REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 9 de Febrero de 2012 201º y 152º ASUNTO: AH13-V-2002-000061 PARTE DEMANDANTE: ciudadana MARIA EGLEE ACEVEDO (viuda) de SOSA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-5.579.103 APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: ciudadano ADOLFO JOSE ARIAS DE LA ROSA, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 45.846. PARTE DEMANDADA: ciudadana CARIDAD GREGORIA SOSA PADILLA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-4.975.674 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadanos MARIO ACOSTA PINTO y MARIO COLON GARCIA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 30.744 y 1.372, respectivamente. MOTIVO: ACCION DE NULIDAD DE SIMULACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS DE LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Se inició el presente procedimiento por libelo de demanda presentado en fecha 08 de Marzo de 2002, ante el Tribunal Distribuidor de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; sometido a distribución dicho libelo le correspondió su conocimiento a la Sala de Juicio No. XII. Consignados como fueron los instrumentos fundamentales de la pretensión, la Sala No. XII admitió la demanda en fecha 21 de Marzo de 2002, En fecha 06 de Mayo de 2002, encontrándose el juicio en estado de citación la Sala No. XII, dictó sentencia mediante la cual se declara Incompetente por la materia, declinado la competencia en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial. Efectuado el respectivo sorteo de Distribución, le es asignado a este Juzgado el conocimiento de la causa, por lo que en fecha 07 de abril de 2002 se le da entrada, abocándose el Juez al conocimiento de la causa en el estado en que se encontraba. Habiéndose logrado la citación personal de la demanda, en fecha 07 de agosto de 2003, la representación judicial de la parte demandada estando en la oportunidad de contestar a la demanda, consigna escrito oponiendo cuestiones previas. En fecha 04 de diciembre de 2003, el Tribunal dictó sentencia declarando Parcialmente Con Lugar las cuestiones previas opuestas, ordenándose la notificación de la parte demandante. Por auto de esta misma fecha quien suscribe se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. De conformidad con las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento: - II - Del examen de las actas que conforman el presente expediente y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, se constató que desde el 2404 de diciembre de 2003, hasta la presente fecha no consta en autos que el demandante haya efectuado actuación alguna tendente a continuar con el curso de la presente demanda Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 (en el caso Iván Ramón Luna Vásquez), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, se ha pronunciado acerca de la perención, estableciendo: “…En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente: 1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días. 2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno. 3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…” Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia. En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Negrillas y subrayado del Tribunal). Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. (Negrillas del Tribunal). Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente: Artículo 269: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” (Negrillas del Tribunal) Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y siendo que desde el 04 de diciembre de 2003, hasta la presente fecha, la parte accionante, no ha ejecutado ningún acto de procedimiento, a objeto impulsar el juicio, y por cuanto ha transcurrido por ante este Despacho más de un (1) año sin que se haya efectuado actuación alguna en el expediente, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. - III - Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 09 días del mes de Febrero del año dos mil doce (2012). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. EL JUEZ, DR. JUAN CARLOS VARELA RAMOS LA SECRETARIA, ABG. DIOCELIS PÉREZ BARRETO En la misma fecha, siendo la 01: 46 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley. LA SECRETARIA ABG. DIOCELIS PÉREZ BARRETO JCVR/DPB/CASCO. .