JUEZ PONENTE: MARÍA EUGENIA MATA EXPEDIENTE Nº AP42-R-2009-000691 En fecha 27 de mayo de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, oficio Nº 628 de fecha 13 de abril de 2009, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana JANNETT MARITZA VERGEL NOGUERA, titular de la cédula de identidad Nº 5.680.803, asistida por los Abogados Francy Coromoto Becerra Chacón y Julio César Hernández Colmenares, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 24.719 y 28.446, respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. Dicha remisión se efectuó, en virtud de haberse oído en ambos efectos el recurso de apelación ejercido en fecha 17 de marzo de 2009, por la Abogada Marisol del Carmen Gil Terán, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 99.823, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Gobernación del estado Táchira, contra el dispositivo publicado en fecha 9 de marzo de 2009, cuyo extenso fue dictado en fecha 25 de marzo de 2009, por el mencionado Tribunal Superior, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En fecha 3 de junio de 2009, se dio cuenta a esta Corte y por auto de esa misma fecha, se ordenó la aplicación del procedimiento previsto en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable rationae temporis, se concedieron nueve (9) días continuos correspondientes al término de la distancia y se fijó el lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación. Asimismo, se designó ponente a la Juez MARÍA EUGENIA MATA. En fecha 13 de julio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito de fundamentación de la Apelación suscrito por el Abogado José Bolívar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 57.819, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Gobernación del estado Táchira. En fecha 16 de julio de 2009, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación a la fundamentación de la apelación. En fecha 22 de julio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito de contestación a la fundamentación de la Apelación suscrito por el Abogado Julio César Hernández, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte querellante. En fecha 27 de julio de 2009, se dejó constancia del vencimiento del lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación a la fundamentación de la apelación. En fecha 28 de julio de 2009, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas. En fecha 4 de agosto de 2009, se dejó constancia que venció el lapso de cinco (5) días de despacho, para la promoción de pruebas. Por autos de fecha 5 de agosto, 1º de octubre, 27 de octubre y 25 de noviembre de 2009, esta Corte difirió la oportunidad para la fijación del día y la hora en que tendría lugar la Audiencia de Informes Orales, de conformidad con lo previsto en el aparte 21 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable rationae temporis. En fecha 20 de enero de 2010, debido a la incorporación del Juez Efrén Navarro, se reconstituyó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo quedando conformada su Junta Directiva de la siguiente manera: Enrique Sánchez, Juez Presidente; Efrén Navarro, Juez Vicepresidente y María Eugenia Mata, Juez. Por auto de fecha 1º de febrero de 2010, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, reanudándose la misma una vez transcurridos el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Por auto de fecha 8 de febrero de 2010, esta Corte fijó el día y la hora en que tendría lugar la Audiencia de Informes Orales, de conformidad con lo previsto en el aparte 21 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable rationae temporis. Por auto de fecha 1º de marzo de 2010, esta Corte difirió la oportunidad para la fijación del día y la hora en que tendría lugar la Audiencia de Informes Orales, de conformidad con lo previsto en el aparte 21 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable rationae temporis. Por auto de fecha 3 de marzo de 2010, esta Corte fijó el día y la hora en que tendría lugar la Audiencia de Informes Orales, de conformidad con lo previsto en el aparte 21 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable rationae temporis. En fecha 16 de marzo de 2010, se levantó Acta de Informes Orales, mediante la cual se dejó constancia de la incomparecencia de las partes por sí o por intermedio de Apoderado Judicial alguno, declarándose en consecuencia Desierto el referido acto. Por auto de fecha 17 de marzo de 2010, esta Corte dijo “Vistos” y se ordenó pasar el expediente a la Juez Ponente. En fecha 18 de marzo de 2010, se pasó el expediente a la Juez Ponente. En fechas 2 de mayo y 23 de noviembre de 2011, se recibieron en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencias suscritas por la Abogada Francy Becerra Chacón, antes identificada, mediante las cuales solicitó se dictara sentencia en la presente causa. En fecha 23 de enero de 2012, en virtud de la incorporación de la ciudadana MARISOL MARÍN R., se reconstituyó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo quedando conformada su Junta Directiva de la siguiente manera: EFRÉN NAVARRO, Juez Presidente; MARÍA EUGENIA MATA, Juez Vicepresidente; y MARISOL MARÍN R., Juez. Por auto de fecha 24 de enero de 2012, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, reanudándose la misma una vez transcurridos el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previa las siguientes consideraciones: I DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL En fecha 7 de enero de 2008, la ciudadana Jannett Maritza Vergel Noguera, asistida por los Abogados Francy Coromoto Becerra Chacón y Julio César Hernández Colmenares, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra la Gobernación del estado Táchira, con fundamento en las siguientes razones de hecho y de derecho: Que, “…en fecha 12 de septiembre de 2007, se me notificó del acto de remoción al cargo de trabajadora social I en la Oficina de Desarrollo Social (…) Sin embargo, al revisarse detalladamente el contenido del acto de remoción señalado (…) se puede observar claramente que la Dirección de Personal de la Gobernación del estado Táchira omitió flagrantemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente, dado que no se me indicó los recursos que procedían contra el mismo y el lapso para interponerlos en caso de considerar lesionados mis derechos subjetivos…” (Negrillas de la cita). Que, “Aduciendo un presunto procedimiento de reducción de personal por cambios en la organización administrativa de la Dirección de Cultura y Bellas Artes adscrita a la Gobernación del estado Táchira, se me removió del cargo de Trabajadora Social I en ODESAC (sic) adscrita a la Gobernación del estado Táchira en donde había ingresado desde el año 1991…” (Mayúsculas de la cita). Que, “…esa supuesta reorganización administrativa no estaba prevista en la planificación anual conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en consecuencia se omitió esta delicada formalidad legal, que se evidencia que mi remoción y posterior retiro obedeció a una arbitrariedad administrativa…” (Negrillas de la cita). Que, “…se me señaló que había sido removida del cargo de Trabajadora Social I, por una supuesta reorganización administrativa, pero sin que se motivara sobre su eliminación, ni menos aún, el por qué, los restantes y similares cargos al mío, habían sido eliminados de esa organización administrativa…” (Subrayado de la cita). Denunció, “…la violación por parte de la Administración Pública de la finalidad del Debido (sic) Proceso (sic)…” (Subrayado de la cita). Que, “…la Administración Pública incurrió en el Vicio (sic) de Desviación (sic) de Poder (sic) previsto como causal de nulidad de todo acto administrativo en el artículo 259 de la Constitución de 1999, y en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues resulta desproporcionado e inadecuado a toda organización administrativa que un proceso de reorganización administrativa como el impugnado, sirva como excusa para retirar a una funcionaria que no es del agrado del Director…” (Negrillas de la cita). Que, “…si bien el Consejo Legislativo del estado Táchira, autorizó mediante la Ley de Administración Pública, para que por espacio de dos (2) años luego de su entrada en vigencia, la Gobernación del estado llevara a cabo procesos de reorganización interna, no es menos cierto que el mismo debe producirse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido y con un mínimo sentido de justificación probatorio…”. Que, “…no se aplicó el procedimiento previsto en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, previsto en sus artículos 118 y 119…”. Que, la Administración Pública Estadal erró “…cuando se me notificó que las supuestas gestiones reubicatorias durante el mes de disponibilidad, las había cumplido únicamente con la Administración Pública Descentralizada (…) del estado Táchira, siendo que también existe una Administración Pública Centralizada, conforme a la Vigente (sic) Ley de Administración del Estado…” (Subrayado de la cita). Que, “…consta de una serie de documentos administrativos emanados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (…) que esa Institución emitió dos (2) ‘Certificados de Incapacidad’ entre el 07 de septiembre de hasta el 27 de septiembre de 2007, y luego entre el 15 de octubre hasta el 04 de noviembre de 2007, y no obstante tales certificaciones médicas fui removida y retirada del cargo de Trabajadora Social I encontrándome de reposo con lo cual se violó mi derecho fundamental a la Seguridad Social…” (Negrilla de la cita). Asimismo, indicó que, “…para el momento en que fui removida y retirada del cargo de Trabajadora Social I (…) ya me encontraba tramitando una ‘Asignación de Pensión’ dado el cuadro médico que presento…”. Finalmente, solicitó que “…A. Se declare judicialmente la Nulidad (sic) absoluta de todo lo actuado por la Directora de Personal de la Gobernación del estado Táchira en el supuesto proceso de reorganización administrativa, así como del contenido de los [actos administrativos] por los cuales se me removió y retiró del cargo de Trabajadora Social I en la Oficina de Desarrollo Social -ODESAC- de la Gobernación del estado Táchira, con motivo de una supuesta Reorganización Administrativa. B.- Consecuencialmente, se ordene mi restablecimiento o reincorporación en el cargo de Trabajadora Social I en la Oficina de Desarrollo Social -ODESAC- de la Gobernación del estado Táchira (…) C.- Se ordene a las autoridades administrativas con competencia en este asunto, el pago de los salarios y demás remuneraciones laborales que no me hayan sido pagadas hasta el momento de ejecutar esta sentencia (…) D.- Se ordene el pago de los Intereses (sic) de mora de mis prestaciones sociales donde se encuentren depositadas, san (sic) en un fideicomiso o en la contabilidad del órgano administrativo al cual estoy adscrita…” (Mayúsculas y agregado de la cita). II DEL FALLO APELADO En fecha 25 de marzo de 2009, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, fundamentando su decisión en las siguientes consideraciones: “…se remite esta Juzgadora al pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto bajo estudio; en tal sentido observa: en el caso de autos la querellante interpone querella funcionarial mediante la cual pretende la nulidad de los actos administrativos de remoción y retiro dictados por la Dirección de Personal de la Gobernación del Estado (sic) Táchira; alegando que la supuesta reorganización administrativa no estaba prevista en la planificación anual conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; que en la notificación de la remoción sólo se señaló que había sido removida del cargo de Trabajadora Social I, por una supuesta reorganización administrativa, pero sin que se motivara sobre su eliminación, ni menos aún el por qué los restantes y similares cargos al suyo no habían sido eliminados de esa organización administrativa, por cuanto la finalidad de los procedimientos de reducción de personal es la eliminación de cargos; que no se dictó el listado de funcionarios o funcionarias de la Dirección afectados; que la selección de los mismos se realizó a la libre discrecionalidad de la Administración Pública; que se vulneró el debido proceso por cuanto no cumplió la Administración todas las fases del procedimiento de reorganización administrativa; que incurrió en el vicio de desviación de poder por cuanto la Gobernación realizó un proceso selectivo de exclusión; que no se aplicó el procedimiento previsto en los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, pues, en un lapso breve se realizó el informe técnico, asimismo, no se elaboró la opinión de la respectiva Oficina Técnica, y no se remitió un resumen de su expediente administrativo; que las gestiones reubicatorias (sic) se efectuaron únicamente en la Administración Pública Descentralizada; por último alega la vulneración del derecho a la seguridad social consagrada en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al retirársele de la Administración Pública reuniendo los requisitos para su jubilación. La parte querellada, en la oportunidad legal para dar contestación a la presente querella, alega que la Administración actuó apegada a la legalidad, pues se procedió a la reducción de personal cumpliendo con todo lo previsto legalmente para ejecutar la medida, entre lo cual se encuentra la elaboración del informe técnico que justifica la adopción de tal medida, avalado el mismo por la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Estado (sic) Táchira; se presentó el referido informe ante el Gobernador del Estado (sic) Táchira con el listado de los funcionarios afectados por la medida; asimismo, se realizaron las gestiones reubicatorias (sic), garantizándole a la querellante el debido proceso desde el inicio del procedimiento de reestructuración; señala que la hoy querellante fue retirada por no haberse podido reubicar en un cargo de igual o similar jerarquía pese a que la administración (sic) realizó todas las gestiones necesarias para su reubicación, por lo que mal puede alegarse desviación de poder; finalmente señala que la querellante aceptó su retiro al cobrar las prestaciones sociales correspondientes al tiempo de servicio prestado a la Administración Pública. Pasa esta Juzgadora a pronunciarse en los términos siguientes: alega la apoderada judicial de la parte querellante que la Administración Pública vulneró el derecho al debido proceso por cuanto no cumplió todas las fases del procedimiento de reorganización administrativa conforme a lo previsto en los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa. Ahora bien, debe este Órgano Jurisdiccional hacer las siguientes precisiones sobre la necesidad del procedimiento administrativo previo a una medida de reducción de personal por parte de la Administración Pública, y en tal sentido resulta necesario citar los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, que establecen: (…Omissis…) De las disposiciones anteriormente transcritas, se evidencia que el procedimiento de reducción de personal, está integrado por una serie de actos: elaboración de un informe técnico justificatorio, la presentación de la solicitud de la medida de reducción de personal y subsiguiente aprobación por el órgano competente, opinión de la Oficina Técnica, la elaboración de un resumen del expediente de los funcionarios que se verán afectados por la medida y finalmente, la remoción y retiro de los funcionarios. Asimismo, debe resaltarse que en un proceso de reestructuración administrativa, debe existir la individualización de los cargos a eliminar con la respectiva identificación de los funcionarios que los desempeñan, pues el organismo está en la obligación de señalar el por qué ese cargo y no otro es el que va a eliminar, precisamente para evitar que la estabilidad, como derecho fundamental de los funcionarios de carrera, se vea afectada por un listado que contenga simplemente los cargos a suprimir; que la medida que afecte un gran número de funcionarios debe cumplir con el mínimo sentido de motivación y justificación probatoria, conformando esto un límite de discrecionalidad del ente administrativo, toda vez que la distancia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad viene dada por la motivación o justificación de la conducta de la administración, más si esa conducta afecta los intereses legítimos de los administrados. En este sentido, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en sentencia Nº 2008-2094, de fecha 14 de noviembre de 2008 (Caso: Tamara Martínez contra la Alcaldía del Municipio Punceres del Estado Monagas), dejó sentado lo siguiente: ‘(…)cuando la reducción de personal se debe a cambios en la organización administrativa -como es el caso de autos-, se requiere el cumplimientos de varias condiciones a saber: 1.- La elaboración de un ‹Informe Técnico›, que justifique la medida; 2.- La aprobación de la solicitud de reducción de personal; 3.- La opinión de la Oficia (sic) Técnica; y 4.- La elaboración de un resumen del expediente de los funcionarios que se verán afectados por la medida de reducción de personal. En tal sentido, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ha interpretado y desarrollado el proceso de reestructuración administrativa permitiendo así la mejor comprensión de este proceso complejo, el cual se encuentra regulado en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, así, mediante la Sentencia N° 2006-881 de fecha 5 de abril de 2006, caso: JUAN ALBERTO RODRÍGUEZ SALMERÓN Vs. el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO, ratificada, según sentencia N° 2007-0977, de fecha 13 de junio de 2007, caso: EMELYS MUÑOZ VS. ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, ha sostenido que ‹(…) en los procedimientos de reducción de personal que pretenda llevar a cabo la Administración Pública (Nacional, Estadal o Municipal) se deben cumplir con las normas establecidas al efecto por el marco legal preestablecido para ello, y que conllevan a la realización de ciertos actos tales como la elaboración de informes que justifiquen la medida, opinión de la Oficina Técnica correspondiente, presentación de la solicitud de reducción de personal y su respectiva aprobación, listado de los funcionarios afectados por la medida, remoción y por último el acto de retiro›. Ello así, cabe resaltar, que la solicitud de reducción de personal por cambios en la organización administrativa debe ser realizada en principio por el órgano de la estructura que tenga atribuida la competencia de nombrar y remover al personal, en el caso de marras el Alcalde del Municipio Punceres del Estado Monagas, y debe ser remitida al Concejo Municipal del Municipio Punceres, junto con el ‹Informe Técnico›, y un resumen del expediente de los funcionarios afectados por el retiro, con un plazo anticipado mayor de un mes de conformidad con el artículo 119 del referido reglamento. Una vez presentada la propuesta in commento al Concejo Municipal para su debida autorización, la validez del ‹Informe Técnico› como justificativo de la medida de reducción de personal, está condicionada a la aprobación del referido Concejo –si así lo establecen los instrumentos jurídicos- para que el mismo otorgue la anuencia a la movilización del personal; tal circunstancia se justifica por el hecho de que el estudio realizado por la Comisión tiene por finalidad proporcionar una opinión técnica sobre la viabilidad y oportunidad de los cambios en la organización y su consecuente ejecución, lo cual, en algunos casos traería consigo una medida de reducción de personal…’. En base a las consideraciones anteriores pasa quien aquí juzga a examinar si en el caso de autos, la Administración Pública, llevó a cabo el procedimiento de reducción de personal debido a cambios en la organización administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa. Señala la parte querellada en su escrito de contestación a la querella que riela en los folios 38 al 52, que niega, rechaza y contradice el alegato expuesto por la querellante ‘de (sic) que la Oficina de Desarrollo Social- ODESAC- de la Gobernación del Estado (sic) Táchira aplicó el procedimiento establecido en los artículos 118 y 119 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa (sic) ya que presume que no se elaboró la opinión de la respectiva Oficina Técnica en la Oficina de Desarrollo Social- ODESAC’ (folio 46) alegando ‘que en efecto la Gobernación del Estado (sic) Táchira y en particular la Oficina de Desarrollo Social- ODESAC- si cumplió con el procedimiento establecido para la reorganización de la estructura administrativa, si (sic) se elaboró la opinión técnica tal y como se demostrará en su debida oportunidad (…)’ (folio 46); agrega igualmente, que en fecha 26 de Julio (sic) de 2007, la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Estado (sic) Táchira, ‘presentó ante el ciudadano Gobernador del Estado (sic) Táchira, el Informe Técnico del Proceso de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Ejecutivo del Estado (sic) Táchira’. (folio 48) y en cuanto al alegato de que no se remitió al Consejo de Gobierno dentro de la Gobernación un resumen del expediente administrativo de la ciudadana Leila María Rueda Castañeda, expone ‘(…) que la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Estado (sic) Táchira en fecha 26 de julio de 2007, presentó al ciudadano Gobernador del Estado (sic) Táchira, Presidente del Consejo de Gobierno según el Artículo (sic) 25 de la Ley de Administración Pública del Estado (sic) Táchira, el Informe Técnico en el cual consta el resumen de los expedientes de cada uno de los funcionarios afectados por la medida (folio 48) …’. Ahora bien, cursa en autos, en copia certificada, expediente administrativo relacionado con el presente caso, al cual se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil, el cual consta de las actas siguientes: comunicaciones dirigidas por la Dirección de Recursos Humanos del Ejecutivo del Estado (sic) Táchira, a las distintas dependencias de la Gobernación solicitando información respecto a la disponibilidad de cargos en su nómina de personal administrativo, por motivo de la reubicación de funcionarios públicos; planilla de relación de cargos; notificación de fecha 12 de octubre de 2007, mediante la cual la Directora de Personal de la Gobernación del Estado (sic) Táchira le notifica a la querellante que han resultado infructuosas las gestiones realizadas para su reubicación en la administración (sic) pública (sic) descentralizada (sic) del Estado (sic) Táchira, que en consecuencia se procede a su retiro del cargo de Trabajadora Social I dependiente del Ejecutivo del Estado (sic) Táchira; notificación de fecha 05 de septiembre de 2007 en la que se le notifica a la querellante que ha sido removida del cargo. De las actas procesales anteriormente señaladas no se evidencia tal como lo expone la querellada que en fecha 26 de Julio (sic) de 2007, se haya presentado el informe técnico para su aprobación, al Gobernador del Estado (sic) Táchira, de conformidad con el artículo 1 del Decreto Nº 33 emanado del Gobernador del Estado (sic) Táchira y publicado en la Gaceta Oficial del Estado (sic) Táchira en fecha 02 de febrero de 2007, mediante la cual se creó la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Estado (sic) Táchira; tampoco consta la Opinión de la Oficina Técnica; condiciones exigidas por los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa para casos como el aquí debatido, los cuales constituyen elementos fundamentales para decretar una reducción de personal, por lo que no se desprende la realización del informe técnico que justifique la medida; la solicitud de la misma y la subsiguiente aprobación por el Gobernador del Estado (sic); en razón de lo cual resulta evidente que la administración (sic) querellada incumplió con el procedimiento para la reducción de personal por cambios en la organización administrativa de conformidad con los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional habiendo determinado la violación del derecho al debido proceso, debe forzosamente declarar la nulidad absoluta de los actos recurridos por no estar ajustados a derecho. Así se decide. Se ordena, a los fines de restablecer la situación jurídica infringida, la reincorporación de la querellante en el cargo de Trabajadora Social I, en el cual se venía desempeñando o a otro cargo de igual o similar jerarquía y remuneración; asimismo, se ordena cancelar los salarios y demás remuneraciones dejadas de percibir, que no requieran prestación efectiva de servicios, desde la fecha de su ilegal retiro, hasta la fecha de su efectiva reincorporación. A los fines de determinar con exactitud la cantidad adeudada a la querellante, se ordena realizar experticia complementaria del fallo de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la cual será practicada por un experto contable. Respecto al alegato de la parte querellada de (sic) que la ciudadana Jannett Maritza Vergel Noguera aceptó su retiro al cobrar sus respectivas prestaciones sociales, debe resaltarse que la Jurisprudencia (sic) patria ha señalado que el pago de las prestaciones sociales y demás conceptos no producen efectos procesales respecto a la pretensión del recurso de nulidad o de la querella (Sentencia Nº 433 dictada en fecha 29 de marzo de 2001 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo); de allí que esta Juzgadora debe desechar el alegato referido a la aceptación de retiro de la querellante. Declarada la nulidad de los actos de remoción y retiro impugnados, por violación del debido proceso, esta Juzgadora considera inoficioso entrar a examinar los restantes alegatos y vicios formulados por la parte querellante. Así se decide. Respecto a los intereses de mora de sus prestaciones sociales solicitados por la parte querellante, se declara improcedente por cuanto el reclamo de las prestaciones sociales no constituye objeto de la presente controversia. Así se decide…” (Mayúsculas del fallo). III DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN En fecha 13 de julio de 2009, el Abogado José Bolívar, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Gobernación del estado Táchira, consignó escrito de fundamentación de la apelación, contra la decisión dictada en fecha 25 de marzo de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en los siguientes términos: Que, “El juez a quo no examinó ni valoró las pruebas presentadas por mi representada, limitándose a señalar que las misma no se valoraban por haber sido presentadas de forma extemporánea, aún teniendo este (sic) la obligación de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, de examinar y valorar todas las pruebas…”. Que, “En virtud que el Juez de la causa en Primera Instancia silenció las pruebas aportadas por mi representado, al omitir de forma absoluta toda consideración sobre los elementos probatorios aportados y aunque menciona en su decisión todas las pruebas aportadas por el querellado, no las analizas (sic)…”. Que, “Por cuanto el Juez de la causa dejo (sic) de observar los artículos 12, 243 ordinal 5º y 509 del Código de Procedimiento Civil, por no haber realizado una (sic) análisis integral de la pretensión deducida, las defensas opuestas por la parte demandada y el caudal probatorio, lo cual hace la sentencia dictada deje de ser exhaustiva y congruente (…) [en virtud] que el querellado presentó sus medios probatorios (…) que contradicen el fundamento de la decisión del Juez a quo, toda vez que del último considerando del Decreto Nº 667 de fecha 31 de agosto de 2007, publicado en Gaceta Oficial del Estado (sic) Táchira Nº Extraordinaria 1934 (sic) de la misma fecha, se evidencia que el Gobernador del Estado (sic) Táchira si conoció, estudio y analizó el Informe Técnico presentado por la Comisión de Reestructuración y Reorganización Pública Central del Estado (sic) Táchira, creada mediante Decreto No. 33, de fecha 02 de febrero d 2007, y que fue aprobado por esa máxima autoridad, y del Informe Técnico también consignado, se observa que la Oficina Técnica que no es más que la Comisión nombrada por el Gobernador del Estado (sic) según el Decreto 33 antes señalado, emitió su opinión al realizar las conclusiones y recomendaciones sobre la reestructuración y reorganización de la Administración Central del Ejecutivo Regional del Estado (sic) Táchira, en las que se indican cuales son los cargos a suprimir y los funcionarios que se verían afectados por la medida…” (Agregado de esta Corte). Alegó que la sentencia apelada adolece del vicio del falso supuesto, “…por cuanto por un lado, sí se presentó el Informe Técnico Proceso de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Ejecutivo del Estado (sic) Táchira -26 de Julio (sic) de 2007, tal como se evidencia del último considerando del Decreto N° 667 de fecha 31 de agosto de 2007, publicado en Gaceta Oficial del Estado (sic) Táchira N° Extraordinario 1934 (sic) de la misma fecha que corre agregado en autos, en el mismo el ciudadano Gobernador del Estado (sic) señala: ‘...Que la estructuración (sic) indicada conlleva a la creación de nuevos departamentos, divisiones, entre otros y a la reasignación de atribuciones de algunos de los ya existentes en consideración al estudio, análisis e Informe Técnico presentado por la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Estado (sic) Táchira, creada mediante Decreto No. 33, de fecha 02 de febrero de 2007, aprobado por esta máxima autoridad…’ por otro lado, en el Informe Técnico indicado supra, también agregados en autos, consta (…) las recomendaciones y conclusiones generales de la Comisión Técnica nombrada por el ciudadano Gobernador del Estado (sic)…” (Destacado de la cita). Que, “Lo anterior demuestra que el fallo recurrido se encuentra viciado, en razón de los cual solicito se declare la nulidad del mismo, se declare con lugar la apelación y se declare improcedente el Recurso (sic) Contencioso (sic) Administrativo (sic) Funcionarial (sic) interpuesto…”. IV DE LA CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN En fecha 22 de julio de 2009, el Abogado Julio César Hernández, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte querellante, consignó escrito de contestación a la fundamentación de la apelación, en los siguientes términos: Que, “…la supuesta reorganización administrativa llevada a cabo en la Secretaría de Despacho de la (sic) Ejecutivo del estado Táchira, era una actividad que no estaba incluida previamente en los objetivos y metas de los –Planes de Personal- de esta organización administrativa, como se le ordenaban (sic) los artículos 12 y 13 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en consecuencia no obedeció a planificación económica o presupuestaria alguna, sino a una decisión arbitraria e intempestiva…” (Negrillas de la cita). Que, “…además de incumplirse con los Planes de Personal, que deben prever anticipadamente al inicio de cada ejercicio fiscal dichas reorganizaciones administrativas, no se presentó tampoco la solicitud de reducción de personal, como bien lo acotó el –Iudex A quo- ante el Gobernador del estado Táchira, (…) ni menos aún se incluyó la opinión de la Oficina Técnica que justificara de manera racional y coherente la realización de esta clase de procedimiento administrativos de reorganización administrativa…”. Que, “…a todo evento niego que el supuesto Informe Técnico aludido por el querellado, exhibiera razones técnicas o administrativas que justificaran la supuesta reorganización administrativa, pues como bien lo acotó la sentencia definitiva, no se hizo constar la estimación de las debilidades y fortalezas de la organización que existía hasta ese momento, lo cual constituye una grave omisión, pues tales obligaciones iban a permitir el análisis justo y necesario del proyecto de reorganización…”. Finalmente, solicitó “…se confirme en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada por el Iudex A quo (…) y se desvirtúe por infundado en derecho el alegato esgrimido por el Ejecutivo del estado Táchira…”. V DE LA COMPETENCIA Considera esta Corte necesario pronunciarse acerca de su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de marzo de 2009, por la Abogada Marisol del Carmen Gil Terán, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Gobernación del estado Táchira, contra el dispositivo publicado en fecha 9 de marzo de 2009, cuyo extenso fue dictado en fecha 25 de marzo de 2009, por el mencionado Tribunal Superior, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y al efecto observa: El artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dispone lo siguiente: “Artículo 110: Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho contados a partir de cuándo se consigne por escrito la decisión definitiva, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. De conformidad con la norma transcrita, los recursos de apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos funcionariales, corresponden a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, por estar determinada la competencia de manera expresa por la norma señalada. Como corolario de lo anterior, esta Corte se declara COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de marzo de 2009, por la Abogada Marisol del Carmen Gil Terán, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Gobernación del estado Táchira, contra el dispositivo publicado en fecha 9 de marzo de 2009, cuyo extenso fue dictado en fecha 25 de marzo de 2009, por el mencionado Tribunal Superior, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se declara. VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca del recurso de apelación ejercido en fecha 17 de marzo de 2009, por la Abogada Marisol del Carmen Gil Terán, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Gobernación del estado Táchira, contra el dispositivo publicado en fecha 9 de marzo de 2009, cuyo extenso fue dictado en fecha 25 de marzo de 2009, por el mencionado Tribunal Superior, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y a tal efecto observa: La parte apelante señaló en su escrito de fundamentación del recurso de apelación que la sentencia recurrida adolece del vicio de falso supuesto, ya que el Juzgado A quo expresó que no constaba en autos “…la presentación de la solicitud de reducción de personal y su respectiva aprobación por parte del Gobernador del Estado Táchira, así como tampoco la Opinión de la Oficina Técnica…”, siendo que -a su decir- tales afirmaciones son falsas ya que “…sí se presento (sic) el Informe Técnico Proceso de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Ejecutivo del Estado Táchira -26 (sic) de Julio de 2007, tal como se evidencia del último considerando del Decreto Nº 667 de fecha 31 de agosto de 2007…”. Al respecto, el vicio de falso supuesto de hecho radica en el error en la apreciación o interpretación de los hechos que conlleva a un vicio en el elemento causa de la sentencia proferida por el Órgano Jurisdiccional, por cuanto la misma se fundamenta en hechos que no ocurrieron, o si hubieren ocurrido, se verificaron de manera diferente a la apreciada por el Juzgador. En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 01000, de fecha 8 de julio de 2009 (ratificando las sentencias números 1.507, 1.884 y 256 de fechas 8 de junio de 2006, 21 de noviembre de 2007 y 28 de febrero de 2008), estableció lo siguiente: “…la suposición falsa se refiere al hecho de que el juez atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dé por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente. Por lo tanto, si bien no está establecida en forma expresa como una causal de nulidad de acuerdo a las normas señaladas, debe entenderse que, cuando el juez se extiende más allá de lo probado en autos, es decir, atribuye a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen, o dé por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente, estará sacando elementos de convicción y supliendo excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados; en consecuencia, no estará dictando una decisión expresa, positiva y precisa respecto del material probatorio y estará infringiendo las disposiciones de los artículos 12 y 243, ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil (vid. Sentencia N° 4577 de fecha 30 de junio de 2005)”. Del criterio expuesto, se desprende que el vicio del falso supuesto o la suposición falsa se basa en que el Juez: i) atribuya a instrumentos o actas contenidas en el expediente circunstancias que no contiene, ii) dé por demostrado un hecho con pruebas que no cursan en el expediente; y que cuando un Juez va más allá de lo alegado y probado en autos, estaría supliendo excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. De la revisión de las actas del expediente, se observa que consta en autos Decreto Nº 1.152 de fecha 27 de octubre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial del estado Táchira Nº 1.636 de esa misma fecha, mediante el cual el Gobernador de esa entidad ordenó la Estructura Organizativa de la Administración Pública Central del estado Táchira. De otra parte, aprecia esta Corte que mediante el Decreto Nº 33, dictado por el Gobernador del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial del estado Táchira Nº 1886 Extraordinario, de fecha 2 de febrero de 2007, se creó la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central de dicha entidad, que a tenor de su artículo 1º establece lo siguiente: “ARTÍCULO 1: Se crea la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central de Estado Táchira, la cual será la encargada de realizar el estudio, análisis y elaboración del informe técnico de cada uno de los órganos que conforman el Ejecutivo, así como todos los trámites necesarios y suficientes a fin de proceder a la materialización del proceso de Reorganización y Reestructuración, el cual una vez realizado deberán presentarlo al ciudadano Gobernador para su aprobación.” (Negritas de esta Corte). Asimismo, conforme al artículo 4 eiusdem, se previó el procedimiento a seguir a los fines de la remoción y retiro de los funcionarios adscritos a la Gobernación del estado Táchira, según corresponda, de la manera siguiente: “ARTÍCULO 4: Se faculta a la Dirección de Recursos Humanos para que en caso de remoción de cargos de funcionarios, conforme a la propuesta que presente la referida comisión, proceda a notificar del acto administrativo a que diere lugar el mismo. En caso de no haber lugar a la reubicación en el lapso legal, procederá a efectuar los trámites correspondientes, para realizar la notificación del acto administrativo que diere lugar al retiro de los funcionarios de carrera de la administración pública, adscritos a la Gobernación del Estado Táchira, por el procedimiento de reducción de personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en consecuencia se proceda a cumplir con el pago de los respectivos pasivos laborales.” (Negritas de esta Corte). De acuerdo a la remisión contenida en la disposición ut supra, se observa que la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 78, numeral 5, dispone lo siguiente: “El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos: (…) 5. Por reducción de personal debido a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una dirección, división o unidad administrativa del órgano o ente. La reducción de personal será autorizada por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, por los consejos legislativos en los estados, o por los concejos municipales en los municipios…” (Negritas de esta Corte). Conforme a ello, en los casos de reducción de personal de los órganos de la Administración Pública estadal, el respectivo Consejo Legislativo deberá autorizar el procedimiento. Así, por tratarse el caso de autos de un proceso de reorganización administrativa ordenado por la Gobernación del estado Táchira, corresponde al Consejo Legislativo autorizar la medida de reducción de personal adscrito a la Gobernación, tal como lo prevé la Gaceta Oficial del estado Táchira Nº 1.638 Extraordinario de fecha 14 de octubre de 2005, en la cual se publicó la Ley de la Administración Pública del estado Táchira, en cuyas Disposiciones Transitorias se observa, en efecto, la autorización legislativa que otorgó el Consejo Legislativo del estado Táchira al Gobernador de la entidad, para llevar a cabo la reorganización interna que creyere conveniente a los intereses generales del estado. A la luz de lo expuesto, el procedimiento de reorganización administrativa decretado por la Gobernación del estado Táchira, se encuentra integrado por una serie de actos tales como: i) informe de estudio y análisis que justifique la medida; ii) opinión de la Oficina Técnica correspondiente; iii) presentación de la solicitud al Gobernador del estado para su respectiva aprobación. De las actas que conforman el presente expediente judicial, se evidencia que riela del folio trescientos treinta y dos (332) al setecientos ochenta y cuatro (784), Informe Técnico del Proceso de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Ejecutivo del estado Táchira de fecha 26 de julio de 2007, emanado de la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública del estado Táchira. Asimismo, riela del folio trescientos catorce (314) al trescientos treinta (330), Decreto Nº 667 dictado por el Gobernador del estado Táchira de fecha 30 de agosto de 2007, publicado en la Gaceta Oficial del estado Táchira Nº 1.934 Extraordinario de fecha 31 de agosto de 2007, en el cual se estableció lo concerniente a la nueva Estructura Organizativa de la Administración Pública Central del estado Táchira, señalando en su último considerando lo siguiente: “CONSIDERANDO Que la estructuración indicada conlleva a la creación de nuevos departamentos, divisiones, entre otros y a la reasignación de atribuciones de los algunos ya existentes en consideración al estudio, análisis e Informe Técnico presentado por la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Administración Pública Central del Estado (sic) Táchira, creada mediante Decreto Nº 33 de fecha 02 de febrero de 2007, aprobado por esta máxima autoridad.” (Negritas de esta Corte). De lo antes transcrito se desprende que el informe técnico presentado por la Comisión de Reestructuración, fue debidamente aprobado por el Gobernador del estado Táchira, aunado a que la promulgación del referido Decreto constituyó la última fase del procedimiento establecido a los fines de consolidar la nueva Estructura Organizativa de la citada entidad. Ello así, considera este Órgano Jurisdiccional que el Juzgado A quo erró en el fallo recurrido al señalar que no se evidenciaba en autos que se hubiese presentado el referido informe técnico al ciudadano Gobernador del estado Táchira para su aprobación, en tal sentido esta Corte estima procedente el vicio de falso supuesto alegado por la parte apelante. En consecuencia, esta Corte declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto y Revoca la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes en fecha 25 de marzo de 2009. Así se decide. Ahora bien, revocado como ha sido el fallo dictado por el Juzgador de Instancia, debe esta Corte entrar a conocer del fondo del recurso contencioso administrativo interpuesto, para lo cual se observa lo siguiente: La parte actora indicó que el acto de remoción le señaló que “…había sido removida del Cargo de Trabajadora Social I, por una supuesta reorganización administrativa, pero sin que se motivara sobre su eliminación, ni menos aún, el por qué, los restantes y similares cargos al mío, no habían sido eliminados de esa organización administrativa (…) Tampoco la Administración dictó el listado de funcionarios o funcionarias de la Dirección de Cultura y Bellas Artes afectados por la reducción de personal al momento de iniciarse el procedimiento de reorganización administrativa, (…) ante lo cual se evidencia que la selección de los funcionarios y funcionarias retiradas se hizo a la libre discrecionalidad de la Administración Pública…”. Denunciaron que, “…la Administración Pública incurrió en el Vicio de Desviación de Poder previsto como causal de nulidad de todo acto administrativo en el Artículo 259 de la Constitución de 1999, y en el Artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues resulta desproporcionado e inadecuado a toda organización administrativa que un proceso de reorganización administrativa como el impugnado, sirva como excusa para retirar a una funcionaria que no es del agrado del Director. (…) En efecto, no consta que haya habido una reestructuración en la Oficina de Desarrollo Social del estado Táchira, sino un proceso selectivo de exclusión…”. Adujeron que, “…este desconocimiento de la Administración Pública al cabal cumplimiento de cada uno de los actos que constituyen el proceso de reorganización administrativa, lo que la condujo irreversiblemente a errar en Derecho en el acto administrativo de retiro (…) cuando me notificó que las supuestas gestiones reubicatorias durante el mes de mi disponibilidad, las había cumplido únicamente con la Administración Pública Descentralizada del estado Táchira, siendo que también existe una Administración Pública Centralizada, conforme a la vigente Ley de la Administración del Estado. Todo lo cual vicia de nulidad absoluta lo obrado por la Oficina de Desarrollo Social…”. En cuanto al alegato relativo a la inmotivación del acto de remoción, este Órgano Jurisdiccional observa que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece los requisitos que debe contener todo acto administrativo para ser válido, entre los cuales destaca el contenido en el numeral 5, en los siguientes términos: “Artículo 18.- Todo acto administrativo deberá contener: (…) 5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes…”. En efecto, una de las condiciones de validez de los actos administrativos es la motivación del acto, esto es, la exposición de las razones de hecho y de derecho que fundamentan la manifestación de voluntad de la Administración, a los fines de que el destinatario pueda ejercer su derecho a la defensa. Ello así, este Órgano Jurisdiccional observa el contenido de la notificación del acto administrativo de remoción objeto de impugnación cursante al folio doce (12) del expediente judicial, el cual es del siguiente tenor: “La Dirección de Personal de la Gobernación del Estado Táchira, representada en este acto por la Lic. Rosa Yolimar Díaz, venezolana, titular de la cédula de identidad No. V-12.220.668, nombrada en el cargo de Directora, según Decreto No. 11 de fecha 18 de enero del año 2007, publicada en Gaceta Oficial bajo el Número Extraordinario 1865, actuando según las atribuciones delegadas en el artículo 4 del Decreto No. 33 de fecha 02 de febrero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial bajo el Número Extraordinario 1886 cumplo en dirigirme a usted a fin de NOTIFICARLE que ha sido REMOVIDA del cargo que venía desempeñando como Trabajadora Social I, en la Oficina de Desarrollo Social (ODESAC), mediante el procedimiento de Reducción de Personal por cambios en la organización administrativa que se está llevando a cabo en el Ejecutivo Regional según Sección Primera, Disposiciones Transitorias de la Ley de la Administración Pública del Estado Táchira, en concordancia, con el Decreto No 667 de fecha 31 de agosto de 2007 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 1934. En tal virtud se le concede un (1) mes de disponibilidad, a los efectos de su reubicación; tal como lo establece el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública”. De la cita expuesta, se evidencia que la Administración expresó adecuadamente, tanto los fundamentos de hecho, como los de derecho, al señalar que la recurrente fue removida del cargo que desempeñaba en virtud del procedimiento de reducción de personal por cambios en la organización administrativa que se llevaba a cabo en el Ejecutivo Regional del estado Táchira, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Administración Pública del estado Táchira, en su Sección Primera Disposiciones Transitorias, en concordancia con el Decreto Nº 667 de fecha 31 de agosto de 2007, en razón de lo cual se desestima el vicio alegado de falta de motivación del acto. Así decide. Con relación al vicio denunciado de desviación de poder, observa esta Corte que la representación judicial de la parte recurrente señaló que “…la Directora de la Gobernación del estado Táchira, inducida por aquél a través de un irregular listado, hizo uso de una competencia que se le delegó, con la finalidad de excluirme de su estructura y de esta manera darle a dicho proceso un fin distinto al perseguido por una reorganización administrativa…”. En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera oportuno hacer mención al criterio sostenido en forma reiterada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con relación al vicio de abuso o desviación de poder, en sentencia N° 00047 de fecha 16 de enero de 2008 (caso: Elizabeth Patiño Cerón vs. Defensor del Pueblo), en la cual estableció lo siguiente: “En cuanto al vicio aludido, esta Sala observa, tal como ha sido señalado en oportunidades anteriores, que el mismo afecta el elemento teleológico del acto y se configura cuando el autor dé un proveimiento administrativo, en ejercicio de una potestad conferida por la norma, apartándose del espíritu y propósito de ésta, persiguiendo con su actuación una finalidad distinta de la contemplada en el dispositivo legal. Constatar la existencia de este vicio, requiere de una investigación profunda basada en hechos concretos, reveladores de las verdaderas intenciones que dieron lugar al acto administrativo, en la cual se verifique que el funcionario que lo dicta tenía atribución legal para ello, pero que tal acto persigue un fin distinto al previsto por el legislador (vid. sentencias Nos. 1722 del 20 de julio de 2000 y 1211 del 11 de mayo de 2006)” (Destacado de esta Corte). Considerando la jurisprudencia citada, esta Corte, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, observa que no se evidencia prueba alguna que sostenga el hecho alegado por la parte recurrente relativo al supuesto vicio de desviación de poder por parte de la Directora de Personal de la Gobernación del estado Táchira, con la finalidad de excluirla de su estructura, sino por el contrario, se aprecia que la Directora actuó conforme a las atribuciones conferidas por las normas para tal fin, razón por la cual esta Corte desecha el vicio alegado. Así se decide. En cuanto al alegato relativo a que la Administración erró en cuanto a derecho en el acto administrativo de retiro, al señalar que las gestiones reubicatorias las realizó únicamente con la Administración Pública Descentralizada del estado Táchira, siendo que también existe una Administración Pública Centralizada, aprecia esta Corte que la Administración realizó dichas gestiones reubicatorias en la Administración Pública Descentralizada del estado Táchira, ya que el Ejecutivo regional de dicha entidad estaba siendo objeto de reestructuración. Al respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00161 de fecha 3 de marzo de 2004 (caso: Eliécer Alexander Salas Olmos), sostuvo lo siguiente: “En este sentido, cuando un funcionario de carrera que ocupe un cargo de libre nombramiento y remoción, es removido y sometido a disponibilidad, su situación en la administración no varía por cuanto continúa en esta, y sólo si las gestiones reubicatoria tanto internas como externas han sido infructuosas procederá su retiro de la Administración Pública, es decir, es cuando puede considerarse terminada la relación laboral con el Organismo; y, desde luego, no pueden confundirse los conceptos de remoción y retiro, pues son dos actos distintos e independientes, cada uno con validez y eficacia para producir específicos efectos jurídicos” (Negrillas de esta Corte). Del criterio jurisprudencial parcialmente citado, no puede colegirse la obligatoriedad que tienen los organismos públicos de gestionar la reubicación del funcionario removido en determinadas esferas o niveles de la Administración Pública, tal y como lo pretende la querellante al señalar que ha debido agotar la gestión dentro de la Administración Centralizada, pues de conformidad con los criterios reinantes sobre el tema, basta con que se realicen dentro del propio organismo querellado o fuera de esa institución (organismos adyacentes). En efecto, esta Corte observa de la revisión del expediente judicial, que consta del folio ochocientos trece (813) al ochenta sesenta y cinco (865), Oficios dirigidos por la Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Táchira, a la Asociación Civil de Hogares de Cuidado Diario, al Instituto Tachirense de la Mujer, Fundación Tachirense de Atención Penitenciaria (FUNTAP), Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social del estado Táchira (Lotería del Táchira), Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR), Centro de Coordinación de Llamadas Emergencias 171 Táchira, Instituto del Deporte Tachirense (IDT), Corporación de Infraestructura del estado Táchira (CORPOINTA), Fundatáchira, Fundación del Niño, Instituto Autónomo de Asesoría para el Desarrollo Local del Estado Táchira I.A.A.D.L.E.T., Fundación para el desarrollo Social (Fundes Táchira), Unidad Coordinadora de Ejecución Regional (Ucer-Táchira), Instituto Autónomo de Protección Civil, Corporación de Salud, e Instituto Autónomo de Vialidad del estado Táchira (I.V.T.), solicitando información sobre la disponibilidad de cargos en sus respectivas nóminas de personal administrativo según lista anexa, a los fines de reubicar a los funcionarios afectados por la reducción de personal y sus resultas, entre los cuales se encontraba el cargo de Trabajador Social I desempeñado por la querellante. En atención a lo expuesto, estima esta Corte, que se realizaron las gestiones reubicatorias a las que tenía derecho la recurrente durante el período de disponibilidad, una vez removida del cargo que venía desempeñando en la Oficina de Desarrollo Social (ODESAC), luego de haber sido afectada por la medida de reducción de personal, por lo que debe desestimarse el alegato de la representación judicial de la recurrente. Así se decide. De otra parte, se observa que la parte recurrente señaló que le fue vulnerado su derecho a la seguridad social, por cuanto, “…consta de una serie de documentos administrativos emanados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (…) que esa Institución emitió dos (2) ‘Certificados de Incapacidad’ entre el 07 de septiembre de hasta el 27 de septiembre de 2007, y luego entre el 15 de octubre hasta el 04 de noviembre de 2007, y no obstante tales certificaciones médicas fui removida y retirada del cargo de Trabajadora Social I encontrándome de reposo con lo cual se violó mi derecho fundamental a la Seguridad Social…” (Negrilla de la cita). Al respecto, se observa que corre inserta del folio treinta y ocho (38) al cincuenta y dos (52) del expediente judicial, escrito de contestación al recurso, en el cual la representación legal de la Gobernación del estado Táchira, señaló que la Administración Pública no le concedió el beneficio de pensión por invalidez por cuanto, “…la querellante sólo consignó por (sic) ante la entonces Dirección de Recursos Humanos, cuatro (4) reposos comprendidos entre las siguientes fechas del 07/09 (sic) al 27/09/2007 (sic), 29/08 (sic) al 06/09/2007 (sic), 25/07 (sic) al 13/08/2007 (sic) y del 14/08 (sic) al 28/08/2007 (sic), que corresponde a 21, 9, 21 y 15 días de reposo respectivamente, lo que equivale aproximadamente a nueve semanas, sin cumplir con el requisito indispensable de haber agotado cincuenta y dos (52) semanas de reposo, más los cuatro períodos de prorrogas (sic) de cincuenta y dos (52) semanas, lo cual no es indispensable sólo cuando se trate de enfermedades altamente discapacitantes…”. En tal sentido, esta Corte considera imperioso citar el contenido de los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales al respecto establecen lo siguiente: “Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello”. “Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.” De lo transcrito ut supra se desprende que las mismas responden a unos valores y principios que impone el Constituyente al Estado, como es crear un régimen de seguridad social que ampare a amplias capas de la sociedad que se encuentran en estado de menesterosidad social y de esta manera garantizar la obtención de los medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades económicas. De lo expuesto anteriormente, esta Corte considera que la Pensión con ocasión a la incapacidad forma parte de un sistema de seguridad social, que en un Estado Social de Derecho y de Justicia debe garantizar un nivel de vida digno a toda persona que se encuentre en contingencias tales como la incapacidad y en consecuencia, se generan una serie de obligaciones prestacionales para el Estado entre las cuales se encuentra ajustar de manera periódica la mencionada pensión de conformidad con la realidad económica. En ese mismo orden de ideas, es necesario resaltar lo establecido en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, el cual prevé que “Se considerará inválido, el asegurado que quede con una pérdida de más de dos tercios de su capacidad para trabajar, a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumiblemente permanente o de larga duración”. Asimismo, el artículo 14 de la aludida Ley señala que el individuo declarado inválido tendrá derecho a percibir una pensión siempre que tenga acreditadas “a) No menos de cien (100) cotizaciones semanales en los tres (3) últimos años anteriores a la iniciación del estado de invalidez; y además; b) Un Mínimo de doscientas cincuenta (250) semanas cotizadas. Cuando el asegurado sea menor de treinta y cinco (35) años, el mínimo de doscientas cincuenta (250) cotizaciones semanales se reducirá a razón de veinte (20) cotizaciones por cada año que le falte para cumplir esa edad, sin que ello excluya el cumplimiento del requisito establecido en el inciso a) de este artículo”. Por su parte, el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, normativa aplicable al caso de autos, establece claramente que la solicitud de pensión por invalidez se hará en la misma forma prevista para las jubilaciones y la declarará el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Adicionalmente señala que “En todo caso la máxima autoridad establecerá el porcentaje señalado en el artículo 14 de la Ley del Estatuto, tomando en cuenta la antigüedad del beneficiario, el sueldo, el grado de incapacidad, así como la situación socio-económica de éste, a cuyo efecto el servicio social del organismo o ente presentará el informe respectivo”. Igualmente el artículo 21 eiusdem indica que se considerará inválido, el empleado o funcionario que quede con una pérdida de más de dos tercios (2/3) de su capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumiblemente permanente. Ahora bien, de la revisión de las actas del expediente judicial, se observa que riela a los folios trece (13) y catorce (14) del presente expediente judicial, copia simple de los certificados de incapacidad, expedidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), mediante los cuales se estableció la incapacidad temporal de la querellante para laborar durante los períodos comprendidos desde el 7 de septiembre de 2007 hasta el 27 de septiembre de 2007 y desde el 15 de octubre de 2007 hasta el 4 de de noviembre de 2007. Asimismo, se observa que cursa al folio quince (15) Planilla de Incapacidad Residual, para solicitud o asignación de pensiones, la cual fue suscrita por el Médico Néstor Páez, inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con el Nº 48.220, mediante la cual indica que la querellante sufre de una incapacidad residual total y permanente. No obstante, se observa que dicha Planilla de Incapacidad no fue suscrita por el Director o Jefe Médico de Zona del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; no se realizó la Descripción de la Incapacidad; ni se determinó el porcentaje de incapacidad que sufría la ciudadana Jannett Martiza Vergel Noguera; en consecuencia, siendo que el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, aplicable rationae temporis, establece de forma clara y expresa que procede la invalidez del funcionario por una pérdida de más de dos tercios de su capacidad para trabajar y que no consta en autos instrumento alguno que permita determinar la totalidad de la incapacidad de la querellante, ni que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales hubiera decretado la invalidez conforme a la normativa correspondiente, esta Corre debe desechar el alegato esgrimido por la querellante relativo a la violación del derecho a la seguridad social. Así se decide. En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Corte declara SIN LUGAR la pretensión principal del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Jannett Maritza Vergel Noguera, contra la Gobernación del estado Táchira. Así se decide. Ahora bien, en cuanto al solicitud subsidiaria de la parte actora relativa “… al pago de los Intereses (sic) de mora de mis prestaciones sociales donde se encuentren depositadas, san (sic) en un fideicomiso o en la contabilidad del órgano administrativo al cual estoy adscrita…”. Esta Alzada estima necesario traer a colación el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en la sentencia Nº 486, de fecha 04 de junio del año 2004, expediente N° 04-127, (Caso: Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (A.P.R.O.U.P.E.L.) contra Julio César Ayala Linares. Tercero Opositor: Marisol Trejo de Ayala), criterio ratificado en sentencia N° 6, de fecha 3 de febrero de 2005, expediente N° 04-924, (Caso: Tomasa Salcedo de Peña contra Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte), en torno al pago de los intereses moratorios, el cual estableció lo siguiente: “…Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna. Es decir, que el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de las prestaciones sociales, debe necesariamente computarse después de la extinción de la relación de trabajo, pues se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa del patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente a su trabajador, que consiste en el pago oportuno de las prestaciones sociales, una vez finalizada su relación laboral. Por consiguiente, cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones sociales, es decir, cuando no las paga al finalizar la relación de trabajo, surge para el trabajador, además del derecho de reclamar judicialmente tal pago, el derecho a cobrar intereses de mora por el retardo en el cumplimiento del pago…”. (Negrilla de esta Corte). De la anterior transcripción se colige que, en efecto los intereses sobre prestaciones sociales devienen del uso patronal del capital perteneciente al trabajador durante la relación de trabajo, sea de empleo público o privado y hasta tanto el monto de esas prestaciones no le sea entregado al trabajador, se generarán intereses moratorios. Por tanto, el cómputo de dichos intereses debe efectuarse desde el día efectivo de la finalización de la relación de trabajo, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello así, esta Corte debe precisar que no consta en autos documento alguno del cual se desprenda que se le hubiera pagado alguna cantidad por concepto de prestaciones sociales o por concepto de intereses moratorios, en consecuencia, esta Corte ordena el pago de los intereses moratorios generados desde la fecha de finalización de la relación funcionarial, a saber 12 de noviembre de 2007, hasta la fecha efectiva de su cancelación, los cuales deberán ser calculados con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo previsto en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, para lo cual se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo. Así se decide. En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Corte declara CON LUGAR la solicitud subsidiaria formulada por la ciudadana Jannett Maritza Vergel Noguera, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Gobernación del estado Táchira. Así se decide. VI DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de marzo de 2009, por la Abogada Marisol del Carmen Gil Terán, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte querellada, contra el dispositivo publicado en fecha 9 de marzo de 2009, cuyo extenso fue dictado en fecha 25 de marzo de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana JANNETT MARITZA VERGEL NOGUERA, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. REVOCA la sentencia dictada en fecha 25 de marzo de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 4. SIN LUGAR la pretensión principal del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 5. CON LUGAR la solicitud subsidiaria formulada. Publíquese y regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Remítase al Juzgado de origen. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los __________________ ( ) días del mes de _________________ de dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación. El Juez Presidente, EFRÉN NAVARRO La Juez Vicepresidente, MARÍA EUGENIA MATA Ponente La Juez, MARISOL MARÍN R., La Secretaria, MARJORIE CABALLERO Exp. N° AP42-R-2009-000691 MEM