REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, 03 de febrero de 2012
201° y 152°
DEMANDANTE: ABNER DAVID BASTIDAS VILLEGAS, venezolano, mayor de edad, con Cédula de Identidad Nos. V-7.123.525 y de este domicilio
APODERADAS JUDICIALES: MAGALY PACHECO y MARIA VEGA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 62.579 y 41.379 en su orden
DEMANDADA: IRIANA MARIA BARRAEZ BASTIDAS, venezolana, mayor de edad, con Cédula de Identidad Nos. V-17.782.585 y de este domicilio
MOTIVO: DIVORCIO
EXPEDIENTE N° 53.829
I
En fecha 10 de mayo de 2010 fue admitida la presente demanda.
Mediante diligencia de fecha 07 de julio de 2.010, suscrita por el Alguacil de este Despacho, este manifiesta que no pudo localizar a la demandada de autos en la dirección suministrada por la parte actora.
Mediante diligencia de fecha 14 de julio de 2.010, suscrita por la abogada MARIA VEGA, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la parte actora, solicita que se practique la citación de la demandada mediante carteles de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 19 de julio de 2.010, este Tribunal acuerda la expedición de Carteles de Citación para su respectiva publicación y fijación.
Mediante diligencia presentada por la parte actora en fecha 02 de agosto de 2.010, consigna a los autos las páginas de los periódicos donde aparecen las publicaciones de los carteles de citación. Por auto de fecha 04 de agosto de 2.010 el Tribunal acuerda desglosar y agregar a los autos las páginas de los periódicos consignadas.
Mediante certificación expedida por la Secretaria del Tribunal, de fecha 28 de septiembre de 2.010, deja constancia de haberse traslado a la dirección que fue indicada por la parte actora al efecto de la fijación del Cartel de Citación.
Mediante diligencia de fecha 27 de octubre de 2.010, presentada por la Apoderada Judicial de la parte actora, esta solicita se designe Defensor Judicial a la demandada de autos, ya que encuentra vencido el lapso para que comparezca por ante este Tribunal.
Por auto de fecha 01 de noviembre de 2.010, este Tribunal designa como Defensora Judicial de la demandada a la abogada ANDREINA BARROSO, librando boleta de notificación al efecto. Consta a los folios treinta y ocho (38) y treinta y nueve (39) del Expediente, que el Alguacil verificó la notificación de la misma.
Mediante diligencia de fecha 06 de diciembre de 2.010, la abogada ANDREINA BARROSO, acepta el cargo de Defensora Judicial de la demandada de autos, para el que fue designada.
En fechas 07 de febrero y 28 de marzo de 2011, tuvieron lugar el primer y segundo acto conciliatorio del juicio. La parte actora compareció ambos actos y la Defensora Judicial de la demandada solo al primero.
En el segundo acto conciliatorio se emplazó a las partes para el acto de contestación de la demanda previsto en la parte in fine del artículo 757 del Código de Procedimiento Civil, por lo que según los días de despacho laborados en este Juzgado dicho acto correspondió para el día 11 de abril de 2010.
Mediante escrito presentado en fecha 07 de abril de 2011, la Defensora Judicial manifiesta dar contestación a la demanda y consigna copia del telegrama que le envió a su defendida.
La parte actora compareció en fecha 11 de abril de 2010 y manifestó insistir en la demanda en todas y cada una de sus partes.
En la oportunidad probatoria, ambas partes promovieron las que consideraron pertinentes a su favor.
Para decidir este Tribunal observa:
Consta al folio cuarenta (40) del expediente, que la Defensora Judicial, abogada ANDREINA BARROSO, designada por este Tribunal, acepta el cargo y presta el juramento de Ley, quedando emplazada desde ese momento para el primer acto conciliatorio del juicio y demás actos subsiguientes.
Sobre las obligaciones del Defensor Ad-ítem la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en sentencia del 26 de enero de 2004 (Caso: Luis Manuel Díaz Fajardo) en la cual se analizaron las obligaciones del Defensor ad-litem, a la luz del derecho constitucional a la defensa, y se estableció lo siguiente:
“Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa.
Pero debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, cómo debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.
En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.
El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.
Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.
Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.
A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.
Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.
Tal norma (artículo 225 del Código de Procedimiento Civil), colide con la Ley de Abogados (artículo 4), que establece que la representación en juicio sólo corresponde a abogados en ejercicio, y aunque el defensor ad litem no es un mandatario; sin embargo, el espíritu de dicha ley especial -que debe ser respetado- es que la actividad procesal sea efectuada por abogados en ejercicio, por lo que los parientes y amigos mencionados en el artículo 225 citado, deben ser abogados para ser defensores, pero por el hecho de que no lo sean y no se les pueda nombrar, no surge razón para no consultarlos sobre cuál profesional del derecho será nombrado defensor, ya que lo que se busca es que quien asuma la defensa tenga interés en ella.
En el caso de autos, constaba en el expediente laboral la dirección del demandado, antes de la fecha del nombramiento del defensor. Luego, era impretermitible que el defensor acudiera a la dirección del defendido a preparar la defensa, a menos que éste se negare, no bastando a ese fin nviarle un telegrama notificándole el nombramiento. Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara.”.
En la presente causa se observa que efectivamente fue designada por este Tribunal como Defensora Judicial la abogada ANDREINA BARROSO, quien en razón del cargo que desempeña, se encuentra no solo en la obligación de poner en conocimiento a la persona que representa de la acción incoada en su contra, sino de ejercer en su nombre todo lo concerniente a su mejor defensa. En el caso de autos se evidencia que en fecha 06 de diciembre de 2.010 acepta dicho cargo, quedando emplazada para el primer acto conciliatorio del juicio, así como para los demás actos subsiguientes, entre ellos el de dar contestación a la demanda al quinto (5to.) día de despacho siguiente a la celebración del segundo acto conciliatorio del juicio.
Se evidencia que compareció de manera extemporánea a dar contestación a la demanda incoada contra su defendida, es decir, al tercer (3er.) día de despacho siguiente a la celebración del segundo acto conciliatorio, de manera que al no ser diligente la Defensora designada, la demandada queda disminuida en su defensa, ya que conforme a la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26 de enero de 2.004 y antes citada establece que no es admisible que el Defensor Judicial no asista a contestar la demanda, como es el presente caso que no lo hizo en su oportunidad, ya que el mismo ha sido previsto por la Ley para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho a la defensa, el cual es un derecho inviolable, tal como lo consagra el artículo 49 Constitucional.
II
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, deja sin efecto todas las actuaciones realizadas en la presente causa de conformidad con lo establecido en los artículos 206 y 310 del Código de Procedimiento Civil, y ORDENA SU REPOSICIÓN al estado que se designe nuevo Defensor Judicial, y así se decide.
Notifíquese a las partes de la presente decisión.
El Juez Provisorio,
Abog. PASTOR POLO
La Secretaria,
Abog. MAYELA OSTOS FUENMAYOR
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión, siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.)
La Secretaria,
Exp. N° 53.829/Delia.-
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