidad de culpabilidad que tenga el imputado, partiendo del conjunto de elementos probatorios recabados y resultantes del proceso investigatorio, parte integrante de esta fase preparatoria…” (Cursiva nuestra) (Rivera Morales, Rodrigo. “Código Orgánico Procesal Penal”.1° Edición. Barquisimeto. Librería Rincón. 2008. p.p: 300, 301 y 303). Siendo igualmente, preciso señalar, que nos encontramos en una fase incipiente del proceso, en la cual, la precalificación jurídica atribuida a los hechos por parte del Ministerio Público, resulta ser provisional, hasta tanto se concluya con la fase de investigación. TERCERO: Solicito el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, que la presente causa se ventilará por la vía del procedimiento especial. Al respecto, debe este Tribunal verificar que el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, le permite a los fiscales del Ministerio Público, la facultad de solicitar aun cuando la detención se realizará en flagrancia la continuación de las investigaciones por la vía del procedimiento especial, manifestando que le falta diligencias que practicar, por lo que este Juzgadora, considera que tal solicitud es procedente ya que es una facultad que así le ha sido concedida por la norma adjetiva penal en su artículo 94, tal y como se desprende de esta norma; es por lo que en consecuencia se declara CON LUGAR, la solicitud ya que con la investigación se debe llegar a la finalidad última del proceso y expresamente consagrada en los artículos 257 y 13 del Texto Fundamental y del cuerpo adjetivo penal patrio, como lo es la búsqueda de la verdad. CUARTO: Se decreta al APREHENSION EN FLAGRANCIA del ciudadano RAUL ANTONIO QUINTERO ROSSELL, titular de la cédula de identidad Nº 10.611.120, conforme a lo previsto en el artículo 93 de la especial. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, preciso que: "la flagrancia en los delitos de género viene determinada por la percepción que se tiene de los elementos que hacen deducir, prima facie, la relación de causalidad entre el delito y el supuesto autor, causalidad que deberá demostrarse y/o desvirtuarse en el proceso. Como consecuencia jurídica directa acarrea la detención in fraganti, esto es, sin orden de inicio de investigación y sin orden judicial, ello para asegurar la tutela del objeto jurídico protegido; esto es, de integridad física de la mujer víctima", lo cual se desprende de la interpretación del artículo 44.1 del Texto Fundamental....”. En su dictamen la Sala del Máximo Tribunal precisó, entre otras cosas, que: “hay que aceptar como válido el hecho de que la mujer víctima usualmente sea la única observadora del delito, con la circunstancia calificada, al menos en la violencia doméstica; de que los nexos de orden familiar ponen a la mujer víctima en el estado de necesidad de superar el dilema que significa mantener por razones sociales la reserva del caso o preservar su integridad física. Por tanto, para determinar la flagrancia no es imprescindible tener un testimonio adicional al de la mujer víctima, lo que sí es imprescindible, como se explicará de seguidas, es corroborar con otros indicios la declaración de la parte informante". No puede entenderse ni presumirse, indica la Sala "que en todos los casos de denuncia de violencia de género se presuponga, de entrada, [que] hay flagrancia", porque "tiene que corroborarse con otros indicios la declaración de la parte informante (vid. sent. SC/TSJ Nº 1597/2006 de 10 de agosto). De hecho, al recibir la petición del Fiscal del Ministerio Público, el Juez de Control debe determinar igualmente los tres supuestos a que se hicieron referencia (que hubo un delito flagrante, que se trata de un delito de acción pública, y que hubo una aprehensión in fraganti). Por tanto, la verosimilitud de estos tres supuestos no se deducen únicamente del dicho de la mujer víctima, se debe deducir también, como hemos venido diciendo, del cúmulo probatorio que es de fácil obtención; pues, al ser los delitos de género en su mayoría una subespecie de los delitos contra las personas, la identificación del agresor y la vinculación de éste con el delito deriva de las pruebas que, por lo general, se hallan en la humanidad de la mujer víctima y en la del victimario, o están en su entorno inmediato…el núcleo del asunto radica en la ponderación que merece los valores protegidos constitucionalmente a la mujer víctima y al agresor. Este ejercicio de razonabilidad evita que la detención del agresor o del sospechoso sea arbitraria, además de tenerse que cumplir con los requisitos legales establecidos para la flagrancia con las particularidades que para este tipo de delitos se desprende del tema probatorio. En definitiva, se instrumenta una medida de protección efectiva a favor de la mujer víctima de la violencia de género, y se le garantiza al agresor o sospechoso que cuando esa medida se instrumenta se hará en apego a los requisitos que para determinar la flagrancia instrumenta el ordenamiento jurídico; eso sí, con una visión real de las dificultades probatorias que aparejan los delitos de género". Cursiva Nuestra. - ASI SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decreta PRIMERO: MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVAS DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 ordinal 8º de la LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, consistente: 1.- ) Prohibición de agredir a la victima física, Verbal y Psicológicamente sobre la presunta victima; así como la MEDIDAS DE PROTECCION A FAVOR DE LA PRESUINTA VICTIMA, tal como: la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia sobre la victima, bien sea acoso, intimidación, o amenaza, o ejercer Acoso u Hostigamiento a la víctima, establecida en el artículo 87 numeral 6 eiusdem, de obligatorio cumplimiento por parte del ciudadano RAUL ANTONIO QUINTERO ROSSELL , venezolano, natural de Punto Fijo, nacido en fecha 07-06-1969, de 43 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.611.120, estado civil casado, grado de instrucción 4° año de bachillerato, ocupación u oficio comerciante, hijo de Minerva Rossell y de Gustavo Quintero, residenciado Sector el Milagro Parroquia Norte, calle Romulo Gallegos, casa N° 3-58 frente a la iglesia la Milagrosa, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JOHANNA GONZALEZ LUGO. Igualmente se decreta la aplicación del procedimiento especial establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se decreta la aprehensión en flagrancia. Quedaron las partes notificas de la presente resolución. Remítase el presente asunto a la Fiscalía XVI del Ministerio Publico en el lapso legal correspondiente. Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente decisión. A los ocho (08) días del mes de Enero de 2012.------------------------------------------ LA JUEZA PRIMERA DE CONTROL EXTENSION PUNTO FIJO,

ABOG. CLAUDIA RENATA BRACHO PÉREZ

LA SECRETARIA

ABOG. MARIEL MORILLO